EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATIVA, AL PERMITIR LA ENTREGA DE UN MEXICANO A UN ESTADO EXTRANJERO EN CASOS EXCEPCIONALES A JUICIO DEL EJECUTIVO FEDERAL, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA. EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, AL NO PREVER UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL HECHO DE QUE EL SUJETO RECLAMADO CONTINÚE PRIVADO DE SU LIBERTAD DESPUÉS DE QUE EL ESTADO REQUIRENTE PRESENTA EN TIEMPO LA SOLICITUD FORMAL RELATIVA, NO IMPLICA PROLONGACIÓN DE LA DETENCIÓN NI VIOLACIÓN DIRECTA AL ARTÍCULO 119, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. LO PREVISTO EN SU ARTÍCULO 11, NUMERALES 3 Y 4, NO SIGNIFICA QUE PUEDA PROLONGARSE LA DETENCIÓN PROVISIONAL DEL RECLAMADO.
AMPARO EN REVISIÓN 1375/2005.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIO: ENRIQUE LUIS BARRAZA URIBE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación.
Los preceptos citados disponen lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:
"a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados o por el jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad."
Ley de Amparo.
"Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:
"I. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, cuando:
"a) Habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad."
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"...
"II. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, en los siguientes casos:
"a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad de normas generales, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado una ley federal, local, del Distrito Federal, o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Acuerdo General Plenario 5/2001.
"Tercero. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia conservará para su resolución:
"...
"II. Los amparos en revisión en los que subsistiendo la materia de constitucionalidad de leyes federales o tratados internacionales, no exista precedente y, a su juicio, se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional y, además, revistan interés excepcional, o por alguna otra causa; o bien, cuando encontrándose radicados en alguna de las Salas, lo solicite motivadamente un Ministro."
De los preceptos transcritos se desprende que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 33, inclusive el 35, de la Ley de Extradición Internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, así como el tratado de extradición celebrado el cuatro de mayo de mil novecientos setenta y ocho, entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, subsistiendo en el recurso de revisión el problema de constitucionalidad planteado, excepto por lo que versa sobre el artículo 23 conforme a las razones que se citan en párrafos subsecuentes, siendo el caso considerado de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.
SEGUNDO. Resulta innecesario analizar la temporalidad de los recursos interpuestos por el secretario de Relaciones Exteriores, por el agente del Ministerio Público de la Federación y por la parte quejosa, materia del presente fallo, toda vez que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto realizó el cómputo respectivo en el considerando noveno de su resolución, sin que se advierta inexactitud en el mismo (foja 251 v.).
TERCERO. Es innecesario el estudio de los agravios que hace valer el agente del Ministerio Público de la Federación, toda vez que este Tribunal Pleno advierte que en el presente asunto la citada autoridad no se encuentra legitimada para interponer el recurso de revisión.
El Ministerio Público Federal se encuentra facultado para interponer el recurso de revisión de acuerdo con el artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, sin embargo dicha facultad está sujeta a que la resolución recurrida afecte los intereses de tal institución, en relación con el principio de agravio personal o directo que rige al juicio constitucional. Por lo que, tratándose del amparo contra leyes, dicha facultad se encuentra condicionada a que la norma reclamada incida en cuestiones sobre la esfera de atribuciones del Ministerio Público Federal. En tal sentido, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte estableció durante la Octava Época, el criterio jurisprudencial P./J. 4/91, publicado en el Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, enero de 1991, página 17, del tenor literal siguiente:
"MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES. El artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, establece que el Ministerio Público Federal es parte en el juicio de garantías, con facultades para intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala dicho ordenamiento; por tanto, el Ministerio Público está facultado para interponer el recurso de revisión, aun en amparo contra leyes, pero ello no significa que tenga legitimación para interponerlo ad libitum ni en todos los casos, sino únicamente cuando la Constitución o las leyes le encomiendan la defensa de un interés específico como propio de su representación social, pues aun cuando los artículos 2o., 3o., fracción I y 10, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le señalan genéricamente la tarea de velar por el orden constitucional, ésta debe interpretarse sin demérito de los principios que rigen todo juicio y, en especial, el de amparo, en cuanto que las partes sólo están legitimadas para interponer los recursos en contra de las resoluciones que afecten el interés que respectivamente les corresponde. Por tanto, el Ministerio Público Federal está legitimado para interponer el recurso de revisión tratándose de las disposiciones contenidas en el artículo 102 constitucional y en los ordenamientos penales y procesales relativos que le otorgan atribuciones para perseguir ante los tribunales los delitos del fuero federal, lo mismo que en todos aquellos casos y materias en que el orden legal le señala específicamente a dicho representante de la sociedad, la defensa de un interés. Por el contrario, si con la sola invocación genérica o abstracta de defender el orden constitucional, se aceptara que el Ministerio Público puede interponer la revisión en el juicio de garantías a su libre voluntad y en cualquier caso, se estaría desfigurando el concepto del interés en sí, el cual ya no estaría sujeto a la comprobación objetiva de los supuestos de la norma, sino a la expresión subjetiva del recurrente, además de que tratándose del amparo contra leyes, trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio del quejoso, en virtud de que su intervención sólo vendría a reforzar la posición de las autoridades responsables, tanto de las que expiden, como de las que promulgan las leyes."
Es importante hacer notar que no obstante que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República a la cual se hace referencia en el criterio transcrito ya ha sido abrogada por la actual, misma que fue publicada el veintisiete de diciembre de dos mil dos en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente, empero, este nuevo ordenamiento prevé las mismas hipótesis legales a que se refiere la tesis de jurisprudencia aludida, según se desprende de su artículo 4o., fracción II, inciso a).
Del mismo modo, resulta aplicable la tesis aislada P. CLXII/97, formulada por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, página 181, que dice:
"MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. COMO PARTE EN EL JUICIO DE AMPARO PUEDE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE SENTENCIAS QUE ESTABLEZCAN LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVO A SU EXISTENCIA, ORGANIZACIÓN O ATRIBUCIONES. El artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo reconoce al Ministerio Público Federal el carácter de parte en el juicio de amparo, con facultades para intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala dicho ordenamiento, especificando que tal facultad comprende la interposición de recursos en amparos en que se reclamen resoluciones de tribunales locales, a excepción de aquellos cuya materia sea civil o mercantil. Por consiguiente, debe considerarse que el Ministerio Público está facultado para interponer el recurso de revisión, aun contra sentencias que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política, cuando se actualiza la presencia de un interés específico para tal representación social, como acontece cuando la interpretación versa sobre una disposición fundamental que determine su existencia, organización o atribuciones.
"Amparo en revisión 32/97. Jorge Luis Guillermo Bueno Ziaurriz. 21 de octubre de 1997. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván."
En el caso a estudio, para poder determinar si las normas impugnadas en el juicio de amparo se refieren a las atribuciones del Ministerio Público de la Federación relativas a la persecución ante los tribunales de los delitos del fuero federal, o bien, si de ellas se desprende que le asiste algún interés, resulta necesario transcribir a continuación los artículos 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 33 y 35 de la Ley de Extradición Internacional motivo de estudio en esta instancia.
"Artículo 17. Cuando un Estado manifieste la intención de presentar petición formal para la extradición de una determinada persona, y solicite la adopción de medidas precautorias respecto de ella, éstas podrán ser acordadas siempre que la petición del Estado solicitante contenga la expresión del delito por el cual se solicitará la extradición y la manifestación de existir en contra del reclamado una orden de aprehensión emanada de autoridad competente.
"Si la Secretaría de Relaciones Exteriores estimare que hay fundamento para ello, transmitirá la petición al procurador general de la República, quien de inmediato promoverá ante el Juez de Distrito que corresponda, que dicte las medidas apropiadas, las cuales podrán consistir, a petición del procurador general de la República, en arraigo o las que procedan de acuerdo con los tratados o las leyes de la materia."
"Artículo 18. Si dentro del plazo de dos meses que previene el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contados a partir de la fecha en que se hayan cumplimentando las medidas señaladas en el artículo anterior, no fuere presentada la petición formal de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se levantarán de inmediato dichas medidas.
"El Juez que conozca del asunto notificará a la Secretaría de Relaciones Exteriores el inicio del plazo al que se refiere este artículo, para que la secretaría, a su vez, lo haga del conocimiento del Estado solicitante."
"Artículo 19. Recibida la petición formal de extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores la examinará y si la encontrare improcedente no la admitirá, lo cual comunicará al solicitante."
"Artículo 21. Resuelta la admisión de la petición la Secretaría de Relaciones Exteriores enviará la requisitoria al procurador general de la República acompañando el expediente, a fin de que promueva ante el Juez de Distrito competente, que dicte auto mandándola cumplir y ordenando la detención del reclamado, así como, en su caso, el secuestro de papeles, dinero u otros objetos que se hallen en su poder, relacionados con el delito imputado o que puedan ser elementos de prueba, cuando así lo hubiere pedido el Estado solicitante."
"Artículo 22. Conocerá el Juez de Distrito de la jurisdicción donde se encuentre el reclamado. Cuando se desconozca el paradero de éste, será competente el Juez de Distrito en Materia Penal en turno del Distrito Federal."
"Artículo 24. Una vez detenido el reclamado, sin demora se le hará comparecer ante el respectivo Juez de Distrito y éste le dará a conocer el contenido de la petición de extradición y los documentos que se acompañen a la solicitud.
"En la misma audiencia podrá nombrar defensor. En caso de no tenerlo y desea hacerlo, se le presentará lista de defensores de oficio para que elija. Si no designa, el Juez lo hará en su lugar.
"El detenido podrá solicitar al Juez se difiera la celebración de la diligencia hasta en tanto acepte su defensor cuando éste no se encuentre presente en el momento del discernimiento del cargo."
"Artículo 25. Al detenido se le oirá en defensa por sí o por su defensor y dispondrá hasta de tres días para oponer excepciones que únicamente podrán ser las siguientes:
"I. La de no estar ajustada la petición de extradición a las prescripciones del tratado aplicable, o a las normas de la presente ley, a falta de aquél; y
"II. La de ser distinta persona de aquella cuya extradición se pide.
"El reclamado dispondrá de veinte días para probar sus excepciones. Este plazo podrá ampliarse por el Juez en caso necesario, dando vista previa al Ministerio Público. Dentro del mismo plazo, el Ministerio Público podrá rendir las pruebas que estime pertinentes."
"Artículo 28. Si dentro del término fijado en el artículo 25 el reclamado no opone excepciones o consiente expresamente en su extradición, el Juez procederá sin más trámite dentro de tres días, a emitir su opinión."
"Artículo 30. La Secretaría de Relaciones Exteriores en vista del expediente y de la opinión del Juez, dentro de los veinte días siguientes, resolverá si se concede o rehúsa la extradición.
"En el mismo acuerdo, se resolverá, si fuere el caso, sobre la entrega de los objetos a que se refiere el artículo 21."
"Artículo 33. En todos los casos si la resolución fuere en el sentido de conceder la extradición, ésta se notificará al reclamado.
"Esta resolución sólo será impugnable mediante juicio de amparo.
"Transcurrido el término de quince días sin que el reclamado o su legítimo representante haya interpuesto demanda de amparo o si, en su caso, éste es negado en definitiva, la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicará al Estado solicitante el acuerdo favorable a la extradición y ordenará que se le entregue el sujeto."
"Artículo 35. Cuando el Estado solicitante deje pasar el término de sesenta días naturales desde el día siguiente en que el reclamado quede a su disposición sin hacerse cargo de él, éste recobrará su libertad y no podrá volver a ser detenido ni entregado al propio Estado, por el mismo delito que motivó la solicitud de extradición."
De las transcripciones anteriores se observa que las normas impugnadas se refieren exclusivamente al procedimiento de extradición, en el que si bien se concede participación al Ministerio Público de la Federación, ello es con la finalidad de iniciar y sostener, en su caso, la procedencia de esa petición de parte de un Estado extranjero, pero sin que tales disposiciones traten sobre su existencia, organización o atribuciones, consistentes en perseguir ante los tribunales los delitos del fuero federal, ni se desprende que alguna de ellas afecte sus intereses institucionales, razón por la cual se concluye que en el caso no cuenta con legitimación para impugnar el contenido de las normas en cuestión, por lo que debe desecharse el recurso de revisión de mérito.
A mayor abundamiento, conviene mencionar que la Procuraduría General de la República, dependencia a la cual se encuentra adscrito el Ministerio Público de la Federación, sólo es autoridad responsable a quien se le atribuyen, por conducto de sus subordinados, los actos de ejecución de la norma impugnada como inconstitucional. En ese aspecto, este Alto Tribunal también se ha pronunciado en el sentido de que son inatendibles por inoperantes los agravios que se formulen por la autoridad ejecutora cuando no tienden a sustentar un acto propio, sino el emitido por una autoridad diversa, en el caso concreto, la constitucionalidad de una ley en sentido formal y material.
Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Volumen LX, página 214, que se transcribe a continuación:
"AUTORIDADES EJECUTORAS, CARECEN DE FACULTADES PARA INTERPONER LA REVISIÓN EN LO QUE ATAÑE A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. Si la revisión se interpone únicamente por la autoridad ejecutora respecto del acto que se reclama de la autoridad que lo ordenó, debe desestimarse, cualesquiera que sean los agravios que invoque, puesto que la única parte que podría expresar agravios sería la autoridad de quien emanó el acto. Y como, en la actualidad, el problema relativo a la inconstitucionalidad de una ley, dejó de ser de la competencia de la Segunda Sala, por corresponder todo lo que con ese problema se refiere al Pleno de este Alto Tribunal, debe precisarse que cuando el C. Presidente de la Corte admite en trámite el recurso de revisión interpuesto por una de las autoridades ejecutoras, únicamente por lo que atañe a los actos de ejecución, desechándolo en relación con el problema de inconstitucionalidad de la ley del acto, por estimar que la recurrente no está legitimada para hacerlo valer, sin que se haya aprovechado el recurso de reclamación, en contra de dicho acuerdo, debe tenerse el mismo como firme, y, en consecuencia, procede estudiar, por la Segunda Sala, los agravios respectivos; y como éstos no se enderezan en contra de los actos de ejecución, sino que se refieren al problema de inconstitucionalidad de la ley, deben estimarse inoperantes, y, por ello, debe confirmarse el otorgamiento del amparo."
En tales condiciones, es conducente desechar el recurso de revisión interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación; sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que por auto de veintitrés de febrero del año en curso, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito haya admitido a trámite el recurso de mérito, pues este Alto Tribunal está facultado para verificar que los requisitos de procedencia del recurso de revisión se hayan cumplido. Además, aquel tribunal no se pronunció respecto del contenido de los agravios, al reservar jurisdicción a este Máximo Tribunal, por lo que al advertirse la existencia de un vicio de origen en el caso de estudio, este Pleno puede pronunciarse respecto a la falta de legitimación del Ministerio Público de la Federación y, por consecuencia, a la inoperancia de sus agravios; destacando que el presente asunto es de su competencia originaria por subsistir el planteamiento de constitucionalidad.
En similares términos se pronunció la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos en revisión 583/2005, 950/2005, 949/2005, 1214/2005 y 1758/2005.
De la misma forma, no es óbice para desechar el presente recurso, la circunstancia de que por auto de siete de septiembre de dos mil cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera el recurso de mérito, debido a que ese proveído no es definitivo ni causa estado, pues deriva de un examen preliminar, por lo que este Tribunal Pleno se encuentra facultado para verificar la legitimación de quien interpone el recurso y si advierte que carece de ésta, deberá desecharlo.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 19/98 de la Novena Época emitida por este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, página 19, del tenor literal siguiente:
"REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. La admisión del recurso de revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una resolución que no es definitiva, ya que el Tribunal Pleno está facultado, en la esfera de su competencia, para realizar el estudio a fin de determinar la procedencia del recurso y, en su caso, resolver su desechamiento."
CUARTO. El quejoso hoy recurrente expresó los siguientes agravios:
"Agravios: Primero. El ciudadano Juez de Distrito al negar el amparo y protección de la Justicia Federal al suscrito, respecto a los reclamados al secretario de Relaciones Exteriores, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, violó lo dispuesto por los artículos 77, 78, 80 y demás relativos de la Ley de Amparo, toda vez que desestimó y por ello declaró infundados los conceptos de violación que gravitaron principalmente en los siguientes tópicos: 1. Que la Ley de Extradición Internacional es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues me priva de mi libertad sin audiencia, sin juicio, y sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 2. Que la orden de extradición violenta en mi perjuicio, las garantías constitucionales consagradas en los artículos 16 y 22 constitucionales, toda vez que afecta mi integridad personal al emitirse y ejecutarse un acto que no se encuentra debidamente fundado y motivado. 3. El acto que por la vía de amparo indirecto se reclamó es inconstitucional en virtud de que no se cumplen los requisitos y condiciones que establecen los artículos 8o. del tratado de extradición y 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional, respectivamente. 4. Que a pesar de que el país solicitante se comprometió a no aplicarme la pena de muerte, ni cadena perpetua, no existe una garantía real y sólida en la que se justifique en la legislación del Estado de California, no aplicará dichas penas inusitadas. 5. Que los artículos 17, 18 y 35, todos de la Ley de Extradición Internacional, irrogan un grave perjuicio, en función a que se me tiene privado de mi libertad, así como el hecho de que se me deja en estado total de indefensión al no contar con un término prudente para defenderme, orillándome únicamente a promover juicio de amparo indirecto, y finalmente el recurso de revisión, sin existir algún otro medio de impugnación ordinario. Se afirma lo anterior, puesto que se insiste, la Ley de Extradición Internacional es contraria a la Carta Magna de la República, siendo de explorado derecho que todo acto de autoridad debe ceñirse a las disposiciones de los artículos 14, 16 y 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen las garantías individuales de FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN, AUDIENCIA, ADECUADA DEFENSA, y en términos generales de LEGALIDAD. En la especie, tanto la Ley de Extradición Internacional, como el tratado México-Estados Unidos, vulneran las garantías contenidas en los artículos 14, 16, 20, apartado A y 119 de la Carta Magna, por cuanto a que permiten que a una persona pueda privársele de su libertad sin audiencia, sin juicio, sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, sin derecho a pruebas, ni derecho a una legítima defensa respecto a su probable o plena participación de los hechos ilícitos que le imputan. Este concepto de violación lo fundo en el artículo 133 de la Carta Suprema de nuestro país, y no se me debe someter a la Ley de Extradición Internacional, ni al tratado de extradición México-Estados Unidos, y se impugnan por lo tanto. Ahora bien, es importante hacerle ver que, según criterios que a continuación se le expresaran, la ‘excepción de no identificación’, no es la única que existe en la ley y en el tratado en mención, ya que por ejemplo la de las formalidades externas de la APOSTILLA; la del deber del órgano persecutor de probar el o los cuerpos del delito y la probable responsabilidad del reclamado, e incluso, la de la obligación del juzgador de analizar para efectos de la OPINIÓN las pruebas exhibidas por el país requirente, igualmente deben imperar. Asimismo, y en términos generales de la Ley de Extradición Internacional y el tratado de extradición México-Estados Unidos, vulnera el contenido de los artículos 14, 16 y 20, apartado A, constitucional. Siendo el primero contrario a la Carta Magna, al sustentarse en una ley también inconstitucional y prever absurdos legales como la detención por 60 días, y prorrogarlos con plazos posteriores, transgrediendo el artículo 119 de nuestro Máximo Ordenamiento, lo que provoca que incluso actualmente se me prive de mi libertad personal en forma por demás excesiva e injustificada, sin fundamento legal, sin motivación alguna y sin juicio previo. Todas las autoridades implicadas en cumplir y ejecutar tanto la ley en trato, como el tratado en mención, actúan en ilegalidad al fundamentar sus actos en un conjunto de normas inconstitucionales, y principalmente porque la orden de detención provisional y la extradición se apoya en un procedimiento inconstitucional. Ad cautelam, el mandato de extradición es inconstitucional por virtud de que al transcurrir 60 días de detención provisional, implícitamente debe de liberarse, sin que después se pueda juzgar por los mismos hechos, de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Extradición Internacional en vigor. Un día más fenecido el plazo de 60 días es INCONSTITUCIONAL. La ley en trato no exime a las autoridades de su exacto cumplimiento, por lo cual no se puede detener, ni privar de la libertad a cualquier persona que está siendo solicitada por un país extranjero bajo ningún pretexto, puesto que concibe y otorga un plazo más que suficiente para que cumplan con la obligación de presentación del mandato formal ya mencionado. Este solo hecho que violenta la norma, tanto del artículo 35 de la Ley de Extradición Internacional, como el artículo 119 de la Constitución General, por sí solo, bastaría para haber decretado mi libertad, ya que la observancia de la norma constitucional en mención no queda al arbitrio y libre interpretación. Al respecto y concordancia con lo antes razonado y expuesto cito los siguientes criterios que bien podrían servir de soporte legal y racional. ‘EXTRADICIÓN PARA EFECTUARLA DEBE ESTAR COMPROBADO EL CUERPO DEL DELITO.’ (se transcribe). Véase Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, 5a. Época, Tomo XCVI, página 1917. ‘ORDEN DE APREHENSIÓN, ES ILEGAL SI EL JUEZ OMITE SEÑALAR LAS CAUSAS POR LAS QUE SE TIENE POR ACREDITADO EL TIPO PENAL Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DE AQUEL CONTRA QUIEN SE DICTA LA.’ (se transcribe). Consultable en la página 576, Tomo IV, del mes de octubre de 1996, 9a. Época del Semanario Judicial de la Federación. ‘ORDEN DE APREHENSIÓN. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ASPECTOS QUE DEBE COMPRENDER.’ (se transcribe). Consultable en la página 425, Tomo IV del mes de diciembre de 1996, 9a. Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, noviembre de 1996. Tesis XV.1o.21 C. Página 431. ‘DOCUMENTOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. PARA QUE TENGAN VALIDEZ EN EL PAÍS REQUIEREN DE LA «APOSTILLA» QUE EXIGE LA CONVENCIÓN PROMULGADA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.’ (se transcribe). ‘EXTRADICIÓN, TRATADO.’ (se transcribe). Igualmente el Juez de control constitucional me ocasiona agravios al violar en mi perjuicio las garantías individuales consagradas en el artículo 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto a que con el acto reclamado, afectan a mi persona, al emitir y pretender ejecutar, respectivamente, el acto reclamado, sin que lo funde y motive debidamente, ni mucho menos refiere cuál es el caso excepcional que consideró para conceder la extradición del suscrito, aunado a que no se cumplieron plenamente los requisitos y condiciones que ordenan tanto el artículo 8 del tratado de extradición internacional celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, ni tampoco el artículo 10, fracción V, de la Ley
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20926-367fb3cf/extradicion-internacional-el-articulo-14-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DERECHOS. EL ARTÍCULO 289, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER EL CÁLCULO DEL MONTO A PAGAR EN FUNCIÓN DE LA ENVERGADURA DE LAS AERONAVES, NO TRANSGREDE LOS PRINC (AMPARO EN REVISIÓN)
- GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONA (AMPARO EN REVISIÓN)
- PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES DE BASE AL SERVICIO (AMPARO EN REVISIÓN)
- DESPIDO INJUSTIFICADO. CUANDO LA ACCIÓN DERIVADA DE AQUÉL SEA LA DE REINSTALACIÓN, Y LA INTENTE UN TRABAJADOR DE CONFIANZA, OPERA LA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN EL ART (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
- REVISION DE OFICIO. (s/clave)
- EXPROPIACION. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis