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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DIVERSOS ARTÍCULOS DE DISTINTAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTITRÉS, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DOCE DE DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2024. · Registro digital (IUS): 201024
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 19 DE FEBRERO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. MINISTRA PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: JULIAN AGUIRRE GAONA.

SÍNTESIS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), impugnó diversos artículos contenidos en quince Leyes de Ingresos Municipales del estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2024, los cuales establecen el cobro por servicio de reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública y la relacionada con dicho derecho, al estimar que vulneran el derecho de acceso a la información pública, y los principios de gratuidad en el acceso a la información pública y proporcionalidad tributaria.

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve sobreseer en la presente acción de inconstitucionalidad porque ha sobrevenido su improcedencia por cesación de efectos de las normas impugnadas.

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Ciudad de México. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 4/2024, promovida por la CNDH, en contra de diversos artículos contenidos en quince Leyes de Ingresos Municipales del estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2024, los cuales establecen el cobro por servicio de reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública y la relacionada con dicho derecho, al estimar que vulneran el derecho de acceso a la información pública, y los principios de gratuidad en el acceso a la información pública y proporcionalidad tributaria.

ANTECEDENTES

1. Presentación de la demanda. El diez de enero de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 44, fracción II y 45, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan; 41, fracción II y 42, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nanacamilpa; 36, fracción II y 37, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl; 28, fracción II y 29, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pablo del Monte; 46, fracción II y 47, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Apolonia Teacalco; 35, fracción II y 36, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Catarina Ayometla; 63, fracción II y 65, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tocatlán; 35, fracción II y 36, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatelco; 33, fracción II y 34, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Españita; 34, fracción II y 35, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas Tecopilco; 38, fracción II y 39, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Hueyotlipan; 58, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; 38, fracción II y 39, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, para el ejercicio fiscal 2024; 32, fracción II y 35, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Panotla; 39, fracción II y 40, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata; todas del estado de Tlaxcala y para el ejercicio fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el doce de diciembre de dos mil veintitrés.

2. En su escrito inicial, la parte accionante hizo valer sustancialmente los siguientes conceptos de invalidez:

PRIMERO. Los preceptos impugnados de las leyes de ingresos municipales de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2024, enlistados en el inciso a) del apartado III de la presente demanda, prevén cobros injustificados y desproporcionados por la expedición de copias certificadas (no relacionadas con el derecho de acceso a la información pública), que no atienden a los costos reales del servicio proporcionado por el ente estatal, por tanto, vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

A. Naturaleza de los derechos por servicios y principio de proporcionalidad tributaria que los rigen.

(...)

En el presente concepto de invalidez se argumentará que los preceptos tildados de inconstitucionales transgreden el principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que prevén cuotas que no atienden al costo real del servicio prestado por los municipios.

(...)

En otras palabras, los derechos son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra ‘contraprestación’ no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares.

Lo anterior supone que, en el establecimiento de las contribuciones denominadas derechos, la liquidación y cobro se rigen por los principios de justicia tributaria, garantizados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(...)

En conclusión, para analizar la proporcionalidad de una disposición normativa que establece un derecho, debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, que permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable, resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en la que la cuota no puede contener elementos ajenos al servicio prestado, porque daría lugar a que por un mismo servicio se contribuya en cantidades diversas.

B. Inconstitucionalidad de las normas controvertidas

(...)

Lo anterior, pues el Congreso local debió establecer en las leyes tarifas acordes a las erogaciones que realmente le representa a los ayuntamientos la prestación del servicio consistente en la expedición de copias certificadas.

(...)

En ese contexto, este Organismo Nacional advierte que las normas impugnadas vulneran el principio de proporcionalidad tributaria que rige a las contribuciones, pues las tarifas no guardan relación directa con los gastos que representa la prestación de tales servicios a los municipios tlaxcaltecas precisados.

(...)

De ahí que no es justificable ni proporcional cobrar por la expedición de copias certificadas de documentos si la cuota no responde al costo que le representa al Estado su prestación, pues si bien es cierto el servicio que se proporciona no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener una certificación, pues también implica la certificación respectiva de la persona funcionaria pública autorizada, la relación entablada entre las partes no es ni puede ser de derecho privado, de modo que no puede existir un lucro o ganancia para éste, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.

(...)

Tal como lo ha sustentado ese Máximo Tribunal Constitucional del país, el cobro por los servicios de reproducción de información debe atender a los costos que le causó al Estado el citado servicio, pues suponer que la cantidad extra que recibe el Estado por la certificación de una hoja corresponde al costo de la firma del funcionario público, sería tanto reconocer un precio a ese signo que no es más que el cumplimiento de la obligación que la ley impone al servidor que la emite.

(...)

Bajo esa línea argumentativa, las cuotas previstas en los preceptos impugnados de las quince leyes de ingresos municipales de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal del año 2024, resultan desproporcionadas, pues no guardan una relación razonable con el costo de los materiales utilizados para la prestación del servicio, ni con el que implica certificar un documento.

(...)

SEGUNDO. Las disposiciones normativas de las leyes de ingresos de catorce municipios de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2024, señalada en el inciso b) del apartado III de la presente demanda, establecen cuotas injustificadas por la certificación de información pública solicitada.

Por tanto, vulneran el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige, reconocidos en los artículos 6º, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

(...)

A. Marco constitucional y convencional del derecho de acceso a la información

(...)

Ahora bien, el principio de gratuidad contemplado en el multicitado artículo 6º de la Constitución Federal que, como sea indicado, rige la materia de acceso a la información pública, implica que el ejercicio de esta prerrogativa debe realizarse sin entregar a cambio contraprestación alguna, salvo el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción, cuando –en su caso- sea procedente, justificado y proporcional.

Precisamente, en las discusiones que dieron origen a la reforma y adiciones al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación del 20 de julio de 2007, se advierte que el Constituyente Permanente determinó consagrar la gratuidad en el derecho de acceso a la información en la fracción III del referido numeral como una garantía indispensable para el ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que significa que el hecho de proporcionar información a los particulares no generará costo alguno para éstos.

(...)

En conclusión, lo que sí puede cobrarse al solicitante de la información son los costos de los materiales utilizados en la reproducción, el costo de envío y la certificación de documentos, siempre que dichas cuotas se fijen de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos.

(...)

B. Inconstitucionalidad de los preceptos impugnados

(...)

En efecto, de un ejercicio de contraste entre lo dispuesto por la Constitución Federal, en relación con el principio que rige el derecho de acceso a la información y lo que se infiere los artículos impugnados, se colige que su contenido normativo se aleja del principio de gratuidad que rige el ejercicio de este derecho.

Ello, pues como se explicó previamente, a diferencia de otros servicios prestados por el Estado, tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información, impera el principio de gratuidad, conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el del envío, en su caso, y el de su certificación; por ende, cualquier cobro debe justificarse por el legislador, a efecto de demostrar que no está gravando la información.

(...)

Adicionalmente, debe mencionarse que tal como lo ha sustentado ese Alto Tribunal Constitucional, al tratarse de la aplicación del principio de gratuidad en materia de transparencia y acceso a la información pública, se requiere una motivación reforzada por parte del legislador en la cual explique o razone el costo de los materiales de reproducción de un documento o, en su caso, de su certificación, así como la metodología que utilizó para llegar a los mismos.

(...)

Por ende, para que la cuota prevista en las normas impugnadas sea acorde con el parámetro de constitucionalidad expuesto anteriormente, el Congreso local debió puntualizar en el dictamen correspondiente y de forma explícita los costos y, en general, la metodología que le permitió arribar a la misma, como pudiera ser – por ejemplo- señalando el valor comercial de las hojas de papel, de la tinta, entre otros, circunstancia que, como ya se señaló, no aconteció.

(...)

En ese tenor, recaía en la legislatura local la carga de demostrar que el cobro previsto en las normas controvertidas por la certificación de la información pública atiende únicamente a la modalidad de reproducción solicitada, puesto que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información es un imperativo general la gratuidad en la entrega de la información.

(...)

Complementario a lo expuesto, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que los preceptos normativos generan incertidumbre jurídica, toda vez que tampoco especifican si la tarifa de 1 UMA establecida para la entrega de información pública en copias certificadas es en razón de cada foja o por legajo.

Dicha imprecisión trae otro problema de constitucionalidad, pues ello puede dar lugar a que la cuota a pagar por recibir el citado servicio se torne desproporcionada (...)

(...)

3. Radicación y turno. Mediante proveído de fecha doce de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta SCJN tuvo por recibido el escrito inicial, ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la acción de inconstitucionalidad 4/2024 y turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama para instruir el procedimiento correspondiente.

4. Admisión y trámite. El veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la presente acción de inconstitucionalidad, ordenó darle vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Tlaxcala, para que dentro del plazo de quince días hábiles rindieran los informes correspondientes, y al segundo de ellos también para que remitiera copia certificada de los periódicos en los que constaran las publicaciones de los decretos controvertidos. Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que, respectivamente, formulara el pedimento correspondiente y manifestara lo que a su esfera competencial conviniera, hasta antes del cierre de la instrucción.

5. Informe del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala. Mediante escrito recibido el veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, el Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, por conducto de su Representante Legal y Presidente de la Mesa Directiva de dicho Congreso, Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, rindió el informe solicitado, en el que sustancialmente expuso lo siguiente:

(...)

Al respecto, es menester destacar que para la aprobación de los referidos Decretos se observaron y agotaron todas y cada una de las etapas legislativas que señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala (...)

(...)

De lo anteriormente expuesto, se considera que los Decretos 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 y 297, por el que se expiden las Leyes de Ingresos de los Municipios de Nanacamilpa de Mariano Arista, Papalotla de Xicohténcatl, San Pablo del Monte, Santa Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla, Tocatlán, Zacatelco, Españita, San Lucas Tecopilco, Calpulalpan, Hueyotlipan, Contla de Juan Cuamatzi, Panotla, San Lorenzo Axocomanitla y Emiliano Zapata, para el Ejercicio Fiscal 2024, respectivamente, todos del Estado de Tlaxcala, satisfacen los requisitos de fundamentación y motivación de una Ley, por ser expedida y emitida por una autoridad legislativa competente (Congreso del Estado de Tlaxcala) (...)

Por lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, los requisitos de fundamentación y motivación de una ley se satisfacen cuando es expedida por el Congreso constitucionalmente facultado para ello (...)

(...)

De lo anterior y al no existir alguna omisión o violación en el procedimiento legislativo que dio paso a la emisión de los Decretos impugnados en la presente Acción de Inconstitucionalidad, se considera que debe declararse la validez y constitucional en la sentencia que conforme a derecho corresponda.

(...)

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.

(...)

Antes de que, el Honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considere entrar al estudio de los conceptos de invalidez planteados por la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es de advertirse que se actualiza la causal de improcedencia consistente en la falta de Iegitimación por parte del titular del Órgano referido, para impugnar los decretos; esto es así, si se toma en cuenta que, el medio de control constitucional denominado Acción de Inconstitucionalidad fue promovido en contra de los diversos Decretos (...) los cuales contienen normas de carácter contributivo y de acceso a la información pública, mismos que desde la perspectiva de este Poder Legislativo, escapan de la facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para llevar a cabo su impugnación, (...)

Primero, porque su legitimación está limitado a las vulneraciones a derechos humanos de las personas (...) siendo el Ejecutivo Federal y no la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quién por ministerio de ley constitucional se le otorga la atribución para impugnar cualquier tipo de norma general por todo tipo de violaciones a la Constitución General y segundo, porque tratándose en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el órgano legitimado para plantear una Acción de Inconstitucionalidad, sería el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o su equivalente en el Estado de Tlaxcala, lo que debe llevar a la conclusión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el planteamiento de la vulneración a los derechos humanos de proporcionalidad, así como de gratuidad, mismos que, resultan insuficientes para acreditar la afectación requerida por el texto constitucional.

(...)

De lo manifestado con anterioridad, se puede llegar a la conclusión de que, la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no cuenta con la legitimación requerida para la promoción de la presente vía, por lo que se actualiza lo previsto por el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria, en relación con el propio artículo 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Federal, lo que da pauta a declarar en sentencia firme y ejecutoriada el sobreseimiento del medio de control constitucional intentado por la titular del órgano protector de los derechos humanos.

(...)

De la trascripción, se advierte que los Órganos Garantes en materia de Transparencia, a nivel federal o local, son los que tienen legitimación para promover Acción de Inconstitucionalidad en la que se haga valer la posible contradicción de una norma local y la Carta Magna, cuando se alegue vulneración al Derecho de Acceso a la Información Pública.

(...)

CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ

(...)

De lo señalado con anterioridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la expedición de copias y certificaciones que no estén relacionadas con el derecho de acceso a la información, deben de ser analizadas a la luz del principio de justicia tributaria y no del principio de gratuidad, esto porque la naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta al de los impuestos de manera que para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributarios es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos el costo que para el Estado implica la ejecución del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé determinado derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentran en igualdad de circunstancias y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio.

Bajo esa línea argumentativa, es importante manifestar que, en lo que se refiere a las normas que regulan la búsqueda y reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información, previstas en leyes de ingresos, no se contemplan los cobros por ningún concepto de búsqueda de información y en cuanto al pago por el servicio de reproducción de información en copias simples, se ha adoptado un modelo estandarizado que atiende a un costo razonable conforme al precio de mercado, así la cuota a cubrir por concepto de copias simples es de 0.02 UMA por cada hoja tamaño carta u oficio, lo que equivale que, por ejemplo en el año 2023 a $2.00 (dos pesos 00/100 Moneda Nacional) por foja. Mientras que la cuota a cubrir por la obtención de copias certificadas de documentos, es a razón de 0.22 UMA por cada hoja tamaño carta u oficio, lo que equivale a $22.82 (veintidós pesos 82/100 Moneda Nacional), costo este menor al previsto en el artículo 5° de la Ley Federal de Derechos vigente. Ahora bien, de conformidad con las nociones precisadas, es menester destacar que las cuotas previstas en los preceptos impugnados no son inconstitucionales, por atender el principio de proporcionalidad tributaria y como ha quedado establecido en párrafos anteriores, regulan los derechos por servicios, toda vez que dispone una contribución cuya actualización deriva de la prestación de un servicio por parte del Municipio, esto es, establece la obligación de pagar o cubrir el costo que implica para el Estado la prestación del servicio público, por lo que a efecto de garantizar la operatividad y funcionamiento adecuado dentro del orden municipal, es necesario el cobro de los derechos referidos (...)

(...)

En ese orden de ideas y por cuanto hace al cobro de los derechos de búsqueda y reproducción de información relacionada con el derecho de acceso a la información pública, dichas leyes de ingresos no contemplan el cobro por ningún concepto de búsqueda de información y en cuanto al pago por el servicio de reproducción de información en copias simples, se atiende lo dispuesto por los artículos 18 y 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, estableciendo que las primeras 20 copias simples serán gratuitas, y por cada copia adicional tamaño carta u oficio se cobrara un costo de 0.02 UMA, lo que resulta ser equivalente a $2.00 (dos pesos 00/100 Moneda Nacional) por foja, costo que se equipara al costo promedio del precio de mercado. Asimismo, por la expedición de certificaciones oficiales que se relacionen con solicitudes de acceso a la información pública, se establece un costo preferencial que favorece este derecho, y que resulta por un importe de 1 UMA, el que equivale a la fecha a $103.74 (Ciento tres pesos 74/100 Moneda Nacional).

(...)

(...) puesto que el cobro está basado en el costo que genera al municipio la expedición de documentos en donde se hace constar la información pública a la que tienen derecho de acceder las personas; esto es así, porque si bien, la información relativa al quehacer del Estado en sus tres órdenes de gobierno es pública de oficio, también lo es que, la entrega a través de medios físicos de la información o de la información que se derive de la búsqueda original materia de la primera solicitud, si genera un costo que puede ser cobrado.

(...)

Por lo que, de acuerdo con los decretos, en sus porciones normativas, de las Leyes de Ingresos, tildadas de inconstitucionales expresan que dicho cobro se refiere al costo que genera la entrega física de la información, no el acceso a ésta.

(...)

6. Mediante acuerdo de cinco de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora tuvo por rendido el informe del Poder Legislativo, con el cual ordenó correr traslado a la CNDH, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República.

7. Informe del Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala. Por escrito recibido el quince de abril de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala, representado por el Consejero Jurídico, José Rufino Mendieta Cuapio, presentó el informe solicitado, en el cual, esencialmente expuso lo siguiente:

(...)

Así, el proceso legislativo se verá complementado cuando la Gobernadora sanciona y promulga en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el decreto parlamentario remitido por la Soberanía local, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 49 y 70 fracción II, de la misma Constitución que establecen:

(...)

(...) porque aunque el Ejecutivo interviene en el proceso formativo de la ley, su actividad en este aspecto se halla subordinada a la voluntad del Poder Legislativo que la expide, y esta preponderancia hace que se considere a la ley como un acto legislativo tanto desde el punto de vista formal como material.

(...)

En consecuencia, los actos de sanción y promulgación realizados por la Gobernadora del Estado, que se verifiquen en cumplimiento a un Decreto remitido por el Congreso local, no son actos de autoridad aislados, sino que forman la fase final del proceso legislativo que culmina con el acto mediante el cual el Ejecutivo Estatal lo da a conocer a los habitantes a través del órgano masivo de difusión oficial (Periódico Oficial del Gobierno del Estado). De manera que, la intervención del Ejecutivo en el proceso legislativo permite que la norma jurídica adquiera plena validez, ya que sin los actos que a este le corresponden, la ley aprobada por el Congreso no nacería a la vida jurídica, esto es, no tendría vigencia, menos aún sería obedecida.

(...)

8. Por proveído de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora tuvo por rendido el informe del Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala, ordenó dar vista a la CNDH, la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, asimismo, concedió a las partes un plazo de cinco días hábiles para que formularan sus alegatos.

9. Pedimentos y manifestaciones. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento, ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal realizó manifestación alguna.

10. Vista a municipios. Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora para mejor resolución de la presente acción de inconstitucionalidad, requirió a los municipios involucrados para que dentro del plazo de quince días hábiles se pronunciaran sobre cuál es el costo organizacional, material, humano, archivístico, tecnológico y demás cuestiones relacionadas, en que incurren para otorgar el servicio público que prestan -por servicios de reproducción de información no relacionados con el derecho de acceso a la información pública y por acceso a la información pública- que sirvieron como sustento o parámetro para fijar los conceptos y montos de las tarifas establecidas en los artículos impugnados.

11. Alegatos. Mediante escrito ingresado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal el día veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, la CNDH formuló alegatos, mismos que se tuvieron por formulados mediante proveído de fecha trece de junio de dos mil veinticuatro. Por otro lado, los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Tlaxcala no formularon alegatos.

12. Cierre de la instrucción. El trece de noviembre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora tuvo por desahogada la vista ordenada mediante proveído de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, por parte del municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, y visto el estado procesal de la presente acción cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

13. Avocamiento. Previo dictamen de la Ministra instructora en el sentido de que en este asunto no se requería la intervención del Pleno, por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veinticinco, se ordenó enviar este asunto a la Segunda Sala para su conocimiento y por acuerdo de su presidencia veintitrés de enero de dos mil veinticinco, se avocó a su conocimiento.

I. COMPETENCIA

14. La Segunda Sala de la SCJN es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de los artículos 105, fracción II, inciso g, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM);(1) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley reglamentaria),(2) 10, fracción I y 11, fracción VIII, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(3) y punto SEGUNDO, fracción II, del Acuerdo General 1/2023(4) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés del Tribunal Pleno de esta SCJN, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de dos mil veintitrés, toda vez que la CNDH planteó la posible contradicción entre disposiciones de diversas Leyes de Ingresos municipales y la CPEUM, pero resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

15. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley reglamentaria,(5) la presente sentencia debe contener la fijación breve y precisa de las normas generales que son materia de la presente acción de inconstitucionalidad.

16. De la lectura del escrito de demanda, se advierte que la CNDH impugnó diversos artículos de quince Leyes de Ingresos Municipales del estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2024, los cuales para una mejor comprensión se dividen en dos rubros de la siguiente manera:

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III. OPORTUNIDAD

17. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley reglamentaria,(6) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

18. En el presente caso, las normas impugnadas fueron publicadas el doce de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el término para promover la demanda de acción de inconstitucionalidad transcurrió del trece de diciembre de dos mil veintitrés al once de enero de dos mil veinticuatro. Dado que el escrito de demanda fue depositado el diez de enero de dos mil veinticinco en el Buzón Judicial y recibido el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201024-5a69ef9e/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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