I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OSTENTE EL CARGO DE SÍNDICO PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, ESTADO DE GUERRERO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTICULO 77, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO RECAE EN LA PERSONA QUE SEA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA (ARTÍCULO 88, PUNTOS 3 Y 4, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 3 Y 12, FRACCIONES L, III Y V, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA PARA COMBATIR ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO (OFICIOS DGT/DC/APFM/018/MAG850101DU5/2022 Y DGT/DC/APFM/019/MAG850101DU5/2022, EMITIDOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO EL TRECE Y VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, RESPECTIVAMENTE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 86/2022. MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, ESTADO DE GUERRERO. 15 DE FEBRERO DE 2023. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: PABLO RAÚL GARCÍA REYES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Actos impugnados: Oficios DGT/DC/APFM/018/MAG850101DU5/2022 y DGT/DC/APFM/019/MAG850101DU5/2022, del trece y veintidós de abril de dos mil veintidós, emitidos por el Jefe del Departamento de Caja de la Dirección General de Tesorería, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante los cuales se ordenó retener la cantidad de $304,439.00 (trescientos cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), de las participaciones del Municipio promovente, por concepto de laudos laborales.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional promovida por el Municipio de Ahuacuotzingo, Estado de Guerrero, en contra del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, en la que se impugnan los oficios de trece y veintidós de abril de dos mil veintidós, emitidos por el Jefe del Departamento de Caja de la Dirección General de Tesorería, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante los cuales se ordenó retener la cantidad de $304,439.00 (trescientos cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), de las participaciones del municipio por concepto de laudos laborales.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Antecedentes. El trece y veintidós de abril de dos mil veintidós, el Jefe del Departamento de Caja de la Dirección General de Tesorería dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero emitió los oficios DGT/DC/APFM/018/MAG850101DU5/2022 y DGT/DC/APFM/019/MAG850101DU5/2022, a través de los cuales informó al Presidente y/o Tesorero del Municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, de la retención y/o afectación de las participaciones federales correspondientes al Ramo XXVIII (fondos generales) por la cantidad de $304,439.00 (trescientos cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de laudos laborales.
2. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diecinueve de mayo de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Emigdio Casarrubias Nava, en su carácter de Síndico Procurador del Municipio de Ahuacuotzingo, Estado de Guerrero, promovió controversia constitucional, en la que demandó al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Finanzas y Administración, ambos pertenecientes al Gobierno del Estado de Guerrero, la invalidez de las retenciones de las participaciones federales, materializadas en los oficios antes mencionados.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, expuso los siguientes conceptos de invalidez:
• Manifiesta que le causa perjuicio la retención y/o afectación a las participaciones federales correspondientes al Ramo XXVIII de su Municipio, ya que ello vulnera el principio de integridad de los recursos municipales pues las Partidas Presupuestales y/o Participaciones Fiscales y Aportaciones Federales, así como los ingresos propios (contribuciones, derechos, productos o aprovechamientos correspondientes), son inembargables e imprescriptibles y no pueden afectarse a fines específicos o estar sujetas a retención, de conformidad con los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Federal, 186 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 50 de la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero, 40 y 42 de la Ley Número 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero y 9, 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45, 47 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.
• Sostiene que del artículo 115, fracción IV, constitucional, se tutela implícitamente el principio de integridad de los recursos económicos municipales, ya que no solo se ha atribuido una serie de competencias a los Municipios, sino que se ha garantizado que los mismos gocen de los recursos económicos para cumplir con sus responsabilidades constitucionales.
• Apunta que, si se le permitiera a la Federación y a los Estados no transferir en tiempo y forma los recursos respectivos de las Participaciones Federales se estaría privando a los Municipios de la base material y económica necesaria para ejercer sus obligaciones constitucionales y por ende se iría en contra de lo establecido en el artículo 115 constitucional.
• Considera que de una interpretación de los artículos 115 de la Constitución Federal y 123 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, se obtiene que las participaciones forman parte de la hacienda municipal y por tanto deben entenderse como sinónimo de patrimonio.
• Manifiesta que el Gobernador del Estado y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, solo reciben las aportaciones, partidas e ingresos propios de los Municipios (ellos concentran y custodian los fondos y valores), ya que no se trata de dinero corriente pues las partidas presupuestales son recursos que de forma periódica son depositados a los entes municipales mediante transferencias que el Gobierno del Estado realiza conforme a sus fines constitucionales.
• De ahí que, la naturaleza jurídica de las partidas están de forma indisoluble al fin con que fueron creadas, es decir, para que sean depositadas las aportaciones y participaciones destinadas tanto por la Federación como por la Entidad a favor del Municipio, así como para el depósito de los ingresos propios.
• Reafirma que está prohibido embargar, afectar o retener las aportaciones y participaciones destinadas tanto por la Federación como por la Entidad a favor del Municipio, pues las mismas se encuentran debidamente etiquetadas para rubros específicos contenidos dentro de las leyes, es decir, tienen una finalidad única que en ningún momento puede ser cambiada o variada, pues se deben aplicar única y exclusivamente para el destino que la ley expresamente establece.
• Sostiene que los recursos económicos presentes y futuros que se encuentran dentro de las partidas presupuestales que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, administra o custodia en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, son inembargables, imprescriptibles y no pueden afectarse a fines específicos o estar sujetas a retención, ya que dada su naturaleza se encuentran vinculadas para programas o acciones sociales con fines específicos que no pueden modificarse en términos de los artículos 25 de la Ley de Coordinación Fiscal y 48 de la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero.
• Sólo el Ayuntamiento es quien puede decidir su destino en caso de que tengan libre movilidad (participaciones federales) a efecto de definir su destino de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos, de conformidad con los artículos 62, 73 y 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, sin que dicha facultad pueda ser invadida sin razón, pues los bienes de los municipios sólo pueden ser afectados cuando se cuente con autorización de las legislaturas locales y se inscriba la petición en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de otra manera los ayuntamientos responderán de sus adeudos con el presupuesto correspondiente en términos del artículo 186 de la Constitución Política del Estado de Guerrero.
• Arguye que, de los oficios impugnados en los que se ordenaron las retenciones de las participaciones del Municipio por concepto de un laudo, no se advierte que exista atribución legal para ello, aunado a que dichas retenciones se encuentran indebidamente fundadas y motivadas, lo que transgrede la esfera jurídica del Municipio al violentar la libre hacienda municipal, contemplada en los artículos 115, fracción IV, inciso b), constitucional y 6º y 9° de la Ley de Coordinación Fiscal.
• Las autoridades responsables se extralimitaron en sus funciones al retener recursos económicos que no les correspondía, pues aun y cuando se aludió la existencia de un laudo, dicho acto de retención se efectúo fuera de su esfera competencial, violando con ello los principios de autonomía municipal, libre administración hacendaria e integridad de los recursos municipales.
• Tampoco se precisaron los artículos aplicables, lo que genera un estado de indefensión al no existir una explicación suficiente que justifique la actualización de una disposición normativa que permita la retención.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional con el número 86/2022 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Javier Laynez Potisek.
5. Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, más no así a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, ya que se trataba de una dependencia subordinada al Poder Ejecutivo de dicha entidad, por lo que corrió vista al demandado para que en un plazo de treinta días hábiles presentara su contestación y enviara a este Alto Tribunal copias certificadas de todas las documentales relacionadas con los actos impugnados.
6. De igual forma, se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
7. Finalmente, por lo que hacía a la solicitud de suspensión realizada por la parte promovente, se ordenó formar el cuaderno incidental.
8. Contestación. Por oficio recibido el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Salgado Parra, ostentándose como Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, en representación del Gobierno de dicha Entidad Federativa, formuló contestación a la demanda, en la que expresó en esencia, lo siguiente:
• Quien llevó a cabo la retención fue el Jefe del Departamento de Caja de la Dirección General de Tesorería, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, funcionario público que cuenta con facultades legales para ello, por lo que si el acto impugnado es atribuido a dicha autoridad, en el presente asunto no se podría tener como demandada a su representada.
• En términos del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en una controversia constitucional se tendrá con el carácter de demandado quien hubiere pronunciado el acto o incurrido en una omisión que sea objeto de controversia, por lo que debe decretarse el sobreseimiento ya que el Gobierno del Estado de Guerrero no emitió el acto impugnado.
• De los oficios impugnados se observa que la retención se efectuó para cubrir obligaciones de pago por condena de laudos, por juicios seguidos en contra del Ayuntamiento y por orden jurisdiccional, toda vez que se vinculó a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para que cumpliera con laudos por una cantidad de $21´311,022.00 (veintiún millones trescientos once mil veintidós pesos 00/100 moneda nacional), por lo que el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la citada Secretaría solicitó la afectación de participaciones al Municipio promovente y posteriormente informó a la autoridad laboral el inicio de los trámites correspondientes para dar cumplimiento a los laudos.
• De esta forma, se iniciaron retenciones de acuerdo con la capacidad presupuestal del Municipio a favor de los actores para así dar cumplimiento con los laudos.
• A fin de dar cumplimiento a los diversos requerimientos judiciales, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se apegó a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero, el cual establece que las participaciones previstas en él son diversas a las que les corresponden a los Municipios, pues éstas provienen del Fondo General de Participaciones que a nivel Federal se distribuye directamente a los Estados, los cuales podrán ser utilizados como fuente de pago de obligaciones contraídas por los Municipios.
9. Por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, el Ministro Instructor, requirió al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, para que en el plazo de cinco días exhibiera copia certificada del documento con el que acreditara la personalidad con la que se ostentaba.
10. En cumplimiento de lo anterior, Rosalba Izazaga Sánchez quien se ostentó como delegada del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero exhibió copia certificada del nombramiento con el que se acreditaba la personalidad del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero.
11. Mediante proveído del tres de octubre de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo por cumplido el requerimiento de veinticinco de agosto del año en cita, por lo que ordenó correr traslado con copia del escrito de contestación al Municipio promovente, a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para el efecto legal a que diera lugar.
12. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas. El diez de noviembre de dos mil veintidós tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones II y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes.
13. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
14. Avocamiento. Por auto de primero de febrero de dos mil veintitrés, esta Segunda Sala, previo dictamen formulado por el Ministro ponente, se avocó al conocimiento del asunto.
I. COMPETENCIA
15. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, 10, fracción I, y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo 1/2023,(1) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de un asunto en el que se estima que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente Alberto Pérez Dayán.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
17. En términos del numeral 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(2) es dable fijar los actos u omisiones objeto de esta controversia y apreciar las pruebas respectivas para tenerlos o no por demostrados.
18. Por tanto, en esta controversia se tienen como actos reclamados los oficios DGT/DC/APFM/018/MAG850101DU5/2022 y DGT/DC/APFM/019/MAG850101DU5/2022, de trece y veintidós de abril de dos mil veintidós, emitidos por el Jefe del Departamento de Caja de la Dirección General de Tesorería, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante los cuales se ordenó retener, respectivamente, la cantidad de $304,439.00 (trescientos cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), de las participaciones federales del Municipio, por concepto de laudos laborales.
19. Asimismo, queda acreditada su existencia pues fueron presentadas, como anexos del escrito de contestación a la demanda del Poder Ejecutivo local, copias certificadas de los oficios antes mencionados.
20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente Alberto Pérez Dayán.
III. OPORTUNIDAD
21. El artículo 21, fracciones I y II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(3) establece el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará, tratándose de actos, de la forma siguiente:
a. A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame.
b. A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución.
c. A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
22. En el caso, los oficios combatidos le fueron notificados vía correo electrónico (por así manifestarlo en su demanda y no haber argumento en contrario de la autoridad demandada) los días trece y veintidós de abril de dos mil veintidós, respectivamente, por lo que el plazo referido transcurrió de la siguiente manera:
a) Oficio DGT/DC/APFM/018/MAG850101DU5/2022 del trece de abril de dos mil veintidós: corrió del dieciocho de abril al treinta de mayo de dos mil veintidós, descontando los días catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de abril; así como el uno, cinco, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil veintidós, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria, en relación con el 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 18/2013 del Tribunal Pleno.(4)
b) Oficio DGT/DC/APFM/019/ MAG850101DU5/2022 del veintidós de abril de dos mil veintidós: corrió del veinticinco de abril al seis de junio de dos mil veintidós, descontando los días treinta de abril; así como el uno, cinco, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo y cuatro y cinco de junio de dos mil veintidós, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria, en relación con el 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 18/2013 del Tribunal Pleno.
23. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, es claro que su presentación resultó oportuna.
24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente Alberto Pérez Dayán.
IV. LEGITIMACIÓN
25. La demanda fue presentada por parte legítima.
26. Del escrito de la demanda de Controversia Constitucional se advierte que esta fue promovida por Emigdio Casarrubias Nava en su carácter de Síndico Procurador del Municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, carácter que acredita con copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección del Ayuntamiento expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 27. El artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) establece que podrán comparecer a juicio los funcionarios que, en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representar a los órganos correspondientes.
28. Por su parte, el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero,(6) establece que son atribuciones de los síndicos: procurar defender y promover los intereses patrimoniales y económicos del Municipio; representar jurídicamente al Ayuntamiento y gestionar los negocios de la Hacienda Municipal, así como efectuar los cobros de los créditos a favor del Ayuntamiento.
29. Conforme a las disposiciones referidas, si el Síndico del Municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, comparece en nombre y representación de la parte actora, entonces se considera que tiene la legitimación necesaria para promover la presente Controversia Constitucional.
30. Asimismo, se considera que el órgano demandado tiene legitimación pasiva.
31. En términos de la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria,(7) en las controversias constitucionales, la entidad federativa, poder u órgano que emitió o promulgó la norma general que sea objeto de la controversia constitucional tiene el carácter de parte demandada, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen estén facultados para representarlos.
32. En el caso, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, acudió en representación del Poder Ejecutivo Estatal, carácter que acreditó con copia certificada de su nombramiento expedido por la titular de este último.
33. Por ello, si en términos de los artículos 88, puntos 3 y 4, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero así como del numeral 3° y 12, fracciones I, III y V, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero,(8) el Consejero Jurídico tiene la atribución de representar al Ejecutivo Estatal en los procedimientos jurisdiccionales en los que sea parte, entonces es indudable que está legitimado para comparecer en este asunto.
34. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente Alberto Pérez Dayán.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
35. Esta Segunda Sala advierte de oficio, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 19 de la Ley Reglamentaria en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) en específico, la consistente en la imposibilidad de que se entable un control constitucional sobre las resoluciones dictadas en diverso medio de control constitucional, así como respecto a los actos realizados en su ejecución, conforme a lo asentado en la jurisprudencia P./J. 77/98 de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR ACTOS DERIVADOS DE RESOLUCIONES DICTADAS EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO",(10) así como la tesis aislada P. LXX/2004 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS ACTOS REALIZADOS EN SU EJECUCIÓN".(11)
36. El juicio de amparo, al igual que la controversia constitucional, funda su carácter de medio de control constitucional en la propia Constitución, concretamente en sus artículos 103 y 107, carácter que se continúa perfilando en la legislación ordinaria de amparo. En ejercicio de este medio de control, los jueces de amparo no actúan en un plano ordinario, sino en uno extraordinario de constitucionalidad, para revisar el apego que los actos de autoridad tengan o no con la Constitución Federal, de tal manera que sus decisiones con carácter de firmes son decisiones constitucionales por origen y definición.
37. Abrirlas nuevamente a discusión constitucional o, lo que es igual, poner en tela de juicio su validez constitucional en una vía que funda su existencia en normas de la misma jerarquía y que persigue por igual la salvaguarda de la supremacía constitucional, trastornaría la solidez y eficacia no sólo de ese medio de control, sino, y en consecuencia, de todo el sistema de medios de control constitucional y haría nugatoria la autoridad que formal y materialmente tienen, por propia disposición constitucional los juzgadores de amparo, al diluirse la validez de las sentencias que conceden la protección federal sometiéndolas a su vez a un nuevo análisis constitucional.
38. En este orden de ideas, esta Suprema Corte ha considerado que no sólo resulta lógico y jurídico, sino obligado, hacer extensivo este tratamiento a todos aquellos actos que se realicen en ejecución de la propia sentencia de amparo o de las interlocutorias que en su curso se hayan dictado, pues su realización encuentra su razón de ser, precisamente, en la resolución constitucional que encontró un vicio que habría de ser superado con la ulterior actuación de las autoridades, con la cual pretenden materializar la protección constitucional otorgada por el juzgador de amparo y que si no hubiese mediado el juicio de amparo, no se habría realizado por la autoridad.
39. Bajo este contexto, resulta lógico y congruente que dicha consecuencia procesal se suscite en tanto que, en esencia, lo que se busca con la actualización de esta causa de improcedencia, es evitar que se ponga en tela de juicio una decisión terminal emitida en una sentencia de amparo, ya sea concediendo o ya sea negando, por lo que todos aquellos actos que fungen como consecuencia de la adopción de tal determinación no son factibles de analizarse mediante la controversia constitucional, siempre y cuando la materia de la impugnación sea precisamente lo que constituyó la litis en el juicio de amparo.
40. Ahora bien, en el presente caso resulta conveniente precisar algunos antecedentes de los actos que se impugnan a través de esta controversia constitucional y que se desprenden tanto de las constancias que obran en el presente expediente como del expediente electrónico de los juicios de amparo y recursos que se referirán a continuación:(12)
I. Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en Chilpancingo, diversas personas solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado en el juicio laboral 122/2009 seguido por dichos peticionarios en contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ahuacuotzingo, Guerrero. En específico, impugnaron de ese proveído:
• La negativa a hacer efectiva una multa a la parte demandada, cuyo apercibimiento se realizó en autos de diecinueve de febrero, siete de mayo y veintidós de octubre de dos mil dieciocho y veintisiete de abril de dos mil diecinueve.
• La omisión de requerir de nueva cuenta a la demandada el cumplimiento del laudo dictado en ese juicio, y
• La negativa de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al cumplimiento del laudo.
II. Conoció del juicio de amparo indirecto el Juez Séptimo de Distrito en ese Estado quien admitió y registró la demanda bajo el expediente 1482/2019 y seguido el trámite correspondiente dictó sentencia el seis de febrero de dos mil veinte.
En dicha sentencia, determinó sobreseer por la omisión de requerir de nueva cuenta a la demandada el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral, al considerar que no se trataba de un acto de ejecución irreparable.
Y por otra parte, resolvió negar el amparo respecto a la negativa a hacer efectiva la multa a la parte demandada, así como por lo que hacía a la negativa de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado al cumplimiento del laudo.
III. Inconformes con lo anterior, los quejosos interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en el expediente 99/2020.
Mediante sentencia del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, el tribunal colegiado determinó que quedaba firme el sobreseimiento decretado por el juez de distrito y confirmó la negativa de amparo por lo que hacía a la omisión de hacer efectiva una multa al Ayuntamiento demandado.
Sin embargo, determinó modificar la sentencia recurrida y otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, para que la autoridad responsable vinculara a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero al procedimiento de ejecución del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 122/2009.
En síntesis, el tribunal colegiado consideró que la Secretaría contaba con la potestad de ministrar recursos al Ayuntamiento demandado para solventar sus obligaciones y con ello vencer la contumacia en la cual incurría, pues dicha Secretaría podría realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para lograr el acatamiento íntegro del laudo ya que de no ser así, se afectaría el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva, en perjuicio del trabajador, que reconoce el artículo 17 de la Constitución Federal.
IV. El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero dictó un auto en cumplimiento a la ejecutoria de amparo anterior en el que requirió a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de esa entidad, así como al Municipio de Ahuacuotzingo, el cumplimiento del laudo ejecutori
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200849-40fecbdf/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ostente-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR ACTOS DERIVADOS DE RESOLUCIONES DICTADAS EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. (P./J. 77/98 )
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