RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se trata de la materia administrativa, en la cual se encuentra especializada.
SEGUNDO. La presente contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló uno de los Magistrados integrantes de un órgano colegiado que pronunció una de las ejecutorias que se estiman opuestas.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es necesario tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que la motivaron y que a continuación se transcriben.
En la sentencia dictada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el catorce de noviembre de dos mil seis, en el amparo en revisión 345/2006 se resolvió, en la parte que interesa al presente estudio, lo siguiente:
"SEXTO. Previamente al análisis de los agravios planteados y en virtud de que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y, por ende, de examen preferente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo último del artículo 73 de la Ley de Amparo, resulta pertinente establecer las razones por las cuales, en opinión de este tribunal, no se está en el caso de sobreseer en el juicio de garantías con base en la causal prevista en la fracción XV del artículo 73 de la citada ley, numeral que a la letra dispone: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). Como se advierte de la anterior transcripción, el citado numeral prevé en la fracción XV la improcedencia del juicio constitucional contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que proceda algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal, en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes que rijan tales actos, puedan suspenderse sus efectos sin exigir para ello mayores requisitos que los que la Ley de Amparo prevé para la suspensión definitiva, independientemente de que el acto, en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con este último ordenamiento reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. En relación con la disposición legal en comento, debe tenerse en cuenta que en el caso particular, el quejoso reclamó en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que es procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin embargo, se estima que en el caso particular el quejoso no estaba obligado a agotar ese medio ordinario de defensa legal, por encontrarse en un supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, como se verá de las consideraciones que a continuación se exponen. A fin de hacer patente que en la especie se actualiza una excepción al citado principio de definitividad, es menester destacar que el quejoso señaló en su demanda de amparo, como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: ‘III. Autoridades responsables: 1. Autoridad ordenadora. El general de brigada DEM., comisionado de la Policía Federal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Alejandro Martínez Aduna. 2. Autoridad ejecutora. El coordinador de Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública. 3. Autoridad ejecutora. El comisario general jefe de Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado. 4. Autoridad ejecutora. El servidor público que tiene a su cargo las funciones pertenecientes a la Dirección General de Fuerzas Federales Preventivas, dependiente de la Coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública. IV. Actos que se reclaman de cada autoridad: 1. Del general de brigada DEM., comisionado de la Policía Federal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública, reclamo: a. La emisión del oficio número PFP/1588/2006, de fecha 22 de mayo de 2006 y notificado el pasado 29 de mayo del presente año, en el cual se me comunica que ‘con fecha 31 de mayo de 2006, concluye su encargo que venía desempeñando como director de área en la Dirección General de Fuerzas Federales Preventivas, dependiente de la Coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo ...’, de la Policía Federal Preventiva. b. Los efectos y consecuencias que se derivan de la ejecución de dicho acto son: i. Que se me obligue a dejar mi cargo de director de área en la Policía Federal Preventiva, en violación a la ley y el Reglamento de la Policía Federal Preventiva en lo relativo al servicio civil de carrera de la Policía Federal Preventiva. ii. En consecuencia y de forma inminente, se me prive de la compensación garantizada que significa el 60% de mis percepciones recibidas actualmente. 2. Del coordinador de Fuerzas Federales Preventivas de la Policía Federal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública, reclamo: a. La ejecución del acto reclamado a la autoridad ordenadora que se traduce en que se me obligue a dejar mi cargo de director de área en la Policía Federal Preventiva, en violación a la ley y el Reglamento de la Policía Federal Preventiva en lo relativo al servicio civil de carrera de la Policía Federal Preventiva. b. Los efectos y consecuencias, que de forma inminente se me prive de la compensación garantizada que significa el 60% de mis percepciones recibidas actualmente, conculcándoseme mi garantía de permanencia en el empleo y retribución por el mismo. 3. Del comisario general jefe de Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, reclamo: a. La ejecución del acto reclamado a la autoridad ordenadora que se traduce en que se me obligue a dejar mi cargo de director de área en violación a la ley y el Reglamento de la Policía Federal Preventiva en lo relativo al servicio civil de carrera de la Policía Federal Preventiva. b. Los efectos y consecuencias, que de forma inminente se me prive de la compensación garantizada que significa el 60% de mis percepciones recibidas actualmente, conculcándoseme mi garantía de permanencia en el empleo y retribución por el mismo. 4. Del servidor público que tiene a su cargo las funciones pertenecientes a la Dirección General de Fuerzas Federales Preventivas, dependiente de la Coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública, reclamo: a. La ejecución del acto reclamado a la autoridad ordenadora que se traduce en que se me obligue a dejar mi cargo de director de área en la Policía Federal Preventiva, en violación a la ley y el Reglamento de la Policía Federal Preventiva en lo relativo al servicio civil de carrera de la Policía Federal Preventiva. b. Los efectos y consecuencias, que de forma inminente, se me prive de la compensación garantizada que significa el 60% de mis percepciones recibidas actualmente, conculcándoseme mi garantía de permanencia en el empleo y retribución por el mismo.’. En relación con dichos actos reclamados por el quejoso en el juicio de amparo debe tenerse en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia firme en el sentido de que tratándose de militares, marinos, cuerpos de seguridad pública y personal de servicio exterior, la relación de trabajo que guardan con el Estado, equiparado éste a patrón, es de orden administrativo y, por ende, que los actos relacionados con la baja o cambio de adscripción de miembros de los cuerpos de seguridad pública, son actos de naturaleza administrativa impugnables a través del juicio de amparo, por lo que deben agotarse previamente a éste los recursos o medios ordinarios de defensa legal que en su contra procedan, salvo en el caso de que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. En efecto, la Segunda Sala de ese Alto Tribunal ha sostenido que la relación existente entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública y el Estado, es de naturaleza administrativa y que por afinidad, compete al Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de los agentes de la Policía Judicial Federal, a través del juicio de nulidad, independientemente del origen de la controversia. En congruencia con ello, la citada Sala determinó que en contra de la resolución que decreta la remoción de un agente de la Policía Judicial Federal, cualquiera que sea la causa de ésta, procede el juicio de nulidad ante el mencionado tribunal federal, por considerar que es el órgano competente para resolver esos conflictos, estableciendo al efecto que en términos de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, dicho medio ordinario de defensa legal debe agotarse previamente al juicio de garantías, salvo en el caso de que se actualice alguna excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 129/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: ‘POLICÍAS JUDICIALES FEDERALES. EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE DECRETE SU REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 246). Así como la tesis 2a. CLXI/98, de la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 429). Acorde con los criterios jurisprudenciales que sobre el tema que nos ocupa ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde al actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocer de la impugnación de las bajas, remociones o cambios de adscripción de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, como son, entre otros, agentes del Ministerio Público y policías en general, por ser actos de naturaleza administrativa. Con base en ello, es dable establecer que tratándose de los actos que el impetrante señaló como reclamados en el juicio de amparo, esto es, el oficio mediante el que se le comunicó la conclusión de su encargo como director de área en la Dirección General de Fuerzas Federales Preventivas y su cambio de adscripción, así como los actos derivados de la ejecución de dicho acto, se surte la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de la impugnación de los mismos a través del juicio de nulidad, de conformidad con el criterio establecido por el Máximo Tribunal Constitucional en la tesis y en la jurisprudencia a que se ha hecho mención, esta última de observancia obligatoria en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo. Además, la competencia del citado tribunal para conocer de la impugnación de los actos administrativos reclamados por el quejoso, se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que a la letra dispone: ‘Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: ... XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia. También conocerá de los juicios que se promuevan contra una resolución negativa ficta configurada, en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen las disposiciones aplicables o, en su defecto, por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, conocerá de los juicios que se promuevan en contra de la negativa de la autoridad a expedir la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa.’. Consecuentemente, en términos de la referida jurisprudencia sustentada sobre el tema que nos ocupa por la Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional y de conformidad con lo establecido en la fracción XV del numeral de referencia, procede contra los actos reclamados por el quejoso, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de modo que para cumplir con el principio de definitividad que rige en amparo indirecto, era menester que previamente al juicio de garantías, el impetrante acudiera a impugnarlos a través del juicio de nulidad. Sin embargo, se estima que en el caso particular el quejoso no estaba obligado a agotar dicho medio ordinario de defensa legal, previamente a la acción constitucional, por actualizarse uno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, derivado de lo dispuesto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, disposición legal conforme a la cual no existe obligación de acatar dicho principio, entre otros casos, cuando se reclamen actos administrativos respecto de los cuales la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución. En la especie, se actualiza esa excepción al mencionado principio, dado que para la suspensión en el juicio de nulidad, de los actos reclamados por el quejoso, la ley que rige ese medio ordinario de defensa legal, que es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en vigor a partir del uno de enero de dos mil seis, exige requisitos mayores a los establecidos en la Ley de Amparo para la suspensión definitiva de los actos reclamados. A fin de demostrar esa aseveración, es necesario imponerse del contenido del artículo 28 de la citada ley federal y de las disposiciones legales que rigen la suspensión en el juicio de amparo. Previamente a ello, precisa destacar que a partir del uno de enero de dos mil seis, entró en vigor la nueva Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cinco, que derogó el título sexto del Código Fiscal de la Federación (artículos 197 al 263), ordenamiento que rigió el juicio contencioso administrativo hasta el pasado treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, el cual continuaría aplicándose sólo a los juicios iniciados bajo su vigencia, por disposición expresa contenida en el cuarto transitorio de dicha ley, numeral que establece: ‘Cuarto. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor la presente ley, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda.’. Ahora bien, en el artículo 1o., párrafo primero, de la ley en cita, se establece que los juicios que se promuevan en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se regirán por las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y establece además la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles. En el caso particular, el acto que el quejoso reclama de la autoridad ordenadora, consistente en el oficio mediante el que se le comunicó la conclusión de su encargo y su cambio de adscripción, se emitió el veintidós de mayo de dos mil seis, notificándosele el veintinueve siguiente, en tanto que la demanda de amparo la presentó el treinta y uno de mayo de dos mil seis. Atendiendo a la fecha de emisión y de notificación del mencionado acto reclamado por el quejoso, es claro que el juicio de nulidad que procede en contra de dicho acto, se rige por las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de ser aplicable a los juicios iniciados bajo su vigencia, que comenzó a partir del uno de enero de dos mil seis, lo que se corrobora con el primero y segundo transitorios de la ley en cita, que dicen: (se transcriben). Independientemente de las particularidades que presenta esa ley, importa destacar para efectos del presente estudio, que en lo esencial, se basa sobre normas ya existentes en el Código Fiscal de la Federación y sobre cuestiones que éste ya regulaba, con algunos cambios o matices y con diferencias de carácter mayor en determinados aspectos, como es el relativo a la suspensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, regulada en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Dicho numeral, establece a la letra, lo siguiente. ‘Artículo 28. El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos. I. Podrá solicitarla en la demanda o en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia, ante la Sala de conocimiento del juicio. II. Acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales que ofrezca, para correr traslado a cada una de las partes y una más para la carpeta de suspensión. III. Ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución, únicas admisibles en la suspensión. IV. Ofrecer garantía suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza expedida por institución autorizada, para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada o a terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo. V. Los documentos referidos deberán expedirse a favor de la otra parte o de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citadas. VI. Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: a) Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso, y. b) Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. VII. Exponer en el escrito de solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, las razones por las cuáles considera que debe otorgarse la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite. VIII. La suspensión se tramitará por cuerda separada y con arreglo a las disposiciones previstas en este capítulo. IX. El Magistrado instructor, en el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable. b) Que se le causen al demandante daños mayores de no decretarse la suspensión, y. c) Que sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado. X. El auto que decrete o niegue la suspensión provisional, podrá ser impugnado por las autoridades demandadas mediante el recurso de reclamación previsto en el artículo 59 de esta ley, dejando a salvo los derechos del demandante para que lo impugne en la vía que corresponda. XI. En el caso en que la ley que regule el acto administrativo cuya suspensión se solicite, no prevea la solicitud de suspensión ante la autoridad ejecutora, la suspensión tendrá el alcance que indique el Magistrado instructor o la Sala y subsistirá en tanto no se modifique o revoque o hasta que exista sentencia firme. XII. Mientras no se dicte sentencia en el juicio, la Sala podrá modificar o revocar la sentencia interlocutoria que haya decretado o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. XIII. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia firme favorable, la Sala ordenará la cancelación o liberación, según el caso, de la garantía otorgada. Asimismo, si la sentencia firme le es desfavorable, a petición de la contraparte o, en su caso, del tercero, y previo acreditamiento que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala, ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante el tribunal. XIV. Si la solicitud de suspensión de la ejecución es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido en forma indebida.’. Del texto del citado numeral, se desprende que al igual que el Código Fiscal de la Federación vigente hasta el pasado treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, se prevé la suspensión de la ejecución del acto o resolución administrativa impugnados en juicio de nulidad, sólo que bajo una regulación distinta, contenida en el artículo en comento, anteriormente transcrito. Por su parte, la suspensión en el juicio de garantías, se rige por lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su regulación se encuentra prevista en el capítulo tercero de la Ley de Amparo, que comprende los artículos 122 a 144. Ahora bien, para efectos del presente estudio, es menester analizar la suspensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, regulada en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, frente a los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, que en lo sustancial, rigen la suspensión de los actos reclamados en el juicio de garantías, transcribiéndose en esta parte sólo estos tres preceptos, dado que el numeral 28 ya se transcribió en párrafos precedentes. Los citados artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: ‘Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión: a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares; f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales mexicanas; se afecte la producción nacional. III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.’. ‘Artículo 125. En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.’. ‘Artículo 135. Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectivos los depósitos.’. La confrontación de la regulación de la suspensión de los actos combatidos en el juicio de nulidad, con las disposiciones que rigen para la suspensión en materia de amparo, pone de manifiesto, de manera concluyente, que en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se exigen para la suspensión de los actos impugnados, requisitos mayores a los establecidos en la Ley de Amparo para la suspensión definitiva de los actos reclamados, por las razones siguientes. Previamente a exponer las diferencias existentes entre uno y otro ordenamiento legal, se impone destacar que respecto de la figura de la suspensión, ambos ordenamientos legales son coincidentes, en lo general, en los aspectos siguientes: a. Procede a solicitud expresa del interesado o agraviado, formulada por escrito. b. Puede solicitarse la suspensión en cualquier etapa del juicio de nulidad o de amparo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. c. No existe límite procesal para iniciar el trámite de la suspensión, siendo procedente su promoción en cualquier tiempo. d. Ambos ordenamientos legales exigen que de llegar a otorgarse la suspensión, con dicha medida cautelar no se cause perjuicio al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el juicio de nulidad o el juicio constitucional, según se trate. e. Tanto la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo como la Ley de Amparo, requieren que el actor o en su caso el quejoso, otorguen garantía bastante para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que con la suspensión pudieran causarse a terceros, si no se obtiene sentencia favorable en el juicio. f. Tratándose de la solicitud de suspensión contra el cobro de contribuciones, procederá la suspensión, previo depósito o garantía de la cantidad que se adeude. g. La suspensión tanto en el juicio de nulidad como en el juicio de amparo se prevé que se tramitará por cuerda separada. Al margen de que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley de Amparo, coinciden en cuanto a los aspectos que han quedado señalados con antelación, se advierte que presentan ciertas diferencias, las cuales a continuación se citan. I. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé en el párrafo primero del artículo 28, los supuestos en que el demandante podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, a saber: a. Cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, b. Rechace la garantía ofrecida o; c. Reinicie la ejecución. Atendiendo al texto literal del párrafo primero del numeral en comento, se observa que la suspensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, se limita, al menos en esa parte normativa, sólo a esos tres supuestos en los que se establece qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20170-4eac1c20/resoluciones-administrativas-impugnables-ante-el-tribunal-federal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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