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Modo: Corpus Pro

MENORES INFRACTORES. COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/93. · Registro digital (IUS): 2095
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Septiembre de 1994, , Pág. 5.

CONTRADICCION DE TESIS 14/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunciante, al resolver por unanimidad de votos en sesión de fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y tres, el amparo directo 13/93, promovido por Raúl Gutiérrez Zavala, sostuvo la tesis siguiente:

"-La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal vigente, de acuerdo con sus artículos 1o. y 6o., tiene por objeto reglamentar la función del Estado en la protección de los derechos de las personas mayores de once y menores de dieciocho años, cuya conducta considerada como infracción se asimila a la que se encuentra tipificada en las leyes penales federales y del Distrito Federal como delitos; a quienes sus órganos instruyen un procedimiento especial de carácter administrativo para resolver sobre su situación jurídica a través de actos provisionales y sentencias definitivas de primera y segunda instancias, en las que ordenan la aplicación de medidas que afectan la libertad personal de dichos menores, equiparando dicho procedimiento al proceso penal que se sigue para adultos imputables y en ambos se deben respetar las garantías individuales correspondientes a todo juicio penal. Asimismo, cabe señalar que de acuerdo al artículo 4o. de la citada ley, se crea el Consejo de Menores como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, como autoridad que tiene a su cargo la aplicación de las disposiciones contenidas en dicha ley, o sea, que el Consejo de Menores del Distrito Federal, aun cuando no tiene el carácter de Tribunal Judicial, actúa como tal al aplicar el derecho al caso concreto, es decir, dirime controversias surgidas con motivo de la aplicación de la ley preindicada y, además, la resolución definitiva de segunda instancia, como la que ahora se reclama, se pronunció después de un procedimiento seguido en forma de juicio; y respecto de la cual no procede recurso ordinario por el que pueda ser modificada o revocada, en cuyas circunstancias se estima que el único medio de impugnación procedente contra ella es el amparo directo o uniinstancial, y que son competentes para conocer del mismo los Tribunales Colegiados de Circuito, al tenor de lo dispuesto por la fracción V, inciso a), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 y 158 de la Ley de Amparo, y 44, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; dado que ya no sería necesario ni conveniente la posibilidad de aportar mayores pruebas de las desahogadas durante el procedimiento de instancia."

En la parte considerativa de la ejecutoria de mérito, en cuanto al tema materia a estudio, ese órgano de control constitucional literalmente expresó:

"QUINTO.-Son improcedentes e infundados los conceptos de violación aducidos.

"Independientemente de lo alegado como conceptos de violación, este Tribunal Colegiado estima que es importante destacar que la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal, de acuerdo con los artículos 1o. y 6o., tiene por objeto reglamentar la función del Estado en la protección de los derechos de las personas mayores de once y menores de dieciocho años, cuya conducta considerada como infracción se asimila a la que se encuentra tipificada en las leyes penales federales y del Distrito Federal, como delitos; a quienes sus órganos instruyen un procedimiento especial de carácter administrativo para resolver sobre su situación jurídica a través de actos provisionales y sentencias definitivas de primera y segunda instancias, en las que ordenan la aplicación de medidas que afectan la libertad personal de dichos menores, equiparando dicho procedimiento al proceso penal que se sigue para adultos imputables y en los que se deben de respetar las garantías individuales correspondientes a todo juicio.

"Por otra parte, cabe señalar que de acuerdo al artículo 4o. de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal, se crea el Consejo de Menores como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, como autoridad que tiene a su cargo la aplicación de las disposiciones contenidas en dicha ley, o sea que el Consejo de Menores del Distrito Federal del que forma parte la Sala Superior que emitió la resolución ahora reclamada, aun cuando no tiene el carácter de Tribunal Judicial, actúa como tribunal al aplicar el derecho al caso concreto, es decir, dirime controversias surgidas con motivo de la aplicación de la ley preindicada; y además las resoluciones definitivas que emiten, como la que ahora se reclama, se pronuncian en un procedimiento seguido en forma de juicio y respecto de las cuales no procede recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas en cuyas circunstancias se estima que el único medio de impugnación que procede ante ellas, es el amparo directo o uniinstancial y que son competentes para conocer de las mismas los Tribunales Colegiados de Circuito, al tenor de lo dispuesto por la fracción V, inciso a), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 y 158 de la Ley de Amparo, y 44, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"A mayor abundamiento, debe destacarse que la resolución definitiva que ahora se reclama, surgió de un procedimiento seguido en forma de juicio, de dos instancias, en donde el ahora quejoso tuvo oportunidad de ofrecer sus pruebas, por lo que carece de sustento práctico el que un Juez de Distrito conozca del presente caso, es decir, que el juicio de amparo se tramite en dos instancias.

"No es obstáculo a esta conclusión el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el conflicto de competencia 279/82, el quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, consultable a foja 998, Primera Parte, de la última compilación del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: 'MENORES INFRACTORES, CONSEJO TUTELAR PARA, DEL DISTRITO FEDERAL. COMPETE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL CONOCER DE LOS ACTOS CUANDO AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO.'; ya que dicho criterio fue sostenido en la época en que estaba vigente la anterior ley que crea el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal, la que no contenía disposiciones de carácter procesal en los mismos términos que actualmente sostiene la nueva Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y uno."

TERCERO.-Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al fallar por unanimidad de votos, en sesiones de fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y tres y veintiséis de febrero del mismo año, en los asuntos de amparo directo 1918/92 y 14/93, promovidos respectivamente por el quejoso Leonardo Huerta Olivera y por Rafael Lezama Trejo en favor del quejoso su hijo menor de edad Carlos Lezama Rincón, de manera idéntica resolvió lo siguiente:

"SEGUNDO.-Resulta innecesario relatar las constancias que informan el expediente (...), del que deriva el acto que se reclama, así como los conceptos de violación expresados, porque este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito se considera incompetente para conocer del juicio de amparo que promueve (...), dado que en éste se reclama la resolución que pronunció la Sala Superior del Consejo de Menores del Distrito Federal en el toca (...), y ésta no tiene el carácter de Tribunal Judicial o Administrativo.

"En efecto, el trámite y resolución de los juicios de amparo directos, como el que por su propio derecho promueve el menor quejoso en términos de lo establecido por las fracciones V, incisos a), b), c) y d), y VI del artículo 107 de la Constitución General de la República; 44 y 158 de la Ley de Amparo, y 44, fracción I, inciso a), y 45, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sólo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando en ellos se reclaman sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas; o sea, que para que el amparo directo proceda ante los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere de tres presupuestos: a) Que el quejoso reclame una sentencia o resolución definitiva que ponga fin al juicio del que preceda; b) Que contra ésta no proceda recurso ordinario, y c) Que la misma haya sido pronunciada por un Tribunal Judicial, Administrativo o Laboral. Ahora bien, no obstante que el fallo de la Sala Superior del Consejo de Menores del Distrito Federal que se impugna, cubre los dos primeros presupuestos de procedencia del juicio de amparo directo, o sea, que en efecto se trata de una resolución definitiva que puso fin al procedimiento y no admite recurso ordinario, en cambio, dicha resolución no cubre el último de los presupuestos aludidos, porque la Sala Superior del Consejo de Menores responsable NO TIENE EL CARACTER DE TRIBUNAL JUDICIAL O ADMINISTRATIVO, dado que el artículo 4o. de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, establece que el preindicado Consejo es un 'organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación ... y tendrá a su cargo la aplicación de las disposiciones de la presente ley', traducidas en términos del artículo 1o., 'en la protección de los derechos de los menores, así como en la adaptación social de aquellos cuya conducta se encuentra tipificada en las leyes penales y federales del Distrito Federal', o sea que la Sala aludida no dirime controversias surgidas con motivo de la aplicación de la ley preindicada, sino que sus funciones se encuentran encaminadas a satisfacer las necesidades de la colectividad, respecto de los actos u omisiones desplegadas por infantes mayores de 11 y menores de 18 años, que se asimilen a los ordenamientos penales de ambos fueros, mediante la aplicación de la ley para el tratamiento de menores, y por ello se le considera no como un tribunal, sino como un órgano de gobierno que en el desempeño de sus funciones administrativas emite un acto de autoridad al aplicar la ley indicada.

"En estas condiciones, si la Sala responsable que pronunció la sentencia que se reclama no tiene el carácter de Tribunal Judicial o Administrativo, y además la resolución definitiva reclamada se pronunció en un procedimiento seguido en forma de juicio, este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, con fundamento en lo establecido por el párrafo tercero del artículo 47 de la Ley de Amparo se declara incompetente para conocer de esta demanda de garantías; razón por la cual debe ordenarse que se remita la misma al Juzgado de Distrito en Materia Penal en turno, en el Distrito Federal, quien de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 114, fracción II, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del trámite y resolución 'de los juicios de amparo que promuevan ... contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal ...'. Sobre el particular tiene aplicación la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el conflicto de competencia 279/82, del quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, consultable a foja 998, Primera Parte, de la Ultima Compilación del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: 'MENORES INFRACTORES, CONSEJO TUTELAR PARA, EL DISTRITO FEDERAL. COMPETE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL CONOCER DE SUS ACTOS CUANDO AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO' (la transcribe)."

CUARTO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al fallar por unanimidad de votos, en sesión de fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y tres, en el asunto de amparo directo número 2358/92, promovido por José Manuel Ruiz Campos en ejercicio de la patria potestad de su hijo menor de edad Roberto Carlos Ruiz García, en la parte considerativa de ese fallo literalmente aseveró:

"UNICO.-Aun cuando el acto reclamado de la Sala Superior del Consejo de Menores del Distrito Federal es cierto, según se advierte del informe con justificación rendido, particularmente con la resolución 'definitiva' que aparece en el toca número 144/92, en el presente asunto no se hará transcripción de las constancias que integran el expediente instruido al menor Roberto Carlos Ruiz García por dicha autoridad, por su participación en la comisión de la infracción lesiones que pusieron en peligro la vida; tampoco se hará el análisis de la legalidad del mencionado acto reclamado, ni de los conceptos de violación expresados por José Manuel Ruiz Campos en ejercicio de la patria potestad del menor quejoso; esto en virtud de que este Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal considera que carece de competencia legal para conocer del presente asunto de amparo directo, toda vez que la resolución que constituye el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 44, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que delimita y establece la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal, pues aun cuando puso fin a un procedimiento seguido en forma de juicio y su naturaleza es eminentemente penal, la misma fue emitida por una autoridad administrativa, pues el artículo 4o. de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, establece que: 'se crea el Consejo de Menores como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual contará con autonomía técnica y tendrá a su cargo la aplicación de las disposiciones de la presente ley'; o sea, no se trata de una autoridad judicial del orden común o federal quien pronunció la resolución reclamada, requisito sine qua non para que la misma sea competencia de este Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal como amparo directo. Por consiguiente, en debido acatamiento a lo establecido en el artículo 47, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte en favor del Juez de Distrito en el Distrito Federal en Materia Penal en turno, toda vez que la resolución que constituye el acto reclamado en el mismo es un acto emitido por autoridad administrativa que afecta la libertad personal de un menor de edad, toda vez que lo somete a 'una medida de tratamiento en externación a largo plazo', imprecisa en su duración, la cual limita su libertad de acción, sometiéndolo a un régimen conductual determinado por los órganos ejecutores del Consejo de Menores del Distrito Federal, y por ende, constituye un ataque a dicha libertad personal fuera de procedimiento judicial, lo que sin duda encuadra en lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que el conocimiento del mismo corresponda a un Juez de Distrito y asimismo, encuadra en lo dispuesto en el artículo 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, '... contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal', haciéndose notar que la aludida ley para el tratamiento de menores infractores establece en el artículo 119 que 'El tratamiento externo no podrá exceder de un año y el tratamiento interno de cinco años', lapso en el cual la libertad personal queda sujeta al tratamiento, con lo cual es indudable que se trata de un acto eminentemente penal, contra la corriente de opinión que se ha expresado en el sentido de que por razón de materia, al tratarse la autoridad de un órgano administrativo la competencia deba surtirse en favor de un tribunal en materia administrativa; por consiguiente, y toda vez que los acuerdos de presidencia como el que en el presente caso admitió la demanda de amparo promovida por José Manuel Ruiz Campos en ejercicio de la patria potestad de su menor hijo Roberto Carlos Ruiz García, no causa estado y puede ser revocado por el Tribunal en Pleno, así se decide, ordenándose desde luego la remisión de la demanda de amparo y sus anexos al Juez de Distrito en el Distrito Federal en Materia Penal en turno, en favor de quien se ha determinado la competencia para que conozca del presente juicio de amparo."

QUINTO. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos los asuntos de amparo directo 922/93-232 y 2078/92, promovidos respectivamente por Rogelio García González en favor de Paula María Barrera Medellín, así como por Anastacia Rivas Martínez en favor de su hijo menor de edad Juan Carlos Ruiz Rivas, de manera idéntica sustentaron el siguiente argumento:

"II. Resulta innecesaria la relación de constancias existentes en el expediente, como de los conceptos de violación que hace valer el promovente, toda vez que en el caso, hay una causa de improcedencia del presente juicio de amparo, la cual debe analizarse de oficio y preferentemente por el tribunal, por ser una cuestión de orden público, según la jurisprudencia 940, visible a foja 1538, Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, bajo la voz: `IMPROCEDENCIA.'".

"En efecto, según los artículos 107, fracción V, constitucional, y 158 de la Ley de Amparo, que regulan la competencia de este tribunal para conocer de actos de autoridad por medio del juicio de amparo directo, se refieren a resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dentro de los cuales no está comprendido el Consejo de Menores del Distrito Federal dada su naturaleza, pues como lo expresa la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores en su artículo 4o., es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, por lo que no puede imponer sanciones penales sino únicamente medidas de orientación, protección y tratamiento, necesarias al caso, y por ende sus fallos no son materia de conocimiento de este tribunal.

"En cambio, como en la especie se trata de un acto no emanado de los tribunales antes mencionados, a partir de un procedimiento seguido en forma de juicio, con fundamento en el artículo 114, fracción II de la Ley de Amparo, constituye materia de juicio de amparo indirecto, de la que debe conocer un Juez de Distrito; sin embargo, como los actos reclamados no afectan la libertad personal del quejoso, pues únicamente se le impusieron medidas administrativas para la orientación y protección de la menor, tampoco corresponde conocer de ellos a los tribunales en materia penal, sino administrativa. En consecuencia, con base en lo dispuesto por el numeral 74, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio por las causas antes expresadas.

"Sirve como referencia a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el conflicto de competencia 279/82, del quince de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, visible a fojas 998, Primera Parte, de la compilación oficial invocada, bajo el rubro: 'MENORES INFRACTORES, CONSEJO TUTELAR PARA, DEL DISTRITO FEDERAL. COMPETE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL CONOCER DE SUS ACTOS CUANDO AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO.'".

SEXTO.-Como premisa para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, y para el caso afirmativo, en qué términos debe enunciarse ésta, se estima necesario detallar los planteamientos sustentados por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a cuyo efecto se destaca que el motivo de ellos emana de la existencia de una resolución dictada por la Sala Superior del Consejo de Menores del Distrito Federal, lo anterior conforme a las reglas de procedimiento establecidas en la denominada Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, razón por la cual es menester enunciar lo siguiente:

1) El Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, considera que, aun cuando la Sala Superior del Consejo de Menores del Distrito Federal formalmente constituye un órgano administrativo, desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y que en este sentido, no tiene el carácter de tribunal judicial, materialmente actúa con esa calidad al aplicar el derecho y dirimir controversias mediante el dictado de resoluciones definitivas, a través de un procedimiento seguido en forma de juicio equiparable a un proceso penal, respecto de las cuales no procede recurso ordinario alguno, consecuentemente, para examinar su constitucionalidad sólo procede en su contra el amparo directo del conocimiento de un Tribunal Colegiado de Circuito.

2) El Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, sostiene que la Sala Superior del Consejo de Menores del Distrito Federal, no es un tribunal judicial o administrativo, y si bien las resoluciones que pronuncia son definitivas al poner fin a un procedimiento, no impugnables a través de recurso ordinario alguno, debe atenderse que dicha Sala es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la cual no dirime controversias con motivo de la aplicación de leyes, "sino que sus funciones se encuentran encaminadas a satisfacer las necesidades de la colectividad, respecto de los actos u omisiones desplegados por infantes mayores de 11 y menores de 18 años, que se asimilen a los ordenamientos penales de ambos fueros, mediante la aplicación de la Ley para el Tratamiento de Menores y, por ello, se le considera no como un tribunal, sino como un órgano de gobierno que en el desempeño de sus funciones administrativas emite un acto de autoridad." Por lo anterior, es que para controvertir dicho acto de autoridad es procedente el amparo indirecto del conocimiento de un Juez de Distrito en materia penal.

3) El Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, en Materia Penal, al respecto aduce que la resolución emitida por la Sala Superior del Consejo de Menores, si bien pone fin a un procedimiento seguido en forma de juicio y su naturaleza es eminentemente penal, la misma es emitida por una autoridad administrativa, desconcentrada de la Secretaría de Gobernación, no así por una autoridad judicial del orden común o federal; por otra parte, al afectar dicho acto la libertad personal de un menor de edad, constituye un ataque a la libertad personal fuera del procedimiento judicial a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo y, por consecuencia, debe conocer sobre su constitucionalidad un Juez de Distrito en materia penal.

4) Finalmente, el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, estima que el Consejo de Menores del Distrito Federal no constituye un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, sino un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que no puede imponer sanciones penales sino únicamente medidas de orientación, protección y tratamiento, de tal manera que los fallos que emite al concluir un procedimiento seguido en forma de juicio, con apoyo en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, deben ser examinados por un Juez de Distrito en materia penal.

Ahora bien, del contexto relatado se pone de relieve que todos los Tribunales Colegiados contendientes, parten del supuesto de que la Sala Superior del Consejo de Menores del Distrito Federal, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y por ende no es un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, asimismo señalan que los fallos que emite, culminan un procedimiento seguido en forma de juicio en contra del cual no procede recurso ordinario alguno, por lo que en estos supuestos no se da contradicción alguna, empero, esta Sala advierte que existen las siguientes contradicciones entre los criterios sustentados por los órganos de control constitucional contendientes:

a) Por lo que atañe al examen de la constitucionalidad de los fallos dictados por la Sala Superior del Consejo de Menores del Distrito Federal, el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, aduce que debe conocer de los mismos un Tribunal Colegiado de Circuito, en cambio los Segundo y Tercero Tribunales Colegiados de la misma materia y Circuito, arguyen que deben conocer de los mismos un Juez de Distrito en Materia Penal y el Cuarto Tribunal Colegiado del propio Circuito y materia aduce que debe conocer de los mismos un Juez de Distrito en Materia Administrativa.

b) Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estima que la aludida Sala Superior aplica el derecho y dirime controversias, actuando por ello materialmente como tribunal judicial, en tanto que los Tribunales Colegiados contendientes genéricamente sostienen que dicha Sala actúa con el carácter de órgano administrativo y de gobierno, adicionalmente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito expresamente sostiene que ese órgano no dirime controversias con motivo de la aplicación de leyes.

c) El Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, considera que no es aplicable el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro "CONSEJO TUTELAR PARA MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO FEDERAL. COMPETE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL CONOCER DE SUS ACTOS CUANDO AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO.", mientras que los Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados contendientes, sostienen lo contrario.

De lo anterior se advierte que los puntos de discusión radican no en la naturaleza formal de la autoridad responsable ordenadora Sala Superior del Consejo de Menores del Distrito Federal, sino en el carácter con el que materialmente actúa al dictar los fallos de segunda instancia, en el procedimiento en el que de manera unánime los Tribunales Colegiados de Circuito refieren que se sigue en forma de juicio, contra los cuales no procede recurso alguno, lo que, en definitiva dará pauta a determinar la especie del juicio de garantías, directo o indirecto, que resulte procedente para controvertir tal resolución.

De manera extensiva a lo anterior, también es materia de discrepancia el tema sobre si la referida Sala Superior, al momento de resolver, dirime o no controversias con motivo de la aplicación de leyes y si al caso, es aplicable el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, sobre los temas materia de la contradicción, deben prevalecer los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, atento a las siguientes consideraciones:

En efecto, respecto a la procedencia del juicio de amparo directo del conocimiento de un Tribunal Colegiado de Circuito, o bien, del juicio de garantías indirecto de la competencia de un Juez de Distrito, o en su caso del superior del tribunal responsable en el caso de la denominada jurisdicción concurrente, conviene destacar que el artículo 107, fracciones III, V, VI y VII, de la Constitución General de la República, literalmente establecen lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia;

"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y;

"c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.

"V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:

"a) En materia penal contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares;

"b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2095-ff10e166/menores-infractores-competencia-para-conocer-del-amparo-directo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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