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Modo: Corpus Pro

AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 219/2006-SS. · Registro digital (IUS): 20109
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, , Pág. 374.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 219/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, a contrario sensu y octavo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia laboral, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, en virtud de que la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en relación con el amparo en revisión 19/2006, en que se emitió una de las ejecutorias en conflicto.

TERCERO. Las consideraciones que sustentan la ejecutoria de veintiséis de enero de dos mil seis, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al resolver, por unanimidad de tres votos, el amparo en revisión número 19/2006, en lo conducente, son las siguientes:

"QUINTO. El anterior agravio resulta infundado. Ciertamente, no asiste razón al quejoso cuando sostiene que el a quo violó lo ordenado por los artículos 77, 78, 80 y demás relativos de la Ley de Amparo, al no haber resuelto en congruencia con los actos reclamados, pues -indica- al haberse reclamado la omisión de la responsable de tramitar el juicio de origen dentro de los plazos y términos señalados en la Ley Federal del Trabajo, y al haberse acreditado la existencia de ese acto, no obstante ello la sentencia recurrida no obliga a la responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional, pues lo procedente era conceder la protección constitucional para que en lo subsecuente se respeten los términos legales y se continúe con el juicio con la celeridad requerida por la ley y, en su oportunidad, emita el laudo en los plazos señalados por la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: ‘A) La omisión de la autoridad responsable de tramitar el juicio laboral con número de expediente 496/2/2004 dentro de los plazos y términos señalados en los artículos 873, 880 y 735 de la Ley Federal del Trabajo. B) La omisión de la autoridad responsable de emitir el acuerdo mediante el que se admitan o desechen las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio con número de expediente 496/2/2004. C) La omisión de la autoridad responsable de emitir el acuerdo respectivo a la petición realizada en fecha 28 de septiembre de 2005 dentro del juicio con número de expediente 496/2/2004.’. Asimismo, al resolver el juicio de garantías, el Juez de Distrito esencialmente consideró que la autoridad responsable omitió cumplir con los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo, en concreto, al no acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes durante la audiencia de ley celebrada el seis de julio de dos mil cinco, pues en ésta se reservó la admisión de las mismas, y a la postre acordó el veintiocho de septiembre de dos mil cinco que a la brevedad posible se acordaría lo conducente en relación con el auto de admisión de pruebas, vulnerando la garantía constitucional prevista en el artículo 17 constitucional. Conforme a dichos antecedentes, es claro que el a quo fue congruente en la sentencia recurrida con los actos reclamados por el quejoso, pues en la demanda de garantías se reclamó en general la omisión de la responsable de actuar conforme a los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo, y en específico en no emitir el acuerdo de admisión y desechamiento de pruebas, respecto de lo cual también versó la solicitud de veintiocho de septiembre de dos mil cinco; ello, en atención a que la forma en que fueron apreciados tales actos se ajustó a lo ordenado por el artículo 78 de la Ley de Amparo, pues su apreciación fue tal como aparecieron probados en autos, pues quedó acreditado en éstos que la violación constitucional se originó con motivo de la omisión de la autoridad responsable de emitir el acuerdo de marras. Ello, en primer término, porque el quejoso jamás señaló como actos reclamados aquellas violaciones del artículo 17 constitucional que a la postre se siguieran suscitando en el juicio de origen, pero además porque de haberlo señalado así, por cuanto a ese aspecto, el juicio de garantías sería improcedente, pues se estarían reclamando actos de realización futura e incierta. Además, al haberse acreditado que en el juicio laboral que la autoridad responsable no respetó la garantía constitucional de mérito, ello únicamente da lugar a conceder la protección constitucional sobre ese aspecto, pues es el acto que le agravió de manera real y directa a la parte quejosa, sin que deba hacerse extensiva hacia lo que se llegue a actuar con posterioridad en el juicio, pues se trata de actos cuya realización futura es incierta. Para arribar a dicha conclusión es necesario precisar que son futuros aquellos actos en que es remota la ejecución de los hechos que se previenen, y que no encajan en esa categoría los actos respecto de los que se tiene la certidumbre de que se ejecutarán de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona, es decir, que no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, los que aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos relacionados con su ejecución, y que respecto de los actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que existen actos futuros e inciertos y actos futuros pero inminentes. En los primeros, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 4o. de la ley en cita exige como condición para que pueda promoverse el juicio. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis visible en la página 13, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: ‘ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones.’. Así, como la tesis sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1643, Tomo XCIV, página 1643, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: ‘ACTOS FUTUROS QUE PUEDEN REALIZARSE, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LOS. Aunque no cabe conceder el amparo cuando la demanda se funda en actos futuros, no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones, ya que sólo son futuros aquellos cuya ejecución es remota, pues de otro modo serían actos no futuros únicamente los que ya se han ejecutado; de suerte que la jurisprudencia de este Alto Tribunal, sobre que los actos futuros no motivan el amparo, se refiere a los actos futuros e inciertos, mas no a los que, aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos, como en el caso en que es evidente la inminencia de los actos de aplicación del Reglamento de Higiene del Trabajo.’. Además, no se debe pasar por alto que el artículo 4o. de la Ley de Amparo, igualmente condiciona la promoción del juicio protector a la circunstancia de que el acto reclamado perjudique o agravie al peticionario. ‘Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.’. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Ha dicho que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio de garantías. En esas condiciones, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 4o. de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda interponer el amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, cobran aplicación las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 15 y 135, Volúmenes 71 y 199-204, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que indican: ‘AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación con el perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo.’. ‘AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará.’. Conforme a las anteriores bases precisadas, resulta inconcuso que si ante actos futuros de realización incierta que no representan un agravio directo, como el de la especie, no es procedente el juicio de garantías, ello conlleva a estimar que la protección constitucional por violación al artículo 17 constitucional no puede hacerse extensivo a este tipo de actos, pues ello implicaría tácitamente reconocer la procedencia del juicio de garantías respecto de ese tipo de actos, resultando, por ende, un contrasentido pretender que los efectos de un amparo alcancen actos que en sí mismos implican la improcedencia del juicio de garantías. Por tanto, los efectos de un amparo que se concede por violación al artículo 17 constitucional únicamente pueden referirse al agravio directo, que en el caso lo fue la omisión de acordar o desechar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen, mas no debe hacerse extensiva a los actos que en el futuro surjan, dada la incertidumbre de los mismos, pues al desconocerse si la responsable se ajustará o no a los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, ello trae como consecuencia que no pueda determinarse si en el futuro se generará algún agravio en perjuicio del quejoso que repercuta en violación a aquella garantía constitucional. Es por ello que este Pleno no comparte la tesis III.2o.T.157 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 811, Tomo XXI, junio de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: ‘JUSTICIA EXPEDITA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO DE TRAMITARLO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO PROCEDE SOBRESEERLO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO O CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, SINO CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE EN LO SUBSECUENTE SE RESPETEN. Cuando el acto reclamado en un amparo indirecto lo constituye la omisión de la responsable de tramitar el juicio laboral en los plazos y términos señalados por la Ley Federal del Trabajo, y de las constancias del juicio se advierte que aquélla no cumplió con los términos fijados por la citada legislación para el trámite del procedimiento, tal omisión resulta violatoria de la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los diversos numerales 870 a 891 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen la forma en que debe tramitarse el procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y los términos en que deben verificarse. Por tanto, si a la fecha de resolver el juicio de garantías los actos que motivaron la tardanza han cesado en sus efectos o ha cambiado la situación jurídica, bien porque las audiencias pendientes ya se celebraron o se fijaron nuevas fechas para su celebración, obedeciendo el diferimiento a diversas causas, no por ello procede sobreseer en el juicio bajo el argumento de que hay nuevas condiciones en el procedimiento no existentes a la fecha de presentación de la demanda de amparo, sino que, en tal caso, al advertirse de manera notoria la tardanza, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable continúe el trámite del juicio y resuelva sobre su tramitación con la celeridad requerida por la ley, para lo cual deberá desahogar los actos procesales pendientes respetando los términos legales para su realización y, en su oportunidad, emita el laudo correspondiente en los plazos señalados en la Ley Federal del Trabajo; ya que de estimar lo contrario sería prácticamente imposible que se otorgara la protección constitucional a fin de que la autoridad responsable respetara en la tramitación de los juicios los términos legales correspondientes, pues debido al tiempo de tramitación del juicio de garantías y su recurso de revisión, para la fecha en que se resuelva en definitiva ya habría cambiado la situación jurídica correspondiente, lo que generaría que la autoridad responsable en nuevas actuaciones pudiera incurrir en otros vicios vinculados con la tardanza de referencia, lo que es inaceptable.’. Es por lo anterior, que se estima necesario denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de criterios existente entre este órgano de control constitucional y el Tribunal Colegiado previamente citado, ello de conformidad con lo ordenado por el ordinal 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los agravios expuestos por la parte recurrente, y al no advertirse motivos por los cuales haya de suplirse la deficiencia de la queja de conformidad con el artículo 76 Bis, fracción IV, lo que se impone es confirmar la sentencia recurrida y, en consecuencia, conceder la protección constitucional solicitada por Santa Alejandra Cardona Garcés en contra de la omisión de proveer lo relativo a la admisión o desechamiento de pruebas atribuida a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Tampico, Tamaulipas, dentro del juicio laboral 496/2/2004, para el efecto precisado por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, consistente en que dicha autoridad: ‘... proceda al dictado del acuerdo en el que se determine lo relativo a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas que se celebró el seis de julio de dos mil cinco ...’. Por lo expuesto y con fundamento, además en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, en relación con el 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Santa Alejandra Cardona Garcés en contra de la omisión de proveer lo relativo a la admisión o desechamiento de pruebas atribuida a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Tampico, Tamaulipas, dentro del juicio laboral 496/2/2004, para el efecto precisado en el considerando que antecede. TERCERO. Se ordena denunciar la contradicción de tesis correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo. Notifíquese como corresponda; anótese y con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido. Así resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, integrado por los señores Magistrados Claudio Pérez Hernández, Ernesto Aguilar Gutiérrez y Olga Iliana Saldaña Durán, siendo presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados, quienes firman hoy veinte de febrero de dos mil seis, en que lo permitieron las labores de este órgano colegiado, previas las modificaciones correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 187, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, con el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, de conformidad con el artículo 41, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lic. Claudio Pérez Hernández. Magistrado presidente. (Firma). Lic. Ernesto Aguilar Gutiérrez. Magistrado ponente. (Firma). Lic. Axel Edgueny González Macedo. Secretario de Acuerdos. (Firma)." (fojas 19 a 26 de la contradicción de tesis 219/2006-SS).

CUARTO. Las consideraciones que sustentan la ejecutoria de ocho de marzo de dos mil cinco, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver por unanimidad de tres votos el amparo en revisión número 17/2005, en lo conducente, son las siguientes:

"QUINTO. El análisis de los anteriores agravios permite realizar las consideraciones de derecho que a continuación se plasman: Indican los recurrentes que les causa agravio la determinación realizada en la audiencia constitucional, cuando se manifestó que (folio 165 vuelta): ‘... Por lo que ve al escrito presentado por el apoderado de los quejosos, el cual presenta con la finalidad de que, por la premura del tiempo, se solicite a la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje que remita copias certificadas de los acuerdos de la audiencia de tres de noviembre de dos mil cuatro, de los expedientes laborales 1912/2003-E y 1913/2003-F; a lo anterior se acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, se desechan tales pruebas, toda vez que su ofrecimiento no se hizo cuando menos cinco días antes del fijado para la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el del desahogo, toda vez que de los sellos de recibido de los escritos que adjunta, se desprende que éstos fueron recibidos el cinco de noviembre del año en curso, es decir, tres días antes de la celebración de la audiencia constitucional y, por tanto, no puede existir negativa expresa por parte de la responsable o en su caso que se muestre por parte de ésta una conducta omisiva en la expedición de lo solicitado ...’. Dicen los inconformes que lo anterior es incorrecto, en virtud de que se trata de acuerdos pronunciados por la responsable el tres de noviembre de dos mil cuatro y la audiencia constitucional fue celebrada el diez de ese mes y año, por lo que los plazos a que se hace referencia no son susceptibles de ser observados en la forma indicada, por lo que la Jueza de Distrito debió diferir la audiencia constitucional a fin de recabar las documentales ofrecidas, las que son necesarias para resolver el juicio de amparo. Los agravios que hacen valer los inconformes resultan ser inoperantes. En efecto, ello es así, porque aunque se desecharon en la audiencia constitucional los medios de convicción que ofrecieron y que consistieron en copias certificadas de las actuaciones de fecha tres de noviembre de dos mil cuatro dentro de los juicios laborales 1912/2003-E y 1913/2003-F, lo anterior no causa perjuicios a los inconformes, porque en la sentencia que se recurre, se advierte que la Jueza Federal tomó en consideración las constancias que los quejosos ofrecieran antes de la audiencia constitucional, consistentes precisamente en las audiencias de tres de noviembre de la anualidad pasada, dentro de los juicios laborales antes citados, ya que en la sentencia que se recurre, se expresó lo siguiente (folio 171): ‘... De las constancias que en impresión original y con sellos de las responsables, exhibió el quejoso, mediante su escrito de fecha cuatro de los corrientes, se desprende que ya no existe la omisión en llevar a cabo el emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral 1913/2003-F pues el emplazamiento que se ordenó practicar por medio de exhorto que diligenció el actuario Armando Hernández Espinoza, lo que motivó que el tres de noviembre se celebrara la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y se fijara como fecha para el desahogo de pruebas el quince de febrero de dos mil cinco (fojas 149 a 158 de autos). Documentales que, valoradas a la luz de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, merecen valor probatorio pleno, en virtud de tratarse de documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones.’. Como se ve, la Jueza Federal tomó en consideración las documentales aludidas, las que por haberse presentado con anterioridad en formato simple, fue que el quejoso después solicitó se ordenara a la responsable la expedición de copias certificadas de esas mismas constancias y que no fue admitido por la juzgadora, lo que evidentemente no era necesario, en virtud de que sí fueron tomadas en cuenta al momento de resolver, lo que subsana el desechamiento realizado. En otro aspecto, indican los inconformes que no obstante compartirse el criterio de la juzgadora, cuando expuso que los actos reclamados deben apreciarse de acuerdo a un análisis integral de la demanda, ello no fue aplicado en el presente caso, habida cuenta que señaló que no fue cierto el acto reclamado, consistente en la omisión de dictar el acuerdo de admisión de demanda en los expedientes laborales (cuando las propias autoridades responsables sí lo aceptaron), bajo el argumento de que con fecha anterior a la demanda de garantías se emitió dicho proveído de admisión, sin tomarse en consideración que el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo establece que una vez recibida la demanda, la Junta dentro de las veinticuatro horas siguientes dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia, por lo que comparada la fecha de presentación de las demandadas (sic) con la fecha de admisión de las mismas, se demuestra que la Junta no se ajustó a lo señalado por la ley respecto al término que tiene para proveer la admisión de la demanda. Como se advierte de autos, en la sentencia que se combate la autoridad recurrida señaló (folios 169 vuelta-170): ‘Cuarto. No es cierto el acto reclamado a la responsable Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, que se hicieron consistir en la omisión en dictar el acuerdo de admisión de demanda en el expediente laboral número 1912/2003-E y 1913/2003-F, promovidos por Bernardo Alvarado Sandoval, apoderado especial del trabajador Jorge Camacho Sánchez y Juan Felipe Alvarado Anguiano, hoy quejosos, contra el propietario o representante legal de la empresa denominada Maderas Útiles Sucesores, S.A. de C.V., dedicada a la venta de madera, habida cuenta que dicha autoridad al rendir su correspondiente informe justificado, por conducto del presidente especial de ese órgano, si bien aceptó la existencia de los actos reclamados, de las constancias que adjuntó a su informe de ley se desprende que con fecha anterior a la presentación de la demanda de garantías, es decir, el veinticuatro de febrero y uno de marzo de dos mil cuatro, se emitió el auto admisorio en los juicios obreros de referencia (fojas 20 y 39 de autos), de las que se advierte tal circunstancia y las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, como lo autoriza su numeral 2o., en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que respecta al acto reclamado de que se trata.’. Ahora bien, los agravios que se formulan son fundados pero inoperantes, pues si bien la Jueza Federal hizo el estudio basándose en el hecho de que el acto reclamado era la omisión de dictar el auto admisorio, lo cierto es que de la demanda de garantías se advierte que lo reclamado sí consistió en la omisión de dictar el auto admisorio pero dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la demanda, es decir, la queja de los inconformes fue que la Junta del conocimiento no haya respetado el plazo de veinticuatro horas para admitir la demanda, sino que se excedió. No obstante lo anterior, la determinación de sobreseer en el juicio por lo que ve a ese acto reclamado es sustancialmente correcta, ya que se surte una causal de improcedencia diversa a la invocada y que debe estudiarse preferentemente, en términos de lo que manda el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 940, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, común al Pleno y a las Salas, publicada en la página mil quinientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: ‘IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). En relación con la jurisprudencia publicada en la página quinientos cincuenta y siete del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DECLARACIÓN DE LA, AL CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN.’ (se transcribe). También aplica la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, tesis P./J. 122/99, página veintiocho, que dice lo siguiente: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). Lo mismo aplica respecto de los actos reclamados por los inconformes y consistentes en la omisión de celebrar la audiencia de ley en el término de quince días dentro del juicio laboral 1913/2003-F y la falta de diligenciación en el término de setenta y dos horas de los exhortos girados a fin de emplazar a la fuente de trabajo demandada; actos de los cuales la Jueza de Distrito determinó sobreseer por diversas razones. En efecto, este tribunal estima que, en el caso

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20109-a9772b3f/amparo-procede-contra-las-omisiones-y-dilaciones-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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