CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE CUANDO LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SON SUSTENTADOS, POR UN LADO, POR UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y, POR OTRO, POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS ESTÁN FACULTADOS PARA MODIFICAR LA ESTABLECIDA CON ANTERIORIDAD AL 15 DE ENERO DE 1988, CUANDO VERSEN SOBRE CUESTIONES QUE SEAN DE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA. TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CUANDO EN EL CRITERIO SUSTENTADO SE DETERMINA INDEBIDAMENTE LA INTERRUPCIÓN DE ALGUNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CON BASE EN EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE AMPARO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 5 DE ENERO DE 1988, PROCEDE, POR RAZONES DE SEGURIDAD JURÍDICA, ORDENAR QUE SE SUSPENDA SU PUBLICACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2006-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, dado el sentido de la presente resolución.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que es uno de los tribunales que sustentó uno de los criterios que se denuncian como contradictorios.
TERCERO. Las consideraciones que sustentan la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el recurso de queja QA117/2006-1006, el trece de octubre de dos mil seis, son las siguientes:
"TERCERO. Previamente al análisis de los agravios que hace valer la parte quejosa en contra de la interlocutoria recurrida, a continuación se destacan algunos de los antecedentes que informan el juicio de amparo del que deriva este asunto. 1) Por escrito presentado el diez de diciembre de dos mil dos ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y turnado al día siguiente al Juzgado Cuarto, Inmuebles Guadalajara, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades por los actos que a continuación se indican: (se transcribe). 2) Tramitado el juicio ante la Juez del conocimiento, el veinticuatro de noviembre de dos mil tres, se dictó la resolución correspondiente, misma que terminó de engrosarse el veintiocho de noviembre siguiente y que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: (se transcribe). Cabe precisar que las razones que tuvo en cuenta la Juez del conocimiento para otorgar el amparo a la parte quejosa, así como los efectos que se le imprimieron a esa sentencia, se hicieron consistir en que: ‘... resulta incongruente la determinación adoptada por las autoridades responsables, en el sentido de rechazar y calificar de ilegal la postura de la parte quejosa, cuando la misma dio cumplimiento tanto a la convocatoria de remate en segunda almoneda, así como a lo previsto en los artículos 182 fracción II y 186, del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, dadas las condiciones antes apuntadas es de señalarse que el acta de remate de fecha tres de diciembre del año dos mil dos, que por esta vía se impugna, viola en perjuicio de la empresa quejosa las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que se encuentra indebidamente fundada y motivada, ya que el motivo que da para rechazar y calificar de ilegal la postura de la impetrante del amparo, no es acorde con la realidad, ni menos aún con lo señalado en la convocatoria de remate de segunda almoneda, así como lo dispuesto en los artículos 182, fracción II y 186 del Código Fiscal de la Federación. En consecuencia, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para que las autoridades responsables dejen sin efectos el remate en segunda almoneda de fecha tres de diciembre de dos mil dos, y emitan otra, en la que tomen en consideración la postura de la parte quejosa, atento a lo reseñado en la presente sentencia. ...’. 3) Inconformes con la anterior determinación tanto una de las autoridades responsables como el tercero perjudicado, interpusieron recurso de revisión. De los citados medios de defensa correspondió conocer a este tribunal, declarándolos a la postre infundados y confirmando la sentencia recurrida mediante resoluciones dictadas el diecisiete de febrero de dos mil cuatro, en los tocas RA. 8/2004-50 y RA. 5/2004-11. 4) Durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, tanto el director general de Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, como el director corporativo jurídico y fiduciario del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le informaron al Juez acerca de la imposibilidad material y jurídica que tenían para cumplimentar la sentencia de amparo, dando lugar a que se abriera a trámite un incidente innominado que culminó con la interlocutoria que por esta vía se recurre. Ahora bien, para declarar fundado el incidente innominado sobre la imposibilidad jurídica y material para cumplimentar la sentencia de amparo dictada en el juicio 1601/2002, la Juez del conocimiento se apoyó en las siguientes consideraciones: a) Resulta material y jurídicamente imposible que las autoridades responsables dejen sin efectos el acta de remate en segunda almoneda de fecha tres de diciembre de dos mil dos, y emitan otra en la que tomen en consideración la postura de la parte quejosa, pues los bienes que fueron objeto de remate (100 % cien por ciento de las acciones de Corporación Destur, Sociedad Anónima de Capital Variable, propietaria del hotel ‘Plaza las Glorias’, ubicado en San Carlos, Municipio de Guaymas, Sonora) han sido objeto de diversos actos jurídicos por los cuales se transmitió su propiedad a personas distintas de las autoridades responsables, según se desprendía de las constancias agregadas a los autos. b) De las pruebas aportadas por las partes se advierte que las acciones que le fueran adjudicadas en el remate al tercero perjudicado (Roberto Francisco Lemmen Meyer González, quien resultó ganador en el remate que fue señalado como acto reclamado por la quejosa), pasaron a formar parte de su propiedad mediante la firma de contrato de compraventa de acciones de diecisiete de diciembre de dos mil dos, suscrito por éste, en su carácter de comprador y por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la Federación, representada por su mandataria, el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, en calidad de vendedora. c) El tercero perjudicado, a su vez, mediante el contrato de compraventa contenido en la escritura pública doce mil ciento setenta y ocho, pasada ante la fe del notario público número diez de Guaymas, Sonora, de veinticinco de abril de dos mil tres, vendió, cedió y traspasó, a favor de Activos, LM, Sociedad Anónima de Capital Variable, diversos inmuebles, entre ellos la tercera porción de terreno denominado ‘hotel’ del desarrollo turístico denominado ‘Plaza las Glorias’, en San Carlos, Guaymas, Sonora. d) En esas condiciones resulta evidente que las responsables no detentan la posesión ni la propiedad de los bienes que fueron objeto del remate reclamado, pues los mismos pasaron a formar parte del patrimonio del tercero perjudicado (Roberto Francisco Lemmen Meyer) y ahora pertenecen a una persona moral distinta (Activos LM, Sociedad Anónima de Capital Variable). e) Los actos jurídicos referidos, (compraventa de los bienes que fueron objeto del remate), en aras de dar certeza y seguridad jurídica a las partes que los celebraron, deben considerarse, prima facie, válidos y, por tanto, deben surtir todos sus efectos legales en tanto no se declaren nulos en la vía idónea y por la autoridad judicial competente. f) La imposibilidad de declarar nulos los contratos mencionados y recuperar de terceras personas los bienes objeto del remate, para emitir otra acta en la que se considere la postura de la sociedad quejosa, constituye un obstáculo insuperable para la continuación del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo dictada en autos. Sintetizando todo lo antes dicho, puede afirmarse que la postura de la Juez de Distrito, para declarar la imposibilidad material y jurídica de cumplimentar la sentencia dictada en el juicio de amparo 1601/2002, consiste en que no pueden afectarse los derechos de terceros adquirentes por virtud del fallo amparador. Ahora bien, en contra de esa determinación, la recurrente hace valer un único agravio, en el que sostiene que la resolución recurrida transgrede el artículo 79 de la Ley de Amparo, al no haberse analizado todos los argumentos de su parte, por los que se demuestra que, contrario a lo que el a quo expone, no existe la imposibilidad material o jurídica para cumplimentar la sentencia de mérito. A esta conclusión arriba la recurrente argumentando, en esencia, lo siguiente: a) Los derechos públicos derivados de una sentencia de amparo están por encima de cualquier prerrogativa de carácter privado, teniendo los Jueces Federales los medios y mecanismos jurídicos para hacer cumplir sus sentencias. b) La transmisión de las acciones que efectuaron las responsables al tercero perjudicado y de este último a una persona moral diversa, no puede implicar la inejecución de la sentencia de amparo. c) Las autoridades responsables, en virtud de los efectos de la sentencia amparadora, ostentan la propiedad actual de las acciones rematadas. d) La ejecución de la sentencia no acarrea inseguridad jurídica para el tercero perjudicado y su ulterior contratante, pues mientras el primero fue oído en el juicio y tuvo oportunidad de defenderse, el segundo, por ser causahabiente de aquél, lo hizo a través suyo. Teniendo los anteriores elementos, que habrán de servir a este órgano colegiado para arribar a la decisión que finalmente se adopte en relación a este asunto, a continuación se procede al estudio del artículo 80 de la Ley de Amparo, numeral en el que se mencionan las características de los efectos de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, por ser su análisis indispensable en los procedimientos de ejecución de sentencias. El artículo en comento, de manera literal, dispone lo siguiente: ‘Artículo 80.’ (se transcribe). De la lectura al numeral transcrito se advierte que los efectos de las sentencias en las que se le otorgue al quejoso la protección de la Justicia Federal pueden adquirir dos modalidades distintas: restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y obligar a la autoridad responsable a que cumpla con lo que la garantía violada exija, en los casos en que la conducta impugnada sea negativa. Por lo que se refiere a la primera hipótesis, debe decirse que de una correcta interpretación del numeral en cita se deduce que el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías cometida, implica no sólo dejar insubsistente la conducta declarada inconstitucional en la sentencia, sino también todos los actos que de ella se hubieren derivado, por ser consecuencia de una actuación viciada. En efecto, la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado comprende necesariamente, y aun cuando no se exprese en la sentencia, todas las actuaciones que se hubieren realizado con base en aquella conducta. Lo anterior es así, en primer lugar, al no poder subsistir éstas de manera independiente y autónoma al acto que les otorga sustento y, en segundo término, porque de otra forma sería materialmente imposible que las cosas volvieran al estado que se encontraban hasta antes de que se cometiera la violación, contrariando así lo dispuesto en el artículo en estudio y haciendo nugatoria la protección constitucional, pues no obstante haberse destruido el acto principal, subsistirían sus consecuencias. Esta situación ha sido reconocida en múltiples ocasiones por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, sirviendo como ejemplo a este aserto la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXX, página 805, cuyo rubro y texto dicen a la letra: ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO.’ (se transcribe). Haciendo una comparación con lo que al respecto previó el legislador en el Código Civil Federal en materia de nulidades, la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado en el juicio de garantías trae como consecuencia que todos sus efectos sean destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez, la sentencia. Lo anterior, incluso, respecto de actos que hubieran sido emitidos con posterioridad al dictado de la sentencia constitucional, pues no por ello dejan de ser fruto de una conducta declarada ilegal y que, por lo mismo, carecen de base para poder reputarse como válidos. Finalmente, sobre este primer tema de estudio, debe tomarse en consideración que la nulidad de los actos emitidos con fundamento en el que fuera declarado ilegal en la sentencia de amparo, no precisa de una declaratoria específica y expresa de algún otro órgano jurisdiccional, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, opera de pleno derecho merced al propio fallo protector, con el objeto de poder restaurar el orden constitucional violado. Debe decirse, por otra parte, que al interpretar el artículo citado de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en diversas ejecutorias que la fuerza de la verdad legal establecida en una ejecutoria de amparo prolonga sus efectos a la plena restitución al quejoso en el goce de las garantías violadas, aun cuando se lastimen derechos de terceros que deriven del acto considerado ilegal en la sentencia y a pesar de que esos derechos hubieran sido adquiridos de buena fe, pues es indiscutible que la primera consecuencia del fallo es anular lo derivado del acto violatorio. Al respecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XIX, página 798, que a la letra señala: ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO.’ (se transcribe). Igualmente, resultan aplicables las tesis sustentadas por las entonces Tercera y Cuarta Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Tomos CXV y LXXXI, páginas 301 y 1134, respectivamente, que son del tenor siguiente: ‘SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE.’ (se transcribe). ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, NO PUEDEN ENTORPECERSE PORQUE SE LESIONEN DERECHOS DE TERCERO.’ (se transcribe). Pues bien, de todo lo antes expuesto es posible extraer algunas conclusiones en torno al alcance de los efectos y de lo que comprende la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, cuyo fundamento, como se ha dicho, deriva de lo dispuesto en el artículo 80 de la ley de la materia, a saber: a) La cosa juzgada en el juicio de garantías comprende la insubsistencia del acto reclamado, así como de todos aquellos que hubieran sido emitidos con base en aquél. b) La nulidad de los actos jurídicos, verificados con motivo del acto que se reclamó en el juicio, opera de pleno derecho, como natural efecto de la sentencia que otorgó el amparo. c) La ejecución de las sentencias de amparo debe llevarse a cabo por las autoridades vinculadas a su cumplimiento, aun cuando la misma pueda afectar derechos de terceros. Confrontando las anteriores premisas con lo acontecido durante el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en los autos del juicio de amparo 1601/02, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se llega a la conclusión de que, contrariamente a lo expuesto por la Juez en la interlocutoria recurrida y tal como lo expone la quejosa, en el caso no se actualiza una imposibilidad material y jurídica para cumplimentar la sentencia definitiva pronunciada el veinticuatro de noviembre de dos mil tres en dicho juicio. Lo anterior es así, pues el hecho de que los bienes que fueron objeto de la diligencia del remate de tres de diciembre de dos mil dos, llevada a cabo ante la presencia de las autoridades responsables, hubieran sido enajenados a diversas personas (Roberto Francisco Lemmen Meyer, tercero perjudicado y Activos LM, Sociedad Anónima de Capital Variable, nuevo tercero adquirente de buena fe), no implica en modo alguno una imposibilidad jurídica o material para cumplimentar la sentencia de mérito, ya que, en estricto sentido, tales actos jurídicos carecen de validez al resultar nulos de pleno derecho merced a la declaratoria de inconstitucionalidad del fallo protector. Cabe resaltar aquí que dichos bienes, que fueron objeto del remate declarado inconstitucional en la sentencia de primer grado, constituían el cien por ciento de las acciones de una persona jurídica -Corporación Destur, Sociedad Anónima de Capital Variable-, que como títulos representativos del capital social de esa empresa fueron adjudicados por la Tesorería de la Federación, en un primer momento y vendidos posteriormente por el fisco federal, como una consecuencia directa del remate, a la persona física señalada en el párrafo anterior, de ahí que lo resuelto en el juicio de garantías afecte necesariamente la validez de dicha compraventa y de las subsecuentes que sobre esos bienes, o sobre una parte de los mismos, se hubieren realizado. Esta afirmación se formula con el objeto de dejar en claro que, como consecuencia del remate reclamado, se enajenaron a una persona física, precisamente, los bienes que fueron objeto de dicho remate -cien por ciento de las acciones de una persona jurídica-. En esas condiciones, es evidente que la declaratoria de concesión del amparo se traduce en la anulación del acto impugnado y de todos los efectos posteriores que encuentren sustento en aquél. En efecto, las posibles consecuencias que pudieran derivarse de los contratos de compraventa por los cuales el tercero perjudicado y, posteriormente, una persona moral diversa, adquirieron los bienes objeto del remate reclamado, dejaron de surtir sus efectos como si jamás hubieran nacido a la vida jurídica, pues fueron destruidos retroactivamente cuando se pronunció la sentencia que otorgó el amparo a la quejosa. Y ello es así, pues no debe perderse de vista que esos actos traslativos de dominio son consecuencia directa e inmediata de la diligencia de remate que fue declarada inconstitucional en la sentencia, de ahí que no puedan subsistir con independencia de lo resuelto en el juicio, al ser fruto de una conducta viciada. En tal virtud, resulta que la nulidad que operó ipso jure respecto de los contratos de compraventa por los cuales se enajenaron las acciones de Corporación Destur, Sociedad Anónima de Capital Variable, al tercero perjudicado, en un primer momento y, posteriormente, a una persona moral diversa, trae como consecuencia que la propiedad de las mismas corresponda actualmente a la autoridad responsable que originalmente las adjudicó en el remate reclamado, es decir, al fisco federal. Resulta incorrecto, por ello, la consideración de la Juez de Distrito al sostener que las responsables no tienen la propiedad de los bienes que fueron objeto de dicho remate, pues los actos jurídicos que hubieran sido realizados con base en él quedaron sin efecto legal alguno, en virtud de lo resuelto en el fallo protector y sin que exista necesidad de que alguna otra autoridad jurisdiccional lo declare así expresamente. Es cierto, por otra parte, como se desprende de los antecedentes del caso que han quedado sintetizados en líneas arriba, que las responsables no detentan la posesión de las acciones -y de los activos que ellas representan- que fueron adjudicadas en la diligencia de remate reclamada; sin embargo, ello no es obstáculo para considerar que exista una imposibilidad material o jurídica para cumplir la sentencia protectora, ya que las autoridades deben de llevar a cabo todas las acciones necesarias para que, en su carácter de propietarias de dichos bienes, puedan disponer de los mismos y, de esta manera, estar en posibilidad de cumplir con lo resuelto en el fallo protector, esto es, dejar sin efectos el remate en segunda almoneda de fecha tres de diciembre de dos mil dos, y emitir otra acta en la que tomen en consideración la postura legal de la parte quejosa. No es válido sostener que los contratos traslativos de propiedad de las acciones en comento deben considerarse como válidos y surtir sus efectos entre las partes, en aras de dar certeza y seguridad jurídica a las partes que los celebraron, ya que, de aceptar esta postura, las ejecutorias de los tribunales del Poder Judicial de la Federación correrían el riesgo de quedar incumplidas siempre que el perdedor en el juicio enajenara a un tercero, y éste a otros más, que se ostentaran como terceros de buena fe, los bienes que fueron objeto del litigio en el juicio de amparo. Tampoco resulta correcta la afirmación de la Juez del conocimiento al señalar que la nulidad de los contratos de compraventa relativos precisan de una declaratoria expresa de nulidad por parte de la autoridad judicial competente, toda vez que, como ya se ha mencionado con anterioridad, tales actos jurídicos quedaron nulificados de pleno derecho por virtud del fallo protector, como una consecuencia natural y lógica de lo que en dicha sentencia se resolvió, y sin que para ello sea necesario alguna otra determinación en ese sentido. En estas condiciones, las autoridades responsables tienen la obligación de adoptar medidas para que, en el más breve plazo, se consiga el cumplimiento del fallo protector, sin que puedan aceptarse como legales los argumentos basados en que el tercero perjudicado o una persona moral diversa, han adquirido derechos en virtud de los contratos que celebraron, pues esos derechos carecen de base al derivarse de un acto contrario a la Constitución General de la República. Al respecto, puede citarse como apoyo a esta última conclusión, aplicada por analogía al caso concreto, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXV, página 4503, que dice lo siguiente: ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO.’ (se transcribe). Corolario de lo antes expuesto es que, contrario a lo que se afirma en la interlocutoria recurrida, en el caso no se actualiza una imposibilidad material o jurídica para la continuación del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo dictada en autos, ya que, como bien lo ha sostenido el más Alto Tribunal de este país en las tesis citadas en líneas arriba, no puede considerarse como un obstáculo para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, el que la ejecución de la misma pueda afectar intereses de terceros extraños, derivado del derecho de alguna de las partes que contendieron en el amparo. En las relatadas circunstancias, procede revocar la interlocutoria recurrida, toda vez que no se actualiza la imposibilidad ahí decretada para cumplir con la sentencia de amparo, debiéndose continuar con el procedimiento de ejecución respectivo. Finalmente, tomando en consideración que esta resolución y la diversa dictada en la inconformidad administrativa IA. 34/2004-264, por parte de este mismo tribunal y resuelta en la sesión de dieciocho de enero de dos mil cinco, se apoyan en el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben ejecutarse aun en contra de terceros adquirentes de buena fe, y que tales sentencias son contrarias a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos la queja 3/2006, en sesión de tres de marzo de dos mil seis, dando lugar a la redacción de la tesis VII.2o.C.27 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 1144, y que dice lo siguiente: ‘CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. NO PROCEDE CONTRA TERCEROS ADQUIRENTES DE BUENA FE (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 180, PUBLICADA EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-2000, TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 147).’ (se transcribe). En consecuencia, envíese testimonio de esta resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, por conducto del secretario general de Acuerdos de dicho tribunal, se provea lo conducente en relación con la posible contradicción de tesis entre lo resuelto por este tribunal en la presente ejecutoria, la inconformidad administrativa IA. 34/2004-264, y lo expuesto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver la queja 3/2006, en sesión de tres de marzo de dos mil seis. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no comparte el criterio del citado Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en el sentido de que éste pueda, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se reformó y adicionó la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de once de enero de mil novecientos ochenta y ocho, interrumpir y dejar de acatar la jurisprudencia que refiere de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la materia relativa al cumplimiento de las sentencias de amparo no es un tema que corresponda conocer en exclusiva a los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que el órgano judicial a quien compete resolver en definitiva sobre esta cuestión, de acuerdo con lo establecido en el diverso numeral 105 de la ley de la materia, sigue siendo la Suprema Corte de Justicia. Al respecto, es de citarse el criterio del Pleno de ese Alto Tribunal que dio origen a la tesis P. XXXII/92, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, enero de 1992, página 36, que dice a la letra: ‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÓLO ESTÁN FACULTADOS PARA MODIFICARLA, CUANDO VERSE SOBRE CUESTIONES QUE SEAN DE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA.’ (se transcribe)."
Ahora bien, el Tribunal Colegiado mencionado, sostuvo el mismo criterio al resolver la inconformidad administrativa IA 34/2004-264, de la que se transcribe lo siguiente:
"TERCERO. Alega el inconforme que, para resolver que existe imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en autos del juicio 1618/2003, el Juez de Distrito únicamente valoró la prueba aportada por el director jurídico de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, consistente en la copia certificada del folio real 652562-16, mediante la que se acredita la existencia de una inscripción relacionada con el predio materia de la controversia, en la que se hace constar que por escritura 41120, de cinco de marzo de dos mil cuatro, otorgada ante el notario 165 de la Ciudad de México, Clara Alicia Pino Romero lo vendió a Lucía Ramis Almaraz. Considera que el Juez no advirtió que tal documental no es constitutiva del derecho de propiedad, aunado a que no valoró que al momento de celebrarse la compraventa que ahí consta, Clara Alicia Pino Romero no era propietaria del inmueble citado, ya que el acto que le dio origen a ese derecho fue nulificado con motivo de la ejecutoria de amparo. Señala que el criterio anterior no provoca que la supuesta adquirente del inmueble, Lucía Ramis Almaraz, quede indefensa, ya que puede demandar a Alicia Pino Romero e incluso denunciarla penalmente. Sostiene que la ejecución de la sentencia de amparo no afecta a la sociedad, sino que, por el contrario, le provoca un beneficio, ya que no se obligará al Estado a indemnizar al quejoso con dinero del erario público. Asimismo, aduce que la citada ejecución no afecta a Lucía Ramis Almaraz en mayor proporción de los beneficios que pudiera obtener la parte quejosa, pues el dinero que aquélla pagó por el predio en conflicto representa únicamente el cincuenta por ciento de su valor catastral, lo que además, aduce, demuestra que no fue compradora de buena fe, aunado a que, insiste, quien se lo vendió no era su propietaria. Con la finalidad de examinar las alegaciones anteriores conviene traer a cuentas lo resuelto por el Juez de Distrito, quien estableció que resulta imposible cumplir la ejecutoria de amparo, en virtud de que la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, de la compraventa celebrada entre la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y Alicia Pino Romero afecta derechos de un tercero. Explica que se acreditó durante la tramitación del incidente innominado que Lucía Ramis Almaraz adquirió el inmueble en cuestión el cinco de marzo de dos mil cuatro, por lo que la inscripción de esa operación surte todos sus efectos legales en términos de lo previsto por el artículo 3009 del Código Civil para el Distrito Federal. Concluye señalando que, como la ejecución de la sentencia de amparo afecta derechos de un tercero ajeno a la litis y que no fue escuchado, entonces existe la imposibilidad denunciada por la autoridad responsable. De lo relatado se observa que, como lo alega el inconforme, el Juez de Distrito no tomó en consideración que el efecto del amparo que se otorgó a Guillermo Castillo Melchor, conlleva la insubsistencia de la enajenación que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra efectuó a favor de Clara Alicia Pino Romero, del lote de terreno número dieciséis de la manzana veintinueve, zona dos, del poblado Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, Distrito Federal. Tampoco valoró que la ejecutoria de mérito se pronunció el veintisiete de febrero de dos mil cuatro, por lo que desde
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20341-37fa9cba/contradiccion-de-tesis-debe-declararse-improcedente-cuando-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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