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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA NORMA IMPUGNADA CON MOTIVO DE SU ACTO DE APLICACIÓN CUANDO SE SOBRESEE EN RELACIÓN CON ÉSTE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ACTOS Y NORMAS IMPUGNADAS EN LA DEMANDA ORIGINAL Y EN LAS AMPLIACIONES DE ÉSTA, SE DEBEN RELACIONAR EN UNA MISMA UNIDAD IMPUGNATIVA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS HECHOS NUEVOS O SUPERVENIENTES QUE SE INVOQUEN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DEBEN SER SUSCEPTIBLES DE COMBATIRSE A TRAVÉS DE ESA VÍA Y ESTAR RELACIONADOS CON LA MATERIA DE IMPUGNACIÓN ORIGINALMENTE PLANTEADA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA SEAN CONTRADICTORIOS CON LA ACCIÓN PLANTEADA, DEBEN DESESTIMARSE POR LA SUPREMA CORTE, LA QUE DETERMINARÁ LA MATERIA DE ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ACTOS IMPUGNADOS DIRIGIDOS A LA REALIZACIÓN Y ALCANCES DE LA FACULTAD DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE HACERSE CARGO DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO ACTOR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE PUEBLA GUARDAN RELACIÓN JURÍDICA (DECRETOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA EL VEINTICUATRO DE MARZO Y EL TRECE DE JULIO, AMBOS DE DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO EL OFICIO CJG-015/2020, EMITIDO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ACTOS IMPUGNADOS EN LAS DISTINTAS AMPLIACIONES DE DEMANDA QUE RESULTAN DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA ASUMIDOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, DEBEN VINCULARSE CON LOS IMPUGNADOS ORIGINALMENTE (OFICIOS NÚMEROS CECSNSP/SE-0125/2020 Y CECSNSP/SE-102/2020, EMITIDOS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EL UNO Y CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO EL OFICIO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO CECSNSP/2020/DGCECC/2266, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ÚNICO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE PUEBLA DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (DECRETOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA EL VEINTICUATRO DE MARZO Y EL TRECE DE JULIO, AMBOS DE DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO EL OFICIO CJG-015/2020, EMITIDO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS IMPUGNADOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA ASUMIDAS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, AL HABER CESADO LOS EFECTOS DE LOS ACTOS QUE ORIGINARON ESA FACULTAD (OFICIOS NÚMEROS CECSNSP/SE-0125/2020 Y CECSNSP/SE-102/2020, EMITIDOS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EL UNO Y CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO EL OFICIO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO CECSNSP/2020/DGCECC/2266, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ÚNICO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE PUEBLA DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA NORMA IMPUGNADA CON MOTIVO DE SU ACTO DE APLICACIÓN CUANDO SE SOBRESEE EN RELACIÓN CON ÉSTE, MÁXIME SI HA TRANSCURRIDO EN EXCESO EL PLAZO PARA COMBATIRLA CON MOTIVO DE SU PUBLICACIÓN (ARTÍCULOS 79, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN X Y 105, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, ASÍ COMO 211 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y 24 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESA ENTIDAD).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 46/2020. · Registro digital (IUS): 200829
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 46/2020. MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 24 DE AGOSTO DE 2022. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto(s) impugnado(s): Se tuvieron como actos y normas impugnados los siguientes: Los oficios **********, **********, ********** y ********** de fechas de diez de marzo de dos mil veinte, uno y cuatro de abril de dos mil veinte, y veinticinco de mayo de dos mil veinte; así como los decretos de fechas del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, trece de julio de dos mil veinte y dieciséis de marzo de dos mil once; y los artículos 79, primer párrafo, fracción X y 105, fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 211 de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla y 24 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

Ver índice temáticoCiudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 46/2020, promovida por el Municipio de Puebla contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Puebla.

El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si debe sobreseerse en el presente juicio respecto de los actos impugnados por cesación de efectos, y en vía de consecuencia también respecto de las normas generales, al combatirse con motivo de su aplicación en aquellos actos.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Hechos que antecedieron a la demanda. El dos de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el decreto por el cual se reformó y adicionó el artículo 105, fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual establece en su redacción actual que "[e]n casos de graves trastornos del orden público, EL gobernador del Estado, por sí o por medio del delegado que lo represente, podrá hacerse cargo de la fuerza pública existente en el Municipio".

2. La litis del presente asunto versa sobre el ejercicio de dicha facultad por parte del gobernador del Estado de Puebla sobre el Municipio del mismo nombre y capital de ese Estado.

3. El diez de marzo de dos mil veinte, el gobernador del Estado de Puebla emitió el oficio **********, notificó a la presidenta municipal de Puebla que asumiría el mando de la policía preventiva municipal, haciendo de su conocimiento el nombramiento de su delegada, con el fin de que a partir de esa fecha se le nombrara secretaria de Seguridad Ciudadana de ese Municipio.

4. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de marzo de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en su carácter de síndico municipal del Municipio de Puebla, promovió, en representación de ese Municipio, controversia constitucional en contra del oficio antes señalado, así como en contra del artículo 105, fracción VIII, de la Constitución Local. En este sentido, señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Puebla.

5. En su escrito de demanda, la parte actora señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 14, 16, 21, 41, 115, fracciones I, III, inciso h) y VIII, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Municipio actor formuló los siguientes conceptos de invalidez:

a. Primero. La actora señala que la seguridad pública es una competencia concurrente conforme al artículo 21 y 115, fracción III, inciso h de la Carta Magna, por lo que, el oficio impugnado es inconstitucional por excluir a la parte actora de sus atribuciones constitucionales.

b. Segundo. El artículo 115, fracción VII constitucional establece que la policía preventiva municipal estará a cargo de la presidenta municipal. El oficio impugnado contraviene tal disposición al despojar arbitrariamente a la presidenta municipal de dicha facultad.

c. Tercero. El oficio es contrario al artículo 16 constitucional debido a que no establece el precepto que le otorga dicha facultad a la autoridad demandada.

d. Cuarto. La actora argumenta que, con base en los artículos 21 y 115, fracción I de la Constitución Federal, es competencia exclusiva de los Municipios dirigir la Policía Municipal, además que no existirá autoridad intermedia entre los Municipios y los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas. En este tenor, el acto impugnado transgrede la Carta Magna al extraer una facultad exclusiva del Municipio y además imponer el nombramiento de un delegado que cumpla las órdenes del gobernador, con lo que se establece una figura intermedia contrariando los preceptos constitucionales.

e. Quinto. El acto impugnado viola la garantía de legalidad establecida en la Constitución al vulnerar los artículos 199, fracción VIII y 202 de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla y arbitrariamente adjudicarse atribuciones exclusivas de las autoridades municipales.

f. Sexto. El acto transgrede la Constitución al vulnerar la asignación competencial que ella establece, debido a que se omite cumplir con la ley y los procedimientos para la designación del titular de la Policía Municipal, así como implica la adjudicación de funciones exclusivas del Municipio.

g. Séptimo. La actora sostiene que se transgrede el artículo 1o., párrafo tercero de la Carta Magna, ya que el acto materia de la impugnación no respeta, promueve, protege ni asegura la garantía constitucional de la seguridad pública.

7. Turno y trámite. Por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veinte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el presente asunto bajo el número de expediente 46/2020 y turnó el expediente a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que fungiera como instructor en el procedimiento.

8. Admisión de demanda. Por auto de misma fecha, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridades demandas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Puebla, a quienes emplazó al presente juicio; asimismo, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República.

9. Primera ampliación de demanda. Por escrito recibido el seis de abril de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del Alto Tribunal, el síndico municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en representación del Municipio de Puebla, presentó escrito de ampliación de demanda, en el cual señaló como actos y normas impugnadas, las siguientes:

a. Del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, se demanda:

i. El oficio ********** dictado el diez de marzo de dos mil veinte por el gobernado constitucional del Estado de Puebla.

ii. El decreto publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.

iii. De ambos se impugnó su ejecución.

b. Del Poder Legislativo del Estado de Puebla, se demanda:

i. La aprobación del decreto por el que se adicionó el artículo 105, fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla publicado el dos de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro en el Periódico Oficial de dicho Estado.

ii. La aprobación del decreto por el que se adiciona el artículo 79, primer párrafo, fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el cinco de marzo de dos mil uno en el Periódico Oficial de dicha entidad.

iii. De ambos se impugnó su primer acto de aplicación consistente en el oficio **********.

iv. La aprobación del decreto por virtud del cual se reformó el artículo 211 de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de junio de dos mil nueve en el Periódico Oficial de la tal entidad.

v. Asimismo, se impugnó el primer acto de aplicación el cual fue realizado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, consistente en el decreto del Ejecutivo Local por medio del cual asumió el mando de la policía preventiva municipal.

c. Del secretario de Gobernación del Estado de Puebla, se demanda:

i. El decreto rubricado por él y publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Periódico Oficial de la entidad.

d. Del secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, se demanda:

i. El decreto rubricado por él y publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Periódico Oficial de la entidad.

10. Admisión de la primera ampliación de demanda. Por auto del seis de abril de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo por admitida la ampliación y por presentados los conceptos de invalidez en ella vertidos, por lo que ordenó dar el trámite correspondiente.

11. Segunda ampliación de demanda. Por escrito recibido el veintidós de abril de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del Alto Tribunal, el síndico municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en representación de ese mismo Municipio, presentó escrito de ampliación de demanda, en el cual señaló a los siguientes como actos impugnados:

a. Del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, se demanda:

i. Los oficios números ********** y ********** de fechas de uno y cuatro de abril de dos mil veinte respectivamente, ambos emitidos por el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los cuales se ordena que los mandos de estructura y operativo se presenten en las instalaciones del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, para constatar si son aptos para continuar con la vigencia del certificado único de identificación policial y verificar el cumplimiento en materia de personal debidamente acreditado, que se encuentra amparado dentro de la licencia colectiva de armas de fuego.

ii. Así como la ejecución de ambos.

b. Del Poder Legislativo del Estado de Puebla, se demanda:

i. La aprobación del decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, respecto del artículo 24, publicado el quince de julio de dos mil nueve en el Periódico Oficial de la entidad.

12. Admisión de la segunda ampliación de demanda. Por auto de veintitrés de abril de mismo año, el Ministro instructor tuvo por admitida la ampliación de la demanda en contra de los actos ahí señalados y tuvo por demandadas a las autoridades precisadas, por lo cual ordenó dar el trámite correspondiente.

13. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla a la demanda, así como a la primera y segunda ampliación. Por escrito presentado el treinta de junio de dos mil veinte a través del Sistema Electrónico de este Alto Tribunal, el Subconsejero Jurídico Contencioso y de Análisis Estratégico de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla, en representación del gobernador del Estado, dio contestación a la demanda, formulando los siguientes argumentos:

a. El primer concepto de invalidez es infundado por realizar una lectura parcial de los artículos 21 y 115 de la Constitución Federal. En su opinión, se debe realizar una lectura conjunta de las fracciones III y VIII del artículo 115 con el 21 y no separarlo como lo hizo la actora en los conceptos de invalidez primero y segundo. Así, de una lectura sistemática e integral de tales preceptos se desprende que existe una excepción respecto de la dirigencia de la Policía Municipal a cargo del presidente municipal, ya que se prevé la posibilidad de trasladar a los Ejecutivos Locales la facultad de emitir órdenes a los cuerpos policiacos municipales en aquellos casos en que gobernador califique una causa de fuerza mayor o de alteración grave del orden público.

b. La parte actora realiza una interpretación equivocada, pues insiste en que de una lectura conjunta de los artículos 21 y 115 constitucionales se desprende que la facultad concurrente en materia de seguridad pública permite, excepcionalmente, que los Ejecutivos Locales se adjudiquen el mando de la Policía Municipal.

c. La actora se equivoca al pretender equiparar la fundamentación y motivación de un acto de autoridad cuando se afecta la esfera jurídica de un privado a aquellos en los cuales se afecta la esfera competencial de otro órgano estatal. En estos casos, la fundamentación se cumple cuando la autoridad emisora tiene competencia para emitir el acto y se invocan los antecedentes fácticos que actualizan los supuestos normativos.

d. La autoridad reitera la necesidad de interpretar el artículo 115 constitucional de forma integral y no únicamente fracción por fracción. Conforme a tal postura, el poder demandado concluye que la fracción VII del artículo 115 constitucional faculta a los Ejecutivos Locales para que, bajo su apreciación, determinen si en determinado momento existe una alteración grave del orden público y, de ser el caso, cuentan con la competencia para instruir a la policía preventiva municipal. Por otro lado, no existe autoridad intermedia debido a que cualquier facultad es delegable. Esto tiene mayor sentido cuando se observa el funcionamiento y la lógica de la administración pública estatal, específicamente, el artículo 105, fracción VII de la Constitución del Estado de Puebla.

e. No se vulnera la garantía de legalidad establecida en la Constitución Federal. La autoridad, nuevamente, señala que a pesar de que originariamente la facultad para dirigir la Policía Municipal es de los Municipios, la Constitución prevé una excepción para que los Poderes Ejecutivos Locales se adjudiquen su dirección.

f. Los actos impugnados no eliminan ninguna prerrogativa del Municipio simplemente regulan una facultad excepcional del gobernador del Estado que es congruente con los preceptos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla.

g. La impugnación del Municipio actor se basa en una lectura errónea del artículo 1ro constitucional. El Municipio no tiene un derecho a la seguridad pública, sino que, tiene diversas competencias en dicha materia. No obstante, conforme al artículo 115, fracción VII se establece un supuesto de excepción, el cual es el fundamento de los actos impugnados y por los cuales no se puede sostener que exista una invasión de competencias.

a. Contestación a la primera ampliación de la demanda. Posteriormente, la demandada procedió a contestar la primera ampliación a la demanda, señalando que la actora se equivoca al alegar que el decreto contraviene lo establecido en el artículo 16 constitucional, ya que afirma que no existe la necesidad de definir los conceptos de fuerza mayor y alteración grave del orden público. Para ello, se debe distinguir entre las aplicaciones de dicho artículo sobre actos administrativos cuyos requisitos son más laxos respecto de jurisdiccionales. Asimismo, la Constitución otorga libertad de apreciación al Poder Ejecutivo de una entidad federativa para valorar las situaciones de seguridad pública. En estos casos, la fundamentación se cumple cuando la autoridad emisora tiene competencia para emitir el acto y se invocan los antecedentes fácticos que actualizan los supuestos normativos. Aunado a ello, las autoridades no gozan de derechos humanos por lo que no se puede hablar de una violación a las garantías de fundamentación y motivación sino de afectaciones a su competencia.

b. El decreto no viola los artículos 14 y 16 constitucionales, por tanto, el concepto es infundado. Esto es así, debido a que el artículo 115, fracción VII constitucional establece una excepción a la facultades del Municipio respecto del mando de la policía y dicho artículo es invocado para los actos motivos del juicio. Tal competencia está sujeta a la calificativa de un suceso o sucesos determinados y por tiempo limitado.

c. Es infundado el argumento por medio del cual la actora pretende demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 79, primer párrafo, fracción X y 105, primer párrafo, fracción VII de la Constitución Local, ya que se limitan a desarrollar la facultad establecida en la Constitución Federal, específicamente, en la fracción VII, del artículo 115, que faculta a los Ejecutivos Locales para que, bajo su apreciación, determinen si en determinado momento existe una alteración grave del orden público y, de ser el caso, cuentan con la competencia para instruir a la policía preventiva municipal. Por otro lado, no existe autoridad intermedia debido a que cualquier facultad es delegable. En realidad, los reclamos de la actora carecen de claridad y muestran una falacia de "petición de principio" porque parten de la veracidad de la violación de sus competencias cuando claramente el sustento de su premisa sostiene lo contrario.

d. El acto impugnado no es violatorio de la Constitución por no existir una Ley que regule el procedimiento para determinar si concurre o no una situación de fuerza mayor. La parte actora obvia que la atribución constitucional otorgada al Ejecutivo Local le otorga a éste discrecionalidad para calificar los acontecimientos.

e. La autoridad demandada reitera el fundamento de su atribución y remarca que dentro de ella existe un margen de discrecionalidad que le permite evaluar las situaciones para hacer uso adecuado de ella. Asimismo, desarrolla nuevamente el modelo de distribución de competencias para exponer que la presente facultad, se ejercita en un marco respetuoso del marco concurrente en materia de seguridad pública.

f. El artículo 211, primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal no transgrede el principio de seguridad jurídica. Esto es así, dado que el proceso legislativo se encuentra apegado a derecho y no fue impugnado por vicios propios y en razón que no es contrario a ningún precepto constitucional, por el contrario, se apega al artículo 115 de la Carta Magna. En consonancia con lo anterior, vuelve a destacar el carácter temporal de la medida y la discrecionalidad de que goza el Ejecutivo Local al momento de ejercitarla.

g. El acto impugnado no transgrede la autonomía municipal, en consecuencia, el concepto de invalidez es infundado. Para demostrar esto, el poder demandado desarrolla el marco competencial de la Constitución y de los preceptos impugnados y concluye que la facultad establecida en la Constitución y leyes locales es conforme al modelo concurrente en materia de seguridad pública y respetan la autonomía municipal, ya que sólo se limita a desarrollar una competencia excepcional establecida constitucionalmente.

a. Contestación a la segunda ampliación de la demanda. Posteriormente, procede a contestar la segunda ampliación de la demanda y niega que el artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla sea inconstitucional por contradecir el principio de seguridad jurídica. Tal planteamiento es infundado debido a que el artículo en cuestión replica lo establecido en el artículo 115 constitucional. Así, en el ejercicio de tal competencia resulta necesaria la evaluación del personal de seguridad, dado que no hacerlo es no afrontar de manera completa el problema de seguridad pública.

b. Afirma que debe entenderse incluida dentro de la facultad excepcional establecida en el artículo 115 constitucional a favor del Ejecutivo Local la evaluación de los elementos de la Policía Municipal preventiva, cerciorándose de sus aptitudes y capacidades para hacer un uso adecuado de sus competencias para afrontar la problemática. Aunado a ello, la actuación atribuida a los funcionarios estatales de la emisión de los oficios no corresponde a sus facultades ordinarias, sino que derivan de los resolutivos del decreto por el cual el gobernador asumió el mando municipal. 14. Tercera ampliación de demanda. Por escrito recibido el seis de julio de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del Alto Tribunal, el síndico municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en representación del Municipio de Puebla, presentó escrito de ampliación de demanda, en el cual señaló como actos impugnados los siguientes:

a. Del director general del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, **********

i. El Oficio número ********** de fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte, dirigido a la presidente municipal de Puebla, mediante el cual se comunican los resultados emitidos por el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza.

ii. Así como de los actos que se sirvan para su ejecución.

b. Del Poder Legislativo del Estado de Puebla, se demanda:

i. La aprobación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, de fecha de dieciséis de marzo de dos mil once publicado en el Periódico Oficial de la entidad.

ii. El primer acto de aplicación consistente en el oficio número **********.

15. Contestación de la Secretaría de Gobernación a la primera ampliación de demanda. Por escrito de fecha de ocho de julio de dos mil veinte, el Subsecretario Jurídico de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, en representación del secretario de Gobernación, dio contestación a la primera ampliación de demanda, en la cual sostuvo lo siguiente:

a. Señaló que la rubricación del decreto publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte no fue impugnada por vicios propios, por lo que no se acredita que dicha autoridad haya violentado lo establecido en la Carta Magna.

b. De esta forma, ante la ausencia absoluta de concepto de invalidez respecto del acto reclamado, este Alto Tribunal no puede emprender un estudio que derive en su inconstitucionalidad.

c. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 22, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia y debe sobreseerse conforme al artículo 20, fracción II de la ley reglamentaria de la materia.

16. Admisión de diversas contestaciones y de la tercera ampliación de demanda. Por auto de catorce de julio de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo por presentadas las contestaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla de la demanda, primera y segunda ampliación. En el mismo proveído, se previno a la persona que se ostentó como representante de la Secretaría de Gobernación para que acreditara su personalidad. Por último, se tuvo por presentada la tercera ampliación de demanda, así como las pruebas ofrecidas por la parte actora.

17. Desahogo de prevención. Por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veinte, quien se ostentó en representación de la Secretaría de Gobernación Local acudió a desahogar la prevención, así como los documentos necesarios para responder a lo solicitado.

18. Cuarta ampliación de demanda. Por escrito recibido el veinticuatro de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del Alto Tribunal, el síndico del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en representación de ese mismo Municipio, presentó escrito de ampliación de demanda, en el cual impugnó los siguientes actos:

a. Del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, se demanda:

i. El decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el trece de julio de dos mil veinte, por el cual se adiciona un artículo tercero transitorio al "Decreto por el que en virtud de que ocurren circunstancias de alteración grave del orden público, asume el mando de seguridad pública municipal en todo el territorio del Municipio de Puebla, Puebla, incluyendo sus Juntas Auxiliares, en los términos que se desprenden del presente decreto, y durará el tiempo que sea necesario hasta que se restablezca el orden público y se pueda garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y sus derechos", publicado en el Periódico Oficial el veinticuatro de marzo de dos mil veinte.

ii. La ejecución que pretenda llevar a cabo respecto del decreto señalado.

b. Del secretario de Gobernación del Estado de Puebla, ********** se demanda la invalidez de:

i. El decreto rubricado por él, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el trece de julio de dos mil veinte.

c. Del secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, se demanda:

i. El decreto rubricado por él, publicado el trece de julio de dos mil veinte en el Periódico Oficial de la entidad.

19. Admisión de la cuarta ampliación de demanda. Por auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo como admitida la ampliación, así como formulados los conceptos de invalidez, por lo cual se ordenó que se le diera el trámite correspondiente.

20. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Puebla a la demanda. Por escrito de fecha de cinco de octubre de dos mil veinte presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, la Secretaria General del Congreso del Estado de Puebla, en representación del Poder Legislativo del Estado de Puebla, contestó la demanda de la siguiente forma:

a. Es infundada la impugnación de la parte actora debido a que se basa en una jurisprudencia inaplicable al caso, ya que tal criterio trata respecto de violaciones al proceso legislativo y, el tercer concepto de invalidez de la parte actora, no está orientado a impugnar el proceso legislativo, sino que estima a la norma inconstitucional por ser contraria al artículo 16 de la Carta Magna.

b. La actora pretende demostrar que el artículo 115 de la Constitución Local establece o crea una autoridad intermedia lo cual es inconstitucional. Sin embargo, una lectura detallada del precepto demuestra que lo único que se establece es la posibilidad de representación del gobernador del Estado.

c. En este tenor, el control de la policía preventiva sigue siendo del gobernador, quien únicamente delega sus atribuciones a un sujeto diverso, lo cual es algo reiterado en el funcionamiento de la administración pública. De ninguna forma se crea una autoridad intermedia porque el sujeto encargado ejerce las atribuciones que el gobernador le delegue y actúa en representación de éste.

21. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Puebla a la primera ampliación de demanda. Por escrito de fecha de cinco de octubre de dos mil veinte presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, la secretaria general del Congreso del Estado de Puebla, en representación del Poder Legislativo del Estado de Puebla, contestó la primera ampliación de demanda de la siguiente manera:

a. El artículo 115 de la Constitución Local no establece una autoridad intermedia entre el Estado y el Municipio de Puebla, sino que establece la posibilidad que el gobernador ejerza sus atribuciones por medio de persona diversa a él.

b. Es infundada la supuesta inconstitucionalidad del artículo 79, primer párrafo, fracción X de la Constitución Local porque la base del argumento de la actora se basa en dos tesis aisladas de Tribunales Colegiados los cuales de ninguna forma vinculan a este Supremo Tribunal por no tener sustento jurisprudencial. Además, un contraste entre el artículo 115, fracción VII de la Constitución Federal y el artículo impugnado demuestra que no existe una contradicción. Por tanto, el artículo 79, primer párrafo, fracción X de la Constitución Local debe declararse como constitucional.

c. La actora pretende demostrar la invalidez del artículo 211, primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla bajo la hipótesis que la ley que regirá la seguridad pública será la Ley de Seguridad Pública del Estado conforme a la Constitución. Lo anterior, es infundado. La actora distorsiona el fundamento de la materia de seguridad pública y pretende utilizar el artículo 124 constitucional, cuando, en el caso, el fundamento de la seguridad pública se encuentra en los artículos 21 y 115 de la Constitución Federal. En ellos, se dispone que tal ámbito será materia concurrente y con base en ellos el Congreso expidió ambas leyes. Por lo que, tal concepto debe calificarse como infundado.

22. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Puebla a la segunda ampliación de demanda. Por escrito de fecha de cinco de octubre de dos mil veinte presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, la secretaria general del Congreso del Estado de Puebla, en representación del Poder Legislativo del Estado de Puebla, contestó la segunda ampliación de demanda sobre lo siguiente:

a. En la ampliación se expone que el artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública local es inválido por violentar las facultades constitucionales exclusivas de los presidentes municipales sobre el ejercicio del mando sobre la policía preventiva municipal. Tal premisa es errónea porque omite observar lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 115 constitucional que faculta al gobernador la posibilidad de ejercer el mando de la Policía Municipal en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. Por lo que, el concepto de invalidez es infundado.

23. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Puebla a la tercera ampliación de demanda. Por escrito de fecha de ocho de octubre de dos mil veinte presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, la secretaria general del Congreso del Estado de Puebla, en representación del Poder Legislativo del Estado de Puebla, contestó la tercera ampliación de demanda, esencialmente, conforme a lo siguiente:

a. La parte actora sostiene que el artículo 92 Bis párrafo in fine de la Ley de Seguridad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200829-246e775e/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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