TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LES CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EJERCITAN LA ACCIÓN DE NIVELACIÓN SALARIAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 457/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados en asuntos en materia de trabajo, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco.
TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben.
El Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, resolvió el amparo directo 936/2010, por unanimidad de votos, de la siguiente manera:
"SÉPTIMO. ... De acuerdo con lo expuesto con anterioridad, los conceptos de violación formulados son jurídicamente ineficaces en cuanto a lo señalado respecto a la acción de nivelación de salarios y, por otra parte, en suplencia de la deficiencia de la queja se aprecia que el laudo reclamado es violatorio de garantías sólo en lo decidido respecto a la imposibilidad de resolver sobre la prestación de pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por el tiempo laborado que también pretendió la accionante. Por razón de método serán analizados por separado dichos temas para dar claridad de las razones de derecho que motivan la presente resolución respecto a cada punto jurídico en estudio. I. Acción de nivelación u homologación salarial. En cuanto a este punto se aprecia que la primer cuestión a decidir es a quién corresponde la carga de la prueba respecto a demostrar los extremos de la acción de nivelación u homologación de salarios en un juicio laboral tratándose de servidores públicos al servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, dado que la inconforme asevera que tal deber le asistía a la parte demandada, no así a la trabajadora actora, en oposición a lo resuelto por la autoridad responsable. Para dar respuesta a este punto es necesario delimitar las siguientes bases jurídicas. El narrado principio constitucional de que a trabajo igual corresponde salario igual en que haya su origen la acción de nivelación de salarios y correspondiente pretensión de la accionante de ser remunerada en igualdad de características con la empleada pública con la cual compara su situación, está contenida en el artículo 123 constitucional para los dos tipos de clases trabajadoras que regula. En el apartado A, la fracción VII, lo prevé al señalar que ‘Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.’. Lo que de similar forma retoma la fracción V del apartado B, para los empleados al servicio del Estado, al disponer que ‘A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo’. En función de esta disposición, se obtiene que sujetos que laboran en idénticas condiciones habrán de recibir una remuneración salarial de proporción equivalente, lo cual da lugar a que quien se halla en una situación que desconozca este aspecto puede demandar ante los órganos de jurisdicción laboral correspondientes la acción de nivelación de salarios y, en consecuencia, el pago de la diferencia de éstos donde el presupuesto es demostrar precisamente que el operario que alega esa disparidad de pago de sus servicios desempeña un trabajo idéntico al que desempeña otro u otros trabajadores conforme a una jornada igual y en condiciones laborales iguales en cantidad como en calidad, ya que el Alto Tribunal ha reiterado -como será expuesto a continuación- que la ecuación de que a trabajo igual debe corresponder salario igual, exige que la igualdad de trabajo entre el que desempeña y del que demanda la nivelación con el trabajador comparado, sea completa o idéntica en todos sus aspectos, para que no se rompa el equilibrio de la ecuación y el salario resulte realmente nivelado. Ahora bien, la jurisprudencia ha señalado que los órganos jurisdiccionales tienen como premisa obligatoria, el que, independientemente de las excepciones y defensas que pudiera oponer la parte demandada en juicio, si resultan inadecuadas, o incluso si no se defendiera en juicio, deben estudiar las acciones intentadas y analizar su procedencia, según se sostiene en la jurisprudencia 16 por reiteración de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en la Séptima Época, que dispone: ‘ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.’ (se transcribe). En congruencia con este tema de la demostración de los presupuestos de la acción y respecto a quién corresponde la carga de la prueba en este tipo de acciones de nivelación u homologación salarial basta referir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que corresponde a la parte actora, como se aprecia de la jurisprudencia 333 de la otrora Cuarta Sala de dicho Máximo Tribunal desde la Sexta Época, que dispone: ‘NIVELACIÓN DE SALARIOS. CARGA DE LA PRUEBA.’ (se transcribe). En similar sentido se orienta la jurisprudencia 570 del mismo órgano, correspondiente a la Séptima Época y publicada igualmente en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone: ‘SALARIOS, NIVELACIÓN DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA.’ (se transcribe). De lo anterior, puede apreciarse que dadas las características de esta acción en que un trabajador afirma que de facto realiza un trabajo idéntico a otro empleado que recibe mayor salario y pretende la nivelación correspondiente, sea a tal operario accionante a quien se ha considerado el principal interesado y responsable de comprobar esa igualdad de trabajo desempeñado con el sujeto con quien pretende compararse laboralmente en aras de verse remunerado en los mismos términos. Lo antes mencionado, ha sido estimado así porque comúnmente la prueba del hecho debe darla aquella parte que tiene interés jurídico en la acción; por lo que, los hechos constitutivos de una situación jurídica, debe probarse por la parte que pretende prevalerse de tal situación como lo ha informado la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente precedente sin número, que dispone: ‘SALARIO, SU NIVELACIÓN.’ (se transcribe). Ahora bien, aunque no se desatiende que estos criterios no deciden directamente el problema de la carga de la prueba en un juicio laboral burocrático tratándose de empleados del servicio público de una entidad federativa, tampoco se puede desatender que constituyen un parámetro válido de interpretación jurídica para conferir similar solución en cuanto en quién recae el débito procesal de probar los presupuestos de la homologación salarial, porque en este punto resulta que la prerrogativa constitucional en que tiene sustento esta acción tanto para empleados cuyas relaciones se rigen por la Ley Federal del Trabajo como los que se rigen por normas burocráticas son coincidentes en la premisa de que a trabajo igual debe corresponder salario igual (artículo 123, apartado A, fracción VII y apartado B, fracción V); lo cual es el sustento de esta clase de acciones y, por ende, si bien los criterios anotados del Alto Tribunal hacen referencia a los empleados del apartado A, ello no da lugar a desconocer que en el régimen constitucional vigente este principio aplica -claro está, con sus respectivas peculiaridades o notas distintivas de cada tipo de empleados-, para ambos apartados. Por tanto, como punto de partida puede observarse que ambos tipos de trabajadores cuentan con el sustento constitucional para pretender la protección de que a trabajo igual corresponde salario igual y, en todo caso, en función de la naturaleza o características de los empleados al servicio del Estado así como del régimen jurídico que incide en la remuneración de sus servicios públicos es que pueda advertirse ciertos matices distintivos. Empero, para lo que es objeto de análisis no resulta acertado, como lo pretende la parte quejosa en sus conceptos de violación (punto a, de la reseña anterior), que el solo hecho de que en el artículo 46 de la Ley para los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios, pueda encontrar cierto sustento su acción de nivelación salarial, ello impida atender a los criterios que se han fijado en torno a la carga de la prueba por el Alto Tribunal con motivo de la interpretación del artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, pues este precepto sólo retoma en su texto el principio constitucional mencionado de que debe corresponder un salario idéntico a situaciones donde haya igualdad de actividad laboral por dos o más empleados. Incluso, es de señalar que este precepto propiamente no fija una carga probatoria en particular a alguna de las partes de un juicio laboral, sino sólo el fundamento de la acción de nivelación salarial en los empleados que se rigen por dicha legislación, pues la determinación de a quién corresponde probar este tipo de acciones ha sido labor jurisprudencial, es decir, producto de la interpretación del derecho. Asimismo, es de hacer notar que en el caso particular el tribunal de escalafón y arbitraje responsable no hizo mención en el laudo reclamado de que aplicara supletoriamente al caso el artículo 86 del invocado ordenamiento federal laboral, en cuanto a la legislación burocrática, sino sólo que quien afirma un hecho le corresponde probarlo y en el mayor de los casos citó al efecto algunos criterios judiciales que son de similar contenido a las jurisprudencias y tesis aisladas transcritas del Alto Tribunal. Pero, como se ha dicho, lo relevante es que este tipo de acciones de nivelación salarial en virtud del principio de que a trabajo igual corresponde salario igual, tiene su origen para ambas categorías de empleados en la Constitución Federal (apartados A y B del numeral 123), así como que en ambos casos el trabajador actor pretende afirmar que exista una igualdad de trabajo y una disparidad de salario que le afecta respecto de otro empleado que se ve remunerado en mayor proporción que éste, de ahí que sea factible que le rija similar tipo de interpretación en cuanto a que la carga de la prueba le corresponde al trabajador actor porque es precisamente en esta acción donde resultaría insuficiente la sola apreciación conceptual del actor, relativa a la igualdad de trabajo desempeñado, para el efecto de obtener la nivelación de salarios, sino que indudablemente es elemento constitutivo de la acción, y fundamento de la misma, la comprobación de que existe esa igualdad de trabajo, para obtener la nivelación de los salarios y dado que en ella hace deducir su interés principal quien pretende tal nivelación o tratamiento igualitario de salario; debe acreditar su afirmación de que trabaja igual que el sujeto con quien se compara. En el entendido que quien finalmente califica en definitiva la identidad o igualdad de las labores es el propio órgano de jurisdicción laboral, al calificar o examinar las pruebas ofrecidas y desahogadas al respecto, no así a las partes ni los testigos ni aun los peritos que al efecto lleguen a nombrarse quienes sólo brindan un auxilio para contar con mejores elementos técnicos para el ejercicio de comparación y valoración de la igualdad cuantitativa y cualitativa de actividades laborales como lo ha señalado el Alto Tribunal. Bajo ese orden de ideas, no se aprecia que existan razones sustanciales para hacer excepción en la aplicabilidad de los criterios jurisprudenciales y de interpretación jurídica anotados para efectos de poder advertir que la carga de la prueba tratándose de la acción de nivelación u homologación de salarios opera respecto del trabajador, si se toma en cuenta que: a) No es la supletoriedad del artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo lo que hace o no, aplicables las jurisprudencias del Alto Tribunal, sino las características propias del tipo de acción, su naturaleza o finalidad que hacen razonable que quien pretende ver homologado su salario al de otro empleado compruebe los elementos de laborar en igualdad de condiciones que el sujeto con quien se compara; b) Tanto en los juicios burocráticos locales com
los laborales de empleados que se rigen por el apartado A, tienen a su favor la acción de nivelación u homologación salarial (en función del mismo principio constitucional de a trabajo igual salario igual, reconocido para ambos operarios); en consecuencia, resulta que al responder esa acción al mismo principio y partir de la misma premisa de que un empleado alega desempeñar un trabajo igual a otro u otros sujetos (cuantitativa y cualitativamente) que perciben una remuneración mayor, existiría la misma razón para concluir que es el trabajador quien tiene la carga de la prueba en este tipo de acciones laborales en particular, en congruencia con las jurisprudencias invocadas del Alto Tribunal; c) La carga de la prueba a favor del actor en esta clase de acciones deriva de que se ha interpretado que al ser el principal interesado y responsable de comprobar esa igualdad de trabajo desempeñado con el sujeto con quien pretende compararse laboralmente en aras de verse remunerado en los mismos términos, le compete justificar el elemento constitutivo de la acción y fundamento de la misma, a saber: la comprobación de que existe esa igualdad de trabajo para obtener la nivelación de los salarios pretendida; d) Finalmente, de no ser así y que invariablemente correspondiera a la parte patronal acreditar que no está demostrado el elemento básico de la acción consistente en la igualdad de trabajo desempeñado respecto de con quien pretende la nivelación el actor, prácticamente se daría a lugar a que bastara la afirmación de cualquier trabajador de desempeñar una labor igual a la de otro empleado para que fuera factible la condena de homologación salarial relativa, perdiendo de vista que no se trata en exclusiva de la hipótesis de que el patrón deba comprobar las condiciones laborales de su empleado respecto al pago de salarios o prestaciones no cubiertas por sus servicios desempeñados en cuanto a la relación laboral que pueda mantener con dicho trabajador, sino que dado el tipo y naturaleza de la acción de nivelación salarial hecha valer la cuestión a discusión es si existe o no la igualdad de trabajo afirmada en la demanda en cuanto otro (sic) operario u empleado que permita acceder al tipo de remuneración mayor que perciben estos últimos de no existir motivos justificados para hacer diferencias en su retribución laboral. Así que en este caso se justifica que sea quien tiene interés en comprobar esa situación de igualdad de labores y diferencia indebida de percepción salarial, el que deba tener la carga de probar los elementos mínimos de esa acción de nivelación. Por otro lado, tampoco se observa una clara incompatibilidad entre el supuesto genérico previsto en el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, relativo a que ‘a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual.’, pues lo cierto es que si bien en el artículo 46 de la legislación burocrática local vigente en la fecha de interposición de la demanda que dio motivo al presente asunto -veintidós de julio de dos mil ocho-, se disponía entre otros enunciados normativos el relativo a que ‘El sueldo para los servidores públicos se regirá por las disposiciones siguientes: ... Debe ser proporcional en razón de que su cuantía debe guardar conformidad con la capacidad pecuniaria de la entidad, las necesidades de la misma, así como la responsabilidad y funciones inherentes al cargo; ...’, lo cierto es que lejos de contradecirse o prever hipótesis normativas absolutamente incompatibles, discordantes o excluyentes entre sí, más bien se aprecia que la legislación burocrática anotada recogía el anotado principio constitucional de que a trabajo igual salario igual -que como se ha dicho, retoma el artículo 123 constitucional en sus dos apartados A y B, fracciones VII y V, respectivamente-; de ahí que lejos de ser contraria la naturaleza de uno u otro precepto se observan coincidentes en este punto. En efecto, si conforme al numeral 46, fracción III, de la legislación burocrática en mención, cualquier operario al servicio del Estado de Jalisco o sus Municipios debe percibir una remuneración salarial proporcional o que ‘guarde conformidad’ con la capacidad pecuniaria de la entidad, las necesidades de ésta así como con ‘la responsabilidad y funciones inherentes al cargo’; de ello deriva que en congruencia con el artículo 123, apartado B, fracción V, constitucional, los servidores que laboren en igualdad de características deben merecer idéntica proporción de salario, pues de no ser así, la entidad patronal generaría un tratamiento desigual en la remuneración salarial que es lo que pretende corregir esta clase de acciones cuando se logra comprobar los extremos conducentes, y claro está, tomando en cuenta de igual forma que no se trata de un salario fijado sin reglas o límites, pues éstos los haya (sic) en el respectivo presupuesto de egresos y los principios de austeridad, disciplina presupuestal, racionalidad, proporcionalidad, equidad, certeza y motivación a que alude el propio precepto 46, que en aquella época señalaba: (Reformado, P.O. 26 de agosto de 2004). ‘Artículo. 46.’ (se transcribe). Del contenido del anterior precepto puede observarse que fija ciertas características que el legislador imprimió al sueldo para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, entre las cuales destaca que en la fracción I del citado artículo 46, dispone que debe estar previsto en el presupuesto de egresos respectivo, mismo que debe cumplir con los principios de austeridad, disciplina presupuestal, racionalidad, proporcionalidad, ‘equidad’, certeza y motivación, lo que en primer término sería indicativo que la previsión presupuestal del sueldo de tales operarios debe ser igual para quienes sean iguales y distinto para quienes no guarden la misma situación; cuestión que resulta coincidente con el numeral 86 de la Ley Federal del Trabajo. Aunque se insiste la posibilidad para aplicar las jurisprudencias del Alto Tribunal en cuanto a que la carga de la prueba corresponde al actor tratándose de una acción de nivelación salarial no es en función de si el anotado artículo 86 es o no supletorio de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, sino del tipo de acción hecha valer, su origen constitucional coincidente, las características, naturaleza y finalidad general, por ende, que sea quien pretende una remuneración igual a otro sujeto el que deba demostrar los extremos de la ecuación de a trabajo igual salario igual. Ahora bien, si el anotado artículo 46, fracción I, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios retoma tanto la equidad del sueldo de los servidores (en el presupuesto conducente) y adicionalmente la fracción III del propio precepto, prevé la proporcionalidad entre trabajo y salario en función de la capacidad pecuniaria de la entidad pública patronal, sus necesidades así como la responsabilidad y funciones inherentes al cargo del empleado; resulta que al ser ello el sustento de un empleado público para tener derecho a una acción de nivelación salarial (pues recoge el comentado principio de correspondencia equitativa entre trabajo desarrollado y salario), igualmente existiría la misma razón de que sea el trabajador que hace valer tal cuestión de homologación de salarios quien demuestre los elementos constitutivos de su acción. Máxime que en estos preceptos no se dispone expresamente que sea la entidad pública patronal quien deba demostrar o desvirtuar los elementos básicos de esa clase de acción y, en cambio, en congruencia con la interpretación jurídica del Alto Tribunal en los criterios ya transcritos puede advertirse que existiría similar razón para concluir que son los empleados burocráticos que pretenden afirmar que existe una situación de igualdad de trabajo efectuado y un pago inequitativo (respecto del empleado u operarios con quien se compare y alega que tienen una mayor remuneración salarial), el que deba acreditar los presupuestos de su acción. Pues en este sentido es conveniente agregar que tratándose de empleados al servicio del Estado jurídicamente se asume conforme lo dispuesto en el artículo 46 transcrito la homologación salarial de quien se ubica en igualdad de categorías o tipo de plaza en cuanto a desempeñar las mismas funciones atento a los sueldos equitativos que se presupuestan y fijan en los correspondientes tabuladores. Esto, congruente con el numeral 56, fracción II, de la invocada legislación local en estudio, que disponía como obligaciones de las entidades patronales en sus relaciones laborales pagar los sueldos y demás prestaciones a sus empleados de acuerdo con los tabuladores correspondientes a las categorías en que estuvieran clasificados escalafonariamente. Por ello, es que la creación de categorías diferenciadas de servidores públicos en las plantillas de cada dependencia o entidad pretende guardar cierta uniformidad dentro de lo razonable en sus emolumentos, lo que ulteriormente puede ir variando en función de las circunstancias concretas del servidor público de que se trate y consabidos topes salariales, pues durante su vida laboral pueden irse diferenciando del resto de empleados públicos en función de elementos objetivos como son los parámetros escalafonarios (conocimientos, aptitud, antigüedad, disciplina y puntualidad) dentro de lo que el marco jurídico y presupuestal conducente permite tomar en cuenta para incrementar sus percepciones. O bien, tal diferenciación de salarios de sujetos que estén en una misma plaza puede derivar ya durante sus relaciones de trabajo en función de contar con estímulos o compensaciones conforme a los correspondientes supuestos previstos legalmente para acceder a ello, si se toma en cuenta el artículo 54 Bis de la legislación burocrática en estudio, que señala en su parte relativa: ‘Artículo 54 Bis.’ (se transcribe). Por tanto, si un trabajador burocrático afirma que realiza la mismas funciones que otro y pretende acceder por virtud de una acción de nivelación salarial a un salario idéntico que otro servidor público es dicho actor quien debe acreditar esa situación de igualdad de labores desarrolladas (cuantitativa y cualitativamente), por ende, que objetivamente cuenta con los mismos atributos y condiciones laborales que legalmente han dado lugar que el operario con el cual se contrasta perciba una mayor remuneración, para que así quede demostrada la ecuación de equidad entre trabajo y salario, pues además de contar con la misma categoría o plaza (que generalmente sucede ante el cúmulo de empleados al servicio del Estado que pueden estar en una misma categoría) es relevante que exista efectivamente en los hechos esa situación de correspondencia entre jornada, tipo de actividades, condiciones laborales y atributos para contar con similares percepciones legales, por la igualdad de trabajo alegada y comprobada tanto en cantidad y calidad (incluso los factores cualitativos previstos legalmente para percibir conceptos remuneratorios adicionales dentro del marco presupuestal). Porque en congruencia con los criterios del Alto Tribunal, la prueba del hecho debe darla aquella parte que tiene interés en la acción; por lo que, los hechos constitutivos de una situación jurídica, debe probarse por la parte que pretende prevalerse de tal situación, lo que en la especie se actualiza respecto del actor que pretende evidenciar una situación de igualdad de trabajo y disparidad de salario, pues desde el instante en que su pretensión es cuestionar que se rompe esa equidad laboral es a él a quien compete probar lo que afirma respecto a laborar de manera idéntica a otro empleado público y una indebida disparidad de remuneración salarial. Por tales motivos, resulta infundado el concepto de violación an
tado bajo el punto a, y en la misma medida, tampoco resulta eficaz lo expuesto en el punto b, concerniente a que en similar sentido le eran favorables dos amparos 235/2009 y 408/2009 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito (resueltos respectivamente en sesiones de treinta de octubre y doce de noviembre de dos mil nueve). En cuanto a esto último es conveniente precisar que este órgano colegiado no comparte los criterios de referencia, en función de lo dispuesto en las jurisprudencias y motivos ya señalados; en cambio, este órgano coincide con el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito en cuanto al tema específico de que la carga de la prueba tratándose de una acción de nivelación de salario en juicios laborales intentados por empleados burocráticos es a cargo del actor, no así de la entidad pública patronal, como lo ha dejado expuesto en su jurisprudencia III.1o.T. J/74, de rubro: ‘NIVELACIÓN SALARIAL. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN TRATÁNDOSE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.’, cuyo texto será ulteriormente precisado. Por el momento es conveniente hacer las siguientes acotaciones: En los narrados asuntos 235/2009 y 408/2009 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, respecto de las acciones intentadas en los juicios laborales de origen sobresale la de homologación o nivelación salarial por parte de empleados públicos (uno que refirió ser ‘auxiliar administrativo A’ con adscripción a la Dirección de Inspección y Vigilancia, mientras que el otro manifestó ser ‘diseñador’ con adscripción a la Dirección de Comunicación Social, ambos al servicio del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara). Dichos actores alegaron que percibían menor salario a pesar de que desempeñaban igual trabajo que otros operarios de la misma entidad patronal. Ahora bien, en cuanto a lo que es punto de interés el Tribunal Colegiado en mención en esencia sustentó la conclusión de que corresponde a la entidad patronal demandada la carga de la prueba en ese tipo de acciones porque: a) Estima que no es aplicable supletoriamente el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo que hace referencia general sobre la igualdad salarial al estimar que la legislación burocrática local no es omisa ni deficiente en prever esta institución, por ende, estima inaplicables las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que había invocado el tribunal responsable en el laudo reclamado que aludían al citado artículo 86, para la procedencia de la acción de nivelación salarial; y, b) Asume que la parte patronal estaba obligada a cubrir el mismo salario, ya que, en el supuesto de que la responsabilidad y calidad de labores de la actora fuera inferior, era menester que se le otorgara otro nombramiento previo el trámite correspondiente que justificara la medida, señalando que la carga de la prueba al respecto debe recaer en la patronal, por tratarse de la parte que tiene en su poder la mayor parte de los controles, archivos, nóminas y registros que pueden servir para demostrar la similitud o diferencia entre las responsabilidades y funciones de sus empleados, para así poder avalar los distingos que en el pago de las prestaciones se realice en las nóminas de sus trabajadores. Por tanto, el primer punto relativo a la falta de supletoriedad que se alega del artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, es prácticamente idéntico al concepto de violación reseñado con el punto a, que formuló la parte quejosa, y dado que ya fueron previamente señaladas las razones por las que no se estima suficiente ese argumento para impedir la aplicabilidad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concerniente a que tratándose de una acción de nivelación u homologación salarial es a la parte actora a quien corresponde probar los extremos de su acción, en consecuencia, es innecesario repetir dichas consideraciones pues se deberá atender a lo ya explicado. Ahora bien, en cuanto al segundo argumento no se comparte por los siguientes motivos: En el caso, no es compatible el planteamiento relativo a que la carga de la prueba para el patrón deriva de que a éste corresponde probar las condiciones laborales del empleado, pues debe recordarse que la acción intentada es la nivelación u homologación de salarios con respecto a otro empleado, no así las diferencias de pago de un sueldo entre actor y patrón demandado. Esto es así porque la litis no es en torno a presuntas diferencias salariales que alegue adeudadas un trabajador respecto de la labor que ha venido desempeñando para con su patrón, caso en el que es válido que éste le corresponda justificar el salario devengado y probar haber cubierto la retribución en sus términos en tanto se circunscribe sólo a la relación de trabajo entre trabajador actor y entidad patronal demandada. En efecto, en ese tipo de hipótesis por regla general corresponde al patrón l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22833-6bd7ed69/trabajadores-al-servicio-del-estado-de-jalisco-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- IMSS. EL SUELDO NOMINAL REFERIDO EN LA CLÁUSULA 107 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, PARA EL PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDE A LA CUOTA MENSUAL ASIGNADA AL TRABAJADOR EN EL TABULA (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGAN AL EXAMEN PREFERENTE DE LOS CONCEPTOS DE I (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 61 Y 64 DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TESIS AISLADAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS. LOS JUECES DE DISTRITO NO ESTÁN IMPEDIDOS PARA APOYAR EN ELLAS SU CRITERIO. (XVII.4o.4 K )
- JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. (s/clave)
- TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN INTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN. (s/clave)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE RESOLVIÓ EN APOYO DE OTRO DE LA MISMA MATERIA (PC.I.A. 1 K (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis