CANDIDATURAS COMUNES. SU EXPULSIÓN DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL NO INFRINGE EL DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICA.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 60/2009 Y SU ACUMULADA 61/2009. PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de enero de dos mil diez.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escritos recibidos el dieciocho y veintiuno de septiembre de dos mil nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Ortega Martínez, en su carácter de presidente del Partido de la Revolución Democrática y Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez, Ricardo Cantú Garza y Pedro Vázquez González, en su carácter de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad, en la que solicitaron la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
Partido de la Revolución Democrática:
"Órganos responsables: Lo es el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, como autoridad que emite el Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.
"Lo es el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, como autoridad que promulgó y publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de Guanajuato, las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.
"Norma general cuya invalidez se reclama. El Decreto 255, año XCVI, tomo CXLVII, número 134 por el que se reforman disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, y que para el caso que nos ocupa se considera como inconstitucional el artículo 17, primer párrafo, de dicho ordenamiento."
Partido del Trabajo:
"Órganos responsables: Lo es el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, como autoridad que emite el Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.
"Lo es el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, como autoridad que promulgó y publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de Guanajuato, las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.
"Norma general cuya invalidez se reclama. El Decreto 255, año XCVI, tomo CXLVII, número 134 por el que se reforman disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guanajuato en Materia Electoral, y que para el caso que nos ocupa considera como inconstitucional el artículo 17, primer párrafo, de dicho ordenamiento."
SEGUNDO. El Partido de la Revolución Democrática señaló como antecedentes de la norma impugnada, los siguientes:
"El día veintiuno de agosto de dos mil nueve, el gobernador del Estado de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, publicó el Decreto 255, año XCVI, tomo CXLVII, número 134 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, por el que se reforman disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.
"Que dicha publicación fue realizada a pesar de que alguna de las disposiciones reformadas resultan no estar conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en este escrito se combaten."
Adicionalmente, el Partido del Trabajo expuso:
"El día veintiuno de agosto de dos mil nueve, el gobernador del Estado de Guanajuato, C. Juan Manuel Oliva Ramírez, publicó el Decreto 255, año XCVI, tomo CXLVII, número 134 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, por el que se reforman disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.
"Dicha publicación fue realizada a pesar de que alguna de las disposiciones reformadas resultan ser inconstitucionales y que al no estar conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en este escrito se combaten."
TERCERO. Los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo formularon, en síntesis y de modo coincidente, los siguientes conceptos de invalidez:
Consideran que es inconstitucional el artículo 17, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, que establece que los partidos políticos, son entidades de interés público y tienen como fin primordial promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del Poder Público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, pero que, para ello, tendrán el derecho exclusivo de postular candidatos por sí mismos o a través de coaliciones en los términos que establezca la ley de la materia.
Que la norma que se impugna, es inconstitucional, dado que contradice la garantía de libertad de reunión y asociación consagrada en el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que cabe señalar que una de las condiciones indispensables para que el individuo realice sus propios fines, desenvolviendo su personalidad y propendiendo a lograr su felicidad es, precisamente, la libertad, concebida no solamente como una mera potestad psicológica de elegir propósitos y medios, sino como una actuación eterna sin limitaciones o restricciones que hagan imposible o impracticable los conductos necesarios para la actuación de la teología humana, la existencia de la libertad encuentra su sustrato evidente en la naturaleza de la personalidad humana, sino un factor necesario e imprescindible de su desenvolvimiento.
Partiendo de esa base, señala que el artículo 9o. constitucional estatuye que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país, por lo que cabe señalar que la garantía de libertad a que se refiere el artículo en cita, contempla dos especies, la de reunión y la de asociación, siendo que esta última, se refiere a la potestad que tienen los individuos de unirse para constituir una entidad o persona moral, con sustantividad propia y distinta de los asociantes, y que tiende a la consecución de determinados objetos, cuya realización es constante y permanente. El derecho de reunión, se revela cuando varias personas se congregan sin ánimo de producir una identidad moral, en la que sólo tiene lugar la realización de un fin concreto y determinado, verificado el cual, deja de existir.
Dichas libertades específicas no están consignadas en términos absolutos a título de derechos públicos individuales, por lo que para la libertad de asociación y reunión, es necesario que su ejercicio se lleve a cabo pacíficamente.
En ese sentido, el Estado y las autoridades tienen el deber correlativo que estriba en no coartar las libertades de reunión y asociación garantizadas constitucionalmente, pues dichos derechos no pueden estar condicionados a ningún requisito cuya satisfacción quede al arbitrio o criterio de la autoridad.
Lo anterior, aunado a que el artículo 41 de la Constitución Federal, en su fracción IV, dispone que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
De lo que se desprende que todo ciudadano de la República tiene derecho de asociarse o reunirse para tomar parte en los asuntos políticos del país, y dado que la candidatura común es una forma de asociación participativa en la vida democrática para contribuir a la integración de la representación nacional, infringe lo estipulado en el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que suprime de manera expresa la figura de la candidatura común como derecho de los partidos políticos, constituidos por ciudadanos como entidades de interés público de postular candidatos a puestos de elección popular, por lo que no toda asociación política debe conceptuarse como partido político en sentido estricto, en virtud de que la Constitución General otorga la opción de reunirse o asociarse en distintas figuras políticas, ya sea coaliciones, frentes o candidatura común, como formas de asociación y de reunión para un determinado fin.
Por lo que se concluye que los ciudadanos mexicanos pueden formar cualquier asociación y/o reunión de índole política, cuya actuación se circunscribirá a todos aquellos asuntos que la legislación secundaria no reserve a los aludidos partidos.
Que en ese mismo sentido, el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo y Judicial, en un solo individuo; que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a lo prescrito por la fracción IV, inciso b), del artículo constitucional en cita, que establece que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.
Concluye que un aspecto de trascendental importancia son las normas de carácter general en el Estado, como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tiende a salvaguardar los multicitados principios, es por ello que la candidatura común como forma de asociación-reunión permitida y avalada por la Constitución Federal, debe ser aceptada con la finalidad de que exista congruencia en lo señalado por el Poder Constituyente Federal y lo que disponga el Poder Constituido en el Estado de Guanajuato.
En ese sentido, podemos establecer que siempre existe la supremacía constitucional, la cual en este caso se vulnera de sobre manera, toda vez que se coloca un precepto legal de la Constitución Local, haciendo caso omiso y, por tanto, por encima de lo dispuesto en la Constitución Federal, lo cual, resulta evidentemente anticonstitucional, con base en el control constitucional que deben observar los Congresos Locales al igual que el Ejecutivo Estatal, esto es, el artículo 133 constitucional que establece que "sobre la Constitución, nada ni nadie", y en el que fundamentalmente se contiene la jerarquía del orden jurídico en México, siendo la siguiente:
A. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
B. Las leyes constitucionales y los tratados internacionales.
C. Las leyes federales y las leyes locales.
Es por eso que al suprimir los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guanajuato, un derecho reconocido y conquistado, como es la candidatura común como forma de asociación y/o reunión, atenta contra la supremacía constitucional, ya que el Poder Constituyente, atinadamente previó que ninguna ley secundaria podía contravenir y estar por encima de la Constitución Federal, por lo que concluye que el artículo reformado es inconstitucional.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos, son los artículos 1o., 9o., 14, 16, 41, fracción I, 116, fracción IV, inciso b) y 133.
QUINTO. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 60/2009 y se designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Asimismo, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil nueve, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 61/2009 y se designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández, en virtud de que en dichas acciones existe identidad en las normas impugnadas, y por la misma razón, ordenó hacer la acumulación de ese expediente a la diversa acción de inconstitucionalidad 60/2009.
Por auto de veintidós de septiembre de dos mil nueve, el Ministro instructor admitió las aludidas acciones; ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al Ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, y dio vista al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, así como a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial para que expresara su opinión con relación a las presentes acciones.
SEXTO. El gobernador del Estado de Guanajuato, al rendir su informe, señaló sustancialmente, lo siguiente:
Que son infundadas las manifestaciones realizadas por los partidos promoventes, pues debe precisarse que conforme al artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, el Poder Ejecutivo es el encargado de promulgar y publicar las leyes y decretos aprobados por el Congreso del Estado, por tanto, dicho acto carece de la inconstitucionalidad que los actores demandan.
Que su actuación se encuentra apegada a lo establecido por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los Poderes de los Estados miembros de la Unión, se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos.
A mayor abundamiento señala que la Constitución Federal establece expresamente, en su artículo 116, fracción IV, la competencia de los Estados para delimitar en sus Constituciones y leyes, su propio sistema electoral, garantizando los principios democráticos que la misma fracción establece; por su parte la Constitución Local, en la fracción II del dispositivo 63, establece que son facultades del Congreso del Estado reformar y adicionar las leyes cuya materia no esté reservada a la Federación, lo que no es el caso en la materia electoral que ocupa el asunto.
SÉPTIMO. Al rendir su informe, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato adujo, en síntesis, lo siguiente:
Que los argumentos esgrimidos por los partidos políticos accionantes, resultan carentes de sustento legal, en atención a que, si bien es cierto que el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla el derecho de asociación o reunión, siempre y cuando tenga un objetivo lícito, con la excepción de que, en tratándose de asuntos políticos, sólo los ciudadanos de la República podrán hacerlo, también es cierto que, como lo dispone el artículo 41, fracción I, del mismo ordenamiento constitucional, los partidos políticos son entidades de interés público y la ley determinará los requisitos para su registro legal, así como las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.
Por su parte, el párrafo primero del artículo tildado de inconstitucional, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin primordial, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo y, para ello, tendrán el derecho exclusivo de postular candidatos por sí mismos o a través de coaliciones en los términos que establezca la ley de la materia.
Por lo anterior, los partidos políticos que incoaron la presente acción de inconstitucionalidad, concluyeron que los derechos de toda persona para reunirse o asociarse con otros, sin mayor limitación que lo que el propio numeral señala, robustece y actualiza la formación de los partidos políticos considerados como entes de interés público, con el derecho exclusivo, en el caso del Estado de Guanajuato, para postular candidatos por sí mismos o a través de coaliciones en los términos que establezca la ley de la materia.
Que los derechos de reunión y asociación no admiten mayores restricciones que los que la propia ley determina; sin embargo, en cuestiones comiciales y de los propios partidos, la Constitución Federal hace hincapié en que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.
Es por ello que la libertad de asociación, tratándose de partidos políticos, no es absoluta, sino que está afectada por una característica de rango constitucional, conforme a la cual su participación en los procesos electorales queda sujeta a lo que disponga la ley ordinaria, esto es, corresponde a la legislatura, ya sea federal o local, establecer en la ley correspondiente la forma en que se organizarán los ciudadanos en materia política.
En ese sentido, es claro que la Constitución Federal deja a las Legislaturas de los Estados, la reglamentación de la intervención de los partidos políticos en el proceso electoral, por lo que si este Poder Constituyente Local, de manera razonable, consideró procedente la eliminación de la candidatura común como manifestación del ejercicio del derecho de asociación con que cuentan los entes de interés público; tal actividad se efectuó por este Congreso del Estado, en estricto apego a las facultades derivadas por el Legislador Federal.
Es claro que la eliminación de la candidatura común del orden constitucional estatal, se tomó bajo un criterio razonado y sustentado, y de acuerdo a la interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 9o., 35, fracción III y 41, fracción I, de la Ley Fundamental; aunado a la opinión que sobre el tema expresó el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, a través de su Magistrado presidente, en la que, en la parte que interesa, se indicó:
- Que desde su perspectiva, la coalición genera un mayor nivel de certeza en el electorado sobre la plataforma política de los candidatos, pues la coalición debe presentar una plataforma única que habrán de sustentar sus candidatos, y este tema es fundamental para la evaluación ciudadana del desempeño de sus gobiernos, en función del cumplimiento de la oferta política correspondiente, lo cual indudablemente contribuye al fortalecimiento de un sistema democrático.
- Que la candidatura común no brinda ninguna garantía al electorado sobre el proyecto de gobierno que habrá de prevalecer dentro de las diversas plataformas políticas impulsadas de manera independiente por cada uno de los partidos que impulsan una candidatura común.
- Que al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el recurso de apelación SUP-RAP-020/2000, emitió consideraciones al respecto y determinó que, mediante la candidatura común, los votos se computan a favor de cada uno de los partidos políticos que los haya obtenido, sumándose a favor del candidato común, ya que se vota por el partido político y/o por coalición.
- Asimismo, sostuvo que mediante las candidaturas comunes o coaliciones, dos o más partidos políticos postulan a un mismo candidato, sin que sea óbice a lo anterior que entre ambas instituciones existan diferencias ideológicas, lo cual, en el caso de la candidatura común, representa un perjuicio al electorado pues los partidos políticos que postularon al mismo candidato no se encuentran obligados a unificar su ideología, por el contrario, cada uno de los partidos políticos se mantiene firme en su propia plataforma electoral, propaganda de acción e ideología, situación que no sucede en las coaliciones, toda vez que en éstas, las entidades políticas postulantes, deben llegar a un acuerdo que genere una propuesta plenamente identificable entre sí, lo que le da al elector una mayor claridad de los programas, principios e ideas que han de regir al candidato postulado.
- Bajo ese panorama, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato estimó que las candidaturas comunes no abonan al fortalecimiento democrático, pues no confieren a la ciudadanía elementos objetivos para conocer, vigilar y en su caso, demandar el cumplimiento de la propuesta política correspondiente.
Además, el Congreso del Estado de Guanajuato aduce que lo anterior se confirma con el debate que sostuvieron los diputados de la Sexagésima Legislatura Local, durante la sesión de ocho de agosto de dos mil nueve, en la que se puso a consideración el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la reforma del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, en la que la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, manifestó medularmente lo siguiente:
- Que mediante el ejercicio del voto la sociedad guanajuatense decide quiénes serán sus dirigentes, razón por la que el desarrollo de la actividad electoral debe estar regido por los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, y en atención a estos principios, es que el sistema de representación política debe adecuarse constantemente, con la finalidad de perfeccionar la aplicación de esos principios rectores.
- Que cuando un ciudadano simpatiza o milita con un partido político, significa que existe conformidad de éste con la filosofía y principios que dicho partido postula y es por eso que optamos por el candidato que pertenece a dicha entidad política, pues ello nos garantiza que la persona electa es un digno vocero de las convicciones del pueblo que la eligió; en ese sentido, la candidatura común no garantiza al electorado las directrices por las cuales se guiará el candidato electo, razón por la que se consideró pertinente suprimirlas.
- Que con la supresión de las candidaturas comunes, se fortalece e impulsa la formación de coaliciones en las que se suman voluntades políticas a un solo proyecto, para postular al mismo candidato.
- Que con la coalición se asegura a la ciudadanía, certidumbre respecto a la ideología y oferta política de los candidatos, lo cual se traducirá en niveles reales de compromiso y gobernabilidad, situación que no ocurre cuando los candidatos se postulan por medio de la candidatura común.
- Que lo ideal es que un candidato exprese su identidad política, sus convicciones ideológicas, mismas que deben ser acordes con el partido político en el cual participa, por lo que en una candidatura común nos encontramos ante una encrucijada, ya que el candidato representará los intereses de diversos partidos políticos, sin que medien consensos entre ideologías y principios doctrinarios de los partidos involucrados.
- Que además, las candidaturas comunes generan un gasto innecesario, pues la propaganda política y demás gastos, se generarán para cada partido aunque éstos postulen el mismo candidato, situación que se traduce en un trato desigual respecto de los demás candidatos que sólo serán promovidos por un partido político, aunado a que en las planillas electorales, el candidato común aparecerá dos veces, lo cual resulta a todas luces inequitativo.
- Que si se cuenta con una figura que permite que se coaliguen los partidos para alcanzar un fin electoral perfectamente definido, resulta innecesario mantener en la legislación una figura vana y carente de formalidades como lo es la candidatura común.
Añade el Congreso Local que, en el mismo sentido, se manifestaron los diputados José Julio González Garza y el diputado Obregón Torres y, posteriormente, el dictamen fue votado por el Pleno del Congreso del Estado, obteniendo veintiséis votos a favor y nueve en contra, por lo que se declaró su aprobación y se ordenó turnarlo al Ejecutivo del Estado para los efectos legales de su competencia.
El Congreso Estatal considera aplicable al caso la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de este Máximo Tribunal, en la acción de inconstitucionalidad 6/2004 y su acumulada 9/2004, de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. CORRESPONDE AL LEGISLADOR ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA SU CREACIÓN, CON APEGO A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES Y CONFORME A CRITERIOS DE RAZONABILIDAD QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA.", así como la emitida por el Pleno en la acción de inconstitucionalidad 88/2008 y sus acumuladas 90/2008 y 91/2008, cuyo rubro dice: "PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. ASPECTOS A LOS QUE ESTÁ CONDICIONADA LA LIBERTAD DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS PARA ESTABLECER LAS MODALIDADES Y FORMAS DE SU PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES LOCALES."
Por último, el Poder Legislativo Estatal, señala que el que con la reforma al artículo 17 de la Constitución Local, se haya eliminado la candidatura común, no contraviene precepto constitucional alguno, en específico lo estipulado en los artículos 9o., 35, y mucho menos 41 de este ordenamiento, pues con la reforma se deja intocada y, por tanto, vigente, la figura de coalición, que según los argumentos mencionados en la iniciativa, dictamen legislativo, opinión del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y debate sufrido con motivo de la reforma, la coalición es la institución que genera un mayor nivel de certeza en el electorado y con mucha mayor aceptación en los Estados de la República mexicana, por permitir que en forma ordenada y una clara identificación de la plataforma política que sustentan los partidos políticos coaligados, así como otras ventajas, por lo que a través de la coalición subsiste el derecho que tienen lo participantes políticos de ejercer su derecho de libre asociación sin más requisitos que los que la ley de la materia establece, acorde con lo dispuesto por el artículo 9o. de la Constitución Federal.
OCTAVO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, emitió opinión, en la que señaló, en síntesis, lo siguiente:
Que el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, el pueblo tiene en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
El artículo 40 de la Constitución Federal señala que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la propia Ley Fundamental.
A su vez, el artículo 41 dispone que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos establecidos, respectivamente, por la Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
Que la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.
Asimismo, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y se podrán afiliar libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
Por su parte, el artículo 116, fracción IV, inciso e), prevé que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa.
Asimismo, tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de la Constitución.
Que en concordancia con el orden constitucional federal, el artículo 17, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, que es motivo de opinión, dispone que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como finalidad promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación estatal y municipal, con el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular por sí mismos, o a través de coaliciones, en los términos que establezca la ley de la materia.
Que el párrafo segundo del citado artículo 17 establece que sólo los ciudadanos guanajuatenses podrán formar partidos políticos estatales y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
El marco constitucional en los ámbitos federal y local permite afi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22045-b8c57148/candidaturas-comunes-su-expulsion-del-marco-juridico-estatal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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