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Modo: Corpus Pro

ACLARACIÓN DE TESIS JURISPRUDENCIALES DERIVADAS DE CONTRADICCIONES DE TESIS. PROCEDE SÓLO DE MANERA OFICIOSA PARA PRECISAR EL CRITERIO EN ELLAS CONTENIDO Y LOGRAR SU CORRECTA APLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO CONTRADIGA ESENCIALMENTE A ÉSTE. ACLARACIÓN DE TESIS JURISPRUDENCIALES. PROCEDE SU TRÁMITE, AUNQUE EL CRITERIO INTERPRETATIVO SE REFIERA A PRECEPTOS PROCESALES DEROGADOS. JURISPRUDENCIA. FORMA EN QUE DEBE PROCEDER UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO ESTIME QUE LA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTA ALGUNA INEXACTITUD O IMPRECISIÓN, RESPECTO DE UNA CUESTIÓN DIVERSA AL FONDO DEL TEMA TRATADO.

Tipo de asunto: ACLARACIÓN DE JURISPRUDENCIA 2/2011. · Registro digital (IUS): 23061
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, , Pág. 836.

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE JURISPRUDENCIA 2/2011. MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de junio de dos mil once.

VISTOS, para resolver los autos de la solicitud de aclaración de jurisprudencia 2/2011, relativa al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reflejado en la jurisprudencia 2a./J. 9/2011, de rubro: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGAN AL EXAMEN PREFERENTE DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD, PUES DE RESULTAR FUNDADOS HACEN INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE ANTES DE LA REFORMA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010).", derivada de la contradicción de tesis **********, resuelta en sesión de ocho de diciembre de dos mil diez, por unanimidad de cinco votos.

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintisiete de abril de dos mil once, los Magistrados integrantes del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito formularon solicitud de aclaración de la jurisprudencia 2a./J. 9/2011, que señala:

"PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGAN AL EXAMEN PREFERENTE DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD, PUES DE RESULTAR FUNDADOS HACEN INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE ANTES DE LA REFORMA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010). El artículo 50, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al disponer que cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben analizar primero las que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, implica que dichos órganos jurisdiccionales están obligados a estudiar, en primer lugar, la impugnación que se haga de la competencia de la autoridad para emitir el acto cuya nulidad se demande, incluso de oficio, en términos del penúltimo párrafo del artículo 51 del mismo ordenamiento, el cual dispone que el tribunal podrá examinar de oficio la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada, análisis que, de llegar a resultar fundado, por haber sido impugnado o por así advertirlo oficiosamente el juzgador, conduce a la nulidad lisa y llana del acto enjuiciado, pues ese vicio, ya sea en su vertiente relacionada con la inexistencia de facultades o en la relativa a la insuficiente cita de apoyo en los preceptos legales que le brinden atribuciones a la autoridad administrativa emisora, significa que aquél carezca de valor jurídico, siendo ocioso abundar en los demás conceptos de anulación de fondo, porque no puede invalidarse un acto que ha sido legalmente destruido."

SEGUNDO. En el escrito de referencia se expresaron los siguientes argumentos:

"Por este conducto, y atento a las consideraciones que a continuación se exponen, los que suscriben solicitamos atentamente que se proponga la aclaración de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/2011, sustentada por esa Segunda Sala, de rubro: ‘PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGAN AL EXAMEN PREFERENTE DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD, PUES DE RESULTAR FUNDADOS HACEN INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE ANTES DE LA REFORMA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010).’, derivada de la contradicción de tesis **********, resuelta en sesión de ocho de diciembre de dos mil diez, bajo la ponencia de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

"La petición anterior se realiza con apoyo en el diverso criterio jurisprudencial 2a./J. 109/2002, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 2002, página 291, registro 185723, cuyo texto indica: ‘JURISPRUDENCIA. FORMA EN QUE DEBE PROCEDER UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO ESTIME QUE LA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTA ALGUNA INEXACTITUD O IMPRECISIÓN, RESPECTO DE UNA CUESTIÓN DIVERSA AL FONDO DEL TEMA TRATADO.’ (se transcribe).

"La presente solicitud se justifica teniendo en cuenta que este órgano judicial, al resolver el juicio de amparo directo **********, relacionado con la RF. **********, en sesión de catorce de abril de dos mil once, ha sostenido, por unanimidad de votos y en lo que aquí interesa, que antes de la adición al artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de diciembre de dos mil diez (pues la sentencia reclamada en ese juicio fue emitida el veinticuatro de agosto de ese año), conforme al artículo 50 del mismo ordenamiento, si bien la Sala Fiscal debe analizar los argumentos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, lo cierto es que ese imperativo depende de que ésta haya sido dictada por una autoridad competente para hacerlo, pues ante la indebida fundamentación de la competencia, resulta ocioso abundar en los demás conceptos de anulación de fondo, porque no podría invalidarse un acto que había sido legalmente destruido; motivo por el cual se declaró infundado el argumento aducido por la parte quejosa en el sentido de que la Sala del conocimiento debía examinar el resto de sus argumentos, aun cuando ya hubiere considerado fundado los atinentes a la incompetencia de la autoridad demandada.

"Lo anterior con base en la tesis de jurisprudencia citada en el primer párrafo de este oficio, no sin antes percatarse de la dificultad de su aplicación por la posible contradicción que presenta con relación a otro criterio de jurisprudencia de la propia Segunda Sala, que continúa vigente y sigue siendo de observancia obligatoria para los Tribunales Colegiados de Circuito en términos del primer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, por no haber sido abandonado o superado formalmente; el cual, incluso, también sirvió de sustento para que este tribunal justificara el interés jurídico de la quejosa.

"En el citado juicio de amparo, el criterio de jurisprudencia 2a./J. 155/2007, de rubro: ‘AMPARO DIRECTO. SUPUESTO EN QUE EL ACTOR EN UN JUICIO DE NULIDAD TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AQUELLA VÍA UNA RESOLUCIÓN DE NULIDAD LISA Y LLANA.’ (Núm. registro 171856. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, agosto de 2007, tesis 2a./J. 155/2007, página 368), se utilizó para definir si la quejosa tenía interés jurídico para acudir a dicha vía; y la jurisprudencia de rubro: ‘PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGAN AL EXAMEN PREFERENTE DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD, PUES DE RESULTAR FUNDADOS HACEN INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE ANTES DE LA REFORMA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010).’, se aplicó para sostener, en el fondo de la cuestión debatida, que no le asistía la razón a la solicitante del amparo.

"En este orden de ideas, aun cuando en el rubro de la primera jurisprudencia se especifica que el actor en el juicio de nulidad tiene interés jurídico para reclamar en amparo directo una resolución de nulidad lisa y llana que, en principio, sólo tiene que ver con la procedencia de tal instancia; lo cierto es que en su contenido se hace especial referencia al hecho de que cuando tal determinación de nulidad se sustentó sólo en la indebida fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad emisora, sin que esa fuera la pretensión principal de la parte actora, una decisión en ese sentido, generaría que la autoridad demandada, subsanando la irregularidad destacada, pudiera decretar nuevamente una sanción como la que fue generadora de la impugnación.

"Asimismo, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 155/2007 en comento, se advierte, a partir de su sexta consideración, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso en el que el tribunal fiscal examinó un solo concepto de impugnación y lo declaró fundado, determinando la nulidad lisa y llana del fallo reclamado de conformidad con los artículos 38 y 237 a 239, todos del Código Fiscal de la Federación, vigente al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, sobre la base de que la autoridad emisora no había fundado y motivado debidamente su competencia, argumento que al considerarlo suficiente condujo, a criterio de las respectivas Salas, a no estudiar los diversos conceptos de nulidad donde se exponía el porqué no resultaba procedente en forma alguna la determinación de dicha autoridad por cuanto hace al fondo del asunto, en específico, a una cédula de liquidación de cuotas obrero-patronales.

"También se dijo que a pesar de que las Salas Fiscales respectivas estaban en aptitud de analizar los planteamientos expuestos por la parte actora dirigidos a obtener una nulidad lisa y llana del acto impugnado, por resultar improcedente su determinación, que pudiera originar la imposibilidad de emitir una nueva resolución; se limitaron a declarar fundado el argumento relacionado con la indebida fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad emisora, lo que dejaba abierta la posibilidad -se explicó en la ejecutoria- para que la autoridad emitiera un nuevo fallo, subsanando las irregularidades advertidas a través de la cita de la o las fracciones del artículo en que se funda su competencia, y resolver nuevamente respecto de la cédula de liquidación, a pesar de que el análisis de diversas causas de ilegalidad hubieran tenido como consecuencia la obtención de un mayor beneficio para la actora.

"De ahí se concluyó en dicha ejecutoria, que el tribunal contencioso mencionado tenía la obligación de observar, ante todo, al mayor beneficio y que la pretensión del actor quedara plenamente satisfecha -caso en el cual resultaría improcedente la vía constitucional-; pero si sólo se examinaba la indebida fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad demandada, siendo la pretensión del actor nulificar del todo la resolución impugnada, esto abriría la posibilidad de instaurar el juicio de amparo, a pesar de haber obtenido una nulidad lisa y llana.

"De lo anterior se aprecian, en lo que aquí interesa, sustancialmente, dos conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a destacar:

"a) Que es obligación de la Sala Fiscal emitir una sentencia en la que a pesar de considerar fundado el agravio relativo a la indebida fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad demandada, se pronuncie sobre los planteamientos de fondo que reporten mayor beneficio al particular y que satisfagan plenamente la pretensión del actor.

"b) Que de no declararse una nulidad lisa y llana con fundamento en los agravios de fondo relacionados con la máxima pretensión o el mayor beneficio del actor, cabe la posibilidad de que la autoridad demandada emita un nuevo acto subsanando las irregularidades advertidas por el juzgador.

"Ahora bien, por lo que respecta al reciente criterio jurisprudencial número 2a./J. 9/2011, publicado en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 855, registro 162758, de rubro: ‘PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGAN AL EXAMEN PREFERENTE DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD, PUES DE RESULTAR FUNDADOS HACEN INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE ANTES DE LA REFORMA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010).’, la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el estudio de la incompetencia de la autoridad emisora del acto de molestia a que se refiere el artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco) y su correlativo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, implica todo lo relacionado con la competencia de la autoridad (ausencia de fundamentación, indebida o insuficiente fundamentación) por tratarse de una facultad oficiosa.

"Asimismo, que en el juicio contencioso administrativo las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben analizar la competencia de la autoridad cuando el actor plantee en los conceptos de anulación de su demanda argumentos por los que considere que la autoridad es incompetente para emitir el acto impugnado o cuando adviertan oficiosamente de las constancias de autos que la autoridad emisora del acto impugnado carece de competencia, y que la decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que establezca la nulidad de la resolución por incompetencia de la autoridad, será lisa y llana pues, ante ese vicio, la resolución carece de valor jurídico.

"Lo relevante para lo que se desea hacer notar es que la Segunda Sala del Tribunal Supremo del país concluyó que cuando fuera fundado el concepto de nulidad relacionado con la competencia de la autoridad demandada, por cualquiera de sus vertientes (sea indebida o ausencia de fundamentación), la declaratoria respectiva daría lugar a la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, beneficio de tal rango que formalmente se resolvió, no admitía uno mayor para el actor, por lo que carecería de sentido que dicho órgano jurisdiccional abordara los demás planteamientos de fondo de la demanda, pues a ningún fin práctico conduciría analizar los méritos jurídicos de una resolución de la autoridad administrativa, si fue emitida por quien carece de atribuciones legales o, al menos, no citó en forma suficiente o debida las normas que le permitan actuar en determinado sentido.

"De igual modo se definió que por virtud de la declaratoria de nulidad lisa y llana por indebida o falta de fundamentación, la demandada no quedaba vinculada a enmendar sus yerros, salvo el caso previsto en la jurisprudencia 99/2007 de la misma Segunda Sala, de rubro: ‘NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA.’, consistente en que la resolución impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o recurso.

"Las conclusiones que se advierten en dicho fallo y que al caso importan son:

"a) Que el análisis de la competencia de la autoridad demandada debe llevarse a cabo en primer orden, dados los alcances de su resultado cuando se estima fundado, ya que la sentencia de la Sala Fiscal en este supuesto tendrá por efecto anular lisa y llanamente la resolución impugnada, máximo beneficio que en estos casos se puede otorgar por infracción directa al primer párrafo del artículo 16 constitucional.

"b) Que de resultar fundado el estudio relativo a la incompetencia de la autoridad demandada, conduce a la nulidad lisa y llana del acto enjuiciado, pues ese vicio, ya sea en su vertiente relacionada con la inexistencia de facultades o en la relativa a la insuficiente cita de apoyo en los preceptos legales que establezcan las atribuciones de la autoridad administrativa demandada, significa que tal acto carece de valor jurídico; por ende, resulta ocioso estudiar los demás conceptos de anulación de fondo, porque no puede invalidarse un acto que ha sido legalmente destruido.

"Del análisis comparativo precedente, es claro que, por un lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece la obligación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de examinar en la vía contenciosa los agravios que puedan dar mayor beneficio a la parte actora o satisfagan su máxima pretensión, haciendo especial énfasis en el hecho de que la nulidad decretada por indebida fundamentación y motivación de la competencia permitiría a la demandada subsanar su yerro, por lo que cabe la posibilidad de que, con independencia de tal resultado, la Sala examine los planteamientos de fondo que, en su caso, se hubieran formulado en la demanda, con la cual se lograría obtener por parte del gobernado una nulidad con mayores alcances; en tanto que, por otro lado, se decidió que de resultar fundado el estudio relativo a la incompetencia de la autoridad demandada, se produce una nulidad lisa y llana del acto enjuiciado, pues ese vicio significa que aquél carece de valor jurídico, máximo beneficio que se puede alcanzar, siendo ocioso abundar en los demás conceptos de anulación de fondo, porque no puede invalidarse un acto que ha sido legalmente destruido.

"Luego, ante las posturas antes apuntadas, aparentemente divergentes entre sí y por las consideraciones expuestas, a juicio de este cuerpo colegiado, se justifica la necesidad de solicitar a esa Superioridad, si lo estiman procedente, aclarar si a través de la jurisprudencia 2a./J. 9/2011, se abandonó la 2a./J. 155/2007, o bien, si continúa vigente."

TERCERO. El órgano colegiado justificó la solicitud de aclaración, por haber resuelto el juicio de amparo directo **********, relacionado con la revisión fiscal **********, en las cuales determinó, por unanimidad de votos, que antes de la adición al artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de diciembre de dos mil diez (pues la sentencia reclamada en ese juicio fue emitida el veinticuatro de agosto de ese año), conforme al artículo 50 del mismo ordenamiento, si bien la Sala Fiscal debe analizar los argumentos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, lo cierto es que ese imperativo depende de que ésta haya sido dictada por una autoridad competente para hacerlo, pues ante la indebida fundamentación de la competencia, resulta ocioso abundar en los demás conceptos de anulación de fondo, porque no podría invalidarse un acto que había sido legalmente destruido; motivo por el cual se declaró infundado el argumento aducido por la parte quejosa en el sentido de que la Sala del conocimiento debía examinar el resto de sus argumentos, aun cuando ya hubiere considerado fundado los atinentes a la incompetencia de la autoridad demandada

En efecto, en el juicio de amparo directo número **********, el Tribunal Colegiado, en aplicación de la jurisprudencia origen del presente asunto, determinó por mayoría de votos:

DA. **********.

"Por otra parte, es infundado lo aducido por la quejosa en el sentido de que la Sala debió atender al mayor beneficio y resolver el fondo del asunto planteado, con independencia de que hubiera concluido en la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada en el acto impugnado.

"Lo anterior es así, ya que si la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución impugnada para que la autoridad competente emitiera otra, por la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad emisora de la resolución controvertida, aquélla estaba impedida para pronunciarse respecto de la cuestión de fondo debatida en el juicio de nulidad.

"Para sustentar lo anterior, cabe citar el contenido de la ejecutoria de ocho de diciembre de dos mil diez, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis **********, suscitada entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados Auxiliares con residencia en Guadalajara, Jalisco, y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la que se sentenció, a partir de su quinta consideración, lo siguiente: (se transcribe).

"Cabe señalar que el criterio derivado de la ejecutoria transcrita se encuentra pendiente de publicación.

"Por las razones expuestas, queda de manifiesto el criterio reiterado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que en un juicio de nulidad, en primer lugar, se debe abordar el tema relativo a la competencia de la autoridad, ya sea en su vertiente relacionada con la inexistencia de facultades o en la relativa a la insuficiente cita de apoyo en los preceptos legales que le brinden atribuciones, dados los alcances de su resultado; pues cuando se estima fundado, la sentencia de la Sala Fiscal tendrá por efecto anular lisa y llanamente la resolución impugnada, máximo beneficio que en estos casos es legalmente posible otorgar por infracción directa al primer párrafo del artículo 16 constitucional.

"También resulta evidente que el estudio respectivo puede hacerse por virtud del argumento planteado por el actor, o a través de un examen oficioso, en los casos en los que advierta el vicio señalado en alguna de las facetas: carencia absoluta de competencia o deficiente cita de los preceptos legales que se la otorguen.

"Luego, antes de la adición al artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de diciembre de dos mil diez (debe considerarse que la sentencia reclamada en este juicio fue emitida el veinticuatro de agosto de ese año), conforme al artículo 50 del mismo ordenamiento, si bien la Sala debe analizar los argumentos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, lo cierto es que ese imperativo depende de que ésta haya sido dictada por una autoridad competente para hacerlo, pues ante la indebida fundamentación de la competencia, como se advirtió en la especie, resulta ocioso abundar en los demás conceptos de anulación de fondo, porque no podría invalidarse un acto que ha sido legalmente destruido."

CUARTO. Mediante acuerdo de dos de mayo de dos mil once, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la petición de aclaración de la jurisprudencia, y la turnó a la ponencia de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, debido a que fue ponente en la contradicción de tesis **********, que constituye el origen de la jurisprudencia 9/2011, cuya aclaración se solicita.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente solicitud de aclaración de jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, último párrafo, de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por derivar de una jurisprudencia sustentada por este órgano jurisdiccional, y porque se trata de un asunto que versa sobre la materia administrativa.

SEGUNDO. Antes de hacer un pronunciamiento en torno a la procedencia de la solicitud a que se refiere este toca, es menester destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido los conceptos de aclaración de jurisprudencia y modificación de jurisprudencia.

En relación con la modificación de jurisprudencia, el artículo 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 197. ...

"Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Como puede advertirse, el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden modificar una jurisprudencia, si se presentan los supuestos siguientes:

1. Exista petición de parte legítima, a saber: a) Las Salas de la Suprema Corte; b) Los Ministros que las integren; c) Los Tribunales Colegiados de Circuito; y, d) Los Magistrados que los conformen;

2. Previamente a la solicitud, se haya resuelto el caso concreto que la origina, en el que se haya aplicado la jurisprudencia respectiva; y,

3. Se expresen los razonamientos legales en que se apoye la pretensión de modificación.

Corrobora esta afirmación, la tesis 2a. LI/2008, sustentada por la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, mayo de 2008, página 238, Novena Época, que señala:

"SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA. ES IMPROCEDENTE SI ÉSTA SE REFIERE A UN ARTÍCULO DEROGADO Y SOLAMENTE FUE CITADA EN UN CASO CONCRETO POR ANALOGÍA. Conforme al artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo, para estimar procedente una solicitud de modificación de jurisprudencia se requiere que: 1. Exista solicitud de parte legítima; 2. Previamente a la solicitud se haya resuelto el caso concreto que la origina, y en el que se haya aplicado la jurisprudencia respectiva; y, 3. Se expresen los razonamientos legales en que se apoye la pretensión de su modificación. Ahora bien, el segundo requisito no se surte cuando el Tribunal Colegiado de Circuito analiza un ordenamiento distinto al que hace referencia la jurisprudencia cuya modificación solicita y únicamente la invoca por analogía al resolver el caso concreto, por hacer ésta mención a una norma derogada. En este supuesto, debe declararse improcedente la solicitud de modificación de jurisprudencia por falta de aplicación al caso concreto, ya que ésta no puede darse por su simple cita analógica."

Asimismo, sirve de apoyo la tesis P. XIII/2004, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, página 142, Novena Época, cuyos rubro y texto son:

"JURISPRUDENCIA. ALCANCES DE LA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA MODIFICARLA. Los artículos 194 y 197 de la Ley de Amparo, facultan al Tribunal Pleno y a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para modificar su jurisprudencia, para lo cual, como requisitos formales, se requiere solicitud de parte legítima, que previamente se haya resuelto el caso concreto y que se expresen las argumentaciones jurídicas en que se apoya la pretensión de modificación. Ahora bien, la palabra ‘modificación’ contenida en el indicado artículo 194, no está constreñida a su significado literal, conforme al cual sólo podrían cambiarse los elementos accidentales de la jurisprudencia sin alterar su esencia, sino que permite el cambio total de lo anteriormente sostenido, esto es, se trata no sólo de interrumpir un criterio jurídico, sino sustituirlo por otro que puede ser, inclusive, en sentido contrario, de manera que acorde con la intención del legislador, ‘modificar la jurisprudencia’ significa cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una tesis y emitir una nueva que la sustituya. Asimismo, es importante señalar que la jurisprudencia tiene, como primer efecto, la interpretación de las leyes que regulan el marco de actuación de las autoridades y las relaciones entre particulares, así como entre éstos y los órganos del Estado y, como segunda consecuencia, de igual trascendencia, dar certeza jurídica a través del establecimiento de un criterio obligatorio que vincule de manera general, de lo que se sigue que frente a lo estático de las disposiciones normativas y ante la necesidad de actualizar su interpretación la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplísimas para transformar el criterio jurisprudencial respecto del cual se solicita su modificación."

Como se mencionó, satisfechos los requisitos antes enumerados, el órgano que hubiese emitido la jurisprudencia puede modificarla, esto es, alterar su esencia y no sólo ciertos elementos accidentales; o incluso, cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una tesis y emitir otra en sustitución.

Por otro lado, la aclaración de jurisprudencia debe ser propuesta de manera oficiosa por alguno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a través de ella se puede precisar o esclarecer su contenido para contribuir a su correcta aplicación, pero no involucra su modificación sustancial.

Sin embargo, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integran, no obstante carecer de legitimación para solicitar directamente ante el Tribunal Pleno o las Salas del Alto Tribunal la aclaración de una jurisprudencia, están en la posibilidad, cuando adviertan la existencia de alguna inexactitud o imprecisión en una jurisprudencia, de comunicarlo a cualquiera de los Ministros integrantes del órgano emisor de aquel criterio, preferentemente al ponente, para que éste haga uso de sus facultades y, en su caso, solicite se efectúe la aclaración que estime apropiada.

Este criterio se encuentra reflejado en la jurisprudencia 2a./J. 109/2002, emitida por la Segunda Sala, visible en la página 291 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 2002, Novena Época, cuyos rubro y texto son:

"JURISPRUDENC

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23061-cd261758/aclaracion-de-tesis-jurisprudenciales-derivadas-de-contradicciones-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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