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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DIRECTOR JURÍDICO DEL BANCO DE MÉXICO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO ABROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO ES EXTENSIVO A LOS ARTÍCULOS IMPUGNADOS TANTO EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DERIVADO DE LA ESTRECHA RELACIÓN EXISTENTE EN SU IMPUGNACIÓN (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 208/2019. · Registro digital (IUS): 200744
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BANCO DE MÉXICO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 208/2019. PROMOVENTE: BANCO DE MÉXICO. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: SALVADOR ANDRÉS GONZÁLEZ BÁRCENA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de julio de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 208/2019, promovida por el Banco de México.

1. ANTECEDENTES

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Banco de México promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión.

2. Normas constitucionales y convencionales que se aducen violadas.

• Artículos 1o, 5o, 14, 22, 28, párrafos sexto y séptimo, 49, 72, 73, 74, fracción IV, 75, 109, párrafo segundo, 123, 127, 133 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Artículos 9 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. Normas cuya invalidez se solicita. En su demanda reclamó la invalidez de lo siguiente:

• La Ley de Remuneraciones publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, al estimarse la subsistencia de violaciones a las facultades constitucionales conferidas al Banco actor como resultado de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 y 15 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en los términos del Decreto por el que ésta se expidió originalmente, se ratifican los mismos conceptos de violación respecto de dichos artículos modificados conforme al Decreto de Reformas, incluido aquel relacionado con el criterio mayoritario sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, respecto a los vicios en el proceso legislativo y omisión legislativa de la ley citada, en el sentido de que no se podrá dar validez a disposiciones que devienen de actos viciados de origen, como lo es las normas de esa misma Ley modificadas mediante el Decreto de Reformas.

• El Decreto de Reformas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, respecto del que se impugnan todos los preceptos, pero de forma destacada los artículos 1, segundo párrafo, 3, fracciones III y V, 6, fracción I, 7, fracción III, inciso I), 7 Bis y Transitorios Primero y Segundo.

• El Código Penal Federal, particularmente, los artículos 217 Ter y 217 Quáter, modificados en términos del Decreto de Reformas.

• La Ley General de Responsabilidades Administrativas, particularmente, por lo que respecta a los artículos 7, fracción VI, 52, segundo párrafo, 54, segundo párrafo y 80 Bis, modificados en términos del Decreto de Reformas.

4. Conceptos de invalidez. La parte actora planteó diversos conceptos de invalidez que no se transcriben en atención al sentido que regirá en el presente fallo.

5. Admisión. Por acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 208/2019; y ordenó turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

6. Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve, la Ministra Instructora admitió a trámite la demanda, tuvo por designados delegados, por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones y por ofrecidas las pruebas indicadas por la parte actora, tuvo como autoridades demandadas a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, así como al Ejecutivo Federal, asimismo, ordenó su emplazamiento a efecto de que rindieran sus informes de ley y se acordó dar vista a la Fiscalía General de la República.

7. Recurso de reclamación. En contra de lo anterior, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentó recurso de reclamación, el cual fue registrado bajo el número 126/2019-CA, y resuelto en sesión de trece de noviembre de dos mil diecinueve en el sentido de confirmar el auto recurrido.

8. Cabe precisar que en esa reclamación se desestimaron las causas de improcedencia relativas a la extemporaneidad de la demanda, falta de interés legítimo, cosa juzgada y cesación de efectos (estas dos últimas relacionadas con lo resuelto en las diversas acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018).

9. Informes de las autoridades. Mediante escritos recibidos el trece, catorce y quince de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo Federal, a través de su Consejero Jurídico; y los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, respectivamente, dieron contestación a la demanda, lo cual mediante proveído de veinte de agosto de dos mil diecinueve, la Ministra Instructora tuvo por formuladas las referidas contestaciones a la demanda.

10. Cierre de instrucción. Por acuerdo de catorce de abril de dos mil veintiuno se tuvieron por formulados los escritos de alegatos, por recibida el acta de audiencia de ofrecimiento, desahogo de pruebas y alegatos celebrada en la misma fecha, en consecuencia, se cerró la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.

11. Avocamiento. Previo el dictamen de mérito, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.

Consecuente, con ello, el ocho de julio del dos mil veintiuno, la Ministra Presidenta de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se remitiera a su ponencia para el dictado del proyecto correspondiente.

2. PRESUPUESTOS PROCESALES

12. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable,(2) punto Segundo, fracción I, y Tercero, del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) ya que se plantea un conflicto entre un órgano constitucional autónomo, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, aunado a que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno, atendiendo al sentido de la presente sentencia.

13. Fijación de los actos impugnados y determinación de su existencia. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(4) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.

1) La Ley de Remuneraciones publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, al estimarse la subsistencia de violaciones a las facultades constitucionales conferidas al Banco actor como resultado de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 y 15 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en los términos del Decreto por el que ésta se expidió originalmente, se ratifican los mismos conceptos de violación respecto de dichos artículos modificados conforme al Decreto de Reformas, incluido aquel relacionado con el criterio mayoritario sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, respecto a los vicios en el proceso legislativo y omisión legislativa de la ley citada, en el sentido de que no se podrá dar validez a disposiciones que devienen de actos viciados de origen, como lo son las normas de esa misma Ley modificadas mediante el Decreto de Reformas.

2) El Decreto de Reformas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, respecto del que se impugnan todos los preceptos, pero de forma destacada los artículos 1, segundo párrafo; 3, fracción III; 6, fracción IV, inciso a), segundo párrafo; 7, fracción III, último párrafo, 7 Bis y 12, segundo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como los Transitorios Primero y Segundo del Artículo Primero del propio Decreto de Reformas.

3) El Código Penal Federal, particularmente, los artículos 217 Ter y 217 Quáter, modificados en términos del Decreto de Reformas.

4) La Ley General de Responsabilidades Administrativas, particularmente, por lo que respecta a los artículos 7, fracción VI, 52, segundo párrafo, 54, segundo párrafo y 80 Bis, modificados en términos del Decreto de Reformas.

14. Oportunidad. En atención a que el objeto de estudio de la presente controversia constitucional se trata de una norma general, el plazo de treinta días para la presentación de la demanda se debe computar a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia.(5)

15. Así, para poder establecer si la demanda se presentó oportunamente, es necesario tener en cuenta que en la especie se impugna el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Destacadamente, los artículos 1, segundo párrafo, 3, fracciones III y V, 6, fracción 1, 7, fracción III, inciso I), 7 Bis y Transitorios Primero y Segundo, con motivo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve.

16. Por tanto, el plazo de treinta días hábiles para interponer la demanda respectiva transcurrió del quince de abril de dos mil diecinueve al treinta de mayo siguiente.(6)

17. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, es claro que su presentación resultó oportuna.

18. Legitimación activa. El Banco de México tiene legitimación para cuestionar el acto cuya invalidez reclama, en virtud de que el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias que se susciten entre un órgano constitucional autónomo y el Poder Ejecutivo Federal o el Congreso de la Unión, por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y el diverso numeral 28, párrafo sexto, de la Constitución General, lo reconoce expresamente como órgano autónomo.(7)

19. En esa tesitura, si el Banco actor es un órgano constitucionalmente autónomo, tiene la posibilidad de promover controversias constitucionales contra actos o disposiciones generales que considere vulneran el ejercicio de sus atribuciones.

20. El Banco de México es representado por su Director Jurídico, Erick Mauricio Sánchez Medina, quien cuenta con la facultad para representar al Banco de México, en términos del artículo 67 de su Reglamento Interior(8) y acreditó su personería con la copia certificada del oficio del Secretario de la Junta de Gobierno del Banco de México de dieciocho de enero de dos mil trece, en el que se comunica que en sesión de esa data se le otorgó el nombramiento referido.

21. Por tanto, el recurso se interpuso por persona legitimada para ello.(9)

22. Legitimación pasiva. Para la procedencia de la acción se procede al análisis de la legitimación de la parte demandada. En principio, conforme con el artículo 105, fracción I, inciso l) de la Constitución General, así como 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria, tanto el Ejecutivo Federal, como las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, se encuentran legitimados para ser demandados en una controversia constitucional.

23. Ahora, las personas que acudieron en representación de los referidos Poderes de la Unión ostentan legitimación en el proceso, de conformidad con lo siguiente:

24. a) Poder Ejecutivo. En términos del párrafo tercero del artículo 11 de ese ordenamiento,(10) el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.

25. En el caso, acudió el Consejero Jurídico Julio Scherer Ibarra, personalidad que acreditó con la copia certificada del nombramiento expedido el uno de diciembre de dos mil dieciocho por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo dispuesto en el artículo único del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno.

26. b) Cámaras del Congreso de la Unión. En representación de la Cámara de Senadores, comparece Martí Batres Guadarrama, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva, que acreditó con la copia certificada del acta de sesión consecutiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura celebrada el miércoles veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en donde consta su elección para ese encargo.(11)

27. En representación de la Cámara de Diputados comparece el diputado Porfirio Muñoz Ledo, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva, que acreditó con la copia certificada del diario de debates de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en donde consta su elección para ese encargo.(12)

28. Causales de improcedencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierte de oficio(13) que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria,(14) en virtud de que han cesado los efectos de los actos impugnados.

29. Este Tribunal Constitucional ha establecido que la causa de improcedencia por cesación de efectos se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca, extingue o deja insubsistente el acto reclamado, de manera que sus efectos quedan destruidos de forma permanente, absoluta, completa e incondicional, y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera obtenido sentencia favorable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular.

30. Lo anterior, ya que la consecuencia de estimar fundados los conceptos de invalidez, en el caso de una norma reformada, se reduciría a anular los efectos de una ley sin existencia jurídica ni aplicación futura, ya que la sentencia que llegara a pronunciarse no podría alcanzar un objeto distinto al que ya se logró con su reforma o sustitución.(15)

31. En ese sentido, por regla general, para que se actualice la cesación de efectos se requiere:

• Un acto de autoridad que se estime cause un perjuicio y que motive la promoción del medio de defensa.

• Otro acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional y que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia de la controversia.

• Una situación de hecho o de derecho que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda, que sea incondicional e inmediata, es decir, como si se le hubiera concedido la razón.

• Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegara a pronunciarse.(16)

32. Para el caso específico de la cesación de efectos prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria, se han delimitado las siguientes especificidades:

• Basta que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que motivaron su promoción, ya que la declaración de invalidez de las sentencias en este tipo de medios de control constitucional no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución General(17) y 45 de la Ley Reglamentaria.(18)

• Debe analizarse el derecho transitorio que rige la reforma, a efecto de establecer, indubitablemente, que la norma anterior fue plenamente sustituida por la nueva.(19)

• No se hubiera ampliado la demanda de la controversia constitucional, a través de la cual se impugne el nuevo acto legislativo.(20)

33. En el caso, la presente controversia constitucional fue promovida por el Banco de México, con el objeto sustancial de controvertir el “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.

34. Ahora bien, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

35. En la normatividad transitoria de dicho Decreto, se estableció expresamente, entre otras cuestiones:

• Su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.(21)

• Al momento de la referida entrada en vigor deja sin efectos todas las disposiciones contrarias a la misma.(22)

• La abrogación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018.(23)

36. Lo anterior evidencia claramente que la emisión de esta nueva ley dejó sin efectos a partir del veinte de mayo de dos mil veintiuno, toda la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, lo cual incluye sus reformas publicadas a través de ese mismo medio el doce de abril de dos mil diecinueve, que son el acto impugnado a través de la presente controversia constitucional.

37. En consecuencia, si la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos junto con sus reformas han perdido vigencia, las consecuencias que se hubieran podido producir por su emisión ya no tendrán eficacia material ni jurídica en la esfera competencial de la actora. Máxime que de las constancias de autos se aprecia que la parte actora no combatió ese Decreto mediante la ampliación de demanda.

38. Circunstancia que, en el presente caso en particular, se hace extensiva a los artículos impugnados, tanto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal, derivado de la estrecha relación existente en su impugnación como consecuencia de la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos con motivo del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve.

39. De ahí que, en el caso, han cesado los efectos de los actos impugnados y, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia del artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria, por lo que lo procedente es sobreseer en el medio de impugnación, con fundamento en lo previsto por el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria.(24)

3. PUNTO RESOLUTIVO.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se SOBRESEE en la presente controversia constitucional.

Notifíquese; por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa (ponente). El Ministro José Fernando Franco González Salas, emitió su voto con reservas. El Ministro Luis María Aguilar Morales, se aparta de las consideraciones del párrafo 8.

Firman la Ministra Presidenta de la Segunda Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTA Y PONENTE

MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

SECRETARIA DE ACUERDOS:

CLAUDIA MENDOZA POLANCO

La Secretaria de Acuerdos CERTIFICA que esta hoja corresponde a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente relativo a la controversia constitucional 208/2019 en la sesión ordinaria celebrada vía remota el catorce de julio de dos mil veintiuno. DOY FE.

En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. “(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994)

Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021)

I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

[...]

(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021)

l).- Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.”

2. “Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

[...]

Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:

[...]

V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos generales. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda.

[...]”.

3. “SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:

I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.

[...]

TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito.”

4. “Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;

[...]”

5. “Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y [...]”.

6. Se descuentan del cómputo del plazo los días 20, 21, 27 y 28 de abril, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de mayo, todos de 2019; por corresponder a sábados y domingos, así como del 17 al 19 de abril y 1 de mayo por ser inhábiles, conforme con el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los incisos g) y n) del punto primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

7. “Artículo 28.

[...]

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.

[...]”.

8. “Articulo 67.- El Banco de México, su Gobernador, la Junta de Gobierno, sus miembros, los Directores Generales, el Secretario de la Junta, los Directores y los titulares de las Unidades de Transparencia y Auditoría podrán ser representados en el juicio de amparo, en las controversias constitucionales o en cualquier otro proceso de carácter constitucional, según corresponda, por el Director General Jurídico o el Director Jurídico. En ausencia de estos últimos, dicha representación recaerá en el Gerente Jurídico de lo Contencioso o el Subgerente Jurídico de lo Contencioso”.

9. De conformidad con el artículo 11, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria:

“Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

[...]”.

10. “Artículo 11.

[...]

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.”

11. “Artículo 67.

1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara y su representante jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, además de las facultades específicas que se le atribuyen en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones:

[...]

l) Otorgar poderes para actos de administración y para representar a la Cámara ante los tribunales en los juicios de cualquier naturaleza en que ésta sea parte;

[...]”

12. “Artículo 23.

1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:

[...]

l) Tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario;

[...]”.

13. “Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

[...]

En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.

14. [...]”

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;

[...]”

15. Criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 24/2005: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA.” publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página setecientos ochenta y dos.

16. Conforme con la jurisprudencia 1a./J. 33/2015 (10a.): “ARRAIGO. LA ORDEN RELATIVA NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS (ABANDONO DE LA TESIS AISLADA 1a. LXXXIII/2001)” publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro dieciocho, mayo de dos mil quince, tomo I, página 168.

17. “Artículo 105...

[...]

(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021)

I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

[...]

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

[...]”

18. “Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200744-742c568c/i-controversia-constitucional-el-director-juridico-del-banco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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