SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN UNA CAUSA PENAL. LA FALTA DE FIRMA DEL JUEZ EN ELLA, CONDUCE A CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE SUBSANE TAL OMISIÓN, PUES ÉSTA IMPIDE CUALQUIER EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA EMITIDA EN APELACIÓN (LEGISLACIONES APLICABLES DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y MICHOACÁN).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza penal, en la que esta Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, que fue quien resolvió uno de los asuntos a que se refiere la denuncia.
En efecto, de acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo puede plantearse por:
a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) El procurador general de la República.
c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.
En el caso que nos ocupa, la denuncia de contradicción de tesis provino, como se dijo, del presidente de uno de los tribunales cuya resolución participa en la contradicción de criterios; por lo tanto, queda patente que quien realiza la propuesta tiene legitimación para motivar la denuncia.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número DT. 113/2008, promovido por **********, en fecha tres de julio del año dos mil ocho, en lo que interesa al tema de esta contradicción, sostuvo:
"... Por otra parte, sostiene el quejoso como una violación de índole procedimental, que estima afectó su defensa y le provocó un estado de indefensión, consistente en que la responsable pasó por alto que la sentencia de primera instancia carecía de firma del Juez que la emitió, invocando en su apoyo la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página ochocientos veinte del Tomo Décimo Tercero, correspondiente al mes de julio del dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido: ‘SENTENCIA DE PRIMER GRADO, FALTA DE FIRMA DEL JUEZ EN LA. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE OBLIGA AL TRIBUNAL DE ALZADA A ORDENAR SU REPOSICIÓN.’ (la transcribe).
"Dicho motivo de inconformidad resulta fundado, por cuanto es verdad que la sentencia de primera instancia, confirmada por la Sala responsable carece de firma del Juez, así como el que ello constituye una violación a las leyes del procedimiento, ya que el artículo 154 del Código de Procedimientos Penales del Estado preceptúa que: ‘Toda resolución judicial deberá ser fundada y motivada, consignarse por escrito y expresará el lugar y fecha en que se dicte; se redactará en forma clara, precisa y congruente con la promoción o actuación procesal que la origine; estará firmada por la autoridad de que dimane y por el secretario respectivo o testigos de asistencia. Toda resolución ...’
"Sin embargo ello resulta inoperante, toda vez que este tribunal considera que no toda violación a las leyes que rigen el procedimiento ameritan la protección constitucional, ya que si bien algunas trascienden al resultado del fallo, afectando las defensas del quejoso, existen otras que en forma alguna inciden en lo resuelto ni afectan al solicitante del amparo como sucede en el caso, ya que no obstante la falta de firma por parte del a quo en la sentencia apelada, dicha violación en forma alguna determina el sentido de la resolución, ni tampoco trastoca las defensas del sentenciado.
"Lo anterior es así, ya que en contra de la sentencia de primer grado, el quejoso hizo valer el recurso de apelación en el cual expresó los agravios que consideró le irrogaba tal resolución (en los que nada alegó respecto a la falta de firma del a quo), los cuales fueron analizados y contestados por la Sala responsable, pues así consta en la resolución reclamada; además, también se hizo un estudio oficioso de las constancias que integran el proceso penal para determinar que se encontraba acreditado el delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 299, 300, fracción III y 303, fracciones VII y VIII, del Código Penal del Estado, así como la plena responsabilidad de ********** en su ejecución, procediendo en consecuencia al dictado de la sentencia de segunda instancia, desapareciendo por ende aquella infracción y, por tanto, ello no afectó las defensas del quejoso.
"Por último, respecto del tema que se analiza es de señalar que este tribunal no comparte el criterio que sostiene la tesis ya transcrita y que invoca el quejoso, pues parte de la base de que la falta de firma en la sentencia de primera instancia por parte del Juez que la emitió, constituye una violación a las leyes del procedimiento, que debe tomarse en consideración en forma oficiosa para otorgar la protección constitucional en términos del artículo 160, fracción IV, de la Ley de Amparo; pues es el caso que, debe estimarse que si bien existió dicha irregularidad procesal, lo cierto es que no afectó las defensas del quejoso, como ya se vio; además de que si la actuación en la que se contiene la resolución correspondiente se asentó que: ‘... Así, definitivamente juzgado, lo sentenció y firma la ciudadana licenciada Ernestina Pimentel Pineda, Juez de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, que actúa con el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, ciudadana licenciada Eloisa Torres de la Paz. Conste’; y enseguida consta la firma del secretario, es indudable que ello así aconteció, pues este servidor público se encuentra investido de fe y, por lo mismo esa sentencia debe surtir plenamente sus efectos.
"Por analogía, es de invocar la tesis emitida por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cuarenta y dos del Tomo número LXXXVII, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 263428, que dice: ‘NULIDAD DE ACTUACIONES, POR FALTA DE FIRMA DEL JUEZ.’ (la transcribe).
"También guarda similitud, la tesis emitida por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página once del Tomo Décimo Sexto, Segunda Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 263,428, del siguiente contenido literal: ‘ACTUACIONES, FALTA DE FIRMA DEL JUEZ, EN LAS.’ (la transcribe).
"Razones las anteriores, por las que este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito en la tesis inicialmente invocada, por lo que en su momento, procede hacer la correspondiente denuncia de contradicción de criterios a fin de que la Sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dilucide el tema."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, al resolver en sesión de fecha catorce de junio de dos mil el amparo directo número **********, en la parte que interesa, consideró:
"... Por otro lado, de los autos de la causa penal número **********, instruida a más de otro, al hoy quejoso **********, por el delito de robo en agravio de **********, se advierte que a fojas de la 356 a la 378, corre agregada la sentencia definitiva de quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el Juez natural y que dio origen al acto reclamado, de cuya resolución aparece que carece de la firma del titular del juzgado natural, pues al establecerse al calce de la misma la leyenda:
"‘Así, lo sentenció y firma el ciudadano licenciado Julio Obregón Flores, Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, por ante la ciudadana licenciada Rosalba Pacheco Teresa, primer secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.’
"De dicha leyenda se desprende que únicamente obra una sola firma, cuya identidad se asemeja a las subsecuentes relativas a las notificaciones que al respecto se hicieron a las partes, de donde se deduce que únicamente dicha resolución fue firmada por la primera secretaria de Acuerdos que autorizó y dio fe del acto de autoridad de que se trata.
"Por tanto, si la sentencia de primera instancia no fue firmada por el titular del juzgado, ello entraña la violación prevista en la fracción IV del artículo 160 de la Ley de Amparo, por lo que si el tribunal de alzada responsable no advirtió tal omisión, la misma debe ser tomada en cuenta de oficio para otorgarse la protección de la Justicia Federal, toda vez que ello entraña una grave irregularidad del procedimiento, pues el acto de autoridad carece de un requisito esencial para su validez, razón por la que en el caso, debe ordenarse la reposición del procedimiento, estimando insubsistente la determinación final que se pronunció en el expediente natural, lo que implica que se debe conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, con el objeto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y dicte otra en la que ordene la reposición del procedimiento a fin de que el Juez natural emita otra resolución firmada por él y su respectivo secretario, con cuyo proceder se subsane la omisión que se cometió en dicha violación, consistente en haber practicado una diligencia en forma distinta de la prevenida por la ley.
"Es aplicable al caso en lo conducente la tesis de jurisprudencia número 84, consultable en la página 40, Materia Común, Sexta Época, de los Precedentes Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"‘REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. LAS GRAVES IRREGULARIDADES LA JUSTIFICAN.’ (la transcribe)."
De ese criterio emergió la tesis aislada siguiente:
"SENTENCIA DE PRIMER GRADO, FALTA DE FIRMA DEL JUEZ EN LA. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE OBLIGA AL TRIBUNAL DE ALZADA A ORDENAR SU REPOSICIÓN. Atendiendo al contenido de lo que establece la última parte de la fracción IV del artículo 160 de la Ley de Amparo, si del análisis de la sentencia de primera instancia aparece que carece de la firma del Juez, cuyo acto constituye una formalidad esencial que la ley previene, en términos del artículo 23 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, ello entraña la violación establecida en la aludida fracción IV del artículo 160 de la Ley de Amparo; por ello, si en el caso, en la apelación respectiva, el tribunal ad quem pasó desapercibida esa omisión, la misma debe tomarse en consideración, de manera oficiosa, por parte del Tribunal Colegiado de Circuito, al atender la demanda de amparo directo promovida ante este último, para la concesión de la protección federal, a fin de que el tribunal de segunda instancia deje insubsistente el acto reclamado y dicte otro en el que ordene la reposición del procedimiento a partir del acto en que aconteció tal violación."(1)
QUINTO. A fin de determinar si existe o no la discrepancia de criterios que ha sido denunciada, enseguida se sintetizan las consideraciones en que cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes apoyó su criterio.
El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver en sesión del tres de julio de dos mil ocho el amparo directo penal **********, promovido por **********, en su parte considerativa, sostuvo que:
• No toda violación a las leyes que rigen el procedimiento ameritan la protección constitucional, ya que si bien existen algunas que trascienden al resultado del fallo afectando las defensas del quejoso, existen otras que no tienen esa característica, dado que no inciden en lo resuelto, por lo que no afectan los derechos del quejoso, como sucedió en este caso, pues la falta de firma del a quo en la sentencia apelada no determina el sentido de la resolución, ni tampoco trastoca la defensa del sentenciado.
• Lo anterior es así, ya que en contra de la sentencia de primer grado el quejoso interpuso recurso de apelación con la particularidad de que en los agravios no alegó la falta de firma, por lo que dichos agravios fueron analizados y se realizó un estudio oficioso de las constancias que integran el proceso penal, para determinar que se encontraba acreditado el delito imputado, así como la plena responsabilidad del sentenciado, por lo que se dictó la sentencia de segunda instancia sin considerar aquella infracción, con lo cual no se afectaron las defensas del quejoso.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito (antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito) al resolver el catorce de junio de dos mil el amparo directo penal **********, promovido por **********, en la parte que interesa, sostuvo en síntesis lo siguiente:
• Advirtió que la sentencia definitiva de quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve emitida por el Juez de primer grado, carece de la firma del titular, pues de la leyenda que se asienta en la misma aparece una sola firma, la cual se deduce por las actuaciones subsecuentes que pertenece a la secretaria de Acuerdos, quien autorizó y dio fe del acto de autoridad que se reclamó en apelación.
• Derivado de lo anterior, concluyó que al no estar firmada la sentencia de primera instancia por el titular del Juzgado, ello entraña una violación a lo previsto en el artículo 160, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual es una grave irregularidad al procedimiento, pues el acto de autoridad carece de un requisito esencial para su validez, por lo que debe ordenarse la reposición del procedimiento para subsanar la omisión en que se incurrió, consistente en haber practicado una diligencia en forma distinta a la prevenida en ley.
Del análisis de las anteriores ejecutorias que motivaron la presente contradicción de tesis, se advierte que en el caso sí se configura la divergencia de criterios, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se precisan:
El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito sostuvo que la falta de firma de la sentencia emitida por un Juez de primer grado en un asunto penal no advertida en apelación por el Tribunal Superior de Justicia, no constituye una violación procesal que justifique la concesión del amparo, porque la misma no trascendió al resultado del fallo afectando las defensas del quejoso, ya que la falta de firma en dicha sentencia no determina el sentido de la resolución, ni tampoco trastoca la defensa del sentenciado, máxime que el quejoso en los agravios que expuso en la apelación no alegó esa falta de firma, lo cual tampoco fue advertido en la sentencia de segunda instancia, la cual se dictó sin considerar aquella infracción, motivo por el cual no se afectaron las defensas del quejoso.
Por su parte, el actual Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en suplencia de queja, advirtió que la sentencia definitiva emitida por el Juez de primer grado carece de la firma del titular, pues de la leyenda que se asienta en la misma aparece una sola firma, la cual se deduce por las actuaciones subsecuentes que pertenece a la secretaria de Acuerdos, quien autorizó y dio fe del acto de autoridad que se reclamó en apelación, concluyendo que la falta de firma de esa actuación entraña la violación prevista en el artículo 160, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual es una grave irregularidad al procedimiento, pues el acto de autoridad carece de un requisito esencial para su validez, por lo que debe ordenarse la reposición del procedimiento para subsanar la omisión en que se incurrió, consistente en haber practicado una diligencia en forma distinta a la prevenida en ley.
De lo expuesto se infiere que los Tribunales Colegiados de Circuito examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y provenientes de los mismos elementos, esto es, se refirieron al tema de si la falta de firma por parte del titular del juzgado de origen en un asunto penal constituye una violación procesal en términos del artículo 160, fracción IV, de la Ley de Amparo.
No es obstáculo a la conclusión alcanzada en el sentido de que existe la oposición de criterios, la circunstancia de que la resolución emitida por el Tercer Tribunal Colegiado contendiente se hubiera apoyado en el artículo 154 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán y el otro órgano colegiado en la parte considerativa de la sentencia que participa en esta denuncia, no hubiera señalado disposición adjetiva alguna para apoyar su conclusión, pese a que la tesis que redactó se refiere al artículo 23 del código adjetivo del Estado de Guerrero, dado que, por una parte, ambos Tribunales Colegiados examinaron el tema jurídico previamente acotado vinculado con el efecto jurídico que provoca la falta de firma de la sentencia de primer grado, no advertida por el tribunal de apelación, cuya deficiencia se hace valer en el amparo directo a la luz de lo que dispone el artículo 160, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que, en principio, se debe reiterar que existe la contradicción de tesis por haberse abordado idéntico tema jurídico, pese a la diferencia que, como más adelante se acreditará, no modifica la premisa establecida.
Por otra parte, importa destacar que la discrepancia de la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con las consideraciones de la ejecutoria que le dio origen, que se traduce en una incongruencia entre la redacción de la aludida tesis frente a los razonamientos que se esgrimieron en la sentencia de mérito, tampoco es motivo para estimar inexistente o improcedente la denuncia respectiva, dado que en este caso debe atenderse a los lineamientos de la ejecutoria, acorde con el criterio del Tribunal Pleno que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA. Si del análisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierte que aquélla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicción debe atenderse a ésta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el órgano que resuelve se encuentra en las consideraciones de la propia resolución. En esta hipótesis, la inexactitud de la tesis en relación con la ejecutoria a la que se refiere, lleva, además y con independencia de la existencia o inexistencia de la contradicción que se hubiere denunciado, a la corrección de la tesis relativa, pues si a través de la publicación de las tesis se dan a conocer los diversos criterios que sustentan los órganos resolutores, es lógico que por razones de seguridad jurídica deba corregirse y darse a conocer el verdadero criterio del juzgador que no fue reflejado con fidelidad."(2)
En tales condiciones, esta Primera Sala reserva la facultad que deriva del criterio anterior para ordenar la corrección de la tesis identificada con el número de registro 191509, tesis aislada. Materia(s): Penal. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, tesis XXI.2o.12 P, página 820, previamente reproducida, una vez que se resuelva sobre el criterio que sobre el punto de contradicción a que este expediente se refiere debe regir en el futuro.
En consecuencia, se reitera que el punto de divergencia en los criterios de los Tribunales Colegiados contendientes radica en determinar si la falta de firma en la sentencia dictada en primer grado en un expediente penal, cuya deficiencia no fue advertida de oficio por el Tribunal Superior de Justicia, ni se hizo valer a guisa de agravios, constituye una violación procesal prevista por el artículo 160, fracción IV, de la Ley de Amparo, que amerita la reposición del procedimiento penal.
SEXTO. Estudio. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sostenido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basado en las siguientes consideraciones:
La resolución de la presente contradicción requiere que se tenga presente lo que establece el artículo 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia;
"...
"V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:
"...
"VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria de los artículo 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones ..."
En concordancia con las transcritas disposiciones constitucionales, los artículos 158 y 160, fracciones IV y XVII, de la Ley de Amparo preceptúan que:
"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. ..."
"Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso:
"...
"IV. Cuando el Juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley;
"...
"XVII. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda."
De lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo se desprende que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, donde deben reclamarse por economía procesal no sólo las violaciones cometidas al dictar el laudo o resolución que puso fin al juicio, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal, a condición de que trasciendan al resultado de dicha resolución, laudo o sentencia definitiva.
Asimismo, el artículo 160 de la propia ley reglamentaria contempla un catálogo enunciativo de violaciones procesales aplicables en materia penal, cuya infracción por parte de las autoridades responsables se considera expresamente por el referido precepto legal, que afecta las defensas del quejoso, en esas condiciones, si además la violación procesal trasciende al resultado de la resolución, necesariamente conduce a la concesión del amparo, que deberá tener por efecto el que se ordene la reposición del procedimiento a partir de que se cometió la violación para que la misma sea reparada por la autoridad responsable.
Lo anterior deriva de la doble distinción de procedencia del amparo directo que contempla el artículo 158 ya reproducido, la cual es importante para fijar el alcance de la sentencia protectora, pues en los casos en que se conceda el amparo por una cuestión de fondo es obvio que el efecto de la sentencia que otorgó el amparo será para que se deje insubsistente la resolución reclamada y se dicte otra, reparando la violación cometida in judicando (al dictar), esto es, por una cuestión de fondo; en cambio, cuando el amparo se concede por una violación procesal, el efecto natural de la sentencia será el que se deje insubsistente la resolución reclamada y se reponga el procedimiento hasta el momento en que se cometió la violación declarada inconstitucional en el amparo (violaciones in procedendo).
Ahora bien, dentro de ese catálogo expreso de violaciones procesales se contempla en la fracción IV la referente a cuando el Juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley.
Como se observa esa previsión no se refiere de manera expresa a la ausencia de firma del titular del órgano jurisdiccional que emitió la resolución de primer grado, sino que contiene dos hipótesis, la primera, cuando el Juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia y, la segunda, fundada en el supuesto de que se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley.
Al efecto, cabe decir que la situación fáctica examinada por los tribunales de amparo no se ubica en ninguna de las hipótesis reseñadas, puesto que el problema jurídico planteado no se refiere al supuesto en que el Juez actúe sin fedatario o testigos de asistencia, ni constituye una diligencia practicada en forma distinta de la prevista por la ley, como expresamente lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito en la parte final de su sentencia, al señalar:
"... lo que implica que se debe conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, con el objeto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y dicte otra en la que ordene la reposición del procedimiento a fin de que el Juez natural emita otra resolución firmada por él y su respectivo secretario, con cuyo proceder se subsane la omisión que se cometió en dicha violación, consistente en haber practicado una diligencia en forma distinta de la prevenida por la ley."
Lo cual será demostrado enseguida, motivo por el cual es irrelevante si esa omisión afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado de la resolución, toda vez que tales requisitos dejan de ser importantes cuando el tema examinado no constituye, a la luz de lo que establecen los artículos 158 y 160 de la Ley de Amparo, violaciones procesales reparables en el amparo directo, sino que se ubican en una facultad diversa del tribunal de amparo.
Para estar en posibilidad de resolver el punto divergente a que este expediente se refiere, es necesario tener en cuenta las consideraciones que sustentó la Segunda Sala que comparte esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis **********, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Segundo y Décimo Primero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en sesión de cuatro de julio de dos mil siete, por mayoría de tres votos, las cuales son del tenor literal siguiente:
"Es menester hacer referencia a que la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 13/93, determinó que aun en el supuesto de que la falta de firma de alguno de los miembros de la Junta en el laudo reclamado, pudiera producir la inexistencia de dicho laudo, de todas formas debe concederse el amparo a la parte quejosa para el efecto de que esa irregularidad sea subsanada, tomando en consideración que tanto la Constitución General de la República como la Ley Federal del Trabajo, obligan a la Junta a dirimir el conflicto de manera pronta, completa e imparcial, dictando los laudos a verdad sabida y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia. Al efecto con carácter de jurisprudencia emitió el criterio siguiente:
"‘LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DA LUGAR AL OTORGAMIENTO DEL AMPARO, NO AL SOBRESEIMIENTO.’ (la transcribe).
"De igual manera, dicha Cuarta Sala, al resolver la contradicción de tesis 2/93, determinó que la falta de firma del acta de discusión y votación del laudo, por parte del secretario, da lugar a la invalidez de la actuación con trascendencia al laudo.
"El c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22197-ceb19caf/sentencia-de-primera-instancia-en-una-causa-penal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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