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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE APREHENSION. DEBE ATENDERSE PARA SU EMISION UNICAMENTE AL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL Y NO AL 14 DEL MISMO ORDENAMIENTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 296/94. · Registro digital (IUS): 2225
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 1994, , Pág. 323.

AMPARO EN REVISION 296/94. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO.

CONSIDERANDO:

III.-Es inatendible el agravio en el que el Juez disconforme se duele de que el de amparo, al dictar la sentencia materia de la litis en este asunto, no ajustó su proceder al criterio jurisprudencial de este órgano colegiado número VII. P. J/40 y epígrafe "ORDEN DE APREHENSION. PARA DICTARLA NO ES OBLIGATORIA OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO." consultable en la página ochenta y uno de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, editada en mayo del año en curso, que invoca aquél, ya que la lectura de dicha sentencia permite concluir que su autor no sostuvo en ella que la orden de captura dictada en contra del quejoso por el delito previsto en la fracción V del artículo 112 en relación con el diverso 115 de la Ley de Instituciones de Crédito resulta violatoria de garantías por carecer de tales formalidades, que consisten por cierto, según la diversa tesis de jurisprudencia de este tribunal número VII. P. J/19 y voz "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTOS. EN QUE CONSISTEN (ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL)", visible en las páginas cincuenta y siete y siguiente de la Gaceta del propio Semanario Número 63, editada en marzo del año retropróximo, en la oportunidad que se otorga al quejoso de ser oído en la causa penal instruida en su contra y de probar lo que conviniere a sus intereses.

En cambio, es fundado el diverso agravio en el que el recurrente sostiene que "la orden de aprehensión reclamada del suscrito se debió haber considerado en cuanto a si reunía o no los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal". En efecto, en la tesis publicada bajo el número VII. P. 79 P y rubro "" aparece publicada en las páginas cuatrocientos noventa y cuatro y siguiente del Tomo XII, Octava Epoca, del aludido Semanario, correspondiente al mes de agosto del citado año, misma que fue reiterada en las ejecutorias emitidas en los tocas a la revisión números 231/993, 98/993, y 344/993, interpuestas por Alejandro Aguilar Jácome, René Vives Zamudio y José Manuel Ramírez Zepeda, respectivamente, este órgano jurisdiccional ha sostenido el criterio de que para librar una orden de aprehensión únicamente debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional y no al 14 ibidem, criterio que obedece al hecho de que este último precepto de ley rige, según su claro texto, para actos de privación, debiéndose entender por tales los que tienen por fin último, definitivo y natural la disminución de la esfera jurídica del gobernado, lo que no ocurre en el caso de las órdenes de aprehensión, puesto que las mismas no tienen como fin último, definitivo y natural privar de su libertad al indiciado, sino únicamente lograr su detención para ponerlo a disposición de su Juez con el objeto de que se dé curso al procedimiento correspondiente para determinar en su oportunidad y caso si debe ser sancionado como responsable de algún ilícito penal.

En esas condiciones, y por cuanto la procedencia de ese agravio hace innecesario el estudio de lo demás que hace valer el disconforme a título de tales, debe darse cumplimiento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo.

IV. De la demanda de garantías modificadora del juicio al que este asunto se contrae se advierte que el quejoso adujo como conceptos de violación lo siguiente: "1. Establece el artículo 14 de la Carta Magna: 'Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.'. En el presente caso dado que soy inocente y ningún acto constitutivo del delito he cometido, la orden dictada para que se me aprehenda, estimo que resulta contraria a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y en consecuencia, al través de esa orden se conculcan mis garantías individuales, incurriéndose en un acto viciado de inconstitucionalidad, de aquí que suplico se me conceda el fallo protector. 2. Por su parte, el artículo 16 de la mencionada Constitución Federal, preceptúa: 'Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención a no ser por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado.'. Tratándose de mi persona, en caso de existir la orden judicial de aprehensión en mi contra, quedaría surtido uno de los requisitos exigidos en el precepto constitucional en la parte transcrita, pero además de la intervención de una autoridad judicial, se requiere de una acusación o querella y estimo que la misma no existe, porque tampoco existe cometido por ningún hecho delictuoso. Resulta por tanto, injustificado que en ausencia de la comisión del delito alguno, se me mande aprehender, pues considero que tampoco existe declaración bajo protesta de persona digna de fe ni mucho menos datos que hagan probable mi responsabilidad penal. Sobre la base anterior se me causan molestias en mi persona, en mi familia, y en mi domicilio con violación del mencionado artículo 16 constitucional, cuya reparación solicito mediante este juicio de garantías. Considerando que la orden de aprehensión dictada en mi contra es carente de los elementos legales que antes preciso, estimo que resulta carente de fundamento y motivación válidos y que se trata de un acto violatorio de mis garantías individuales.".

V. Leído lo expresado a título de conceptos de violación y suplida la queja en cumplimiento del deber que a este tribunal le impone la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, el mismo estima que es el caso de confirmar, aunque por razones diversas de las esgrimidas por el Juez Segundo de Distrito en la entidad, la sentencia de primer grado. En efecto, de la orden de aprehensión reclamada aparece que después de expresar el Juez natural que "los hechos que les imputa el representante social federal a ARTURO RUIZ TORRECILLAS, SERGIO GONZALEZ DURANTE, VICENTE RAMIREZ, BONIFACIO ROMUALDO ROMERO, RAYMUNDO MARTINEZ COELLO Y A ANGEL ROMUALDO ROMERO, en términos generales los hace consistir en que con motivo de los créditos otorgados por el Banco de Crédito Rural del Golfo, Sociedad Nacional de Crédito a los representantes de los ejidos "Loma Bonita" y "San Miguel Elox", consistentes los mismos en créditos de avío para el mantenimiento de café TOF-MN, dicha institución crediticia sufrió quebranto patrimonial como consecuencia de que Bonifacio y Angel, ambos de apellidos Romualdo Romero y Raymundo Martínez Coello en las solicitudes que hicieron llegar al mencionado banco en los meses de enero y febrero de mil novecientos ochenta y ocho, solicitaron un crédito mayor al que requerían para el mantenimiento de la superficie que realmente tenían sembrada, todo ello aunado al hecho de que las ministraciones en dinero que les fueran otorgadas en parcialidades, las cuales estaban destinadas para el mantenimiento de las áreas sembradas, las distrajeran los mismos representantes ejidales para un fin distinto. Imputación que de igual forma se viene haciendo en contra de Arturo Ruiz Torrecillas, Sergio González Durante y de Vicente Ramírez, quienes en la fecha de comisión de los hechos por los cuales el Ministerio Público Federal ejercitó la acción penal ocupaban diferentes cargos en el referido Banco de Crédito Rural del Golfo, Sociedad Nacional de Crédito, permitieron no obstante haber tenido conocimiento de las irregularidades que existían en las solicitudes que habían elaborado los ejidatarios, que la institución de crédito sufriera el mencionado quebranto patrimonial por haber dejado de observar los deberes de cuidado a que estaban obligados por razón de sus empleos, pues esto último se desprende de las imputaciones que los representantes ejidales hacen en contra de tales funcionarios públicos, a quienes señalan de haberles pedido el diez por ciento de las ministraciones que iban recibiendo parcialmente con motivo del crédito con el cual se habían beneficiado; dándose resultado de todo lo anterior el quebranto y detrimento patrimonial de la ya mencionada institución de crédito", y que "lo anterior encuentra apoyo" en las constancias que al efecto relacionó, estimó que "las anteriores constancias, como ya se indicó, apoyan la denuncia de que se trata, cuyos hechos configuran los delitos de cohecho, y el previsto por la Ley de Instituciones de Crédito, previstos y sancionados respectivamente por los artículos 222 fracción I, 214 fracción III, ambos del Código Penal Federal, y artículos 112, fracciones IV y V, y 114 en relación con el diverso 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para Arturo Ruiz Torrecillas, Sergio González Durante y Vicente Ramírez; mientras que para Bonifacio Romualdo Romero, Raymundo Martínez Coello y Angel Romualdo Romero, los delitos de cohecho, previsto y sancionado por el artículo 222 fracción II, y fraude, previsto y sancionado por el numeral 386, fracción III y además aportan datos que hacen probable la responsabilidad de todos y cada uno de ellos en la comisión de dichos ilícitos, pues tales elementos de prueba son suficientes para presumir que Bonifacio Romualdo Romero, Raymundo Martínez Coello y Angel Romualdo Romero, con motivo de diversas solicitudes de crédito que hicieron al Banco de Crédito Rural del Golfo, S. N. C., en fechas veintiséis de enero y nueve y quince de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, proporcionaron datos falsos que no correspondían a la realidad o a las necesidades que requerían las áreas que efectivamente tenían sembradas de café, ocasionando consecuentemente con el otorgamiento que de dichos créditos hiciera en su favor el mencionado banco, un quebranto patrimonial de tal institución al aprovecharse del error en que ésta se encontraba en virtud de haber aprobado el financiamiento en base a datos falsos que con engaños le habían proporcionado los solicitantes; otorgan además indebidamente determinada cantidad de dinero por cada ministración que les otorgaban. Hecho que se corrobora con las declaraciones ministeriales de los representantes ejidales, quienes de igual forma reconocen haber destinado a un fin distinto las diversas ministraciones que les habían otorgado para el mantenimiento de la siembra que tenían sus respectivos ejidos", que "los mismos elementos de prueba también permiten establecer en forma presuntiva la participación en los presentes hechos de los ya referidos servidores públicos, pues éstos conjuntamente con los acreditados proporcionaron datos falsos para la obtención del crédito de avío también ya referido, recibiendo a cambio de tal proceder diversas cantidades de dinero que por su conducto de ellos mismos el Banco de Crédito Rural del Golfo, S.N.C., suministró a los campesinos solicitantes", y que "la apoderada legal de la referida institución de crédito, con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, procedió a denunciar los hechos, en virtud de que los referidos servidores públicos, no obstante haber tenido la obligación por razones de su empleo de velar por los intereses patrimoniales de la institución para la que prestaban sus servicios, no cumplieron con la misma", para concluir que "como la conducta por todos ellos observada en la comisión de los ilícitos en cuestión es castigada con pena corporal y al surtirse en la especie los particulares del artículo 16 constitucional, es procedente decretar la aprehensión de ARTURO TORRECILLAS, SERGIO GONZALEZ DURANTE y VICENTE RAMIREZ, como probables responsables en la comisión de los delitos de cohecho, ilícito previsto y sancionado por el artículo 222 fracción I, del Código Penal Federal y del previsto y sancionado por el 112 fracción V, en relación con el 115 último párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de julio de mil novecientos noventa.".

Ahora bien, la lectura de lo transcrito permite concluir que el aludido Juez de la causa no dio cabal cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 16 de la Carta Magna de motivar y fundar la causa legal del procedimiento, ya que no expresó con la precisión que es menester en casos como el presente de cuál o de cuáles de las diversas específicas conductas que mencionó en el cuerpo de dicha resolución estimó probable responsable al quejoso, ni mucho menos hizo lo propio respecto a en cuál o cuáles de las varias y diversas hipótesis delictivas tipificadas en la fracción V del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito quedaron a su juicio comprendidas esas específicas conductas.

En tales condiciones debe confirmarse, en su parte combatida, la sentencia que se revisa según se ha dicho ya, en la inteligencia de que lo anterior no impedirá que el Juez de la causa, si lo estima pertinente, dicte una nueva orden en la que subsane las omisiones apuntadas.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 90 de la ley de la materia, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma, en su parte combatida, la sentencia definitiva dictada el treinta de mayo del año en curso por el Juez Segundo de Distrito en la entidad en el juicio de garantías número 74/994, instaurado por Sergio Nicolás González Durante contra los actos y las autoridades que se puntualizan en el resultando primero de esta ejecutoria, mediante la que concedió el amparo pedido a dicho quejoso por lo que ve al delito previsto en la fracción V del artículo 112 en relación con el 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

SEGUNDO.-Notifíquese; envíese copia autenticada de la presente resolución al mencionado Juez Segundo de Distrito en la entidad y, en su oportunidad, archívese el asunto.

ASI, por unanimidad de votos de los Magistrados Gilberto González Bozziere, Hugo Arturo Baizábal Maldonado y Luis Alfonso Pérez y Pérez, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. Fue ponente el último de los nombrados. Doy fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2225-d6313220/orden-de-aprehension-debe-atenderse-para-su-emision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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