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Modo: Corpus Pro

SUBDIRECTORES DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA. PARA CONSIDERAR DEBIDAMENTE FUNDADA LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL FIRMADA POR ÉSTOS, EN CUANTO A SU COMPETENCIA, CUANDO LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN FUERON EJERCIDAS POR SU DIRECTOR GENERAL, ES NECESARIO QUE DEMUESTREN QUE ÉSTE LOS AUTORIZÓ EXPRESAMENTE PARA ELLO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 58/2011. · Registro digital (IUS): 22928
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE TORREÓN, EN SUPLENCIA DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, , Pág. 1072.

REVISIÓN FISCAL 58/2011. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE TORREÓN, EN SUPLENCIA DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-El concepto de agravio que hace valer la recurrente es infundado.

En su único motivo de disenso, la inconforme aduce que la Sala Fiscal violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 50, 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 28, penúltimo párrafo, 29, primer párrafo, fracción I y 30, primer párrafo, fracciones XI, XII, XV, XVII y XIX, segundo y quinto párrafos, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, ya que realizó una interpretación errónea de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 28 citado, y soslayó el contenido de los dos últimos preceptos legales citados, los cuales le confieren al subdirector de fiscalización facultades propias para emitir el acto declarado nulo.

Luego, expone la disconforme que la Sala Fiscal interpretó de manera errónea el artículo 28, penúltimo párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, en el cual no se prevé como presupuesto para la actuación de los subdirectores de fiscalización adscritos a la Dirección General de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, la emisión de orden alguna pues, por el contrario, de los artículos 29, primer párrafo, fracción III y 30, primer párrafo, fracciones XI, XII, XV, XVII y XIX, segundo y quinto párrafos, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, cuentan con facultades para emitir determinaciones de créditos, por lo que la citada autoridad actuó con facultades propias.

De igual manera, estima la revisionista que en el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo se citaron el primer párrafo de la cláusula cuarta del Convenio de colaboración administrativa en materia fiscal celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila, así como los numerales 1, 2, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo y 18, primer y segundo párrafos, 19, primer párrafo, fracción XI, 28, primer párrafo, fracciones IV, XII, XIV, XV, XXI, XXIV, XXX y XLII y penúltimo párrafo, 29, primer párrafo, fracción III y 30, primer párrafo, fracciones IV, XI, XII, XV, XVII, XIX, XXI y XXII, segundo, tercero y quinto párrafos y 57, primer párrafo, fracciones II y V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, de los cuales se desprende que la autoridad demandada sí tenía facultades para comprobar y determinar ingresos federales.

Continúa argumentando la recurrente, que el subdirector de fiscalización de Torreón, además de ser una autoridad fiscal facultada para comprobar, determinar y cobrar ingresos federales, está facultado para emitir actos como el impugnado en el juicio de nulidad, sin que para ello deba mediar orden o solicitud de auxilio por parte del director general de fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, ni que dicha orden deba notificarse a los particulares, ya que no existe artículo que obligue a la autoridad a cumplir ese extremo.

Finalmente, argumenta la disconforme que no es obstáculo a lo anterior la cita del artículo 28, penúltimo párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, el cual únicamente fue precisado con el objeto de acreditar que la Subdirección de Fiscalización de Torreón se encuentra adscrita a la Dirección General de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, sin que ello se traduzca en que deba mediar una orden para que ésta pueda actuar pues, como se desprende de los párrafos quinto y último del citado artículo 30 "... Los subdirectores de fiscalización podrán ejercer en forma conjunta o separadamente con el director de fiscalización las facultades en su reglamento interior conferidas ..."

Conceptos de agravio que resultan infundados, porque contrariamente a lo que aduce la autoridad recurrente, la Sala Fiscal procedió conforme a derecho al determinar que el subdirector de fiscalización de Torreón de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, al emitir la resolución determinante del crédito fiscal contenida en el oficio número **********, de fecha **********, no justificó su competencia material.

Lo anterior es así, porque del análisis de las constancias de autos se advierte, que las facultades de comprobación fueron ejercidas por el director general de fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, pues fue esta autoridad la que giró la orden de visita domiciliaria y, en cambio, quien emitió la resolución determinante del crédito fiscal lo fue una autoridad distinta, esto es, el subdirector de fiscalización en Torreón de dicha secretaría y, por tanto, para que esta última resolución se encontrara debidamente fundada en cuanto a la competencia, era requisito indispensable que no sólo se citara el artículo 28, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, sino que se justificara que dicho subdirector concluyó las facultades de comprobación a través de la resolución determinante del crédito fiscal, precisamente porque el director general de fiscalización emitió una orden expresa autorizándolo para ello, pues en el numeral en comento expresamente se establece que el director general de fiscalización será auxiliado en el ejercicio de sus funciones, entre otros, por los subdirectores de fiscalización en Saltillo, Monclova y Torreón, quienes estarán facultados para practicar los actos que se les ordenen.

Y, en el caso, como acertadamente lo consideró la Sala a quo, de la resolución determinante del crédito fiscal contenida en el oficio número **********, de fecha **********, que obra de la foja 11 a la 29 se advierte que el subdirector de fiscalización de Torreón, ni siquiera menciona que emitió la resolución determinante del crédito fiscal por orden expresa del director general de fiscalización del Gobierno del Estado de Coahuila, que fue quien, como ya se dijo, ejerció las facultades de comprobación a través de la emisión de la orden de visita domiciliaria, ni menos aún justificó ese hecho.

Por lo demás, es pertinente destacar que tampoco tiene razón la autoridad recurrente al argumentar que el subdirector de fiscalización de Torreón contaba con facultades propias y directas para emitir la resolución determinante del crédito fiscal, atento a lo dispuesto en los artículos 1, 2, primer párrafo, fracción I, 3, primer párrafo, fracción I, punto 3, y 18, primer y segundo párrafos, 19, primer párrafo, fracción XI, 29, primer párrafo, fracción III y 30, primer párrafo, fracciones IV, XI, XII, XV, XVII, XIX, XXI y XXII, segundo, tercero y quinto párrafos, así como 57, primer párrafo, fracciones II y V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, así como la cláusula cuarta del Convenio de colaboración administrativa en materia fiscal celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila.

Ello en virtud de que el artículo 1, únicamente describe la naturaleza jurídica de la Secretaría de Finanzas; el 2, segundo párrafo, fracción I, sostiene que al frente de la Secretaría de Finanzas habrá un secretario, quien se auxiliará de la Secretaría de Ingresos; el numeral 3, primer párrafo, fracción I, punto 3, establece que las unidades administrativas estarán adscritas a la Dirección General de Recaudación; el precepto legal 18, primer y segundo párrafos, se refiere a que al frente de las direcciones se encuentra un director, el cual tendrá competencia en todo el territorio del Estado, y se auxiliará de subdirectores (entre otros funcionarios); el artículo 57, primer párrafo, fracciones II y V, sostiene que el subdirector de fiscalización y los subdirectores, tienen el carácter de autoridades fiscales; y la cláusula cuarta del Convenio de colaboración administrativa en materia fiscal, celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila, únicamente refiere que las facultades delegadas por ese convenio se ejercerán por el gobernador o por autoridades fiscales que, conforme a las disposiciones legales locales, estén facultadas para administrar ingresos federales, sin que de ninguno de los preceptos legales se desprenda atribución alguna a favor del subdirector de fiscalización de Torreón para determinar créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, cuando quien ejerció las facultades de comprobación fue una autoridad distinta, en el caso, el director general de fiscalización.

Asimismo, de los artículos 29, fracción III y 30, primer párrafo, fracciones IV, XI, XII, XV, XVII, XIX, XXI y XXII, segundo, tercero y quinto párrafos, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, tampoco se desprende que la autoridad demandada contaba con facultades propias y directas para emitir la resolución determinante del crédito fiscal.

Se afirma lo anterior, porque en el primero de los numerales señalados en el párrafo anterior, lo que se establece es que para el mejor desempeño de sus funciones, la Dirección General de Fiscalización contará con el apoyo de las siguientes unidades administrativas, las cuales tendrán el nombre, sede y la circunscripción territorial que se indica, entre las cuales se encuentra la subdirección de fiscalización de Torreón, con sede en la ciudad del mismo nombre, con competencia territorial en los Municipios de Torreón, San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros y Viesca, esto es, en dicho numeral única y exclusivamente se establece que la Dirección de Fiscalización cuenta con el apoyo, entre otras, de la Subdirección de Fiscalización de Torreón, así como su sede y circunscripción territorial, pero de dicho precepto no se advierte que el subdirector de fiscalización de Torreón, tenga atribuciones para determinar créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, cuando quien ejerció las facultades de comprobación fue una autoridad distinta, en el caso, el director general de fiscalización.

Igual circunstancia acontece respecto del artículo 30, fracciones IV, XI, XII, XV, XVII, XIX, XXI y XXII, segundo, tercero y quinto párrafos, del reglamento en comento, pues en lo que interesa, dicho numeral, si bien es cierto establece que al frente de cada una de las Subdirecciones de Fiscalización de Saltillo, Torreón y Monclova habrá un subdirector, quien ejercerá dentro de su circunscripción territorial, entre otras, las facultades que se mencionan en las referidas fracciones, la de determinar los montos a pagar por concepto de contribuciones omitidas y sus accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, derivadas del ejercicio de sus facultades de comprobación, en los términos de la legislación fiscal estatal y federal, así como de los convenios celebrados por el Estado con la Federación.

Sin embargo, no menos cierto es que esa facultad propia y directa de los subdirectores de fiscalización para determinar créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás sujetos obligados, sólo la pueden ejercer cuando son ellos los que ordenan e inician las facultades de comprobación, esto es, cuando el respectivo subdirector de fiscalización es quien emite la orden de visita domiciliaria o de revisión de gabinete, pues en el citado artículo 30 del reglamento en comento, expresamente se establece que esa atribución de determinar los montos a pagar de contribuciones omitidas y sus accesorios, sólo es factible cuando es el propio subdirector quien ejerce las facultades de comprobación y, en el caso, dichas facultades no fueron ejercidas por el mencionado subdirector de fiscalización de Torreón, sino por el director general de fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la emisión de la orden de visita domiciliaria número **********, contenida en el oficio número **********, de fecha ********** (fojas 9 y 10 del juicio contencioso administrativo).

Asimismo, tampoco se inadvierte lo destacado por la recurrente, cuando señala que los párrafos quinto y último del citado artículo 30 del reglamento interior en cuestión, establecen que las facultades conferidas en dicho numeral a los subdirectores de fiscalización se podrán ejercer en forma conjunta o separada con el director general de fiscalización; no obstante, tal disposición no excluye lo determinado en el presente fallo, en el sentido de que mientras no se justifique una orden expresa de autorización para tal efecto, el subdirector de fiscalización de Torreón no acredita que tenga competencia para determinar créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, cuando quien ejerció las facultades de comprobación fue una autoridad distinta, en el caso, el director general de fiscalización.

Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver las revisiones fiscales 259/2010, 241/2010 y 399/2010, en sesiones plenarias de doce de agosto, once de noviembre y veintitrés de diciembre del dos mil diez, respectivamente.

En mérito de lo anterior y ante lo infundado de los conceptos de agravio, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 104, fracción I-B, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 63, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Se confirma la sentencia recurrida de ********** dictada por la Tercera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, en el juicio de nulidad número **********, promovido por **********.

Notifíquese; con testimonio autorizado de este fallo a la Sala a quo y a la autoridad recurrente; vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, Marco Antonio Arroyo Montero, Enrique Chávez Peñaloza y Carlos Gabriel Olvera Corral, interviniendo el primero como ponente y el segundo como presidente

En términos de lo previsto en los artículos 8 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22928-f078a779/subdirectores-de-fiscalizacion-de-la-secretaria-de-finanzas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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