FARMACODEPENDENCIA. AL CONSTITUIR UNA EXCLUYENTE DEL DELITO, EL JUEZ PUEDE PRONUNCIARSE AL RESPECTO EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL, SIN TENER QUE ESPERAR HASTA EL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2009).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto segundo, segundo párrafo, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con un asunto de carácter penal.
SEGUNDO. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, y de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL DEFENSOR DEL PROCESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA FORMULAR SU DENUNCIA."(1), sustentada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el defensor público federal se encuentra facultado para tal efecto.
TERCERO. Los criterios materia de análisis, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, son los que a continuación se transcriben:
a) El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al fallar el amparo en revisión penal **********, consideró lo siguiente:
"CUARTO. Es fundado el agravio expresado por el inconforme, en el que sustancialmente alega que carece de razón el Tribunal Unitario, al sostener que para que opere la excusa absolutoria prevista por el artículo 199 del Código Penal Federal, debe sujetarse al farmacodependiente al proceso y hasta el dictado de la sentencia respectiva, tenerla por actualizada.
"En efecto, en principio y para establecer el criterio que sobre el tema planteado tiene este tribunal, resulta necesaria la transcripción de los artículos 199 del Código Penal Federal, y 524 y 525 del Código Federal de Procedimientos Penales, que son invocados como apoyo de los agravios expresados por el recurrente, los cuales literalmente establecen lo siguiente:
"‘Artículo 199. Al farmacodependiente que posea para su estricto consumo personal algún narcótico de los señalados en el artículo 193 no se le aplicará pena alguna. El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se enteren en algún procedimiento de que una persona relacionada con él es farmacodependiente, deberán informar de inmediato a las autoridades sanitarias, para los efectos del tratamiento que corresponda.
"‘Todo procesado o sentenciado que sea farmacodependiente quedará sujeto a tratamiento.
"‘Para la concesión de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento adecuado para su curación bajo vigilancia de la autoridad ejecutora.’
"‘Artículo 524. Si la averiguación se refiere a la adquisición y posesión de estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio Público, de acuerdo con la autoridad sanitaria a que se refiere el artículo anterior, precisará acuciosamente si esa posesión tiene por finalidad exclusiva el uso personal que de ellos haga el indiciado. En este caso, y siempre que el dictamen hecho por la autoridad sanitaria indique que el inculpado tiene el hábito o necesidad de consumir ese estupefaciente o psicotrópico y la cantidad sea la necesaria para su propio consumo, no hará consignación a los tribunales; en caso contrario, ejercitará acción penal.’
"‘Artículo 525. Si se hubiere hecho la consignación y dentro de las setenta y dos horas que señala el artículo 19 constitucional, se formula o se rectifica el dictamen en el sentido de que el inculpado tiene hábito o la necesidad de consumir el estupefaciente o psicotrópico y la cantidad sea la necesaria para su propio consumo, el Ministerio Público se desistirá de la acción penal sin necesidad de consulta al procurador y pedirá al tribunal que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad sanitaria federal para su tratamiento, por el tiempo necesario para su curación.’
"Ahora bien, en concepto de este tribunal, la interpretación del primero de los preceptos antes transcritos, debe ser en el sentido de que al quedar acreditado que el procesado es farmacodependiente de la sustancia asegurada, y cuando la cantidad de droga sea para su estricto consumo personal, es decir, para sí y no para terceras personas, esto es, que no esté destinada a realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal, ante esas circunstancias, se estará en condiciones de aplicar la excluyente de punibilidad, lo cual, contrariamente a lo argumentado en la sentencia recurrida, puede resolverse en el propio auto de término constitucional, sin necesidad de esperarse hasta el dictado de la sentencia, pues si bien es cierto que en ese precepto se hace referencia a que en ese supuesto no se aplicará pena alguna y que las penas sólo se imponen en la sentencia, también lo es que tal expresión no implica que el juzgador este impedido para determinar en el auto de término constitucional si se actualiza la hipótesis prevista en el citado numeral, habida cuenta que si la conducta del farmacodependiente que posea la droga necesaria para su estricto consumo personal, queda acreditada antes de resolverse su situación jurídica, el Juez está facultado para determinar no sujetarlo a un procedimiento penal, sino a un tratamiento ante las autoridades sanitarias y, con ello, a la vez imponer pena alguna al farmacodependiente como lo señala el precepto en comento, pues la espera hasta el dictado de la sentencia se haría necesaria sólo en el caso de que en dicho precepto se estableciera la obligación a cargo del juzgador de imponer una pena al farmacodependiente de que se trata, pues no podría hacerlo antes, en cambio, como ya se dijo, el no imponer la pena se puede realizar en el auto de término constitucional, con el hecho de no sujetar a proceso al farmacodependiente.
"Corrobora este criterio el contenido de los artículos 524 y 525 del Código Federal de Procedimientos Penales, que antes se transcribieron, pues de su contenido se infiere que el legislador otorga facultades al Ministerio Público para que en el caso de comprobado que sólo se estuviera ante la presencia de un enfermo por adicción al consumo de la droga, al ser detenido en posesión de pequeñas cantidades de estupefacientes o psicotrópicos, evite someterlo a un proceso judicial, no ejerciendo acción penal en su contra, y además que, para el caso de que la adicción o habitualidad se comprobara una vez consignado el asunto ante el Juez, el Ministerio Público se desista de la acción, incluso sin consulta al procurador, imponiéndole la condición de que deberá solicitar al tribunal que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad sanitaria federal para su tratamiento, por el tiempo necesario para su curación; de tal manera que el legislador faculta al Ministerio Público para no ejercer acción penal en caso de que se demuestre la adicción del indiciado y que la droga poseída era la necesaria para su estricto consumo personal, con mayor razón se debe entender que el juzgador esta facultado para determinar el no sujetarlo a un procedimiento penal en el auto de término constitucional, pues no debe perderse de vista que el Ministerio Público consigna hechos que estima delictuosos, empero, es al Juez a quien le corresponde determinar si son o no constitutivos de delitos y, en su caso, la clasificación de los mismos.
"Por otra parte, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en lo conducente:
"‘Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"‘Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ...’
"La garantía constitucional prevista en el numeral antes transcrito debe prevalecer por encima de disposiciones secundarias que hagan nugatoria tal disposición, y en tales condiciones, asiste razón al quejoso, aquí recurrente, toda vez que como lo define el numeral en comento, la justicia deber ser pronta y expedita, evitando procesos inútiles, y si como en el caso, de las constancias que obran en autos puede preverse desde el dictado del auto de término constitucional, que la excusa absolutoria a que se refiere el artículo 199 del Código Penal Federal, habrá de igual modo de actualizarse al dictarse la sentencia respectiva, no existe razón para someter a proceso al inculpado, sin que tenga aplicación la incorrecta consideración sometida por el Juez del proceso, y que corrobora el a quo, en el sentido de que son las sentencias las que deben contener la absolución o condena del acusado y no los autos de término constitucional, pues deja de advertir que según lo dispuesto en los numerales transcritos, si es durante la averiguación previa (artículo 524), es bajo el dictado de un proveído en el que se determina la situación, de igual manera, si durante la preinstrucción (artículo 525), el Juez de la causa recibe el desistimiento de la acción ejercitada por el Ministerio Público, y dictará un simple proveído que tampoco constituye una sentencia.
"Apoya la consideración anterior lo dispuesto por el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, que en la parte que interesa dispone:
"‘Artículo 41. Los tribunales dictarán de oficio los trámites y providencias encaminados a que la justicia sea pronta y expedita. Para este fin, las partes podrán solicitar la orientación del tribunal sobre puntos del procedimiento que ante éste se desarrolla, como cómputos, plazos y circunstancias para la promoción y el desahogo de pruebas, y otras cuestiones que aseguren, con plena información para los participantes, la debida marcha del proceso, sin abordar cuestiones de fondo que la autoridad judicial deba resolver en los autos o en la sentencia. La información la dará el tribunal en audiencia pública con presencia de las partes.
"‘Los tribunales rechazarán de plano, sin necesidad de sustanciar artículo, pero notificando a las partes, incidentes, recursos o promociones notoriamente frívolos o improcedentes. Contra la resolución judicial caben los recursos que este código establece, según el caso de que se trate.’
"Así las cosas, es dable concluir que la excusa absolutoria que prevé el artículo 199 del Código Penal Federal, en relación con el estipulado por el diverso 17 constitucional y 41 del código adjetivo penal federal, debe estudiarse de oficio y resolverse en cualquier etapa del procedimiento penal.
"Ahora bien, en el presente caso, del contenido del parte informativo se advierte que los agentes que los suscribieron informan que al transitar sobre las calles ... se percataron de la presencia de la recurrente ... quien les comunicó que traía en su poder 1.5 gramos de heroína; asimismo, del contenido de la declaración que la quejosa rindió ante el Ministerio Público y que ratificó ante el Juez de la causa, se advierte que admitió que es adicta a la misma desde hacía diez años, y que la droga la quería para su consumo personal; asimismo, en las fojas 94 a 95, obra constancia de que el propio agente del Ministerio Público investigador, solicitó al perito médico adscrito, se realizará dictamen en materia de integridad física y toxicomanía a la de nombre ... (quejosa), y a fojas 96 a 97, consta el certificado de integridad física y toxicomanía suscrito por el perito de integridad física y toxicomanía suscrito por el perito médico oficial de la Procuraduría General de la República, doctor ... en el cual, hace constar que examinó a la recurrente y concluyó que sí es farmacodependiente al consumo de metanfetaminas y heroína, y que la cantidad del 1.5 gramos, que le fue asegurado excedía para su estricto consumo personal, aclarando ante el Juez del proceso que para ello se había considerado un término de veinticuatro horas.
"Ahora bien, en concepto de este tribunal, los anteriores medios de prueba son de estimarse suficientes para tener por acreditada la adicción de la quejosa a la heroína, y que la cantidad que le fue encontrada en su poder la requería para su estricto uso personal, habida cuenta que en el parte informativo no se atribuye a la quejosa la realización de alguna conducta que revelara su intención de transmitir a terceras personas la droga afecta a la causa, pues sólo se le encontró caminando por la calle y al parecerles sospechosa se le abordó y encontró la droga, además de que no existe en autos prueba alguna que haga presumir siquiera que la quejosa daría un fin distinto al de su uso personal a la citada droga, y en cambio, a través del dictamen pericial recabado a petición del propio Ministerio Público, se llega a establecer que en realidad es adicta al consumo de la heroína y, si bien es cierto, que en el mismo se concluye que la cantidad de 1.5 gramos excede para su estricto consumo personal, también lo es, que el citado perito al rendir declaración ante el Juez de la causa aclara que esa conclusión la realizó tomando en cuenta un término de veinticuatro horas, sin embargo, como lo sostiene la impugnante, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 13/96, publicada en la página 171 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, ha determinado que la excusa absolutoria prevista en el artículo 199 del Código Penal Federal, para su operancia no requiere que el consumo sea inmediato o diario, sino que deja al arbitrio del juzgador la apreciación de la posesión del narcótico para el estricto consumo personal del farmacodependiente, por lo cual, al considerar todas las circunstancias que concurrieron en el caso a estudio, tales como la detención de la quejosa que se llevó a cabo sin que realizara algún acto que hiciera presumir que fuera a transmitir a un tercero la droga que poseía, además de que la cantidad poseída era relativamente pequeña y por el tiempo que tiene consumiéndola (diez años), así como la dificultad que implica el adquirir la droga cada vez que la vaya a consumir, se debe concluir que en los autos se justificó que la droga que se encontró en poder de la quejosa era para su estricto consumo personal y, ante ello, la autoridad responsable debió concluir que en el caso se actualizaba la excusa absolutoria prevista en el artículo 199 del Código Penal Federal, pues al no hacerlo así dejó de apreciar el acto reclamado tal y como aparece demostrado ante el Juez del proceso, ello, con infracción a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo.
"La tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización fueron proporcionados con anterioridad, literalmente expresa lo siguiente: ‘POSESIÓN DE NARCÓTICOS PARA EL ESTRICTO CONSUMO PERSONAL DEL FARMACODEPENDIENTE. LA EXCUSA ABSOLUTORIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO SE SUJETA A CONDICIÓN TEMPORAL ALGUNA.’ (se transcribe).
"Efectivamente, en el artículo 199 se deja al arbitrio del juzgador la apreciación de la posesión del narcótico para el estricto consumo personal del farmacodependiente, para lo cual, deberá considerar todas las circunstancias del caso, entre las cuales, desde luego, no se excluye el elemento de temporalidad, del cual, no obstante, no es el único que debe ponderarse para determinar cuándo la posesión del narcótico tiene como finalidad el estricto consumo personal del mismo por parte del inculpado. Por tanto, esa situación deberá valorarla el Juez del proceso mediante el análisis comparativo de la cantidad, naturaleza, forma de adquisición y venta de droga poseída y el grado de adicción del acusado, así como las circunstancias que mediaron en la comisión de la conducta antijurídica, y las demás que incidan en la apreciación de la finalidad de la posesión del narcótico por parte del encausado.
"En tales circunstancias, procede revocar la sentencia sujeta a revisión y otorgar a ... (la quejosa), el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta resolución, a fin de que el Juez Quinto de Distrito en el Estado deje sin efectos el auto de formal prisión decretado en contra de la quejosa en la causa penal número ... y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria considere que en el caso se actualizó la excusa absolutoria prevista en el artículo 199 del Código Penal Federal, ordenando la libertad de la quejosa y sujetándola a tratamiento ante la autoridad sanitaria correspondiente."
Las consideraciones de mérito dieron origen a la entonces tesis aislada de rubro y texto que a continuación se indican:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVI, julio de 2007
"Tesis: XV.1o.34 P
"Página: 2504
"EXCUSA ABSOLUTORIA POR FARMACODEPENDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EL JUEZ ESTÁ FACULTADO PARA APLICARLA EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL Y DETERMINAR NO SUJETARLO A PROCESO, SINO A UN TRATAMIENTO MÉDICO ANTE LAS AUTORIDADES SANITARIAS FEDERALES, SIN NECESIDAD DE ESPERAR HASTA EL DICTADO DE LA SENTENCIA. De conformidad con el artículo 199 del Código Penal Federal al quedar acreditado en autos, antes de resolverse su situación jurídica, que el procesado es farmacodependiente de la sustancia que le fue asegurada al ser detenido y cuando la cantidad sea para su estricto consumo personal y no para realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del mismo ordenamiento legal, el Juez está facultado para aplicar en el auto de término constitucional la excluyente de punibilidad prevista en aquél y determinar no sujetarlo a un proceso, sino a un tratamiento médico ante las autoridades sanitarias federales, sin que sea necesario esperar hasta el dictado de la sentencia, y aun cuando en dicho numeral se hace referencia a que en ese supuesto no se aplicará pena alguna y ésta sólo se impone en la sentencia, dicha expresión no implica que el juzgador esté impedido para determinar en el citado auto de término constitucional si se actualiza la hipótesis referida y con ello a la vez no imponer pena alguna al farmacodependiente, como lo señala el primero de los preceptos citados, pues la espera hasta el dictado de la sentencia se haría necesaria sólo en el caso de que dicho numeral estableciera la obligación a cargo del juzgador de imponer una pena al farmacodependiente, porque en tal supuesto no podría hacerlo antes, en cambio, el no imponer la pena puede realizarse en el auto de término constitucional, con el hecho de no sujetar a proceso al farmacodependiente. Lo anterior se corrobora del contenido de los artículos 524 y 525 del Código Federal de Procedimientos Penales, del que se infiere que el Ministerio Público está facultado para que en el caso comprobado de que se esté ante un enfermo de adicción, evite someterlo a un proceso judicial no ejerciendo acción penal en su contra y, en caso de probarse, una vez consignado el asunto ante el Juez, se desista de la acción incluso sin consultar al procurador, imponiéndole la obligación de solicitar al tribunal que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad sanitaria federal para su tratamiento por el tiempo necesario para su curación, de ahí que con mayor razón se debe entender que el juzgador está facultado para determinar no sujetarlo a un procedimiento penal en el auto de término constitucional, pues el Ministerio Público consigna hechos que estima delictuosos, empero es al Juez a quien corresponde determinar si son o no constitutivos de delitos y, en su caso, su clasificación. Lo anterior, además, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, para evitar procesos inútiles y más cuando, como en el caso, de autos puede preverse desde el dictado del auto de término constitucional que la excusa absolutoria habrá igualmente de actualizarse al dictarse la sentencia.
"Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
"Amparo en revisión **********. 1o. de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Morales Hernández. Secretario: Miguel Ávalos Mendoza."
Mediante oficio número 6972, presentado ante la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuatro de septiembre de dos mil nueve, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito informó respecto de las adecuaciones de forma que realizó en la tesis ahora jurisprudencial que sustenta. El criterio modificado es del tenor literal siguiente:
"EXCUSA ABSOLUTORIA POR FARMACODEPENDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SI SE ACREDITA QUE EL INDICIADO ES FARMACODEPENDIENTE EL JUEZ ESTÁ FACULTADO PARA APLICARLA EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL Y DETERMINAR NO SUJETARLO A PROCESO, SINO A UN TRATAMIENTO MÉDICO ANTE LAS AUTORIDADES SANITARIAS FEDERALES, SIN NECESIDAD DE ESPERAR HASTA EL DICTADO DE LA SENTENCIA. De conformidad con el artículo 199 del Código Penal Federal al quedar acreditado en autos, antes de resolverse su situación jurídica, que el procesado es farmacodependiente de la sustancia que le fue asegurada al ser detenido y cuando la cantidad sea para su estricto consumo personal y no para realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del mismo ordenamiento legal, el Juez está facultado para aplicar en el auto de término constitucional la excluyente de punibilidad prevista en aquél y determinar no sujetarlo a un proceso, sino a un tratamiento médico ante las autoridades sanitarias federales, sin que sea necesario esperar hasta el dictado de la sentencia, y aun cuando en dicho numeral se hace referencia a que en ese supuesto no se aplicará pena alguna y ésta sólo se impone en la sentencia, dicha expresión no implica que el juzgador esté impedido para determinar en el citado auto de término constitucional si se actualiza la hipótesis referida y con ello a la vez no imponer pena alguna al farmacodependiente, como lo señala el primero de los preceptos citados, pues la espera hasta el dictado de la sentencia se haría necesaria sólo en el caso de que dicho numeral estableciera la obligación a cargo del juzgador de imponer una pena al farmacodependiente, porque en tal supuesto no podría hacerlo antes, en cambio, la determinación de no imponer la pena puede realizarse en el auto de término constitucional, con el hecho de no sujetar a proceso al farmacodependiente. Lo anterior se corrobora del contenido de los artículos 524 y 525 del Código Federal de Procedimientos Penales, del que se infiere que el Ministerio Público está facultado para que en el caso comprobado de que se esté ante un enfermo de adicción, evite someterlo a un proceso judicial no ejerciendo acción penal en su contra y, en caso de probarse, una vez consignado el asunto ante el Juez, se desista de la acción incluso sin consultar al procurador, imponiéndole la obligación de solicitar al tribunal que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad sanitaria federal para su tratamiento por el tiempo necesario para su curación, de ahí que con mayor razón debe entenderse que el juzgador está facultado para determinar no sujetarlo a un procedimiento penal en el auto de término constitucional, pues el Ministerio Público consigna hechos que estima delictuosos, empero es al Juez a quien corresponde determinar si son o no constitutivos de delitos y, en su caso, su clasificación. Lo anterior, además, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, para evitar procesos inútiles y más cuando, como en el caso, de autos puede preverse desde el dictado del auto de término constitucional que la excusa absolutoria habrá igualmente de actualizarse al dictarse la sentencia."
b) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión penal **********, sustentó las consideraciones siguientes:(2)
"CUARTO. Resultan infundados los agravios hechos valer.
"En efecto, contrario a lo aducido por el inconforme, la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho ya que, tal como lo estimó la Magistrada a quo, las excusas absolutorias son aquellas circunstancias especiales establecidas en la ley, por las cuales no se sanciona un acto típico, antijurídico, imputable a un autor y culpable; además, también obró conforme a derecho al estimar que constituyen casos de excepción a la imposición de la pena, aunque conserve la naturaleza típica, antijurídica y culpable el acto atribuido a un autor; que en la especie la excusa absolutoria discutida en la sentencia reclamada es la contenida en el párrafo primero del artículo 199 del Código Penal Federal; que independientemente de que se colmen los requisitos legales para que se actualice dicha excusa, ésta no puede estudiarse atendiendo a la interpretación sistemática de los artículos 199, párrafo primero, del Código Penal Federal y 95, fracción VI, del Código Federal de Procedimientos Penales, que lleva al conocimiento de que la consecuencia jurídica de la actualización de la excusa absolutoria alegada, es omitir la imposición de penas a quien resulte farmacodependiente y posea narcótico únicamente para su estricto consumo personal, por lo que si el precepto adjetivo citado en último término expresamente señala que son las sentencias las que contienen la condena o absolución del acusado y no los autos de término constitucional, entonces resulta claro que la multicitada excusa, al referirse a la omisión de las penas, no atañe al momento del dictado del auto de término constitucional sino a aquel en el que se resuelve en definitiva si se absuelve o se condena al justiciable.
"En ese sentido, la Magistrada de amparo obró conforme a derecho al considerar que el Magistrado responsable no conculcó garantía alguna en perjuicio del ahora recurrente, al haber determinado que la excusa es analizable hasta el dictado de la sentencia, tal como lo prevé el artículo 199 del Código Penal Federal.
"Ciertamente, ha sido criterio definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las excusas absolutorias son aquellas causas que, dejando subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho tipificado como delito en la ley ‘impiden la aplicación de la pena’, es decir, no obstante configurarse el tipo penal, impiden la sanción del activo en casos específicos, siendo conveniente precisar, además, para dejar asentada la naturaleza de las excusas absolutorias, que a diferencia de lo anterior, es característica de las excluyentes de responsabilidad impedir que ésta surja, pues no se trata de una responsabilidad que existe originalmente, sino que la conducta tipificada en la ley no es incriminable desde su inicio, siendo ello precisamente lo que determina la diferencia con las excusas absolutorias, pues en éstas la conducta es incriminable, sin embargo no es sancionable, por lo que las excusas absolutorias no relevan al sujeto activo de su responsabilidad en la comisión de la conducta típica, sino que determinan su ‘impunibilidad’, siendo las excusas absolutorias determinadas por el órgano legislativo, atendiendo a las circunstancias actuales y particulares que rigen a la sociedad en el momento de la emisión de la ley y a que sus integrantes, en representación de dicha sociedad, estiman deben ser establecidas para no sancionar determinadas conductas típicamente reguladas, siempre y cuando se den las hipótesis legales establecidas para ello.
"Conforme a lo anterior, si las excusas absolutorias son causas que al dejar subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho tipificado como delito en la ley, impiden la aplicación de la pena, es inconcuso que no pueden estudiarse en la etapa de preinstrucción, que en términos de lo dispuesto por el artículo 1o., fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, incluye el dictado del auto de término constitucional, al establecer dicho numeral lo siguiente: ‘El presente código comprende los siguientes procedimientos: ... II. El de preinstrucción, en que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar ...’, y en tal virtud, al no ser procedente la determinación de la aplicación de pena alguna en esa etapa procedimental, no es en la preinstrucción donde debe resolverse sobre la actualización de excusa absolutoria alguna, sin que ello contravenga el principio de aplicación de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 constitucional, pues este principio debe observarse en armonía con el de legalidad que igualmente debe regir todo procedimiento.
"Es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22023-8b64816b/farmacodependencia-al-constituir-una-excluyente-del-delito-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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