I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO CON ANTERIORIDAD (OMISIÓN DE NOTIFICAR CUALQUIER RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS EN EL EXPEDIENTE LABORAL BUROCRÁTICO 01/339/09).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 282/2017. MUNICIPIO DE ZACATEPEC DE HIDALGO, MORELOS. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y PRESIDENTA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.
V I S T O S; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Georgina Velázquez González, en su carácter de síndica del municipio de Zacatepec de Hidalgo, Morelos, promovió controversia constitucional en representación de la propia municipalidad, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:
Entidad, poder u órgano demandado:
• Poder Legislativo del Estado de Morelos.
• Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
• Secretario de Gobierno del Estado de Morelos.
• Dirección General del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos.
• El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos.
Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
• El procedimiento llevado a cabo, que ordena la suspensión definitiva del cargo al presidente municipal, del municipio de Zacatepec de Hidalgo, Morelos.
• La omisión de dar intervención al ayuntamiento de Zacatepec de Hidalgo, Morelos, en el procedimiento de suspensión definitiva del cargo del presidente municipal, sustanciado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, en el expediente laboral burocrático 01/339/09.
• La omisión de llamar al procedimiento o notificar cualquier acuerdo o resolución en el que se haya decretado la separación definitiva del cargo del presidente municipal.
• La invasión de esferas competenciales hacia el Congreso del Estado de Morelos, por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de ese Estado, al emitir la resolución en la que ordena la suspensión definitiva del cargo del presidente municipal de Zacatepec de Hidalgo, Morelos.
• El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
• La omisión legislativa del Congreso del Estado, por no armonizar el contenido del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento a lo ordenado en el artículo 115, fracción III, Constitucional.
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
1. El uno de enero de dos mil dieciséis, se integró el actual Ayuntamiento de Zacatepec de Hidalgo, Morelos.
2. Que existe un ambiente de incertidumbre para los integrantes de los cabildos, derivado de un sin número de expedientes rezagados en el Tribunal burocrático.
3. El tres de octubre de dos mil diecisiete, se recibió oficio en el que se requirió al ayuntamiento informara la integración actual del cabildo y las acciones que hubiera llevado a cabo derivado de la destitución del presidente municipal, en consecuencia del laudo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 01/339/2017.
4. Por lo anterior es que, hasta ese momento, tuvo conocimiento que existe un procedimiento y orden de separación definitiva en contra del presidente municipal de ese ayuntamiento, de manera previa y el cual no le fue notificado.
TERCERO. Conceptos de invalidez.
• Del apartado de la demanda denominado “VII. Los conceptos de invalidez”, se desprende que el órgano actor expresó lo siguiente:
1. Refiere, que por lo que hace a los actos reclamados primero y tercero, el ayuntamiento no recibió notificación del inicio de procedimiento y suspensión del presidente municipal, lo que afecta gravemente la integración del ayuntamiento.
Que se viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Federal al no haber sido llamado a juicio, ni otorgado la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas e incluso alegar, por lo que no conoció el procedimiento.
2. Por lo que hace a los actos segundo y cuarto que reclama al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, reitera la transgresión que surge respecto del numeral 14 mencionado y añade que, se contraviene el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el citado Tribunal es incompetente para conocer la destitución de un integrante, además que la persona que ostenta el cargo resultó electa por medio del voto popular, por lo que solo puede ser revocado mediante procedimiento especial.
Indica que, no existe disposición que faculte al Tribunal de Conciliación para suspender al presidente municipal, pues los artículos 115, fracción I y 178 a 182 de la Ley Orgánica Municipal de Morelos, facultan al Congreso del Estado para suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley prevenga, siempre y cuando se haya dado oportunidad suficiente de rendir pruebas y hacer los alegatos que convengan.
Para sustentar lo anterior, cita el criterio de rubro: “CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO.”
De tal suerte que la sanción de la causa grave será competencia exclusiva del Congreso del Estado de Morelos como lo señala el citado artículo 115 y el 41 de la Constitución Local.
Lo anterior, aun y cuando la destitución se trate de la actitud contumaz de acatar un laudo, pues ello es insuficiente para justificar la competencia que se arroga el Tribunal, ya que la suspensión de un miembro sólo la puede efectuar la autoridad constitucional que esté facultada para ello y, en el caso, es el Congreso del Estado de Morelos.
Por otra parte, considera que se transgredió el artículo 16 de la Constitución Federal tocante a su garantía de legalidad y de fundamentación y motivación, en razón que se permite y valida la competencia del Tribunal burocrático para concederle facultades y emitir una revocación de mandato de un integrante del ayuntamiento en contraste con la Constitución Federal.
Enfatiza que desconoce la totalidad de las constancias que integran el procedimiento de suspensión del presidente municipal, las razones de su inicio, sustanciación y conclusión, junto con todas las notificaciones.
3. Que existe omisión legislativa por parte del Congreso de Morelos, pues ha sido omiso en armonizar el contenido del artículo 124, fracción II de la Ley del Servicio Civil, con los artículos 115, fracción VIII de la Constitución Federal, que regula las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, en relación con el artículo 123.
Además que la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del artículo 123 Constitucional, establece un procedimiento de ejecución de laudos y medidas de apremio, en las que no se contempla la destitución o separación del cargo, por lo que se evidencia que el Congreso del Estado no ha adecuado la Ley del Servicio Civil, en particular, su artículo 124, fracción II con toda la normatividad.
Señala que cuenta con interés legítimo en el asunto, al reclamar el inactuar de la autoridad y verse afectada la integración, autonomía e independencia del ayuntamiento.
Indica que existen otros medios para obtener el cumplimiento de un laudo, que restringen en menor medida los derechos del infractor conforme el artículo 123 Constitucional y sus leyes respectivas.
Finalmente, reitera que, el Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas y dictar las medidas necesarias con la finalidad de ejecutar sus laudos, sin embargo, no cuenta con la facultad de destituir a servidores públicos electos de forma popular.
CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. La parte actora estima violados los artículos 14, 16, 115, fracción I y VIII, 123 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecisiete, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 282/2017, y por razón de turno designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento.
Mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, por ausencia del Ministro instructor, el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, admitió la demanda, tuvo promoviendo la presente controversia constitucional a Georgina Velázquez González, síndica del municipio de Zacatepec de Hidalgo, Morelos; y como demandados tuvo únicamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, este último sólo por lo que hace al refrendo de la norma impugnada; destacando que no se tuvo como demandado al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado ni al Director del Periódico Oficial, al considerar que es un órgano interno o subordinado del Poder Ejecutivo local.(1) A los cuales, ordenó emplazarlos para que formularan su respectiva contestación; asimismo ordenó dar vista al Procurador General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera, quien se abstuvo de formular opinión.
SEXTO. Contestaciones a la demanda.
• El Secretario de Gobierno y el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, señalaron coincidentemente en sus contestaciones a la demanda de controversia constitucional, en síntesis, lo siguiente:
Respecto de los actos cuya invalidez se reclama:
• Oponen la falta de legitimación del municipio actor al carecer de la titularidad del derecho que pretende hacer valer a través de la presente controversia, en virtud que estos no han realizado acto alguno que invada o afecte su órbita competencial.
• Señalan que contrario a lo manifestado por el municipio actor, la destitución ordenada, no constituye el primer acto de aplicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que se encuentran en trámite diversos juicios de amparo indirecto en contra de la aplicación del artículo 124, fracción II, del citado cuerpo normativo, los cuales se encuentran registrados bajo los números de expediente 1032/2017, 1869/2017-III, 1890/2017, 132/2018 y 132/2018, en los Juzgados Tercero, Séptimo, Primero, Quinto y Sexto, todos en el Estado de Morelos, respectivamente.
En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 21, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En relación con los hechos que constituyen los antecedentes:
• Respecto del primer, tercero y cuarto hecho, no los afirma ni los niega por no ser propios de la autoridad, sin embargo del último puede corroborarse su certeza con el juicio laboral de origen.
• En lo tocante al segundo hecho, lo niega en virtud que las manifestaciones del municipio actor son carentes de sustento y no tienen relación con el asunto.
En lo tocante a los conceptos de invalidez:
• Que resulta infundado que se transgredan los artículos que se citan en la demanda, además que se debe tomar en consideración que el único acto que le resulta atribuible al Secretario de Gobierno es la publicación de la norma y al Titular del Ejecutivo, es la sanción, promulgación y publicación, actos que fueron emitidos conforme a las facultades que confiere la Constitución Local y la Ley Orgánica del Estado.
Apuntan que, los mencionados ordenamientos establecen que el decreto promulgatorio que realice el Gobernador del Estado, respecto de las leyes y decretos legislativos, deberá ser refrendado únicamente por el Secretario de Gobierno, como ocurrió en el caso de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, tal y como consta en la publicación del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
• Señalan que la incompetencia que aduce el municipio actor por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para imponer la sanción correspondiente al funcionario infractor, encuentra su fundamento conforme a las atribuciones que le confiere la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en los artículos 123 y 124, fracción II, de los cuales se desprende la facultad de dicho órgano jurisdiccional para hacer efectivos los apercibimientos a los funcionarios que se nieguen a cumplir las resoluciones que emite.
• Puntualizan que el artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que el presidente municipal, como representante político, jurídico y administrativo del ayuntamiento, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por tanto, si es el sujeto obligado con su acatamiento, deben aplicársele las medidas de apremio contenidas en el artículo tildado de inconstitucional, a más que se le aplicó dado la reiterada desobediencia de su cumplimiento.
• Indican que no le asiste la razón al actor, al tratar de objetar la norma refiriendo que su elección emana de una elección popular, ya que tal norma solo se aplica para sancionar a servidores públicos de libre designación, pues contrario a lo que aduce, la ley no lleva a cabo distinción alguna y en el sentido en que lo pretende.
• Enfatizan que resulta inoperante que se transgreda el contenido del artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que el juicio político o el procedimiento para suspender o revocar un mandato, son cuestiones totalmente distintas a la aplicación de medidas de apremio por incumplimiento de obligaciones de naturaleza jurisdiccional -como en el caso-, ya que las primeras se actualizan por alguna causa grave prevista en la Constitución Local y las segundas como sanción por contumacia reiterada en el cumplimiento de una resolución dictada por un Tribunal autónomo.
• Por lo que, lo que pretende el actor es controvertir temas de legalidad mas no de constitucionalidad y por tanto, en términos del artículo 25, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta manifiesta e indudable la improcedencia del medio de protección constitucional, pues el acto cuya invalidez se demanda proviene de una resolución jurisdiccional.
• Agregan que, si bien el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo de conformidad con los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, el mismo es autónomo en su función jurisdiccional, por tanto, tiene independencia para ejercer funciones y dictar resoluciones.
• Finalmente apunta que, de acuerdo a los principios que rigen la libre administración de la hacienda pública municipal, el municipio actor se encuentra obligado a ejecutar las acciones necesarias para cumplimentar la ejecutoria dictada por el Tribunal burocrático.
• Por su parte, la autoridad demandada Poder Legislativo del Estado de Morelos, manifestó en su contestación, sucintamente, lo siguiente:
En relación con los hechos que constituyen los antecedentes:
• Indica que el correlativo uno, es cierto, respecto del inicio del período de los ayuntamientos que integran el Estado de Morelos.
• Por lo que hace a los correlativos dos, tres y cuatro, no los afirma ni los niega por no ser hechos propios de la autoridad.
En lo tocante a los conceptos de invalidez:
• Refirió que la controversia constitucional resulta improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, toda vez que el ayuntamiento actor presentó su demanda de forma extemporánea, pues en dicho escrito refiere que tuvo conocimiento de los actos el día tres de octubre de dos mil diecisiete.
• Que la emisión de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, cuya invalidez de su artículo 91 se reclama, sí cumplió con el proceso legislativo tal y como se aprecia del semanario de debates de la sesión ordinaria de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, correspondiente al doce de diciembre de dos mil dieciséis.
Del referido documento se aprecia que, fueron las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, y de Trabajo y Previsión Social, las que emitieron el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por el Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. En dicha sesión, se dio lectura al dictamen y se sometió a votación del Pleno del Congreso del Estado, el cual aprobado por más de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura.
• Que la orden de destitución del presidente del municipio de Zacatepec de Hidalgo, Morelos, fue apegada a las facultades previstas en el artículo 91, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dotadas al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje por el Legislador local para efecto de hacer cumplir sus resoluciones.
• Indica que la norma impugnada persigue una finalidad constitucionalmente válida conforme el numeral 17 Constitucional, ya que la misma corresponde a que las resoluciones que dicte el Tribunal de Justicia Administrativa se ejecuten en los términos ordenados
• Asimismo señala que, no pasa desapercibido que la Suprema Corte ha determinado que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (cual contenido es similar al artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado y cuya constitucionalidad defiende), dentro de sus medidas de apremio -como la destitución-, no incluye los regidores, síndicos ni presidentes municipales, ya que ello no implica que no pueda sancionarse a servidores públicos de distinta naturaleza y que sean parte en los juicios administrativos.
• Finalmente apunta que, el municipio actor pretende que se declare la inconstitucionalidad del artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no obstante que dicha porción normativa no invade su esfera competencial, pues no le es aplicable, al señalar el artículo 11, fracción V, como medida de apremio la destitución del servidor público que haya sido nombrado por designación y para los de elección popular será conforme la normatividad aplicable.
SÉPTIMO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, se hizo constar que las partes no formularon alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
OCTAVO. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de trece de agosto de dos mil dieciocho, dictado por la Ministra Presidenta de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y II, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto Segundo, fracción II, a contrario sensu, y punto Tercero del Acuerdo 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado el sentido del fallo.
SEGUNDO. Fijación de la Litis. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a precisar los actos que son objeto de la controversia constitucional.
En el apartado denominado actos cuya invalidez se demanda, señaló como tales los siguientes:
• El procedimiento llevado a cabo, que ordena la suspensión definitiva del cargo del presidente municipal, del municipio de Zacatepec de Hidalgo, Morelos.
• La omisión de dar intervención al ayuntamiento de Zacatepec de Hidalgo, Morelos, en el procedimiento de suspensión definitiva del cargo del presidente municipal, sustanciado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, en el expediente laboral burocrático 01/339/09.
• La omisión de llamar al procedimiento o notificar cualquier acuerdo o resolución en el que se haya decretado la separación definitiva del cargo del presidente municipal.
• La invasión de esferas competenciales hacia el Congreso del Estado de Morelos, por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de ese Estado, al emitir la resolución en la que ordena la suspensión definitiva del cargo del presidente municipal de Zacatepec de Hidalgo, Morelos.
• El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
• La omisión legislativa del Congreso del Estado, por no armonizar el contenido del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en relación con el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento a lo ordenado en el artículo 115, fracción III, Constitucional.
No obstante tal señalamiento, esta Primera Sala considera que del análisis integral de la demanda, lo efectivamente impugnado es la omisión de dar intervención al ayuntamiento de Zacatepec de Hidalgo, Morelos, en el procedimiento de destitución de su presidente municipal, así como la omisión de notificar cualquier resolución en el que se haya decretado la misma, en el expediente laboral burocrático 01/339/09 sustanciado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos; en consecuencia, la resolución por la que se haya ordenado tal destitución y el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Lo anterior, en atención a la jurisprudencia P. /J. 98/2009,(2) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente:
“CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA. El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.”
TERCERO. Causas de improcedencia. Resulta innecesario el estudio de las cuestiones relativas a la oportunidad y la legitimación de las partes, en virtud de que procede decretar el sobreseimiento de la presente controversia constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 20, fracción II, en relación con el 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A fin de demostrar lo anterior, se destaca que respecto de las controversias constitucionales en las que se impugnan actos de naturaleza negativa -es decir, los que implican un no hacer- el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido diversas directrices para proceder a su estudio.
En ese sentido, al resolver la controversia constitucional 3/97,(3) se destacó que de conformidad con los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10 y 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del propio precepto constitucional, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y 10 de su Ley Reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que al referirse dichos numerales, en forma genérica, a “actos”, debe entenderse que éstos pueden ser, atendiendo a su naturaleza, tanto positivos -implican un hacer- como negativos -implican un no hacer u omisión-.
Lo anterior se reflejó en la jurisprudencia P./J. 82/99, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación:
“CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES. De la lectura de los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 y 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del citado precepto constitucional, se advierte que corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y en el artículo 10 de su ley reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que al referirse dichos dispositivos en forma genérica a ‘actos’, debe entenderse que éstos pueden ser positivos, negativos y omisiones.”(4)
Por otra parte, en la ejecutoria que resolvió la diversa controversia constitucional 10/2001(5) se determinó que los actos de naturaleza negativa tienen el carácter de continuos, pues al implicar un no hacer por parte de la autoridad, generan una situación permanente que no se subsana mientras no se realice la obligación de hacer, la cual se reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva.
De lo cual se concluyó que, como regla general, dada la reiteración constante de la omisión, el plazo para su impugnación también se actualiza día a día, permitiendo entonces que la demanda pueda presentarse en cualquier momento, mientras que tal omisión persista.
La regla general de mérito se ve reflejada en la jurisprudencia P./J. 43/2003, de rubro y texto siguientes:
“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.”(6)
Cabe destacar que, para que se actualice la aplicación de la regla general de referencia, se requiere de la existencia de una falta absoluta de actuación de la demandada y no del solo incumplimiento parcial o de la mera infracción de alguna disposición legal, por ejemplo, la emisión de un oficio -acto positivo- que no cumpla con todos los requisitos previstos en las disposiciones conducentes.
Es aplicable la jurisprudencia P./J. 66/2009, cuyos rubro y texto se transcriben:
“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200447-c8749b1f/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-extemporaneidad-al-tener · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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