Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS DIECIOCHO, PUBLICADO EL 10 DE ABRIL DE 2013 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINÓ CONCEDER PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 76/2013. · Registro digital (IUS): 24778
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-01-17
Promovente: MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Pág. 1726.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 76/2013. MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS. 16 DE OCTUBRE DE 2013. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciséis de octubre de dos mil trece.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido el quince de mayo de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Josaphat Martínez Cué, en su carácter de síndico de dicho Municipio, promovió controversia constitucional en representación del mismo, en la que demandó la invalidez de las normas y el acto que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

AUTORIDADES DEMANDADAS:

1. El Poder Legislativo del Estado de Morelos.

2. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

NORMA IMPUGNADA:

El artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

ACTO IMPUGNADO:

El Decreto Número 418, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el diez de abril de dos mil trece, mediante el cual el Congreso del Estado otorga pensión por cesantía en edad avanzada a Francisco Damián Pedroza.

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hace valer el actor son, en síntesis, los siguientes:

a) El decreto impugnado viola la autonomía municipal, pues compromete el patrimonio del Municipio, sin haber sido éste oído y vencido en un procedimiento previo en el que se hubiesen cumplido las formalidades esenciales relacionadas con el derecho de audiencia y defensa, el cual hubiese permitido al actor conocer el expediente, ofrecer y desahogar pruebas y alegar en su favor, a fin de advertir los elementos que pudiesen motivar una afectación en su hacienda.

De conformidad con el artículo 106, fracción IV, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Morelos, los dictámenes emitidos por la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo deben contener el análisis de las observaciones formuladas por los Ayuntamientos, lo cual no aconteció en la especie, pues la referida comisión presentó al Pleno del Congreso el dictamen respectivo para su aprobación, sin haber dado intervención al Municipio actor durante el procedimiento.

b) El artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece que el Congreso Local deberá expedir el decreto de pensión correspondiente a partir de la fecha en que tenga por recibida la documentación necesaria para su tramitación, lo cual es inconstitucional, pues, además de ser esto competencia exclusiva del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, implica una intromisión del Poder Legislativo del Estado en la autonomía que tiene el Municipio para gobernarse y definir el destino de sus recursos, lo cual acarrea graves perjuicios al actor, al desequilibrar presupuestos que sólo a éste competen administrar.

El Congreso del Estado se arroga facultades de resolutor laboral, en contravención a lo dispuesto por los artículos 116 y 123 de la Constitución Federal que, respectivamente, facultan a las Legislaturas Locales para expedir leyes que regulen las relaciones entre el Estado y los Municipios y sus trabajadores y determinan las autoridades encargadas de la impartición de justicia en materia laboral, razón por la cual el decreto impugnado vulnera, asimismo, los artículos 14 y 16 constitucionales, al carecer de la debida fundamentación y motivación.

c) El artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, transgrede lo dispuesto por el artículo 113 de la Constitución Estatal, pues otorga al Congreso Local una atribución que lesiona, no sólo la hacienda municipal, sino también la autonomía de gestión en el manejo de recursos por parte del Municipio, al prever que la legislatura determinará los casos en que proceda otorgar pensión a un trabajador municipal, así como la cuantía a que ésta ascenderá, al grado de afectar el patrimonio municipal para el pago de la misma.

Esta forma de proceder que autoriza la norma impugnada se aparta del principio de libre administración hacendaria municipal, que consagra el artículo 115 de la Constitución Federal, pues no se explica por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con el Municipio, corresponde a una autoridad ajena, como el Congreso Local, verificar que se cumpla con todos los requisitos exigidos para que el trabajador municipal se vea beneficiado con alguna de las diferentes pensiones que establece la ley, con cargo a la hacienda pública del Municipio, el cual deberá modificar sus previsiones presupuestales, no obstante que la Constitución dispone que sólo a éste compete graduar el destino de sus recursos, conforme lo estime conveniente y sin injerencia de alguna otra autoridad, salvo en el caso de los recursos federales que se le asignen y que previamente hayan sido etiquetados para un fin específico.

De esta forma, el artículo 57, último párrafo, impugnado, resulta contrario al artículo 115 constitucional, pues autoriza que el Congreso Estatal determine las pensiones que deben recibir los trabajadores municipales, imponiendo al Municipio la carga de erogar recursos de su hacienda, a fin de solventar tales obligaciones, lo cual constituye una forma de disposición y aplicación de los recursos municipales, sin intervención del Ayuntamiento.

En términos similares se pronunció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008.

TERCERO. El actor considera violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Por acuerdo de quince de mayo de dos mil trece, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 76/2013 y, por razón de turno, se designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

Mediante proveído de diecisiete de mayo siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, a los que ordenó emplazar para que formularan sus respectivas contestaciones; y mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

QUINTO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al formular su contestación, señaló lo siguiente:

a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, al impugnarse de manera extemporánea la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Por su parte, el decreto que se combate se funda en normas generales aplicadas con anterioridad al Municipio actor, no siendo posible desvincularlo de las mismas, a efecto de analizarlo de forma abstracta.

b) Se opone la falta de legitimación ad causam del Municipio actor, al no ser titular del derecho que pretende hacer valer mediante la presente controversia constitucional. Correlativamente, se opone la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado, al no haber realizado acto alguno que afecte o invada la esfera competencial del demandante.

c) El Municipio actor atribuye únicamente al Poder Ejecutivo del Estado la promulgación y publicación del decreto que impugna. Al respecto, debe señalarse que tales actos se realizaron de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Estatal, además de que el demandante no los combate por vicios propios.

d) Deben declararse inatendibles e inoperantes, de modo general, los conceptos de invalidez formulados por el actor, pues lo expuesto en su demanda resulta ambiguo y superficial, y se concreta en descalificaciones aisladas, dado que no plantea razonamiento alguno que pueda ser analizado o del que se desprenda, al menos, la causa de pedir, al no referirse al fundamento, argumentos o razones decisorias o al porqué de su reclamo.

e) En todo caso, resulta infundado lo alegado por el actor, en cuanto a la vulneración de su hacienda y la libre administración de ésta, pues, en términos del último párrafo del artículo 115 de la Constitución Federal, se ha dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que sea el Congreso Local el facultado para emitir los decretos de pensión de los servidores públicos.

Todos los Municipios prevén en sus presupuestos de egresos el rubro de pensiones, por lo que los decretos de pensión únicamente constituyen actos declarativos que emite la Legislatura Estatal conforme al derecho de los trabajadores a la seguridad social y de acuerdo con las hipótesis y porcentajes respectivos, enmarcados dentro de los principios de libertad de configuración de los Estados, división de poderes y hacienda municipal, que rigen en un Estado social de derecho.

La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece prerrogativas para los trabajadores en el desempeño de su labor como servidores públicos, entre las que se encuentran la jubilación y los seguros de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123, apartados A, fracción XXIX y B, de la Constitución Federal.

Por su parte, el decreto impugnado no resulta en sí mismo inconstitucional, dado que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden considerarse dentro del ámbito de la libre administración hacendaria, previsto en el artículo 115, fracción IV, constitucional, al tener que destinarse a cubrir una obligación impuesta en la fracción VIII del propio precepto, en relación con el diverso 123 de la Norma Fundamental.

En efecto, la libre administración hacendaria permite a los Municipios integrar sus presupuestos de egresos y decidir el destino que tendrán los ingresos disponibles provenientes de las fuentes enumeradas en la fracción IV del citado artículo 115; sin embargo, en aquellos casos en que la Constitución imponga el pago de una obligación dineraria, no podrá operar a plenitud dicha libertad en el manejo y aplicación de recursos, porque no pueden dejar de cumplirla.

En este sentido, puede afirmarse que la hacienda municipal se compone de un sinnúmero de ingresos provenientes de distintas fuentes, pero sólo quedan comprendidos dentro de la libertad de elección en su destino y aplicación los que deriven de actividades públicas y privadas desarrolladas por los Municipios, así como los que se incluyan en esa categoría de libre administración hacendaria -participaciones-, pues existen ciertos ingresos que, aunque forman parte de la hacienda municipal, tienen una aplicación específica que los Ayuntamientos no pueden variar, porque no se integran a la autonomía en el gasto público -aportaciones- y otros que, aun integrándose a esta autonomía, ven limitada su libre aplicación, al tener que destinarse al cumplimiento de una obligación pecuniaria establecida por la Constitución Federal -pago de contribuciones, de deuda o de prestaciones laborales y de seguridad social-, debiendo constituir una partida especial en sus presupuestos para cubrir estas obligaciones, por encima de los programas que pretendieran llevar a cabo con tales ingresos.

Al respecto, debe señalarse que a las Legislaturas Locales se les facultó para regular las relaciones laborales de los Estados y los Municipios con sus trabajadores, observando los lineamientos establecidos en el artículo 123 constitucional, entre ellos, la protección al salario (fracciones VI, VIII, X y XXVII, incisos b) y f) del apartado A y correlativos del apartado B) y la seguridad social (fracción XXIX del apartado A y fracción XI del apartado B) que, como se ha señalado, comprende la jubilación y los seguros de invalidez, vejez y muerte.

De este modo, el marco establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada no vulnera la libertad de administración hacendaria del Municipio actor, pues a dicha prestación económica está obligado, por disposición expresa de la Constitución Federal, debiendo cubrirla por sí o por medio de la institución respectiva, a través de las aportaciones de seguridad social que se contemplen en la partida presupuestal correspondiente.

Aunado a lo anterior, los artículos 56 y 57 de la citada ley sólo prevén que el Congreso Local será el órgano facultado para otorgar la pensión y la fecha en que deberá expedirse el decreto respectivo, por lo que, por sí solos, no trascienden al ámbito de la libre administración hacendaria municipal; resultando aplicables las consideraciones sostenidas en la sentencia dictada en la controversia constitucional 80/2011, en las que se reconoció que el referido órgano legislativo es el competente para determinar las prestaciones sociales en la entidad.

f) Así también, resulta infundado lo alegado por el actor, en cuanto a la vulneración de su hacienda y la libre administración de ésta, pues ni la norma ni el acto impugnado contemplan alguna exención respecto de las contribuciones que le corresponden, por lo que, en modo alguno, se afecta su facultad para recaudar recursos y administrarlos libremente.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política y 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ambas del Estado de Morelos, los Ayuntamientos, en sus respectivos presupuestos de egresos, deben contemplar las partidas necesarias para el pago de las obligaciones que tienen a su cargo, lo cual no vulnera el libre manejo de la hacienda municipal, pues el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece que los Municipios deberán regir las relaciones laborales con sus trabajadores, en términos de las leyes que expidan las Legislaturas Locales, con apoyo en lo previsto por el artículo 123 de la propia Constitución y sus disposiciones reglamentarias.

De esta forma, la libertad de administración de la hacienda municipal no es ilimitada o absoluta, pues su ejercicio debe ajustarse a lo dispuesto por la Constitución y las leyes; resultando aplicable a este respecto, la tesis P. LXXXIII/99, de rubro: "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, NO TRANSGREDE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA DE AQUÉLLOS."

Finalmente, resulta incorrecto lo expuesto por el Municipio actor respecto de la seguridad social, pues el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, sólo establece las bases conforme a las cuales ésta debe organizarse, mas no determina formas, procedimientos o modalidades para tal objetivo, ya que deja que las leyes secundarias sean las que regulen estas cuestiones, de ahí que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos se encuentre apegada a lo dispuesto por el citado artículo.

SEXTO. En su oficio de contestación a la demanda, el Poder Legislativo del Estado de Morelos manifestó esencialmente lo siguiente:

a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, al no contar el actor con interés legítimo para promover la presente controversia.

Con la expedición del decreto impugnado, el Congreso del Estado no pretende, en modo alguno, ejercer de manera directa los recursos que integran la hacienda municipal. Los artículos 123, apartado B, de la Constitución Federal, 40, fracción XX, de la Constitución Local y 54, fracción VII y 56 a 68 de la Ley del Servicio Civil Estatal, lo facultan para expedir los decretos que otorguen a los trabajadores del gobierno y los Municipios del Estado pensiones por cesantía en edad avanzada, jubilación, viudez, orfandad, etcétera, por lo que, en ningún momento, invade la esfera competencial del actor, prevista en el artículo 115, fracción IV, de la propia Constitución Federal.

Es obligación de los Municipios prever una partida en sus presupuestos para el pago de pensiones, por lo que el actor no puede válidamente aducir que, dada su autonomía, a él corresponde decidir si contempla o no dicha partida. El artículo 123 de la Constitución Federal establece los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los patrones; específicamente, en su apartado B y en relación con el artículo 127 del propio ordenamiento, aquellos relacionados con los trabajadores al servicio del Estado, dejando en claro la forma como habrán de determinarse, entre otros, las pensiones.

De este modo, el Municipio actor no puede, so pretexto de su autonomía, excluirse de la responsabilidad que, como patrón laboral y en materia de seguridad social, tiene respecto de sus trabajadores.

b) Se actualiza, asimismo, la causal de improcedencia antes referida, al no ser la controversia constitucional la vía idónea para combatir el decreto impugnado, ya que éste fue emitido por el Congreso del Estado, en ejercicio de una función meramente administrativa y conforme a las facultades que le confiere la Ley del Servicio Civil Estatal, por lo que someter a revisión constitucional este tipo de conflictos haría de la controversia un recurso para dirimir cuestiones relacionadas con derechos de los trabajadores en materia de seguridad social, que deben ser resueltas a través de los medios de defensa previstos en las leyes procesales respectivas.

c) El decreto impugnado fue emitido conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece, en sus artículos 43, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 65 y 66, el procedimiento para que los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y los Municipios puedan obtener su pensión, la naturaleza jurídica de los derechos adquiridos por dichos trabajadores y los sujetos obligados al cumplimiento de prestaciones sociales.

En el caso, el peticionario cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley, tal como se desprende del expediente formado con motivo del decreto impugnado, por lo que no existía motivo para que el Congreso Local se negara a emitirlo, al encontrarse, no sólo facultado, sino obligado a hacerlo, en términos de los artículos 40 de la Constitución Política y 57 de la Ley del Servicio Civil, ambas del Estado de Morelos.

El Municipio actor no precisa qué parte del decreto carece de validez y no combate, en modo alguno, su parte considerativa, por lo que resulta evidente que no le causa perjuicio en cuanto a su forma, contenido y efectos.

Al efecto, se reiteran los argumentos expuestos por el Poder Ejecutivo del Estado en su contestación a la demanda, resumidos a partir del segundo párrafo de la foja siete y hasta el primer párrafo, primera parte, de la foja nueve de esta sentencia.

De la lectura del artículo segundo del decreto impugnado, se advierte que el Congreso Estatal hizo uso de la facultad que le otorga el artículo 56 de la Ley del Servicio Civil, aunque pudo omitir referirse a los demás aspectos destacados en este precepto, pues, conforme al artículo 45, fracción XV, de dicha ley, los Municipios deben cubrir las aportaciones que fijen las leyes correspondientes, entre otras, para el pago de pensiones, por lo que deben incluir en sus presupuestos de egresos una partida destinada a este concepto.

De esta forma, el Congreso del Estado no ordena la creación de esta partida, sino que los Ayuntamientos, en su calidad de patrones, deben contemplarla, al elaborar sus presupuestos de egresos, de acuerdo con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, para garantizar el esquema de prestaciones de seguridad social que se establece en el artículo 123 de la propia Constitución.

SÉPTIMO. Al formular su opinión respecto del presente asunto, el procurador general de la República manifestó sustancialmente lo siguiente:

a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, la cual fue promovida oportunamente y por parte legitimada.

b) Son infundadas las causales de improcedencia hechas valer por las demandadas, relacionadas con la extemporaneidad en la presentación de la demanda y la falta de interés legítimo del actor.

c) Al margen de los precedentes que la Suprema Corte ha emitido en relación con la inconstitucionalidad del artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como de la tesis P./J. 13/2013 (10a.), de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. EL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL CONFERIR AL CONGRESO LOCAL FACULTADES EN MATERIA DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", se considera, existen otros razonamientos jurídicos que pueden tomarse en cuenta en la resolución de este asunto, los cuales podrían conducir a una nueva reflexión sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.

Es cierto que el sistema contemplado en diversos artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos compromete recursos de la hacienda municipal; sin embargo, sería conveniente analizar si esta limitación al libre manejo de los recursos municipales es razonable a la luz de las obligaciones constitucionales que tiene el Ayuntamiento, en su carácter de empleador, para con sus trabajadores.

De la interpretación sistemática de los artículos 115, fracción VIII, 116, fracción VI y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, se desprende que las Legislaturas Estatales se encuentran facultadas para expedir leyes que regulen las relaciones laborales a nivel local, dentro de las que se comprenden las de los Municipios con sus trabajadores. Estas leyes deben respetar los derechos laborales, entre ellos, el derecho a la seguridad social, la cual debe cubrir ciertos conceptos mínimos, como jubilación, invalidez, vejez y muerte.

Asimismo, conforme al artículo 127 constitucional, el pago de jubilaciones y pensiones se encuentra condicionado a que éstas se encuentren asignadas en ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

Por lo anterior, se considera, no sólo debe resolverse sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, atendiendo a si vulnera o no la libre administración hacendaria del Municipio, prevista en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, sino también deben tenerse en cuenta las diversas obligaciones constitucionales que los Municipios tienen en su calidad de empleadores, de las cuales, no pueden desentenderse so pretexto de una afectación a su libertad hacendaria.

OCTAVO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicho Estado, en el que se impugnan actos y normas generales, pero respecto de estas últimas se sobresee.

SEGUNDO. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

En su escrito de demanda, el Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, impugna lo siguiente:

a) El artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

b) El Decreto Número 418, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el diez de abril de dos mil trece, mediante el cual el Congreso del Estado otorga pensión por cesantía en edad avanzada a Francisco Damián Pedroza.

El artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, constituye una norma general, toda vez que cuenta con los elementos de generalidad y abstracción, al ser aplicable a todo sujeto que se coloque en la hipótesis normativa y no encontrarse dirigido a un caso particular, ni agotarse al momento de su aplicación.

En tanto, el Decreto Número 418, mediante el cual el Congreso del Estado otorga pensión por cesantía en edad avanzada a Francisco Damián Pedroza, constituye un acto en sentido estricto, por referirse a una situación particular y concreta.

Atento a lo anterior, a efecto de determinar si la demanda fue promovida oportunamente respecto de la norma impugnada, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, que establece que, tratándose de normas generales, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación o al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.(1)

En el caso, atendiendo a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, la impugnación del artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil Estatal, resulta notoriamente extemporánea, toda vez que su texto data del seis de septiembre de dos mil, sin haber sufrido reformas desde esta fecha.(2)

Por otro lado, si se considera que el citado precepto se impugna con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el Decreto Número 418, también impugnado, se advierte que, aunque éste fue expedido con fundamento en dicho artículo, no constituye el primer acto de aplicación del mismo en perjuicio del Municipio actor, pues, de la revisión del Periódico Oficial del Estado, se desprende que le había sido aplicado con anterioridad, ya que el cinco de diciembre de dos mil doce aparece publicado el Decreto Número 91, mediante el cual el Congreso del Estado otorgó pensión por cesantía en edad avanzada a Ernesto Galindo Reyes, con cargo a la partida destinada para pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca.

En este sentido, el referido Decreto Número 418 constituye un ulterior acto de aplicación de la norma impugnada, en contra del cual la controversia constitucional resulta improcedente, tal como se desprende de la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIV, noviembre de 2006

"Tesis: P./J. 121/2006

"Página: 878

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. Del artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que para impugnar normas generales en vía de controversia constitucional es menester que la demanda se interponga dentro del plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación en perjuicio del actor. En consecuencia, es improcedente dicha impugnación si se trata de un segundo o ulterior acto de aplicación, una vez transcurrido el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la norma general, pues ello se traduce en una manifestación de voluntad del actor que entraña su consentimiento tácito."

Consecuentemente, resulta fundada la causal de improcedencia hecha valer por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en relación con la actualización de la hipótesis prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la Materia,(3) debiendo sobreseerse en la presente controversia respecto del artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado, en términos del artículo 20, fracción II, del propio ordenamiento.(4)

Ahora bien, por lo que respecta al propio Decreto Número 418, que igualmente se impugna, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, que establece que, tratándose de actos, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(5)

El Municipio actor tuvo conocimiento del decreto impugnado, con motivo de su publicación en el Periódico Oficial del Estado el diez de abril de dos mil trece; por tanto, el plazo para promover la demanda transcurrió del once de abril al veintitrés de mayo de dicho año, descontando del cómputo respectivo los días trece, cat

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24778-794f402c/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.