I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DIVERSAS DISPOSICIONES DE TREINTA LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 33/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS
ÍNDICE TEMÁTICO
Normas impugnadas: Diversas disposiciones de las leyes de ingresos municipales del estado de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 33/2023 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversos artículos de las leyes de ingresos de los municipios de Coatzingo, Cohetzala, Cohuecan, Coronango, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Cuapiaxtla de Madero, Cuautempan, Cuautinchán, Cuautlancingo, Cuayuca de Andrade, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chapulco, Chiautzingo, Chiconcuautla, Chichiquila, Chietla, Chigmecatitlán, Chignautla, Chila, Chila de la Sal, Chilchotla, Chinantla, Domingo Arenas, Eloxochitlán, Epatlán, Esperanza y Francisco Z. Mena, todos del estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRAMITE
1. Emisión de las disposiciones impugnadas. El veintitrés de diciembre de dos mil veintidós se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del estado de Puebla, treinta decretos, mediante los cuales se expidieron las leyes de ingresos de los municipios de Coatzingo, Cohetzala, Cohuecan, Coronango, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Cuapiaxtla de Madero, Cuautempan, Cuautinchán, Cuautlancingo, Cuayuca de Andrade, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chapulco, Chiautzingo, Chiconcuautla, Chichiquila, Chietla, Chigmecatitlán, Chignautla, Chila, Chila de la Sal, Chilchotla, Chinantla, Domingo Arenas, Eloxochitlán, Epatlán, Esperanza y Francisco Z. Mena, todos del estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.
2. Acción de inconstitucionalidad. El veintitrés de enero del dos mil veintitrés, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los siguientes artículos, contenidos en las leyes relatadas en el párrafo anterior:
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3. Las normas impugnadas establecen, entre otras cosas, los derechos por la expedición de certificación de datos o documentos que obren en los archivos municipales, así como aquellos relacionados con la consulta de información y documentación que realicen los particulares a las dependencias de la administración pública municipal o a sus organismos, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
4. Preceptos constitucionales que se alegan violados. El actor señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1º, 6º y 31, fracción IV, de la Constitución Política del país, 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
5. Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó en sus conceptos de invalidez que las disposiciones anteriores vulneran los principios de proporcionalidad y equidad en las contribuciones, así como el derecho de acceso a la información pública y la gratuidad en el acceso a la información. Además, argumentó que:
• Primero. Los artículos señalados en el inciso a) de su demanda, prevén cobros injustificados y desproporcionados por la expedición de certificaciones de datos o documentos que obren en los archivos municipales, no relacionados con el derecho de acceso a la información pública, porque las tarifas no atienden a los costos del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información solicitada, además de que establecen cobros diferenciados sin justificación, pese a que se trata esencialmente de los mismos servicios. Por lo tanto, vulneran los principios de justicia tributaria, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política del país.
• Las disposiciones controvertidas se enmarcan en la categoría de derechos por servicios, es decir que le corresponden contraprestaciones por los mismos y para la determinación de las cuotas ha de tenerse en cuenta el costo que le cause al Estado la ejecución del servicio en cuestión, por lo cual, deberá ser fija e igual para todas las personas.
• El Máximo Tribunal Constitucional ha reiterado que las tarifas relativas a la búsqueda y reproducción en copias simples y certificaciones de los documentos solicitados que no derivan del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública, y que no son acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados ni guardan una relación razonable con los costos de los materiales utilizados, ni con el que implica certificar un documento, transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributarios.
• No son justificables ni proporcionales las tarifas previstas por el legislador por la entrega de información en copias simples, sin que se advierta razonabilidad entre el costo de los materiales usados, tales como hojas y tinta, también se consideran como desproporcionados, pues no responden al gasto que efectúo el Municipio para brindar el servicio.
• Resultan desproporcionados los montos por el cobro de certificaciones, pues si bien es cierto el servicio que proporciona el Estado no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener una certificación, sino que también implica la certificación respectiva del funcionario público autorizado, se da lugar a la relación entablada entre las partes que no es ni puede ser de derecho privado de modo que no puede existir un lucro o ganancia para éste, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.
• Algunas normas prevén exactamente las mismas tarifas por la certificación de una sola foja y por la certificación de expedientes de hasta 35 hojas; en otros casos, hay ordenamientos que establecen tarifas diferenciadas entre ambos conceptos, sin embargo, en los dos casos resulta irrazonable e inequitativo que las personas paguen diferentes cantidades a pesar de que se trate de un mismo servicio, pues resulta más oneroso solicitar una sola certificación que la de todo un expediente.
• Al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022, el Pleno declaró la invalidez de preceptos similares a los impugnados en el presente medio de control de constitucionalidad y vinculó al Congreso del estado de Puebla para que en lo futuro se abstuviera de incurrir en los mismos vicios de invalidez. Sin embargo, el Congreso local omitió el cumplimiento y observancia del aludido fallo constitucional.
• Segundo. Las disposiciones precisadas en el inciso b), prevén cobros injustificados por la entrega de información en copias certificadas de documentos, por lo que vulneran el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige, reconocidos en los artículos 6º, apartado A, fracción III, de la Constitución Política del País, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Todas las disposiciones establecen un cobro de $22.00 (veintidós pesos 00/100 moneda nacional) por cada hoja certificada que se entregue a una persona en ejercicio de su derecho de acceso a la información, por lo que se puede advertir un distanciamiento del principio de gratuidad que rige el ejercicio de este derecho, ya que, únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el del envío, en su caso y el de su certificación, por lo que, cualquier cobro debe justificarse por el legislador, a efecto de demostrar que no está gravando la información.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que para estudiar la validez de las disposiciones impugnadas que prevén cuotas por servicios prestados respecto del derecho de acceso a la información, debe determinar si dichas cuotas se fijaron de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos.
• Conforme al artículo 134 de la Constitución federal los recursos económicos de los que disponen los órganos del Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; por lo que, los materiales que adquieran los municipios para la reproducción de información derivada del derecho de acceso a la información pública deben hacerse a las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, entre otras para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información como lo dispone el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Las normas impugnadas tienen un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico, pues al realizar cobros por la entrega de información, unos de los sujetos destinatarios de las normas podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que las normas terminan teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico.
• Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 9/2019, 10/2019, 13/2019, 16/2019, 17/2019, 22/2019 y 27/2019, el Pleno decretó la invalidez de normas que establecían cobros desproporcionales e injustificados en materia de acceso a la información público de diversas leyes de ingresos municipales de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y además determinó vincular al congreso del estado para que en lo futuro se abstuviera de establecer derechos por la reproducción de documentos por solicitudes de información en términos de lo resuelto en dicho fallo. Además, dicho criterio jurisprudencial fue reiterado por el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en la acción de inconstitucionalidad 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022, sin embargo, el Congreso local omitió el cumplimiento y observancia del aludido fallo constitucional.
6. Admisión y trámite. El dos de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta tuvo por presentada la acción de inconstitucionalidad, ordenó formar el expediente físico y electrónico, la registró con el número de expediente 33/2023, y la turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
7. El veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió la acción de inconstitucionalidad y le dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes.
8. Reforma a las normas impugnadas. El treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno constitucional del estado de Puebla un decreto mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de las doscientas diecisiete Leyes de Ingresos de los Municipios del estado de Puebla –incluidas las 30 impugnadas en este asunto–.(1)
9. Informes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Puebla. El veinticuatro y veintiocho de abril de dos mil veintitrés, el Congreso y el Poder Ejecutivo, ambos del estado de Puebla, rindieron sus respectivos informes.
10. El Congreso del estado de Puebla manifestó que con posterioridad a la emisión de las normas impugnadas se llevó a cabo un proceso legislativo para reformarlas. Dicha reforma estuvo motivada por la resolución de la acción de inconstitucionalidad 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022, en las que se declaró la invalidez de artículos de diversas leyes de ingresos municipales del estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2022 relativos al pago de derechos por la expedición de certificación de datos o documentos que obren en los archivos municipales, no relacionados con el derecho de acceso a la información pública así como la consulta de información y documentación que realicen los particulares a las dependencias de la administración pública municipal o a sus organismos, en términos de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, por concepto de expedición de certificación de datos o documentos.
11. Por otro lado, el Poder Ejecutivo del estado Puebla, señaló que las normas son constitucionales porque el Gobernador del estado cuenta con atribuciones relativas a la promulgación, orden de publicación y sanción de las leyes y decretos que el congreso del estado emana. Además, argumentó que las normas impugnadas no transgreden el principio de equidad y proporcionalidad tributaria, toda vez que prevén cuotas que atienden al costo real del servicio correspondiente prestado por el municipio sobre la expedición de documentos en copias simples y certificadas.
12. Posteriormente, el dos de junio de dos mil veintitrés el Poder Ejecutivo del estado de Puebla solicitó el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad como como consecuencia de la reforma de las disposiciones impugnadas.
13. Alegatos. El seis de junio de dos mil veintitrés, el Congreso local presentó sus alegatos.
14. Cierre de la instrucción. Por acuerdo del dos de agosto de dos mil veintitrés se cerró la instrucción del asunto y se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.
15. Avocamiento. En atención a la solicitud de la Ministra instructora, por acuerdo de catorce de agosto dos mil veintitrés, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó para conocer el presente asunto.
I. COMPETENCIA
16. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país,(2) 10, fracción I(3) y 11, fracción VIII,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por los puntos segundo, fracción II, y tercero del Acuerdo General número 1/2023,(5) ya que resulta innecesaria la intervención del Pleno dado el sentido de la resolución.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
17. De la lectura inicial del escrito de demanda se advierte que la comisión accionante impugna de manera específica los artículos siguientes, de las treinta leyes de ingresos municipales del estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2023:
1) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Coatzingo, para el Ejercicio Fiscal 2023.
2) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cohetzala, para el Ejercicio Fiscal 2023.
3) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cohuecan, para el Ejercicio Fiscal 2023.
4) Artículos 20, fracción I y 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Coronango, para el Ejercicio Fiscal 2023.
5) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Coxcatlán, para el Ejercicio Fiscal 2023.
6) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Coyomeapan, para el Ejercicio Fiscal 2023.
7) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de Ley de Ingresos del Municipio de Coyotepec, para el Ejercicio Fiscal 2023.
8) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuapiaxtla de Madero, para el Ejercicio Fiscal 2023.
9) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautempan, para el Ejercicio Fiscal 2023.
10) Artículos 20, fracción I y 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautinchán, para el Ejercicio Fiscal 2023.
11) Artículos 19, fracción I y 20, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautlancingo, para el Ejercicio Fiscal 2023.
12) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuayuca de Andrade, para el Ejercicio Fiscal 2023.
13) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuetzalan del Progreso, para el ejercicio fiscal 2023.
14) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuyoaco, para el Ejercicio Fiscal 2023.
15) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chapulco, para el Ejercicio Fiscal 2023.
16) Artículos 20, fracción I y 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chiautzingo, para el Ejercicio Fiscal 2023.
17) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chiconcuautla, para el Ejercicio Fiscal 2023.
18) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chichiquila, para el Ejercicio Fiscal 2023.
19) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chietla, para el Ejercicio Fiscal 2023.
20) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chigmecatitlán, para el Ejercicio Fiscal 2023.
21) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chignautla, para el Ejercicio Fiscal 2023.
22) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del municipio de Chila, para el Ejercicio Fiscal 2023.
23) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chila de la Sal, para el Ejercicio Fiscal 2023.
24) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chilchotla, para el Ejercicio Fiscal 2023.
25) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chinantla, para el Ejercicio Fiscal 2023.
26) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Domingo Arenas, para el Ejercicio Fiscal 2023.
27) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Eloxochitlán, para el Ejercicio Fiscal 2023.
28) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Epatlán, para el Ejercicio Fiscal 2023.
29) Artículos 21, fracción I y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Esperanza, para el Ejercicio Fiscal 2023.
30) Artículos 22, fracción I y 23, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Francisco Z. Mena, para el Ejercicio Fiscal 2023.
III. IMPROCEDENCIA
18. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo solicitaron el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad porque el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés se reformaron las normas impugnadas.
19. El artículo 19, fracción V, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad en términos de los artículos 59 y 65, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) textualmente dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
(...)
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (...).
20. Del artículo transcrito se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o el acto impugnado, esto es, cuando hayan dejado de surtir efectos jurídicos. Tratándose de acciones de inconstitucionalidad, es posible afirmar que la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, antes citado, se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda, al constituir ésta el único objeto de análisis en este medio de control constitucional.
21. La causal de cesación de efectos ha sido interpretada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se observa de la tesis jurisprudencial de rubro "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.",(7) criterio derivado de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 6/2003 y su acumulada 8/2003.
22. El criterio del Pleno es que se surte la referida causal cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que lo motivaron, en tanto constituye el único objeto de análisis y la declaración de invalidez de las sentencias no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo de la Constitución Política del país y de su ley reglamentaria.
23. En el caso concreto, del escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad se desprende que la promovente impugna diversas disposiciones de treinta leyes de ingresos municipales del estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2023.(8)
24. Sin embargo, como acertadamente lo hicieron notar los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico Oficial del estado de Puebla un decreto, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de las doscientas diecisiete Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Puebla –entre ellos los impugnados en el presente asunto–, como se observa a continuación:
Ver cuadro comparativo
25. De los contenidos normativos recién transcritos, se desprende que con la reforma referida ha sido modificado de manera integral el costo de los derechos por la reproducción de información –relacionada y no relacionada con el acceso a información pública–.
26. En efecto, las normas efectivamente impugnadas y publicadas el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, establecían cuatro tipos de tarifas por la certificación de datos o documentos que obren en los archivos municipales; a) por cada hoja, incluyendo formato, que iba de $20.50 pesos a los $203 pesos. b) por expedientes de hasta 35 hojas, que iban de los $65.50 pesos hasta los $2, 248.50 pesos c) por hoja adicional éstas tenían un costo de entre $1.50 pesos a $20.50 pesos. y d) por hoja sin certificación era de $36.50 pesos (únicamente prevista para el Municipio de Cuautlancingo); y, una única tarifa de $22.00 pesos por cada hoja, por la expedición de certificación de datos o documentos con motivo de la consulta de información y documentación que realicen los particulares a las Dependencias de la Administración Pública Municipal o a sus organismos.
27. Sin embargo, con la reforma aludida del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, las disposiciones impugnadas ya no regulan aspectos relativos con la expedición de copias simples (previsto únicamente en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautlancingo, para el Ejercicio Fiscal 2023), sino solo respecto de copias certificadas y copias certificadas relacionadas con el derecho de acceso a la información.
28. En el caso concreto, con relación a las certificaciones que no se relacionan con el derecho de acceso a la información, se tiene que las normas reformadas establecen de manera general que el monto a pagar por: a) la expedición de las copias certificadas con formato incluido tiene un costo de $23.00 pesos, b) por la certificación de expedientes que consten hasta 35 fojas, una única tarifa de $23.00 pesos, y c) por cada hoja adicional éstas tendrán un costo de $1.50 pesos.
29. Asimismo, se tiene que las distintas leyes de ingresos impugnadas establecieron una única tarifa de $23.00 pesos por cada hoja, por la expedición de certificación de datos o documentos con motivo de la consulta de información y documentación que realicen los particulares a las Dependencias de la Administración Pública Municipal o a sus organismos.
30. De esa manera, conforme a lo resuelto por este Tribunal Pleno entre otras en las acciones de inconstitucionalidad 22/2021,(9) 11/2022,(10) y 4/2022 y sus acumuladas 15/2022, 19/2022, 24/2022 y 26/2022(11) se tiene que, con la reforma de las porciones normativas indicadas ha operado un cambio en el sentido normativo que permite considerar que el texto de los preceptos referidos constituye un nuevo acto legislativo.
31. Al respecto, este Tribunal Constitucional ha considerado, a partir de lo sustentado en la tesis jurisprudencial P./J. 25/2016 (10a.)(12) que, existe un nuevo acto legislativo que dejaría sin materia esta impugnación, cuando se actualicen los dos aspectos: a) que se haya llevado a cabo un procedimiento legislativo (criterio formal); y, b) que la modificación normativa sea sustantiva o material.
32. El primer requisito exige que las normas impugnadas hayan sido objeto del desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo, tales como: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Este último paso resulta relevante, pues es a partir de su publicación que puede promoverse la acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional por medio de los entes legitimados para tal efecto.
33. El segundo requisito significa que la modificación a la norma sea sustantiva o material, esto es, que exista un cambio que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto.
34. De esta manera, no basta con la sola publicación de una norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente, sino que es necesario que la modificación impacte en el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada. Por tanto, la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema, esto es, la modificación necesariamente debe producir un impacto en el mundo jurídico.
35. En el caso, del análisis de la reforma referida y conforme a lo dispuesto en el informe del Congreso local, el primer requisito se encuentra acreditado al haberse demostrado que se llevó a cabo un procedimiento legislativo que concluyó con la publicación de un decreto en el periódico oficial el treinta y uno de marzo de este año.
36. Además, con la reforma aludida se modificaron las cuotas de las treinta leyes de ingresos de los municipios del estado de Puebla, para homologarlas y en atención a las consideraciones que el Tribunal Pleno desarrolló en la acción de inconstitucionalidad 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022.
37. Igualmente, como se desprende de sus artículos transitorios transcritos, dicha modificación entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial y dejó sin efectos cualquier acto o disposición que se oponga.
38. No se desconoce que no se modificó el monto del costo de las "hojas adicionales" previsto en los artículos, 21, fracción I de la ley de ingresos de los municipios de Cohetzala, Cuyoaco, Chietla y Epatlán y 22, fracción I, de la ley de ingresos del municipio de Francisco Z. Mena, sin embargo, las fracciones deben ser consideradas como normas complejas que, incluyen como costos por la certificación de datos o documentos que obren en los archivos municipales, los de las hojas en individual (con sus formatos), los de los expedientes de hasta 35 hojas y las de las hojas adicionales. Pretender analizar sólo una de esas porciones, desconociendo que se modificó la fracción para ajustar el costo total de las solicitudes de los particulares, obligaría al Pleno a analizar el resto de las disposiciones, que sí fueron modificadas y que necesariamente impactan en la aplicación. Es por ello que se considera que las modificaciones afectan de manera genérica a todo el sistema que regula el cobro de esos derechos y que, por tanto, refuerza la conclusión de que constituye un nuevo acto legislativo.
39. Por consiguiente, al haber cesado los efectos de todos los artículos impugnados conforme al artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 20, fracción II, de la misma ley, lo procedente es sobreseer la presente acción de inconstitucionalidad.
IV. DECISIÓN
40. Por lo antes expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de la Ministra y los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y del Ministro Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se separó de los párrafos 30 a 34.
Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y la Ministra Ponente, con el Secretario de Acuerdos quien autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA
MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
PONENTE
MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
MAESTRO RAÚL MENDIOLA PIZAÑA
Esta foja corresponde a la acción de inconstitucionalidad 33/2023. Promovente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fallada en sesión de seis de septiembre de dos mil veintitrés, en el sentido siguiente: ÚNICO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad. Conste.
__________________
1. Consultables en la liga inserta a continuación:
https://periodicooficial.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/T_3_E_V_31032023_C.pdf
2. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...]
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible cont
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200905-bc39ce9c/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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