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Modo: Corpus Pro

SUBSIDIO ACREDITABLE. LA DETERMINACIÓN SOBRE EL CÁLCULO DE SU MONTO POR LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE CONSIDERARSE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA SI SE EMITE CON BASE EN EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 141-A, EN RELACIÓN CON EL QUINTO PÁRRAFO DEL NUMERAL 80-A, AMBOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 597/2006. · Registro digital (IUS): 20553
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ERNESTO JÁUREGUI DE LA CRUZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, , Pág. 1645.

AMPARO DIRECTO 597/2006. ERNESTO JÁUREGUI DE LA CRUZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los motivos de inconformidad vertidos por el quejoso, a guisa de conceptos de violación, devienen infundados.

Cabe puntualizar que Ernesto Jáuregui de la Cruz, solicitó al Servicio de Administración Tributaria, el doce de mayo de dos mil cinco, la devolución del numerario consistente en tres mil doscientos cuarenta y seis pesos con cero centavos, después de haber presentado su declaración del ejercicio del año dos mil como persona física, estimando que dicha cantidad a su favor se obtuvo después de acreditar al 100% el subsidio del impuesto sobre la renta que durante dicho ejercicio su empleador le retuvo.

Con oficio 322-SAT-27-I-01653, de veintitrés de mayo de dos mil cinco, la Administración Local de Recaudación de Villahermosa, Tabasco, a través de su titular, dio respuesta a su solicitud, negando la procedencia de su petición, en los términos siguientes:

"No ha lugar a lo solicitado, toda vez que si bien es cierto que de acuerdo al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales, también lo es que en su caso, este supuesto no se cumple, en virtud que el impuesto sobre la renta fue determinado sin observar lo dispuesto en el artículo 141-A de la ley de la materia, el cual señala que los contribuyentes gozarán de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 141 de la ley en comento, por lo que el subsidio se calculará considerando el ingreso y el impuesto marginal determinado conforme a la tarifa contenida en el artículo 141 de esta ley; dicho subsidio se calculó conforme al procedimiento descrito en el artículo 80-A de la ley citada, mismo que en el párrafo cuarto establece el cálculo para determinar la proporción que debe aplicarse al subsidio total, a fin de determinar el monto del subsidio acreditable y no acreditable; procedimiento con el que no cumplió en el cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio 2000, por lo que se determina que no tiene saldo a favor. Esta administración local de recaudación, en consideración a lo anterior, le comunica que es improcedente la solicitud de devolución que hace valer el contribuyente, en atención a que no puede considerarse de manera alguna que se reúnan los requisitos establecidos en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que no existe obligación por parte de esta autoridad fiscal a devolver cantidad alguna que según el contribuyente fue pagada indebidamente o en la que se trate de cumplimentar alguna resolución o sentencia firme de autoridad competente, ya que si bien es cierto que el contribuyente por el ejercicio fiscal en cuestión, sólo percibió ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, también lo es que la Ley del Impuesto sobre la Renta, al regular el subsidio de que gozarán las personas físicas que prestan un servicio personal subordinado, contra el impuesto que resulte a su cargo, establece en el antepenúltimo párrafo del artículo 141-A, la forma como debe calcularse el subsidio, atribuyéndole al patrón la obligación de expedir la constancia y realizar el cálculo correspondiente, débito que es explicable y congruente con la interpretación sistemática de los artículos 80, 80-A, 82 y 82, fracciones II, III, inciso b), que establecen que en el caso de los contribuyentes mencionados, el patrón tiene el deber legal de efectuar el cálculo del subsidio a que tengan derecho contra el impuesto, en atención a la información que por su naturaleza, es obvio que solamente se encuentra a su alcance, por ello, no es jurídicamente admisible que el trabajador, so pretexto de que el precepto establece una obligación a cargo del empleador, pueda calcular, rendir su declaración anual del impuesto sobre la renta, de acuerdo con lo establecido por el artículo 141-A, antepenúltimo párrafo, cuando éste regula en forma expresa, lógica y justificable el mecanismo o procedimiento que debe seguir para obtener dicho cálculo, que es mediante la información contenida en la constancia de percepciones y retenciones emitidas y entregadas por su retenedor, Pemex Gas y Petroquímica Básica, por sí o a requerimiento de aquél; no puede llegarse a la conclusión de que resulta factible que el cálculo se realice libremente y a criterio del propio contribuyente ... Ahora bien, el artículo 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que los contribuyentes gozarán de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo, el cual se calculará considerando el ingreso y el impuesto determinado conforme a la tarifa contenida en el artículo 141 de la ley de la materia; situación que no se actualiza en el caso concreto, toda vez que el subsidio determinado en su declaración anual normal en cantidad de $11,248.00 es incorrecto, ya que debió tomar en cuenta el monto del subsidio acreditable y no acreditable proporcionado por el empleador, calculados conforme al procedimiento descrito en el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual le proporcionó mediante ‘constancia de retenciones por salarios y conceptos asimilados’, correspondiente al ejercicio 2000, misma que anexó a su solicitud de devolución. Derivado de lo anterior, se observa que al aplicar incorrectamente el contribuyente el subsidio acreditable determinado, existe una diferencia de impuesto a su cargo en cantidad de $353.00, por tanto, al haber presentado ante la institución de crédito Santander Serfín, S.A, con fecha 10 de mayo de 2005, su declaración anual normal por el ejercicio 2000, con saldo a favor en cantidad de $3,246.00 al cual no tiene derecho, deberá presentar declaración complementaria para efectos de pagar el impuesto correspondiente con sus respectivos recargos y actualizaciones de conformidad con los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación ..."

Inconforme con tal determinación, el ahora quejoso hizo valer el recurso de revocación ante el administrador local jurídico de Villahermosa, Tabasco, quien emitió la resolución contenida en el oficio 325-SAT-27-3196, de treinta y uno de agosto de dos mil cinco, en cuyo punto resolutivo primero precisó:

"PRIMERO. Se confirma la resolución contenida en el oficio número 322-SAT-27-I-01653, de fecha 23 de mayo de 2005, emitida por la Administración Local de Recaudación de Villahermosa, en la que determina créditos fiscales a cargo de Ernesto Jáuregui de la Cruz, en cantidad de $353.00, debiendo enterar dicha contribución cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, respecto de la actualización y recargos generados por falta de pago oportuno, derivado de la solicitud de devolución de saldos a favor, por las razones y fundamentos precisados en los motivos de esta resolución."

Esta última determinación fue combatida a través del juicio de nulidad, mediante escrito fechado el diecisiete de noviembre de dos mil cinco, recibido en la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el veintinueve siguiente, admitida a trámite por el Magistrado instructor, el uno de diciembre de esa anualidad, registrándose con el número 1975/05-19-01-8, cuya resolución se emitió el trece de marzo de dos mil seis, determinándose reconocer la validez de la resolución impugnada, cuyas características han quedado precisadas en líneas que anteceden.

En sus conceptos de violación, Ernesto Jáuregui de la Cruz, alega sustancialmente que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, en virtud de que el acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación que exige el segundo de los numerales en cita, además de ello, porque los dispositivos 80, 80-A, 141 y 141-A, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente durante el ejercicio dos mil, no expresan de manera literal que al contribuyente asalariado (como es su caso), deba aplicarse la proporción del subsidio que determina su empleador, citando como base de su motivo de disentimiento, el criterio jurisprudencial que emitió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro: "SUBSIDIO ACREDITABLE. LA APLICACIÓN, DETERMINACIÓN Y EXCEPCIÓN PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 80-A Y 141-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO CONSTITUYEN UNA REGLA GENÉRICA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 1o. DE ENERO DE 2002)."

Dice además que del texto de la tesis referida, se advierte la exclusión en la aplicación del subsidio acreditable determinado por el patrón, a los trabajadores que sólo reciban ingresos por concepto de sueldos y salarios, sin que de la ley se establezca expresamente la obligación del trabajador con un sólo ingreso, de aplicarse esa proporción; arribando a dicha conclusión por el hecho de que ese subsidio lo aplica el patrón en el cálculo de los impuestos retenidos a sus trabajadores, por lo que no sería legal ni procedente que también al empleado se aplique nuevamente esa proporción en su declaración anual.

Que la determinación y aplicación de la proporción de subsidio es obligación del patrón, por la diversa que tiene de efectuar retenciones de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, siendo ésta la interpretación estricta de la ley que pretende imponer la autoridad responsable, pero esa aplicación sólo se contempla cuando el contribuyente, además de los ingresos por salarios, perciba otros ingresos, pues entonces es cuando deberá restar del monto del subsidio acreditable, una cantidad equivalente al subsidio no acreditable, como lo prevé el último párrafo del numeral 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por ende, concluye que como él únicamente recibió ingresos por sueldos y salarios, se le debe aplicar el 100% del subsidio acreditable y no la proporción determinada por su empleador.

Como se anunció, sus motivos de inconformidad así vertidos, resultan ser infundados.

Previo al análisis de los argumentos reseñados, conviene precisar que el artículo 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año dos mil, establecía el procedimiento que debía seguirse para calcularse el subsidio acreditable y no acreditable, otorgándole al patrón la obligación de realizar el cálculo correspondiente y expedir al trabajador la constancia de retenciones respectiva; por su parte, el numeral 80-A de la legislación citada, especificaba las operaciones matemáticas necesarias para determinar el subsidio acreditable, lo cual implica que el empleado debe tomar en cuenta el coeficiente determinado por el empleador para realizar la declaración anual correspondiente; en ese sentido, al aplicar el mecanismo para determinar este último, contra el impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores deben tomarse en cuenta los gastos efectuados por el patrón en relación con las prestaciones sociales y los servicios adicionales otorgados a los empleados (servicios de comedor, comida, así como transporte proporcionados a aquéllos), lo que implica que estos conceptos repercutan materialmente en la base gravable del impuesto, en la medida en que se traducen en un ingreso para el trabajador que ha disfrutado de esos beneficios, de ahí que esa proporción de ingreso deba disminuirse del subsidio acreditable.

De lo que se obtiene que, en todo caso, cada trabajador debe pagar el tributo de referencia, tomando como base el ingreso realmente percibido, de ahí que por lo que hace a los trabajadores asalariados, como en el caso del peticionario de amparo, se haya establecido un subsidio acreditable contra el impuesto sobre la renta a su cargo, dado su nivel de ingreso pero tomando en cuenta las prestaciones que, en su caso, reciba del patrón, pues las normas que regulan la forma de pago del impuesto sobre la renta, no favorecen por igual o en la misma proporción a todos los trabajadores, sino que el beneficio del subsidio era proporcionalmente mayor para los trabajadores con menos ingresos y, por ende, menor para los de mayores ingresos.

En efecto, la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil, establecía el régimen fiscal en el que debían tributar las personas físicas asalariadas, por los ingresos que derivaban de la relación laboral, incluyendo la participación que tuvieran en las utilidades de la empresa, así como las prestaciones que recibían como consecuencia de su terminación; desprendiéndose además que quienes tributaban bajo ese esquema tenían obligación de hacer pagos provisionales mensuales (mediante retención que hiciera el patrón), que se calculaba para los ejercicios anteriores al dos mil, con la tarifa prevista en el artículo 80 de la abrogada Ley del Impuesto sobre la Renta, numeral que a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y uno, fue adicionado con un diverso 80-A; en los aludidos numerales, el legislador estableció un subsidio mensual a favor de las personas físicas sin actividad empresarial, que disminuye el monto del pago provisional, que se entera a cuenta del impuesto anual.

Ahora bien, en aras de lograr la proporcionalidad que como imperativo para las contribuciones establece el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, se estableció que no gozarán del subsidio los asalariados que tengan una proporción de prestaciones de previsión social inferior al cincuenta por ciento (50%), de tal manera que los menos beneficiados con las prestaciones sociales reciban un subsidio mayor, llegando al extremo de cancelar el derecho a éste respecto a los asalariados que reciban mayores prestaciones.

El anterior razonamiento encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia identificada con el número 2a./J. 19/2001, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó al precisar, entre otras cosas, la finalidad del subsidio previsto en el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consultable en la página 253, Tomo XIII, junio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto:

"RENTA, IMPUESTO SOBRE LA. PARA OBTENER LA PROPORCIÓN APLICABLE PARA CALCULAR EL MONTO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE CONTRA ESE TRIBUTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 80-A DE LA LEY RELATIVA, DEBEN INCLUIRSE LAS CUOTAS PATRONALES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DENTRO DE LAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS. Si se toma en consideración, por un lado, que conforme a lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla prevista en el propio artículo, disminuido en el monto que se obtenga de multiplicarlo por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por los conceptos señalados, proporción que se calculará para todos los trabajadores del empleador dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto, entre el total de las erogaciones efectuadas en el mismo ejercicio por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo y, por otro, que la intención del legislador al establecer el citado subsidio, no fue la de beneficiar por igual o en la misma proporción a todos los trabajadores, sino que pretendió que el beneficio fuera proporcionalmente mayor para los trabajadores con menos ingresos y proporcionalmente menor para los que perciban ingresos mayores, así como que el beneficio aumente proporcionalmente en la medida en que el contribuyente reciba menos prestaciones exentas y disminuya proporcionalmente, según se perciban más prestaciones exentas, resulta inconcuso que para obtener la proporción aplicable a fin de determinar el monto del mencionado subsidio, deben incluirse las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro del total de las erogaciones efectuadas por los empleadores relacionadas con la prestación de los servicios personales subordinados. Ello es así, porque si bien es cierto que tales cuotas tienen el carácter de contribuciones, específicamente de aportaciones de seguridad social, en términos de lo previsto por el artículo 2o., fracción II, del Código Fiscal de la Federación, también lo es que constituyen gastos de previsión social a cargo de los empleadores, que representan para los trabajadores percepciones a través del depósito en sus cuentas individuales dentro de los sistemas de ahorro para el retiro, de las cuotas relativas al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de las aportaciones de vivienda, así como prestaciones que les permiten quedar asegurados contra eventualidades protegidas por los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales. Además, de no incluirse dichas cuotas dentro de las erogaciones referidas, se provocaría que algunas de las prestaciones de seguridad social que perciben los trabajadores con motivo de los gastos que en ese renglón realiza el patrón, no se consideraran para determinar la proporción aplicable para calcular el monto del subsidio acreditable, aun cuando estuvieran exentas del pago del impuesto, con lo cual no se alcanzaría el señalado propósito del legislador, porque al percibir los trabajadores las prestaciones en efectivo o en especie por parte de los institutos de seguridad social al darse los supuestos legales previstos para ello, y al constituir dichas prestaciones ingresos exentos total o parcialmente del pago del impuesto, en términos de lo previsto en el artículo 77 de la ley que regula este impuesto, no se incluirían ya dentro de las erogaciones patronales por concepto de previsión social a pesar de derivar del pago de las cuotas patronales, junto con las que corresponden a los obreros y de la correspondiente aportación estatal."

La proporción a que se ha hecho referencia, debe calcularla el empleador respecto de todos sus trabajadores tomando datos del ejercicio inmediato anterior y que, como se desprende de la jurisprudencia transcrita en el párrafo precedente, resulta de dividir:

"... el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto, entre el total de las erogaciones efectuadas en el mismo ejercicio por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social ..."

Y del resultado depende la existencia del derecho de los trabajadores al subsidio, como lo establece el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues si el resultado obtenido de la aludida división es mayor al cincuenta por ciento (50%), significa que las prestaciones sociales del trabajador son menores en relación al ingreso recibido, por lo que se tiene derecho al subsidio; en contrapartida, si la proporción obtenida es menor al cincuenta por ciento (50%), no se puede hacer uso del subsidio previsto por la ley de la materia.

La anterior operación aritmética resulta primordial a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada en la demanda de garantías; en efecto, para determinar la "proporción de prestaciones sociales" (también llamada "proporción de subsidio") y en observancia a los lineamientos establecidos en la jurisprudencia 2a./J. 19/2001, deben incluirse en el "denominador" o "divisor" de la ecuación aritmética referida, los salarios más todos los gastos e inversiones realizados por el patrón por concepto de prestaciones entregadas a sus trabajadores, entre las que se encuentran el aguinaldo y la prima vacacional, las que constituyen prestaciones mínimas que todo trabajador debe recibir.

Ahora bien, si se resuelve que el trabajador tiene derecho al subsidio, en virtud de que la "proporción de prestaciones sociales" (también llamada "proporción de subsidio") es mayor al cincuenta por ciento (50%), resta determinar qué parte del subsidio que otorga la ley es "acreditable" y qué parte no lo es, dependiendo de las prestaciones sociales que reciba, para lo cual, el artículo 80-A, quinto párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establecía la siguiente mecánica:

"Artículo 80-A.

"... Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido en el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos."

Esta es la fórmula que el legislador dispuso para determinar el monto del subsidio que puede acreditar el trabajador contra el impuesto sobre la renta a su cargo, de tal suerte que, quien tiene mayores prestaciones recibe un menor subsidio, y dicho subsidio crece en proporción inversa a los menores beneficios recibidos por concepto de prestaciones sociales.

Cabe establecer que, la mecánica de subsidio prevista en el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil, para pagos provisionales, es aplicable al cálculo anual del tributo, por disposición expresa del artículo 141-A del ordenamiento legal en comento, y que para mayor claridad se reproduce a continuación:

"Artículo 141-A.

"... Tratándose de los ingresos a que se refiere el capítulo I de este título, el empleador deberá calcular y comunicar a las personas que le hubieran prestado servicios personales subordinados, a más tardar en el mes de febrero de cada año, el monto del subsidio acreditable y el no acreditable respecto a dichos ingresos calculados conforme al procedimiento descrito en el artículo 80-A de esta ley."

Así las cosas, es de concluir que el quejoso tiene derecho a disminuir del impuesto sobre la renta a su cargo, únicamente el monto del "subsidio acreditable", y no el total del subsidio, pues así resulta de lo establecido por los artículos 80-A y 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicable hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil.

Además, al ser una obligación del patrón el determinar la "proporción de subsidio" a que tienen derecho todos sus trabajadores, el factor que en párrafos anteriores se denominó "proporción de prestaciones sociales", el contribuyente, al momento de calcular el impuesto sobre la renta que le corresponde, debe considerar la "proporción de subsidio" (que en porcentaje o en coeficiente) determinó su patrón y, a partir de ahí, calcular el "monto" que de dicho subsidio es "acreditable" y cuál no lo es, para únicamente considerar el "monto del subsidio acreditable" en la determinación del impuesto sobre la renta del ejercicio y así plasmarlo en su declaración anual, o bien, en su defecto, utilizar el "monto del subsidio acreditable", esto es, la cantidad líquida ya determinada por el empleador en la "constancia de percepciones y retenciones."

Lo anterior es así, pues no es jurídicamente aceptable que el cálculo previsto en los numerales que se examinan, se realice libremente y a criterio del propio contribuyente ahora quejoso, sin tomar en cuenta el "coeficiente" o "porcentaje" determinado por el patrón, en virtud de que el procedimiento que habrá de observarse, por tratarse de una subvención concedida por la ley a los asalariados para que paguen menos impuestos, es forzosamente el que en forma expresa prevé el artículo 141-A en consulta, y si dicho precepto, para el cálculo del impuesto y la determinación del subsidio acreditable, tratándose de personas que obtienen ingresos por salarios o conceptos asimilables, remite al procedimiento previsto por el artículo 80-A de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta, entonces es inconcuso que aun cuando se considere que el empleado o contribuyente puede presentar su declaración (ya sea en forma opcional o bien, por encontrarse obligado a ello), y que en atención al principio de autodeterminación de los impuestos, puede calcular el "monto" del subsidio acreditable aplicable contra el impuesto a cargo, deberá seguirse el procedimiento del citado 80-A, observando para ello la "proporción" de subsidio (qué porcentaje o coeficiente) determinó su patrón.

Adicionalmente, debe destacarse que los empleadores son quienes tienen a su alcance los medios necesarios y los datos requeridos para calcular el "coeficiente" o "porcentaje" de subsidio acreditable, pues no debe perderse de vista que dicha proporción se calcula por todos los trabajadores del empleador; por esa razón, no es viable que el trabajador pueda calcular la "proporción de subsidio" (en porcentaje o coeficiente), necesario para rendir su declaración anual del impuesto sobre la renta, soslayando lo establecido en el artículo 141-A, antepenúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando éste regula en forma expresa, el mecanismo o procedimiento que debe seguir al realizar dicho cálculo, que es mediante la constancia que debe entregarle el empleador por sí o a requerimiento de aquél, por remisión expresa al diverso precepto 80-A de la propia ley.

Este órgano colegiado considera que la anterior conclusión, esto es, que al quejoso no le corresponde el cien por ciento (100%) del subsidio acreditable a que alude el artículo 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil, sino únicamente la proporción que se obtiene del procedimiento que en dichos numerales se indica, se robustece con la interpretación sistemática de dichos numerales, como se verá a continuación:

El primer párrafo del artículo 141-A de la abrogada Ley del Impuesto sobre la Renta, se encontraba redactado en los siguientes términos:

"Los contribuyentes a que se refiere este título gozarán de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo anterior."

De la manera en que está redactado este numeral, es evidente que el "subsidio" le es aplicable a todos los contribuyentes, personas físicas; por tanto, dicho beneficio fiscal les resulta aplicable a quienes tributan en los regímenes de: a) "sueldos y salarios"; b) "honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente"; c) "arrendamiento" y en general por otorgar el uso o goce "temporal de inmuebles"; d) "enajenación de bienes"; e) "ingresos por adquisición de bienes"; f) por "actividades empresariales", ya sean del régimen general, del régimen simplificado, o bien, del régimen de pequeños contribuyentes; g) "ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por las personas morales"; h) "ingresos por intereses"; i) "ingresos por obtención de premios"; y, j) "de los demás ingresos de las personas físicas."

El segundo y tercer párrafos del numeral en comento, se refieren al cálculo del subsidio y establecen literalmente lo siguiente:

"El subsidio se calculará considerando el ingreso y el impuesto determinado conforme a la tarifa contenida en el artículo 141 de esta ley, a los que se les aplicará la siguiente:

"(Tabla correspondiente actualizada)

"El impuesto marginal mencionado en esta tabla es el que resulte de aplicar la tasa que corresponda en la tarifa del artículo 141 de esta ley al ingreso excedente del límite inferior."

Los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal se le disminuye el límite inferior de la tabla del artículo 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y al resultado, conocido como "excedente del límite inferior", se le multiplica la tasa señalada en la tarifa del artículo 141, obteniendo así el impuesto marginal del artículo 141-A; dicho impuesto marginal, se multiplica por el porcentaje de "subsidio del renglón correspondiente de la tabla, y al resultado se le adiciona la cuota fija establecida en la propia tabla que se analiza, lo que arroja el subsidio al cien por ciento (100%)" del ejercicio fiscal, quedando únicamente por determinar la parte acreditable de dicho subsidio.

Cabe señalar que el apuntado procedimiento, encuentra sustento, por analogía, en la jurisprudencia identificada con el número 2a./J. 47/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 446, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en forma literal dice:

"SUBSIDIO ACREDITABLE. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 80 Y 80-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (VIGENTE EN EL AÑO 1999). De los artículos 80 y 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 1999 (artículos 113 y 114, respectivamente, de la ley vigente en el ejercicio fiscal de 2004), se desprende que las personas que perciben ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado gozan del beneficio fiscal denominado subsidio acreditable en contra del impuesto a su cargo. Ahora bien, cuando el indicado artículo 80-A establece que para el cálculo de dicho subsidio debe consi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20553-8b2b5b83/subsidio-acreditable-la-determinacion-sobre-el-calculo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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