RECONSIDERACIÓN. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, NO ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 248/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO Y DÉCIMO PRIMERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentaron Tribunales Colegiados de Circuito al resolver recursos de revisión en materia administrativa que, por razón de la materia, son de la competencia exclusiva de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la autoridad señalada como responsable en los juicios de amparo de los que derivan los recursos de revisión cuyas resoluciones se estiman divergentes.
Con el propósito de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben.
TERCERO. Las consideraciones sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veinticuatro de mayo de dos mil seis, el amparo en revisión 84/2006, en lo que al presente asunto interesa, son del siguiente tenor literal:
"QUINTO. El agravio hecho valer, es infundado. En síntesis alega la inconforme, que la sentencia recurrida resulta violatoria de los artículos 1o., 2o., 73 y 77 de la Ley de Amparo, pues fue incorrecto que la Juez del conocimiento sobreseyera en el juicio, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, del citado ordenamiento; bajo el argumento sustancial de que el quejoso debió promover en contra del acto reclamado, previo al juicio de garantías, juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ya que con este medio de defensa pudo modificar, revocar o nulificar dicho acto; cuestión que es ilegal, considera la inconforme, pues la a quo aplicó e interpretó equivocadamente los artículos 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 202, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, así como también las tesis citadas en la sentencia de mérito. Continúa la impetrante, que en el caso concreto, el artículo 11, fracción XV, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no fundamenta la competencia de dicho tribunal para conocer específicamente del acto reclamado, así como tampoco ninguna otra fracción de las previstas en el citado numeral; lo anterior, en virtud de que la Ley Federal de Competencia (que rige al acto reclamado), no le atribuye competencia al citado tribunal para conocer de los actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia, ni mucho menos de las resoluciones que se dictan con motivo de los recursos de reconsideración sustanciados ante ella. En el mismo orden de ideas, sostiene la recurrente que igualmente resulta infundado que la Juez Federal, considerara que el citado tribunal sea competente para conocer del acto reclamado con base en el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, en relación con la fracción XV del artículo 11 de su ley orgánica, bajo el sustento de que ese precepto constitucional le otorga facultades para dirimir cualquier controversia que se suscite entre la administración pública federal y los particulares; cuestión que la impetrante considera ilegal, sosteniendo al respecto que dicho precepto constitucional más bien se refiere a las facultades del Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de la legalidad de los diversos actos, siendo su ley orgánica la que debe prever sus facultades específicas, sin que pueda derivarse de citado precepto constitucional de forma automática la competencia del referido tribunal; pues de considerarlo de ese modo, sostiene la recurrente, prácticamente se acabaría con la institución del juicio de amparo indirecto, de ahí que la Juez pretenda hacer extensiva la competencia del citado tribunal federal para conocer de cualquier controversia suscitada entre la administración pública federal y un particular. Por lo que concluye la recurrente, que la competencia del referido tribunal para dirimir las cuestiones suscitadas entre la administración pública federal y los particulares deriva específicamente de las hipótesis previstas en el artículo 11 de su ley orgánica. En el mismo sentido, continúa manifestando la agraviada, que la Juez de Distrito pasó por alto que el acto reclamado constituye en sí mismo, una excepción al principio de definitividad contemplado en la parte final de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues no existe obligación de la recurrente de agotar previamente algún recurso ordinario, y no por el hecho de encontrarse en un caso de excepción, sino simplemente porque en su contra no procede ningún recurso, juicio o medio de defensa legal ordinario, toda vez que éste proviene de un recurso ordinario (recurso de reconsideración) previsto en la Ley Federal de Competencia Económica, respecto del cual no existe otro medio de defensa para combatirlo. Por lo anterior, considera la impetrante, que sí agotó el recurso ordinario previsto en la ley de la materia. El agravio narrado con antelación es infundado, atento a las consideraciones que se exponen a continuación. La Juez de Distrito en la sentencia recurrida determinó sobreseer en el juicio de garantías, con apoyo en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, y al efecto manifestó que en términos del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, es atribución del Congreso de la Unión expedir leyes que instituyan Tribunales de lo Contencioso Administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. Que, por otra parte, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, expedida con base en el citado artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, en su artículo 11, fracción XV, establece que el mencionado tribunal conocerá de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal. Que en consecuencia, si el acto reclamado consiste en la resolución de veintisiete de mayo de dos mil cinco, dictada por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, en el expediente número RA-05-2005, en la cual se declara infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la parte quejosa en contra de la opinión definitiva de fecha cuatro de febrero de dos mil cinco, es una resolución que dirime una controversia entre la administración pública federal y un particular, entonces es procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, fracción XV, de la ley orgánica del citado tribunal, en relación con el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Carta Magna (fojas 270 a 272). Determinación anterior que este tribunal estima acertada, en virtud de las siguientes consideraciones: El artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, otorga a los Tribunales Contenciosos Administrativos una competencia amplia, sin acotarla a alguna materia o circunstancia en particular, pues la única limitante que señala es que estos órganos jurisdiccionales dirimirán las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares; a fin de corroborar lo anterior, resulta conveniente transcribir dicho numeral (transcribe). De la interpretación literal y teleológica del precepto supracitado, se colige que los Tribunales Contencioso Administrativos están dotados de autonomía para dictar sus fallos y tienen como finalidad dirimir cualquier controversia que se suscite entre la administración pública federal y los particulares, sin que el numeral restrinja, delimite o acote dicha facultad, razón por la cual, debe entenderse que su competencia es amplia en tanto resuelva controversias entre los particulares y los entes gubernamentales, numeral constitucional cuyo alcance y contenido se extiende y permea a las reglas competenciales de su ley orgánica en razón del principio de supremacía constitucional, ya sea que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa actúe como órgano jurisdiccional de mera anulación o de plena jurisdicción. En efecto, la competencia del citado tribunal debe ser entendida de forma amplia y genérica para no desproteger sino privilegiar el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, de manera que se haga efectivo el derecho fundamental a la impartición de justicia por tribunales de forma pronta, completa e imparcial, sin que sea óbice lo que normas secundarias puedan señalar, pues son derrotadas por el mandato constitucional que establece una competencia amplia al citado tribunal. Al respecto, es aplicable la tesis número 487, citada por la Juez de Distrito en la resolución recurrida, de este órgano colegiado, publicada en el Tomo XXI, junio de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, visible en el página ochocientos setenta y siete, del tenor literal siguiente: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA EMITIR SUS FALLOS, NO OBSTANTE LO QUE SEÑALEN LAS LEYES SECUNDARIAS, YA SEA QUE ACTÚE COMO TRIBUNAL DE MERA ANULACIÓN O DE PLENA JURISDICCIÓN.’. Aunado a lo anterior, debe atenderse al hecho de que según los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es actualmente un tribunal de plena jurisdicción, y no sólo de simple anulación, por lo que es evidente que cuenta con plenas facultades para emitir una sentencia que defina, establezca y declare cuales son los derechos subjetivos de las partes en el conflicto, tal como lo establece el artículo 239, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. Es aplicable a la anterior consideración el criterio I.4o.A.372 A emitido por este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Tomo XVI, septiembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1466, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. MODELO DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MIXTO.’ (transcribe). Igualmente es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 41/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 226, Tomo XI, mayo de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SENTENCIA DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL CUMPLIMIENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OCASIONA LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN ACATAMIENTO DE ELLA.’ (transcribe). De las tesis transcritas se desprende que el Código Fiscal de la Federación actualmente adopta para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un modelo de jurisdicción contencioso administrativo mixto, consistiendo este en: a) objetivo o de mera anulación; y, b) subjetivo o de plena jurisdicción. Al respecto, cabe manifestar que el primer modelo tiene la finalidad de controlar la legalidad del acto y restablecer el orden jurídico violado, teniendo como propósito tutelar el derecho objetivo, es decir, su fin es evaluar la legalidad de un acto administrativo y resolver sobre su validez o nulidad; y en el segundo modelo, el tribunal está obligado a decidir la reparación del derecho subjetivo, caso en el cual la sentencia tiene el alcance no sólo de anular el acto, sino también de fijar el contenido y alcance de los derechos del inconforme y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos; es decir, en estos casos, será materia de la decisión la conducta de una autoridad administrativa a efecto de declarar y condenarla, en su caso, al cumplimiento de una obligación preterida o indebidamente no reconocida en favor del administrado, lo cual no significa una sustitución de facultades propias e inherentes de la autoridad administrativa demandada, ya que la facultad conferida actualmente al tribunal de referencia establece que previa la declaratoria de nulidad deberá pronunciarse sobre la existencia del derecho subjetivo y formular la condena, indicando la manera y términos en que se vincula al demandado a un dar, hacer o no hacer, de tal suerte que se restablezca el equilibrio jurídico violado. Por lo anterior y siguiendo las consideraciones hechas en líneas anteriores, se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no es tan solo un tribunal de simple o mera anulación, sino que cuenta con plena jurisdicción para emitir una sentencia que dilucide la existencia y contenido de los derechos subjetivos en disputa y, en este orden de ideas, si el acto impugnado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es de carácter administrativo y por lo mismo puede conceptuarse como la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa, entendido también como una resolución administrativa que se pronuncia respecto de un derecho subjetivo que luego es ventilado y discutido en el juicio contencioso administrativo, es evidente e indiscutible que el tribunal revisor debe evaluar el mérito de tal decisión como acto de voluntad que es, asumida por la Comisión Federal de Competencia, calificando su legalidad y la justificación pertinente. En ese tenor, se concluye que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está facultado para analizar si fue legal o no la determinación adoptada en el recurso de reconsideración previsto en el artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica y, en consecuencia, es indiscutible que dicho tribunal tiene competencia para ello, por lo que se debió agotar el principio de definitividad antes de promover el juicio de garantías. No obsta a la anterior determinación, la manifestación de la recurrente en el sentido de que en el caso existe una excepción al principio de definitividad, ya que el recurso de reconsideración previsto en la Ley Federal de Competencia Económica es el único medio de defensa legal ordinario, cuestión por la que considera que sí agotó dicho principio; toda vez que por recursos administrativos, jurisprudencial y doctrinalmente, se entienden aquellos resueltos por la dependencia o institución emisora del acto impugnado, ya sea directamente por la autoridad a quien se atribuye el acto de autoridad o por su superior jerárquico, en los que se pueden plantear cuestiones de legalidad relativas a la determinación combatida, y en algunos casos, violaciones a las formalidades del procedimiento que originaron aquella. Sin embargo, éstos no constituyen un acto jurisdiccional material o formalmente hablando, toda vez que en su resolución no interviene un órgano independiente que dirima la controversia. En relación con lo anterior, de los antecedentes del acto reclamado, claramente se advierte que: El Pleno de la Comisión Federal de Competencia emitió el cuatro de febrero de dos mil cinco una resolución en el expediente OPN-10-04; inconforme con tal determinación la hoy recurrente, interpuso el recurso de reconsideración, previsto en la propia Ley Federal de Competencia Económica; seguidos los trámites, el Pleno de dicha comisión, mediante la resolución dictada en el expediente número RA-05-2005 de veintisiete de mayo de dos mil cinco, declaró infundado el recurso de reconsideración y confirmó su diversa resolución de cuatro de febrero de dos mil cinco, siendo ésta resolución el acto reclamado en el juicio de garantías que hoy se revisa. Al respecto, este tribunal estima que si bien es cierto, con la resolución del referido recurso de reconsideración, se puede considerar que la recurrente sí agotó el principio de definitividad, pues esa resolución se tramita ante la propia autoridad, no menos verdad resulta que no se puede estimar como un acto formal o materialmente jurisdiccional, toda vez que en dicha resolución no interviene un órgano independiente que dirima la controversia, como en el caso lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; de ahí que el acto reclamado no pueda presumirse como una resolución definitiva, ya que ésta es susceptible de ser modificada, revocada o nulificada ante la promoción del juicio contencioso administrativo, pues sólo ante el fallo en dicha instancia la controversia administrativa en estudio, podrá adquirir el carácter de definitiva para efecto de la promoción del juicio de garantías. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis LII/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, a foja trescientos cuatro, y que a continuación se transcribe: ‘RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. NO IMPLICAN EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.’ (transcribe). Por lo anterior, es que se considera que la resolución emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia contenida en el expediente RA-05-2005 (acto reclamado), contrario a lo sostenido por la impetrante, no constituye una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de garantías; pues como ya quedó demostrado, dicha resolución apenas puede considerarse definitiva, para efectos de procedencia del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y no así procedente para la promoción del juicio de amparo; por tanto, no asiste razón a la inconforme en el aspecto analizado. Atento a lo expuesto con antelación, resulta irrelevante el argumento del agraviado en el sentido de que las tesis que citó la Juez Federal de rubros: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA EMITIR SUS FALLOS, NO OBSTANTE LO QUE SEÑALEN LAS LEYES SECUNDARIAS, YA SEA QUE ACTÚE COMO TRIBUNAL DE MERA ANULACIÓN O DE PLENA JURISDICCIÓN.’ y ‘SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES COMPETENTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA QUE REGULA ESE PROGRAMA.’, no son aplicables, pues fueron indebidamente interpretadas por la a quo, ya que no están relacionadas al caso en particular, toda vez que ello no varía la conclusión a la que ha arribado este Tribunal Colegiado, consistente en que contra la resolución que constituye el acto reclamado en el juicio que se revisa, procede el juicio contencioso administrativo. En las relatadas condiciones, al no haberse demostrado la incorrecta actuación de la Juez de Distrito, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida, en la materia de la revisión, y sobreseer en el juicio de amparo que se revisa."
La ejecutoria antes transcrita, dio origen a la tesis de rubro, texto y datos de publicación siguientes:
"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. TIENE FACULTADES PARA ANALIZAR LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. Conforme a la tesis de este Tribunal Colegiado que aparece bajo el rubro: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA EMITIR SUS FALLOS, NO OBSTANTE LO QUE SEÑALEN LAS LEYES SECUNDARIAS, YA SEA QUE ACTÚE COMO TRIBUNAL DE MERA ANULACIÓN O DE PLENA JURISDICCIÓN.’ (tesis I.4o.A.487 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, correspondiente al mes de junio de 2005, página 877), los Tribunales de lo Contencioso Administrativo están dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y tienen a su cargo dirimir cualquier controversia que se suscite entre la administración pública federal y los particulares, es decir, su competencia debe ser entendida en la forma más amplia y genérica para no desproteger sino privilegiar la garantía de acceso a la justicia consagrada en el artículo 17 constitucional. En ese tenor, se concluye que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra facultado para analizar si fue legal o no la decisión del pleno de la Comisión Federal de Competencia, al resolver el recurso de reconsideración previsto en el artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, máxime que el citado tribunal está obligado a decidir la reparación del derecho subjetivo pudiendo no sólo anular el acto, sino también fijar los derechos del inconforme y condenar a la administración a restablecerlos y hacerlos efectivos.
"Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
"Amparo en revisión 84/2006. Tele Azteca, S.A. de C.V. 24 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández." (No. Registro: 174,158. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, septiembre de 2006. Tesis I.4o.A.544 A. Página 1541).
CUARTO. Las consideraciones sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintisiete de noviembre de dos mil seis, el amparo en revisión con número de registro 418/2006, en lo que al presente asunto interesa, son del siguiente tenor literal:
"QUINTO. Por cuestión de técnica jurídica, este Tribunal Colegiado procede en primer lugar al análisis de los argumentos hechos valer por la autoridad recurrente en su recurso de revisión que se encuentran dirigidos a combatir la procedencia del juicio de garantías que se revisa. Así las cosas, la autoridad responsable recurrente aduce en su primer concepto de agravio, en síntesis lo siguiente: ... Que el recurso de reconsideración materia del presente amparo consiste en una controversia suscitada entre la administración pública federal (Comisión Federal de Competencia) y un particular, y por ende, la autoridad facultada para dirimirla, es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a través del juicio contencioso administrativo, en virtud de que existe un medio ordinario de defensa que puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y bajo esta hipótesis la hoy quejosa debió agotarlo, antes de acudir al juicio de amparo y, por tanto, la a quo debió sobreseer el juicio de garantías, por no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio de amparo. ... Lo que sostiene la autoridad recurrente en su primer concepto de agravio resulta infundado en virtud de las siguientes consideraciones. ... Así las cosas, si el acto reclamado lo constituye una ley en sí misma considerada y su acto de aplicación, el agraviado no está constreñido a agotar ningún recurso, juicio o medio de defensa legal que se establezca para atacar el acto de autoridad, pues sin acudir a ningún otro conducto ordinario de impugnación puede ocurrir directamente al amparo. ... En esas circunstancias, si con base en el tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo -excepción al principio de definitividad-, se decidió impugnar una ley en amparo indirecto, ello con motivo de su primer acto concreto de aplicación, este Tribunal Colegiado considera que no opera la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la ley de la materia, porque para colocarse en ese supuesto, tendría que prepararse el juicio agotando el principio de definitividad y, como se dijo, al acogerse el gobernado al texto de la excepción citada, queda relevado de acatar el principio en comento, pudiendo acudir al amparo inmediatamente. ... Fijados los razonamientos anteriores, aplicados al problema jurídico que se debe resolver, se llega a la conclusión de que si la parte quejosa optó por hacer valer un medio de defensa legal en contra del primer acto de aplicación de una ley heteroaplicativa -recurso de reconsideración-, no se considera consentida la ley por ese simple hecho, puesto que interpuso el juicio de amparo dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que le fue notificada la resolución del medio de defensa legal en comento, por lo que resulta evidente que no se encuentra obligado a cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo con base en la excepción contenida en el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, como contrariamente lo sostiene la autoridad recurrente en el agravio en estudio. A mayor abundamiento a la consideración anterior, cabe señalar que, en la especie, el acto que se reclama consiste en la resolución de seis de abril de dos mil seis, en el expediente número RA-02-2006, por la cual se resuelve el recurso de reconsideración promovido por la quejosa en contra de la resolución del diez de noviembre de dos mil cinco, emitida en el expediente CNT-79-2005, en la cual la Comisión Federal de Competencia objetó la concentración solicitada por la parte quejosa. Ahora bien, para determinar si el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es un medio de defensa apto para revocar, modificar o nulificar las resoluciones que en materia de competencia económica no autoricen una concentración, que sea susceptible de provocar la improcedencia del amparo por falta de cumplimiento al principio de definitividad, resulta necesario, en primer término, atender al contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que respectivamente dicen: ‘Artículo 107.’ (transcribe). ‘Artículo 73.’ (transcribe). El texto de los preceptos transcritos consagra la improcedencia del juicio de amparo en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Como ya se ha señalado, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que la norma constitucional alude a los medios ordinarios de impugnación en relación con la ley que los establece, mientras que la Ley de Amparo refiere expresamente a las leyes que rijan el acto reclamado, situación que obliga a realizar una interpretación jurídica de tales expresiones, para determinar cuál debe considerarse como la ley susceptible de consagrar los medios ordinarios de defensa que deben agotarse previamente al juicio de garantías. ... Además, cabe destacar que, en materia administrativa, cuando los actos son emitidos por autoridades distintas a las judiciales, en ocasiones, existe la posibilidad de su impugnación en la propia sede administrativa, generalmente ante el superior jerárquico o autoridad designada por la norma para conocer del recurso relativo, o bien, a través del juicio de nulidad ante los Tribunales Contenciosos Administrativos instituidos para tal efecto, siendo que, por su distinta naturaleza impugnativa, es posible que los recursos administrativos y los juicios de anulación no se encuentren regulados en un mismo ordenamiento legal. Tal es el caso de la competencia jurisdiccional del Tribunal Fiscal de la Federación, a través del juicio de nulidad o contencioso administrativo, que se encuentra prevista en el artículo 11 de su ley orgánica, cuyas hipótesis de procedencia comprenden varios supuestos de actos administrativos y recursos resueltos en sede administrativa tendientes a revocar, modificar o nulificar dichos actos, como se aprecia del texto de las diversas fracciones de ese dispositivo: ‘Artículo 11.’ (transcribe). Las hipótesis de procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, establecidas en el precepto legal transcrito, actualizan la existencia de un medio ordinario de defensa susceptible de revocar, nulificar o modificar los actos administrativos enumerados en ellas, al constituir la ley que los rige, por cuanto a que los regula y alude a ellos de manera específi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20911-e169fd0f/reconsideracion-la-resolucion-dictada-en-el-recurso-previsto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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