JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR EL DOCUMENTO ORIGINAL O, EN SU CASO, COPIA CERTIFICADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 326/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: JONATHAN BASS HERRERA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción de tesis denunciada corresponde a la materia administrativa, especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que es uno de los órganos participantes en la contradicción.
TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 260/2010, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"... Por otra parte, también resulta infundado el agravio en el que la disidente manifiesta que la Sala, al dictar la sentencia, pasa por alto el procedimiento previsto en el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone que, en el supuesto de que el actor manifieste desconocer el acto administrativo que impugna, la resolutora se encuentra obligada a estudiar de forma preferente o previa, los conceptos de anulación que se hubiesen hecho valer en contra de la constancia de notificación que acompañó la autoridad administrativa al momento de contestar la demanda y sólo a partir del resultado de ese análisis, determinar si la notificación fue practicada legalmente, a fin de concluir si la accionante fue sabedora del acto en el momento en que se le dio a conocer en el juicio o desde la fecha que obra en la constancia de notificación, con el objeto de verificar si el libelo de nulidad se encuentra interpuesto oportunamente. Pues bien, las fracciones II, III, y penúltimo párrafo, del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dicen: ‘Artículo 16.’ (se transcribe). Como puede observarse, del precepto legal se desprende que cuando la actora en el juicio contencioso administrativo alegue que desconoce el acto administrativo que pretende combatir, ya sea porque no le fue notificado o que lo fue ilegalmente, así lo expresará en su demanda, señalando a la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución, actualizando con ello la obligación para la autoridad correspondiente de que cuando conteste tal demanda deberá exhibir constancia del acto administrativo de que se trate y de su notificación, para que con base en ello el actor tenga oportunidad de combatirlos mediante la ampliación de la demanda. El contenido del dispositivo legal en comento, al imponer a la autoridad administrativa el deber de presentar tanto la constancia del acto administrativo de que se trate, como la de su notificación, para poder desvirtuar la negativa del contribuyente de que conoce el acto de referencia, sin establecer caso alguno de excepción (por lo cual tal deber se convierte en un requisito ineludible), evidencia la intención del legislador de otorgar al contribuyente protección ante posibles actos arbitrarios de la autoridad, a fin de que dentro de los procedimientos contenciosos administrativos, en los cuales el actor sostenga que desconoce el contenido del crédito que se le requiere, se respete su garantía de audiencia y, por ende, los principios de certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe gozar, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, evitando así que el contribuyente quedara sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener conocimiento. En efecto, la simple lectura del numeral analizado permite advertir que el legislador consideró necesario que durante el procedimiento contencioso administrativo, el actor ante su afirmación de que desconoce el contenido del crédito que se le pretende hacer efectivo, esté en condiciones de tener ante su vista la constancia administrativa que se le reclama, para que conozca así, de manera cierta y determinada, el monto de lo que se le exige y, por tanto, puede ejercer su derecho de audiencia, haciendo valer lo que a sus intereses convenga, todo ello en estricto apego a los principios constitucionales a que se ha hecho referencia. En esa medida, si no logra acreditarse en el juicio contencioso administrativo la constancia de notificación de la resolución impugnada o de considerarse que la misma se practicó ilegalmente conlleva a estimar que el actor fue sabedor de dicho acto a partir de la fecha que manifestó conocerlo o en la que se le dio a conocer. Ello se reafirma con las consideraciones vertidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 209/2007 publicada en la página 203, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.’ (se transcribe). Lo anterior, pone de manifiesto que la recurrente parte de una premisa incorrecta al señalar que la resolutora se encontraba obligada a estudiar de forma preferente o previa, los conceptos de anulación que se hubiesen hecho valer en contra de la constancia de notificación que acompañó al momento de contestar la demanda, habida cuenta que el análisis que establece el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, atinente a la legalidad de la comunicación administrativa, únicamente puede efectuarse una vez acreditada la existencia del acto cuyo desconocimiento alegó el actor en su libelo de nulidad. Consecuentemente, es claro que, ante la falta de exhibición de constancia fehaciente que acreditara la existencia del acto impugnado, el cual negó lisa y llanamente conocer la actora, la Sala se encontraba jurídicamente impedida para analizar la constancia de notificación del referido acto, pues, para ello era menester que en primer término la demandada demostrara su existencia, ya que es un requisito ineludible que no admite excepción alguna; de ahí que si la autoridad hacendaria no cumplió con la carga procesal que le fue revertida para la aludida negativa lisa y llana manifestada por la accionante, resulta ajustado a derecho que no se abordara el estudio relativo a los conceptos de anulación entablados en contra de la constancia de notificación en comento, así como si la demanda se interpuso oportunamente, dado que en dichas circunstancias, debía tenérsele como sabedora en el momento expresado en su libelo de nulidad. Finalmente, tampoco asiste razón a la autoridad recurrente en los argumentos que expone en el sentido de que en la sentencia recurrida la a quo viola el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al valorar indebidamente las pruebas que aportó al juicio de nulidad, toda vez que concluye que para acreditar la existencia del requerimiento que antecede a los créditos fiscales impugnados, debía exhibirse el original de dicho requerimiento, pasando por alto que acorde a lo prescrito en el numeral 16 de la citada ley, sólo se conmina a que las autoridades acompañen la constancia del acto controvertido, lo cual se realizó con la reimpresión del documento cuestionado, así como con la constancia de su notificación, que fueron allegados al juicio. Agrega la disconforme, que la Sala Fiscal es excesiva al considerar que la autoridad demandada debía aportar al juicio el original, copia simple o certificada del requerimiento que precede a las multas combatidas, a fin de acreditar la existencia del acto impugnado, además de que tal situación le resultaba materialmente imposible, tal como se observa de la propia constancia de notificación exhibida en el juicio contencioso, de la que se desprende que dicho documento se entregó a la actora, así como su existencia, de ahí que resultara válido allegar al contencioso la reimpresión de éste y las constancias con las que se demuestra su legal notificación y entrega a la accionante. Lo infundado de las alegaciones en resumen estriba en que, como ya se expuso previamente, cuando la actora en el juicio contencioso administrativo, alegue desconocer el acto administrativo que pretende combatir, ya sea porque no le fue notificado o que lo fue ilegalmente, así lo expresará en su demanda y deberá precisar la autoridad a quien atribuye su notificación o ejecución, con lo cual se genera una obligación para la autoridad correspondiente cuando conteste tal medio de defensa, pues deberá exhibir la constancia del acto administrativo de que se trate, y de su notificación, para que el actor tenga oportunidad de combatirlos vía ampliación de demanda. Ahora bien, ante dicha negativa por parte del gobernado, era claro que al contestar la demanda inicial, como lo adujo la Sala en la sentencia sujeta a revisión, correspondía a la autoridad demanda demostrar la legalidad de la notificación de dicho requerimiento de obligaciones, ya que al manifestar la parte actora, un desconocimiento total de éste, le fue revertida la carga probatoria, de acreditar la certeza de tales hechos negados (es decir, que contrario a lo afirmado por la actora, sí se le habían notificado el requerimiento en cita). Para cumplir con dicho deber procesal, la autoridad debió acreditar la existencia y legalidad de la notificación del mencionado requerimiento, lo cual no aconteció, ya que si bien acompañó a su contestación de demanda inicial, las constancias de notificación de tal acto, y una reimpresión de éste, lo cierto es que no exhibió en original, copia certificada o copia simple, el correspondiente ejemplar de tal requerimiento. En ese contexto, como lo adujo la a quo en la sentencia recurrida, si el contribuyente al formular su demanda de nulidad, negó lisa y llanamente conocer el requerimiento de obligaciones**********, porque no le fue notificado, entonces, de conformidad con los numerales 16, fracción II, y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, correspondía a la autoridad demandada acreditar su existencia y legal notificación, lo cual únicamente se solventa con la presentación de éste en juicio, no así con la constancia de notificación y su reimpresión, por tratarse de documentos distintos que no reúnen las características necesarias que otorguen certeza de la existencia del acto referido, a más de que ello no revela que es coincidente con lo plasmado en la susodicha reimpresión. Por tanto, ante la omisión de acompañar a su escrito de contestación de demanda, el referido requerimiento de obligaciones, fue correcta la determinación de la Sala responsable, al declarar la nulidad lisa y llana de las sanciones del cual derivan. Así es, dado que el mencionado artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es muy claro en cuanto a que deben exhibirse tanto la constancia del acto impugnado, como la de su notificación, por lo que el exhibir solamente las constancias de notificación y una reimpresión de dicho requerimiento, que supuestamente contiene sus datos, no es un factor que exima la obligación legal que tienen las autoridades demandadas en el juicio de nulidad, de acompañar las constancias relativas al acto administrativo que se alega desconocer, así como de su notificación, máxime que el numeral en comento no debe interpretarse en el sentido de que cualquier constancia es suficiente para acreditar la existencia del acto debatido, sino que sólo lo harán aquellas que por sus características den certidumbre de que éste es real y verdadero; de ahí que, válidamente la a quo desestimara los documentos aludidos que adjuntó la autoridad a su oficio de contestación. En ese tenor, se tiene que el hecho de se (sic) haya cumplido de manera parcial con la obligación señalada en el artículo en cita -por presentar las citadas constancias de notificación-, ello no relevaba a la autoridad de acompañar a la contestación de la demanda de nulidad, el requerimiento que la actora dijo no conocer. El pronunciamiento que precede, se basa en que, insístese, la intención del legislador al establecer en la fracción II del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo una exención a la obligación que impone al actor de adjuntar a su demanda de nulidad, entre otros documentos, las pruebas documentales que ofrezca, cuando la desconozca, fue la de evitar que el mismo quedara sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumentara no tener conocimiento, lo cual no se atiende con una simple reimpresión que no otorga seguridad jurídica al particular. Ahora bien, cabe agregar que para que la Sala Fiscal esté en aptitud de analizar y valorar debidamente un acto combatido y la oportunidad de su impugnación con apego a lo previsto en el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativa, debe analizar todas las pruebas necesarias relativas al mismo y a la diligencia en la que fue hecho del conocimiento de la persona a quien se dirige, siendo éstas fundamentalmente los documentos en los que consta dicho acto, y la circunstanciación de su notificación, porque de no ser así, se haría nugatorio el principio que rige tanto en los tribunales judiciales, como de lo contencioso administrativo, de que pueden allegarse de todos los medios de prueba necesarios para la resolución del asunto. En esa tesitura, el sistema que la ley en mención prevé en el mencionado dispositivo es uno por medio de los cuales el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede obtener tales probanzas, pues la autoridad demandada está obligada a exhibir en su contestación de demanda inicial, tanto el ejemplar del acto administrativo que se combata, como de su notificación, obligación que es insoslayable para las mismas en el juicio de nulidad, dado que el multicitado artículo 16, fracción II, del mencionado ordenamiento jurídico, no acepta excepción alguna para no cumplir su determinación de manera estricta. Cabe enfatizar que de acuerdo a los lineamientos y funcionalidad del precepto legal analizado, la autoridad no queda relevada del cumplimiento de su obligación procesal de exhibir los actos desconocidos, con su manifestación de no contar con éstos; cuando se trata de documentos emitidos por ésta, que contienen obligaciones tributarias que impone a un particular, y que por ende su legalidad puede cuestionarse a través de un medio de defensa, lo cual es de su pleno conocimiento, por lo que en aras de la preservación de la validez de los actos, es innegable que la autoridad estuvo en completa posibilidad de dejar en sus resguardos un ejemplar de los mismos, lo cual injustificadamente no llevó a cabo, y no existe respaldo legal para trasladar tal deber al actor. Asimismo, también son ineficaces los agravios en los que señala que la Sala violó en su perjuicio el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación (42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), pues como efectivamente lo estableció la Sala Fiscal en la sentencia combatida, si bien es cierto que los actos de autoridad tienen la presunción de validez, lo cierto es que dicha presunción quedó desvirtuada precisamente cuando como en el caso concreto el particular niega de forma lisa y llana conocer el acto demandado, negativa que por cierto la autoridad no logró desvirtuar, al no haber exhibido el requerimiento, lo que era su obligación de conformidad a lo establecido en el artículo 16 fracción II, del citado cuerpo legislativo. Con base en todo lo razonado, es evidente que la Sala no contó con elementos probatorios para tener por demostrada la existencia y notificación del requerimiento mencionado, por lo que válidamente consideró viciado el procedimiento y declaró la nulidad de las sanciones, en pleno acatamiento a lo previsto en el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En similares términos este órgano colegiado resolvió, por unanimidad de votos, el recurso de revisión fiscal 191/2010, en sesión de veintinueve de junio de dos mil diez; por lo que resulta irrelevante la cita del diverso recurso de revisión fiscal 103/2006 del índice de este tribunal, dado que este tribunal federal se apartó de las consideraciones sustentadas en aquel precedente. Por otra parte, respecto a lo solicitado por la inconforme, relativo a que el estudio de los agravios se realice conforme a la teoría de la causa de pedir, debe decirse que el examen relativo se llevó a cabo atendiendo a dicha causa, aunque al final de cuentas ésta se estimó ineficaz. En mérito de las consideraciones esgrimidas este órgano jurisdiccional no comparte el criterio que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, inmerso en la ejecutoria dictada el diecisiete de junio del presente año, en el toca de revisión fiscal 558/2010, derivado de la revisión fiscal 220/2010 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que en su parte medular, señala: (se transcribe). Se dice que no se comparte el criterio sustentado en la ejecutoria reproducida, ya que, como se indicó, este tribunal federal estima que las reimpresiones no son documentos idóneos para demostrar la existencia del acto impugnado, cuyo desconocimiento manifestó el actor en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que las mismas no reúnen las características necesarias que otorguen certeza de su existencia al particular, máxime que dicho numeral no debe interpretarse en el sentido de que con cualquier constancia sea viable acreditar tal extremo. Ante tal situación, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por este tribunal federal y la ejecutoria anteriormente preinserta, para lo cual se instruye a la secretaría de tesis de este órgano jurisdiccional para que realice los trámites conducentes. Sin que sea óbice, que el criterio del Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y al que no contrae esta ejecutoria, no constituyan tesis o jurisprudencias, identificadas por un rubro o un texto, toda vez que basta que se trate de criterios opuestos y discrepantes, para que sea procedente denunciar esa contradicción, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dichos requisitos. Cítase al respecto, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 77, XII, Tomo abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y texto señalan: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.’ (se transcribe). Se dice que no se comparte el criterio sustentado en la ejecutoria reproducida, ya que, como se indicó, este tribunal federal estima que las reimpresiones no son documentos idóneos para demostrar la existencia del acto impugnado cuyo desconocimiento manifestó el actor en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que las mismas no reúnen las características necesarias que otorguen certeza de su existencia al particular, máxima que dicho numeral no debe interpretarse en el sentido de que con cualquier constancia sea viable acreditar tal extremo. Ante tal situación, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por este tribunal federal y la ejecutoria anteriormente preinserta, para lo cual se instruye a la secretaría de tesis de este órgano jurisdiccional para que realice los trámites conducentes. Sin que sea óbice, que el criterio del Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y al que se contrae esta ejecutoria, no constituyan tesis o jurisprudencia, identificadas por un rubro o un texto, toda vez que basta que se trate de criterios opuestos y discrepantes, para que sea procedente denunciar esa contradicción, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dichos requisitos." (énfasis añadido).
Similares consideraciones sostuvo ese órgano colegiado en la revisión fiscal 191/2010.
CUARTO. Por su lado, el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito la revisión fiscal 220/2010, que corresponde a la R.F. 558/2010 del índice de dicho tribunal auxiliar, sostuvo lo siguiente:
"Para acreditar tal aserto, conviene precisar que la litis en el juicio natural, partió de la manifestación de desconocimiento del origen de los créditos impugnados por la accionante. Así, bajo tal manifestación, como refiere la recurrente, quedó actualizado el supuesto previsto en la fracción II del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que refiere: ‘Artículo 16.’ (se transcribe). Como se ve, el artículo reproducido, establece que cuando el promovente de la acción manifieste desconocer la resolución que pretende impugnar, debe expresarlo así y señalar la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. Asimismo, el propio precepto dispone que al configurarse tal supuesto, la autoridad demandada adquiere la carga procesal consistente en que, al contestar la demanda, deberá acompañar la constancia de la resolución administrativa controvertida, así como su correspondiente notificación; ello, con la finalidad de que el actor pueda combatir tales actos mediante la respectiva ampliación de la demanda. Lo anterior evidencia que la litis en la especie se conforma con la demanda inicial, la contestación de ésta y exige la exhibición de la constancia de resolución administrativa impugnada y su notificación, para que la contribuyente esté en aptitud de ampliar la demanda respecto de dichas determinaciones que dijo desconocer. Ahora bien, sobre este tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 188/2007-SS, en la parte de interés estableció lo siguiente: (se transcribe). De la ejecutoria parcialmente transcrita, se originó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 209/2007, que refiere: ‘JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.’ (se transcribe). De las reflexiones que integran el criterio en cita, se pone de relieve que el Alto Tribunal estableció que ante la negativa del accionante de conocer el crédito que se le reclama, se configura la hipótesis establecida en la fracción II del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, generándose a cargo de la autoridad a quien se atribuye el acto controvertido, la obligación de exhibir al contestar la demanda la ‘constancia’ del acto administrativo de que se trate, así como de su notificación. Asimismo, de la aludida ejecutoria se desprende que el Máximo Tribunal del país agregó que tal obligación obedece a que, de la simple lectura del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se puede advertir que el legislador consideró necesario que durante el procedimiento contencioso administrativo, el actor ante su afirmación de que desconoce el contenido del crédito que se le pretende hacer efectivo, esté en condiciones de tener ante su vista la constancia administrativa que se le reclama, para que conozca así, de manera cierta y determinada, el monto de lo que se le exige y, por tanto, puede ejercer su derecho de audiencia, haciendo valer lo que a sus intereses convenga, todo ello en estricto apego a los principios constitucionales establecidos en los numerales 14 y 16. De ahí que si la finalidad pretendida por el referido artículo 16 de la legislación en cita, como señaló el Tribunal Constitucional en mención, es poner a la vista del contribuyente la resolución que éste manifestó desconocer; por tanto, debe estimarse, como aduce la recurrente, que para efecto de tener por cumplida tal carga, sea suficiente que la autoridad exhiba al contestar la demanda ‘constancia’ de ésta y de su notificación. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el expediente de origen, se desprende que al contestar la demanda, la representante de la autoridad hacendaria exhibió materialmente como pruebas de su intención, las consistentes en: Reimpresión del requerimiento de obligaciones omitidas, con número de control ********** (foja 16 ídem). Copia certificada de la constancia de notificación de dicho acto, así como el acuse de recibo respectivo (fojas 17 a 19 ídem). Reimpresión la multa por infracciones al Código Fiscal de la Federación, con número de control ********** (foja 13 ídem). Copia certificada de la constancia de notificación del mismo (fojas 14 y 15 ídem). Así, bajo tal contexto y al tenor de los parámetros anteriormente precisados, este órgano colegiado estima, como se apuntó, que asiste razón a la disidente al señalar que la autoridad jurisdiccional dio un alcance excesivo al artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que era válido el que haya exhibido sólo la reimpresión de las resoluciones determinantes, así como las constancias de notificación, para que se considerara que dicha autoridad cumplió con su obligación procesal. Es así, pues como se precisó, la fracción II del numeral 16 de la ley en cita exige como requisito indispensable para satisfacer la carga impuesta a la demandada, únicamente la exhibición de la ‘constancia’ de la resolución que el accionante manifestó desconocer, así como de la notificación relativa, sin que pueda desprenderse que dicha disposición requiera que la primera de éstas se adjunte en original, copia o reimpresión; pues en todo caso este órgano colegiado estima que, de conformidad con las mismas reglas del dispositivo legal en comento (fracción III del artículo 16 de la legislación procedimental contenciosa en cita), el supuesto particular que se configure en un determinado asunto, deberá ser abordado y dilucidado por la juzgadora, al tenor de las manifestaciones y argumentos que las partes hagan valer en sus respectivos escritos de ampliación de demanda (actor) y contestación a la misma (demandada). En efecto, al establecerse genéricamente que el requisito para que la autoridad cumpla con su carga procesal, es través de la ‘constancia’ del acto y de su notificación, la Sala Fiscal debe tener por satisfecha tal obligación con las documentales que para tal efecto adjunte la demandada a su contestación de demanda, dado que a partir de la configuración de este nuevo supuesto, la carga procesal se revierte a la actora tal como se desprende de la última parte de la segunda fracción del aludido artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al señalar que ‘el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda’ las constancias que la autoridad hubiere aportado al juicio. Es dable considerar lo anterior, en la medida que no debe pasarse por alto que la finalidad pretendida por el legislador en dicho artículo, al exigir la exhibición de las constancias en mención, es poner a la vista del accionante la constancia administrativa que se le reclama por la autoridad administrativa, para que conozca así, de manera cierta y determinada, el monto de lo que se le exige y, por tanto, puede ejercer su derecho de audiencia, haciendo valer lo que a sus intereses convenga. Por tanto, como refiere la recurrente, fue incorrecto que la Sala del conocimiento haya negado valor probatorio alguno a las reimpresiones que dicha autoridad acompañó a su contestación de demanda y determinado que con éstas era insuficiente para considerar que la autoridad hubiera acreditado la existencia de las resoluciones determinantes en controversia, ya que se insiste, eso debió ser ponderado y resuelto bajo los argumentos que planteó la accionante en su ampliación de demanda contra dichas constancias. En las condiciones apuntadas, al resultar sustancialmente fundado el motivo de agravio en estudio, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, para el efecto de que: a) La juzgadora deje insubsistente la resolución recurrida y, b) Emita una nueva en la que, en atención a lo determinado en la presente ejecutoria, prescinda de las consideraciones por las que declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas; y resuelva con libertad de jurisdicción el asunt
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22728-03a079e5/juicio-contencioso-administrativo-cuando-el-actor-niega-conocer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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