Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLAS CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O, AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CITA DE UNA DISPOSICIÓN NORMATIVA EN UN DETERMINADO ACTO, POR SÍ SOLA, RESULTA INSUFICIENTE PARA ACREDITAR QUE SE ACTUALIZARON LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN ELLA (OFICIOS NÚMEROS V-500-SDUV/0538/2019 Y V-500-SDUV/0596/2019 EMITIDOS POR EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA EJECUCIÓN DE UN ACTO CONSTITUYE LA APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE SE FUNDAMENTE EXPRESAMENTE EN AQUÉLLA (OFICIOS NÚMEROS V-500-SDUV/0538/2019 Y V-500-SDUV/0596/2019 EMITIDOS POR EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RESPECTIVO DECRETO Y DE QUE ÉSTE NO RESULTA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES (FRACCIONES IX DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y XX DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 317/2019. · Registro digital (IUS): 200764
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 317/2019. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 4 DE NOVIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; VOTÓ CON RESERVAS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada vía remota el cuatro de noviembre de dos mil veinte.

V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Presentación y contenido de la demanda. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César Augusto Verástegui Ostos, Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en su carácter de representante del Poder Ejecutivo del Estado, promovió controversia constitucional contra el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y de Senadores), el Poder Ejecutivo Federal y la Titular de la Secretaría de Gobernación, respecto de la aprobación, promulgación y sanción de las fracciones IX del artículo 8(1) de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y XX del numeral 41(2) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por la emisión de diversos oficios, como primer acto de aplicación de las normas impugnadas.

En el apartado identificado como la norma general o acto cuya invalidez se demande, así como en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado, señaló los siguientes:

a) Los oficios No. V-500-SDUV/0538/2019 y el oficio No. V-500-SDUV/0596/2019.

b) Las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil diecinueve; y,

c) Las normas impugnadas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el catorce de mayo de dos mil diecinueve.

SEGUNDO. Antecedentes. La parte actora manifestó como antecedentes,(3) en resumen, los que a continuación se sintetizan.

1. El veintiséis de abril de dos mil diecinueve, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. El treinta de abril siguiente, el Senado de la República aprobó la iniciativa de reforma señalada en el punto anterior.

3. El catorce de mayo del mismo año, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como la fracción IX del numeral 8 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

4. El siete de junio del año citado, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron las modificaciones a las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano para el ejercicio fiscal 2019.(4)

5. El dos de agosto de la misma anualidad, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, mediante oficio número SEDUMA/SP/OFI/2019/2037, solicitó al Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -en lo subsecuente SEDATU- la interpretación de las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano para el ejercicio fiscal 2019, a efecto de aclarar el alcance de las competencias de los gobiernos de las entidades federativas respecto de las instancias ejecutoras, en relación con la demás normativa aplicable, contenido, particularmente, en el numeral 5.2.(5) de las mencionadas reglas.

6. Mediante oficio V-500-SDUV/0538/2019 (acto impugnado), el Subsecretario de Desarrollo Urbano de la SEDATU dio respuesta a la solicitud anterior.

En tal oficio manifestó que el numeral 4.1. de las Reglas de Operación en cita, establece como facultades de la Subsecretaría, a través de la Unidad Responsable del Programa y en coordinación con las áreas responsables, entre otras, la de interpretarlas. Asimismo, después de explicar en qué casos procede dicha interpretación y las generalidades sobre la mecánica de operación del Programa de Mejoramiento Urbano conforme a los numerales 1.4., 2.2., 3.4., 4.3.1, 4.4.1., 5.1.5. y 5.1.6., de las referidas reglas, destacó las vertientes en que el mismo se estructura (Mejoramiento Integral de Barrios, Vivienda de Ámbito Urbano y Regularización y Certeza Jurídica), señalando la participación de diversas instancias -ejecutoras y solicitante- y sus obligaciones.

De igual forma, relató que con base en tales reglas en consonancia con la fracción XX del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, esa dependencia formalizó diversos convenios de coordinación con dicho Gobierno Estatal y sus Municipios, a fin de permitir la ejecución de futuras obras de equipamiento urbano, espacio público, movilidad, conectividad e infraestructura urbana, para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población.

Explicó que si bien en la Cláusula Tercera, fracción I, de los citados instrumentos jurídicos, esa dependencia se comprometió a dar el adecuado acompañamiento técnico al Gobierno del Estado y/o al Municipio durante la ejecución de los proyectos, lo cierto era que, dada la mecánica de operación del citado programa de mejoramiento urbano (contenida en sus Reglas de Operación), acorde con la Cláusula Cuarta de los convenios, se expresó textualmente que las partes debían sujetarse a lo que establece la normatividad federal y local aplicable, así como a los criterios y demás preceptos establecidos por las reglas de operación en mención.

Por lo que era de resaltar –precisó-, que cada Área Responsable de su vertiente, sujetándose a la mecánica de operación del programa, definiría quién es la instancia ejecutora de las intervenciones, y en el caso de la vertiente de mejoramiento integral de barrios, competía a la Titularidad de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios definir tal circunstancia.

Así, con base en lo anterior, concluyó que no advertía la necesidad de realizar la interpretación requerida, en tanto la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios en la Vertiente de Mejoramiento Integral de Barrios, era la que podía establecer, en libertad de determinación técnica, a la instancia ejecutora de las intervenciones integrales (proyectos), la cual, desde luego, contaba con las atribuciones necesarias para ejercer los subsidios del programa y suscribir los instrumentos jurídicos atinentes.

7. Posteriormente, mediante oficio SEDUMA/SP/OFI/2019/2410, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, en alcance del diverso oficio enviado con antelación, de nueva cuenta solicitó al Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU, la aclaración e interpretación en cuanto a si conforme a la reforma de la fracción IX del artículo 8 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y XX del numeral 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a partir de su vigencia, solo la autoridad federal podía promover y ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano.

8. En respuesta a lo anterior, por oficio V-500-SDUV/0596/2019 (acto impugnado), el Subsecretario de Desarrollo Urbano de la SEDATU manifestó, primero, que conforme al punto 4.1. de las Reglas de Operación solo contaba con facultad para interpretar las reglas, pero no así la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ni la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, empero, en vía de amigable asesoría, le manifestó que, acorde con el numeral "4.4. Instancias Ejecutoras", de las citadas Reglas, el área responsable de cada vertiente sería la que determinaría quién sería la instancia ejecutora de un proyecto aprobado por el Programa de Mejoramiento Urbano.

TERCERO. Conceptos de invalidez. En los conceptos de invalidez, la parte actora planteó, esencialmente, lo siguiente:

a) En el apartado relativo a "cuestión previa" explicó el régimen constitucional de distribución de competencias del sistema jurídico nacional. En el numeral 1, manifestó el marco jurídico de las competencias concurrentes, a efecto de exponer que la materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano entra dentro de este supuesto, ya que conforme a los artículos 73, fracción XXIX-C, 27, párrafo tercero y 116, fracción VII constitucionales, se dan instrucciones al legislador federal en torno a su contenido regulatorio, establecen principios, limitantes y directrices que deben reflejar en el reparto posterior competencial realizado en su respectiva Ley General.

• En el numeral 2 expuso lo relativo a la materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano, y señaló que los principios de la descentralización flexible resultan aplicables al caso concreto, al implicar la necesidad de realizar un reparto competencial adecuado, permitiendo a las entidades federativas ejercer las facultades necesarias para dar cabal cumplimiento de los principios constitucionales. Dichas precisiones constitucionales han sido reconocidas por el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia de rubro: "ASENTAMIENTOS HUMANOS. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL."

• Asimismo, adujo que la Ley General de la materia debe observar los principios, limitantes y directrices sentados en la Constitución Federal y, en caso de que ésta regule más allá de la materia, sería inconcuso que existiría una invasión de competencias de las entidades federativas y municipios.

• En el numeral 3 señaló los principios constitucionales y convencionales en materia de asentamientos humanos, los cuales se encuentran consagrados, en su mayoría, en el precepto 27, párrafo tercero, constitucional, además de encontrarse en diversos tratados internacionales de los que México forma parte, a saber, los artículos 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; quinto numeral 1 del Convenio Consultivo de la Organización Latinoamericana de Vivienda y Desarrollo de los Asentamientos Humanos (OLAVI), entre otros.

b) Así, en su concepto de invalidez primero, aduce la inconstitucionalidad de los oficios impugnados por asignar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento de manera exclusiva a la Federación, transgrediendo así las facultades estatales y municipales en materia de asentamientos humanos establecidas en los numerales 27, párrafo tercero, 115, fracción V y 116, fracción VII, constitucionales.

• Señala que conforme a los citados preceptos constitucionales, la posibilidad de ejecución de obras de infraestructura para el desarrollo urbano, es una facultad concurrente entre los distintos órdenes de gobierno del Estado Mexicano. Así, específicamente en los preceptos 27, párrafo tercero y 116, fracción VII constitucionales, las entidades federativas tienen facultades explícitas para el desarrollo y ejecución de obras públicas de infraestructura en materia de desarrollo urbano y prestación de servicios públicos, de ahí que las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, que pretenden acotar las facultades estatales en materia de ejecución de obras, son inconstitucionales por transgredir el reparto competencial.

• Los oficios impugnados interpretan y aplican las Reglas de Operación de modo que la facultad de ejecución de obras de infraestructura resulta exclusiva de la Federación, concediendo de manera residual a los Estados y Municipios la oportunidad de coordinarse de manera accesoria, puesto que únicamente pueden ser realizadas bajo el auspicio de la Federación por conducto de las áreas responsables, lo cual resulta inconstitucional.

• Cita para robustecer sus argumentos la jurisprudencia señalada en el numeral 2, en el rubro de cuestión previa, así como la tesis aislada de rubro: "ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO. LAS FACULTADES DE LOS MUNICIPIOS EN ESTAS MATERIAS DEBEN DESARROLLARSE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

c) En su segundo concepto de impugnación, esgrime la inconstitucionalidad de las normas impugnadas por asignar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento de manera exclusiva a la Federación, lo que transgrede las facultades estatales y municipales en materia de asentamientos humanos contempladas en la Constitución Federal.

• Indica que el artículo 8, fracción IX, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como el diverso 41, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, trastocan lo dispuesto en la Constitución Federal, al establecer que la facultad de ejecución de obras de infraestructura para el desarrollo, resulta exclusiva de la Federación y tal limitación no encuentra justificación alguna ni en la Ley General ni en alguna otra disposición, por lo que considera procedente declarar su invalidez por invasión de competencias, al ser una facultad concurrente.

d) En su concepto de invalidez tercero, se duele de la inconstitucionalidad de las normas impugnadas por exceso en los límites de la materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en perjuicio de las facultades de las entidades federativas conforme al reparto competencial establecido en la Constitución Federal.

• Señala que dentro de los preceptos constitucionales 116, 117, 118 y 124 se establecen un cúmulo de competencias para las entidades federativas, entre las cuales se encuentra la ejecución de obras públicas y de infraestructura para la prestación de servicios públicos y de desarrollo territorial y urbano; mientras que en el artículo 73 constitucional, no se observa que dicha facultad sea expresa del orden jurídico federal. En cuanto al diverso 134 del referido ordenamiento legal, dispone la facultad de los tres órdenes de gobierno para la contratación y, por tanto, ejecución de obra pública; finalmente, el diverso 27, fracción XX de la Carta Magna, refiere la obligación del Estado (en sus tres órdenes de gobierno) de proveer infraestructura mediante la ejecución de obra pública para el desarrollo de la población.

• De lo anterior se observa, sostiene, que la ejecución de obras, además de ser un instrumento para la actualización e implementación de directrices constitucionales en materia de asentamientos humanos, también comprende un concepto constitucional que excede los límites naturales de aquella materia.

• Así, del artículo 134 constitucional deriva la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, misma que permite al Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, la ejecución de obra pública y construcción de infraestructura para el desarrollo urbano, independientemente de lo expuesto en la Ley General.

• Por lo que concluye que las normas impugnadas son inconstitucionales, al establecer que la competencia de ejecución de obras públicas o su regulación sean exclusivas de la Federación, pues limita las facultades que también les son conferidas a los Estados.

CUARTO. Preceptos constitucionales violados. Señala que se transgreden en su perjuicio los artículos 1o., 27, párrafo tercero y fracción XX, 43, 73, fracción XXIX-C, 115, fracción V, 116, fracción VII y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Radicación. Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 317/2019 y designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.

SEXTO. Admisión. Mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados únicamente al Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores), al Poder Ejecutivo Federal y al Titular de la Secretaría de Gobernación,(6) ordenando dar vista a la Fiscalía General de la República para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes.

SÉPTIMO. Contestación de la demanda. SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el cuatro de febrero de dos mil veinte, Iliana García Castillo, directora general de Procedimientos Constitucionales, en representación de la Secretaría de Gobernación, dio contestación a los hechos, planteó causales de improcedencia y refutó los conceptos de invalidez, medularmente, argumentando lo siguiente:

a) En los apartados III y IV relativos a la contestación de los hechos expuestos y razones y fundamentos que sostienen la constitucionalidad de la norma o acto cuya invalidez se demanda, refirió que la Secretaría de Gobernación en lo único que participó fue en el refrendo del decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la fracción IX del artículo 8 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y que su emisión cumplió con los requisitos de legalidad previstos en la Constitución Federal.

b) En el apartado V referente a las causas de improcedencia y sobreseimiento, adujo como primer punto, que se actualiza la prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley de la materia, ya que el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas carece de interés legítimo para instar la controversia constitucional, al no afectar ninguno de los actos impugnados su esfera competencial, pues solo constituyen una mera interpretación de las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano para el ejercicio fiscal 2019, por lo que carece de efectos vinculantes para dicha entidad federativa.

• Lo que se corrobora con el oficio V-500-SDUV/0538/2019, ya que la respuesta dada a la parte actora no se relaciona con un convenio cuyo objeto sea la ejecución de obras de infraestructura, sino con uno diverso, cuyo objeto únicamente es la detección de posibles proyectos a realizar. Así, lo que motivó la presentación de la controversia no fue un acto dentro del procedimiento de ejecución de una obra que surta efectos en la esfera jurídica de la parte actora.

• Además, ni de los oficios ni de las Reglas de Operación se desprende una imposibilidad para que los gobiernos de los Estados ejecuten obras, sino que el determinar quién podrá ejecutarlas está sujeto a los instrumentos jurídicos que éstos suscriban y a lo que determine el área responsable de la vertiente que corresponda.

• En su segundo punto, refiere que la controversia constitucional es improcedente al haber cesado en sus efectos los actos impugnados, ello, pues las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano para el ejercicio fiscal 2019, perdieron su vigencia con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano para el ejercicio fiscal 2020, las cuales se encuentran vigentes a partir del dos de enero de la anualidad antes citada.

• Aunado a lo anterior, los numerales 5.2 y 5.2.1 denominados "De la ejecución de los proyectos" y "Modificación de Proyectos" reclamados, perdieron su vigencia de manera formal y material al haberse modificado sustancialmente.

c) En el apartado VI relativo al análisis de los actos o disposiciones generales cuya invalidez se demanda, manifestó que los artículos 8, fracción IX de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Urbano, así como el diverso 41, fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no invaden la esfera competencial de la parte actora, pues permiten a la Federación y a las entidades federativas se coordinen para ejecutar la construcción de obras de infraestructura.

• Asimismo, que el artículo 73 constitucional no prevé como facultad exclusiva de la Federación, la ejecución de obras públicas. Así, las normas impugnadas no exceden los límites de la materia de asentamientos humanos, puesto que el Poder Constituyente en diversos preceptos constitucionales, otorga la posibilidad de que el Congreso de la Unión fije un reparto de competencias concurrentes, entre las cuales destaca la materia de asentamientos humanos.

• Las Reglas de Operación que rigen el Programa de Mejoramiento Urbano únicamente reglamentan las obras que sean objeto del mismo, por lo que no puede señalarse que a través de los artículos impugnados exista una transgresión absoluta en perjuicio de las entidades federativas para ejecutar obras de infraestructura al no estar contenidas todas en dicho programa, además de que permiten el ejercicio de las facultades conferidas a cada nivel de gobierno.

• Señala que resulta infundado el concepto relativo a que el artículo 134 constitucional permite que el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas ejecute las obras públicas y construcción de infraestructura, ya que éste establece los principios bajo los cuales deben administrarse los recursos económicos de los tres órdenes de gobierno, lo que no es aplicable al caso al dejar intocada la facultad concurrente en materia de asentamientos humanos.

7.1. Contestación de demanda del PODER EJECUTIVO FEDERAL. Mediante oficio recibido el trece de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, contestó la demanda de controversia constitucional, bajo los siguientes argumentos:

a) En el apartado I relativo a la contestación de los hechos expresados en el escrito de demanda, refirió que el catorce de mayo y siete de junio de dos mil diecinueve se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 41, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el diverso 8, fracción IX, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano para el ejercicio fiscal 2019, respectivamente.

• Asimismo, indicó que con fechas quince de agosto y once de septiembre de dos mil diecinueve, el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emitió respuestas a los oficios dictados por el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas.

b) En el apartado II relativo a las causales de improcedencia y sobreseimiento, manifestó en su primer punto, que se actualiza la causal relativa a la extemporaneidad de la demanda respecto de las normas generales impugnadas, ello, porque aun cuando la parte actora pretenda impugnarlas a partir del supuesto de primer acto de aplicación, los oficios emitidos por el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no tuvieron por objeto la aplicación de dichas normas, sino dar contestación a una solicitud de interpretación de las mismas, para efecto de señalar si la ejecución de obras de infraestructura pueden realizarse directamente por parte del Gobierno del Estado.

• En todo caso, el primer acto de aplicación lo son las Reglas de Operación impugnadas, pues en éstas se citó la reforma a los artículos 41, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el diverso 8, fracción IX, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, por lo que al no haberse impugnado tales Reglas desde su publicación, esto es, el siete de junio de dos mil diecinueve, el plazo para presentar la demanda transcurrió en exceso, pues fue hasta el diez de octubre de la referida anualidad cuando se promovió la controversia constitucional.

• Indicó que no resultan aplicables las tesis expuestas por la parte actora en relación con la aplicación implícita de normas generales, al analizarse una cuestión diversa a la planteada.

• Como segundo punto manifestó la falta de interés legítimo de la parte actora para promover la controversia constitucional, puesto que los oficios impugnados no actualizan un principio de agravio o afectación, al no contener una determinación vinculante que la obligue o invada su esfera de atribuciones, aunado a que no expresa razones por las cuales su contenido le causa un perjuicio al afectar su esfera competencial y la manera en que ello impide la ejecución de una obra determinada. Por tanto, no existe un punto de contacto entre los actos y las normas combatidas y la supuesta afectación a la esfera competencial.

• Además, ninguno de los preceptos constitucionales que el promovente estima violados, faculta al Estado de Tamaulipas a ejecutar programas de infraestructura, puesto que el artículo 73, fracción XXIX-C de la Constitución Federal, prevé que es facultad del Poder Legislativo Federal emitir la ley marco en la que se distribuyan las competencias que los distintos niveles de gobierno deberán ejercer sobre la materia de asentamientos humanos.

• Como tercer punto sostuvo la actualización de la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos de las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano del ejercicio fiscal 2019, al perder su vigencia con la publicación de las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano del ejercicio fiscal 2020, publicadas el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y que entraron en vigor a partir del dos de enero de dos mil veinte, conforme a su primer artículo transitorio.

• Por otro lado, adujo que el promovente reclama específicamente los numerales 5.2 y 5.2.1 denominados "De la Ejecución de los Proyectos" y "Modificación de Proyectos", los cuales fueron modificados sustancialmente, por lo que perdieron su vigencia de manera formal y material. Así, resultaría procedente decretar el sobreseimiento respecto de los oficios y las normas de las Reglas de Operación reclamadas, pues la materia de impugnación de los oficios radica en la interpretación de dichas Reglas.

c) En su apartado III, relativo a consideraciones previas, menciona los principios y reglas establecidas en la Constitución Federal sobre los sistemas federal y de concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de asentamientos humanos, así como el análisis de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

d) Por último, en el apartado IV relativo a la contestación de los conceptos de invalidez, refiere en su único concepto que las normas y oficios impugnados no transgreden las facultades estatales y municipales en materia de asentamientos humanos establecidos en la Constitución Federal, ello en virtud de que la normatividad y planificación en esta materia opera de forma complementaria respecto de una misma zona geográfica, por lo cual existe la obligación para las autoridades de los tres niveles de gobierno de atender y aplicar todas las normas federales, estatales y municipales en su conjunto.

• Además, ninguno de los preceptos constitucionales que el promovente estima violados faculta al Estado de Tamaulipas a ejecutar programas de infraestructura. No se soslaya lo expuesto en los preceptos 115, fracción V y 116, fracción VII, de la Constitución General, en los que se establecen determinadas facultades a favor de los Municipios y los Estados en dicha materia; sin embargo, éstas deben ser acordes a las leyes generales que expida el Congreso de la Unión.

• Y, respecto de la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano al invadir su esfera competencial, señaló que es infundado, porque lo que en realidad establece es que es competencia de la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano promover y ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el Desarrollo Regional, Urbano y Rural, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y las demarcaciones territoriales. Lo que también se corrobora con lo establecido en el precepto 41, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

• Dichas normas generales tampoco transgreden el numeral 124 constitucional al ser concurrente la materia de asentamientos humanos, para lo cual la Federación deberá distribuir las competencias que cada nivel de gobierno podrá ejercer respecto de la misma.

• Tampoco resultan violatorias las Reglas de Operación, puesto que únicamente reglamentan el Programa de Mejoramiento Urbano en el ejercicio fiscal 2019, además, permiten la coordinación entre el Gobierno Federal, entidades federativas y los Municipios, para la ejecución de dichas obras.

• De igual forma, dijo, que los oficios impugnados no impiden al promovente ejecutar obras de infraestructura, ya que solo se le remite al contenido de las Reglas de Operación del Programa de referencia y que conforme a ellas la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano podrá promover y ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

• Así, conforme a la regla 4.3, la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200764-bc9dbb6f/i-controversias-constitucionales-oportunidad-para-promoverlas-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.