DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 198/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 9 DE FEBRERO DE 2011. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por un Magistrado de Circuito y, por ello, su caso encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, conforme al cual dichos funcionarios están legitimados para denunciar la contradicción.
TERCERO. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
Sus consideraciones expresas son del tenor literal siguiente:
"En otro orden de ideas, el quejoso aduce en su demanda de garantías que son inconstitucionales los artículos 1.93, 1.94 y 1.95 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los cuales le fueron aplicados en el juicio natural y que sirvieron de fundamento para que el Juez tuviera por no contestada la demanda iniciada en su contra, argumentando que el escrito mediante el cual pretendió dar contestación, carecía de la firma del abogado patrono.
"El concepto de violación es inoperante por las siguientes consideraciones:
"Primeramente, es menester precisar que no se entrará al estudio de fondo respecto de los preceptos tildados de inconstitucionales, en virtud de que el acto de aplicación de los mismos fue realizado por el Juez de primera instancia, al determinar que no había lugar a tener por contestada la demanda, pues el escrito mediante el cual pretendía realizarla, carecía de la firma del abogado patrono, faltando así el requisito que establece el artículo 1.93 del código adjetivo en comento.
"Posteriormente, una vez transcurrido el plazo concedido para que el enjuiciado ahora quejoso, diera contestación a la demanda, mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil nueve, el juzgador natural determinó que se tenía por contestada la misma en sentido negativo, atendiendo a la forma como fue emplazado.
"En estas circunstancias, es claro que los artículos cuya constitucionalidad se cuestiona sirvieron de sustento para que el Juez tuviera por no contestada la demanda inicial; sin embargo, este auto es considerado de imposible reparación en contra del cual procede el juicio de amparo indirecto.
"Ello es así, pues a través de esa negativa se impide a la demandada una adecuada defensa y acceso a la justicia prevista por los artículos 14 y 17 constitucionales.
"El primer precepto mencionado, en lo que interesa establece lo siguiente:
"‘Artículo 14. ...
"‘Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...’
"De la transcripción se advierte que en él se consagra, entre otros principios constitucionales, las formalidades esenciales del procedimiento, que son aquellas que debe tener todo procedimiento judicial y administrativo, para proporcionar una verdadera oportunidad de defensa a los afectados; esto es, las autoridades jurisdiccionales deben respetar el debido proceso, en sus aspectos procesales y que también se conoce como derecho de defensa.
"Por otra parte, el numera 17, constitucional, en lo conducente determina:
"‘Artículo 17. ...
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
"‘Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.’
"De lo anterior se desprende el derecho de acudir a la jurisdicción del Estado, lo cual constituye un verdadero derecho a la justicia, entendida como un valor social que debe ser realizado, con la finalidad de lograr la igualdad ante la ley o la garantía de audiencia, pues no solamente se trata de una igualdad formal de las partes en juicio, sino de lograr, por compensación, su igualdad real; además la posibilidad de que las partes sean escuchadas va acompañada del otorgamiento de facultades amplias al Juez, quien como director del proceso, puede suplir las deficiencias en las actuaciones de las partes y allegarse todos los medios necesarios para llegar a una resolución justa.
"Por ello, el derecho del individuo de acceso a la jurisdicción se traduce correlativamente en la obligación que tiene el Estado de instituir la administración de justicia como servicio público.
"En consecuencia, la garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios:
"a) De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes;
"b) De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado;
"c) De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y,
"d) De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.
"En consecuencia, si a través del auto que niega a la parte demandada tener por contestada la demanda, bajo el argumento de que no contaba con la firma de abogado patrono como lo exigen los artículos 1.93, 1.94 y 1.95 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, implica la negación del acceso a la justicia y a una adecuada defensa, por lo que resulta claro concluir que aun cuando en principio pareciera una violación procesal intrascendente, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que si bien la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados en amparo directo, también estimó que no es único ni absoluto, sino que debe aceptarse, de manera excepcional, que el juicio de amparo indirecto también procede tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, afectación que debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo.
"En estas condiciones, debe decirse que la negativa a tener por contestada la demanda, constituye una violación de tal trascendencia y magnitud, que se justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, en atención a que tal figura jurídica (desechamiento de la contestación de demanda), constituye una violación no sólo a la garantía de acceso a la justicia concedida a favor del demandado, sino también se le niega una adecuada defensa en el procedimiento, violación procesal que es de extrema gravedad por las razones apuntadas y su trascendencia resulta obvia, pues dicha circunstancia puede verse reflejada en el fallo que se dicte, al no obtener una sentencia favorable a los intereses de la demandada, derivado precisamente de no haber tenido la oportunidad de oponer excepciones y defensas.
"Además, dicha violación resulta ser de imposible reparación, pues en el supuesto de que la sentencia fuera desfavorable a la quejosa, ya no podrá ser reparada precisamente porque el juicio puede y debe resolverse se haya o no contestado la demanda, lo que implica que la violación trascendería incluso al dictado de la sentencia, al no respetar el derecho de acceso a la justicia y adecuada defensa.
"Por tanto, debe concluirse que contra el auto que tiene por no contestada la demanda en un juicio civil, constituye un acto de imposible reparación al afectar en grado predominante y superior a la parte demandada, por lo que en su contra procede el juicio de amparo indirecto en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo.
"En tal virtud, al resultar procedente el juicio de amparo indirecto en contra del auto que tiene por no presentada la contestación de demanda, devienen inoperantes los conceptos de violación que tienen por materia el desechamiento de la demanda y la inconstitucionalidad de los artículos 1.93, 1.94 y 1.95 de la Ley de Amparo, dado que ello debió de controvertirlo a través de juicio de garantías biinstancial.
"Es así, porque desde el momento en que se trata de un acto dictado dentro del juicio que debe ser calificado de imposible reparación, el ahora quejoso adquirió la obligación de impugnarlo a través del juicio de amparo indirecto y no esperar hasta esta instancia para destacarlo como concepto de violación.
"En efecto, al determinarse que contra el auto que tiene por no contestada la demanda, procede el juicio de amparo indirecto, porque se trata de un acto dictado dentro de juicio que tiene una ejecución cuyos efectos son de imposible reparación, excluye la posibilidad de que pueda impugnarse y analizarse a través de los conceptos de violación que se expresen en el juicio de amparo directo.
"Aunado a que no puede dejarse a elección del quejoso que reclame dicha resolución, mediante el juicio de amparo indirecto, o bien no reclamar en ningún momento del juicio y esperar hasta la segunda instancia o a través de los conceptos de violación expresados en el juicio de amparo directo que procede contra la sentencia definitiva; toda vez que el derecho del demandado que se pretende proteger mediante el juicio de amparo indirecto que procede en contra de ese acto, queda consumado irreparablemente y no puede ser materia de estudio en el juicio de garantías en la vía directa.
"Resulta aplicable la jurisprudencia número I.3o.C. J/38, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, misma que se comparte por este Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXV, de mayo de dos mil siete, la página mil ochocientos noventa y nueve, de la Novena Época, que dice:
"‘PERSONALIDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE EN EL AMPARO DIRECTO PRETENDEN CUESTIONARLA. La resolución que sin ulterior recurso declara improcedente la excepción de falta de personalidad, constituye un acto dictado dentro de juicio que tiene efectos cuya ejecución es de imposible reparación, porque es una violación procesal que afecta a las partes en grado predominante o superior, toda vez que es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Por ello, esa determinación debe impugnarse a través del juicio de amparo indirecto que procede en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos su notificación y, al no haberlo hecho así, el quejoso consintió esa resolución judicial, por lo que ya no puede analizarse en un juicio de amparo directo como una violación a las leyes del procedimiento que afectó sus defensas, porque, de hacerlo, quedaría a elección de la parte interesada promover el juicio de amparo indirecto o esperar a la sentencia definitiva y hacer la impugnación en los conceptos de violación, y de esta manera dejaría de tener aplicación la regla general contenida en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, consistente en que el amparo debe promoverse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por tanto, los conceptos de violación que en el amparo directo tiendan a impugnar esa cuestión de personalidad que pudo y debió reclamarse en amparo indirecto, son inoperantes.’
"En consecuencia, resultan inoperantes los conceptos de violación que tiene por materia lo relativo a la ilegalidad del auto que tuvo por no contestada la demanda y la inconstitucionalidad de los artículos 1.93, 1.94 y 1.95 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, pues todo ello debió de controvertirlo a través del juicio de garantías indirecto.
"No obsta a lo anterior, el hecho de que existan criterios aislados tanto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de sus Salas y de Tribunales Colegiados de Circuito, de los rubros: ‘PROFESIONES. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO.’, ‘PATRONOS DE LAS PARTES EN EL JUICIO, DESECHAMIENTO DE LAS PROMOCIONES AUTORIZADAS POR ELLOS, SI NO COMPRUEBAN SU CALIDAD DE ABOGADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’, ‘ABOGADOS, FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE LOS. ES INNECESARIA EN LAS PETICIONES DE LOS INTERESADOS DIRECTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’, ‘PROMOCIONES RESPALDADAS POR LA FIRMA DE UN LICENCIADO EN DERECHO. DISPOSICIONES QUE CONTIENEN ESA OBLIGACIÓN, SON INCONSTITUCIONALES.’ y ‘ABOGADOS, FALTA DE FIRMA DE LOS, EN LAS PROMOCIONES.’, en los cuales se interpretaron disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México abrogado, declarándolos inconstitucionales, los cuales tienen un texto similar a los artículos 1.93, 1.94 y 1.95 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México vigente, cuya inconstitucionalidad por esta vía se reclama, porque estamos en presencia de un nuevo ordenamiento legal que aunque su contenido sea análogo no puede aplicarse una jurisprudencia que interpretó otros dispositivos legales.
"Esto es así, pues el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que la reforma de una disposición legal constituye un acto legislativo nuevo, aun y cuando reproduzca el contenido de la norma de vigencia anterior, o tenga con ella similitudes o diferencias esenciales o accidentales, así como que un nuevo acto legislativo que reforma o modifica un texto legal confiere derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, ese mandato específico del legislador.
"Por lo demás, resultan inoperantes los conceptos de violación, dado que solamente constituyen afirmaciones de carácter genérico y doctrinarias, pues se concreta a definir las figuras jurídicas como la legitimación en la causa y en el proceso, así como lo relativo a la garantía de acceso a la justicia, de audiencia, sus alcances y aspectos del derecho internacional, sin que tales cuestiones encuentren sustento en autos, aunado a que en todo caso son relativas al fondo de la inconstitucionalidad reclamada, la cual no es objeto de análisis.
"En ese contexto, resultan ineficaces los conceptos de violación, porque no basta la expresión genérica de un razonamiento que no combata en forma concreta los argumentos de la responsable; sin que obste a esta afirmación, que sea suficiente con expresar la causa de pedir según lo ha establecido la Suprema Corte, en la jurisprudencia de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’, porque no implica que el recurrente se concrete a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundado.
"Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 61, del Tomo XVI, diciembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto siguiente:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.’
"Consecuentemente, al no prosperar los conceptos de violación aducidos y no advirtiéndose motivo legal para suplir la queja conforme lo autoriza el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, debe negarse el amparo solicitado."
CUARTO. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.
En la parte considerativa de la sentencia relativa estableció:
"... en el caso ciertamente se actualiza respecto del acto reclamado, la causa de improcedencia en que el Juez federal sustentó la sentencia impugnada, más allá de los errores que el revisionista señala sobre la narración de los antecedentes del caso, pues lo importante es que el acto reclamado fue precisado en forma correcta por el Juez federal.
"Tal causa de improcedencia es la prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 114, fracción IV, interpretada en sentido contrario, ambos preceptos de la Ley de Amparo.
"Como lo estimó el Juez federal, esa causa de improcedencia opera respecto del proveído reclamado, de siete de julio del año en curso, porque no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, ya que en él se determinó, entre otras cosas, que se tenía al demandado dando contestación a la demanda instaurada en su contra en sentido negativo, toda vez que no compareció a hacerlo, ordenándose ante su rebeldía que las demás notificaciones, aún las personales, se le practicaran por lista. Empero, esa determinación judicial, que es concretamente en contra de la que se pidió amparo en la demanda de garantías, es de índole meramente adjetiva y reparable, en la medida de que constituye un acto o resolución de trámite y efectos procesales, lo cual le confiere una naturaleza tal, que en términos generales no repercute en derechos sustantivos del agraviado, ni representar, una violación de gran magnitud, por tanto, una vez corroborado que dicha determinación no implica la violación de derechos sustantivos o que es de carácter grave, se actualiza la causa de improcedencia en cuestión.
"Esto es así, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que se reproducirá al finalizar este párrafo, ha interpretado los preceptos referidos, en que se sustenta la causa de improcedencia que se funda en que los actos reclamados no sean de ejecución irreparable -porque el amparo indirecto solamente procede contra actos que tengan una ejecución de imposible reparación-, en el sentido de que dichos actos son los que repercuten de manera directa e inmediata en derechos sustantivos y los que entrañan violaciones intraprocesales de carácter grave.
"Así lo consideró, como se dijo, el Pleno del Máximo Tribunal del País, en la tesis P. LVII/2004, visible en la página 9, Tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.’
"En este caso, la determinación reclamada del proveído de siete de julio del año en curso, no puede considerarse como de ejecución irreparable, por lo que se actualiza la causal de improcedencia correlativa, en tanto que su naturaleza es eminentemente procesal y no repercute, acorde a los planteamientos de la demanda de amparo, directa e inmediatamente en algún derecho sustantivo del inconforme, toda vez que no incide directamente en la vida, la integridad física, las posesiones o propiedades, aunado a que no ocasiona un grado de afectación predominante o superior en el proceso de primera instancia, en la medida de que sus efectos inmediatos son que el demandando pierda la oportunidad de oponerse a los hechos de la acción mediante excepciones, pero la afectación que ello pudiera producir no es exorbitante, pues únicamente repercute en la postura litigiosa de la parte correspondiente, quien de cualquier manera está en aptitud de intervenir en el proceso judicial conforme a su propio interés convenga, ya que debe tenerse presente que el artículo 205 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla -vigente- asigna al hecho de que el demandado no conteste la demanda, las consecuencias de que se le tenga contestada en sentido negativo y se continúe con el procedimiento, por lo cual, la declaración judicial antes señalada implica, por un lado, que al demandado no se le tenga conforme o allanado con los hechos de la acción, por el contrario, en virtud de la disposición legal en comentario se establece un estado de negación genérica de los hechos en que se funda la acción, y por otro lado, se prevé que el juicio prosigue, lo que trae consigo que el enjuiciado queda en aptitud de intervenir conforme a su derecho convenga, de ahí que el auto reclamado -en que se tuvo a la parte reo contestando la demanda en sentido negativo-, no produce una afectación preponderante o superior, sino solamente efectos procesales, en la medida de que sólo impacta a la postura litigiosa del demandado, sin dejarlo indefenso, a lo que cabe añadir que no es factible anticipar un resultado específico del juicio, pues dependerá, entre otras cosas, de la actividad de las partes en el proceso, de ahí que no se justifique que el auto reclamado, el cual versa sobre una cuestión de índole procesal, sea de tal gravedad que justifique su inmediato análisis en el amparo biinstancial, a lo que debe agregarse que resultará materialmente superada en el supuesto de que el ahora quejoso obtenga una resolución favorable a sus intereses en el juicio natural, porque entonces no habrá repercutido en el resultado de la sentencia definitiva, lo cual viene a corroborar la índole y efectos de la determinación reclamada.
"Sobre el tema tratado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **********, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el entonces Primero del Segundo Circuito, sostuvo que el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo en un juicio, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no traerá necesariamente consigo una sentencia o laudo condenatorio, porque las Juntas al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos, por lo que el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia o laudo definitivo. Estas razones son aplicables al caso por mayoría de razón, en tanto que si no constituye un acto de imposible reparación el auto que tiene por contestada una demanda en sentido afirmativo, menos aún lo puede ser el proveído que la tiene contestada en sentido negativo.
"La jurisprudencia en comentario se compiló con el número 155, en la página 127, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto dicen: ‘DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente una sentencia o laudo condenatorio, porque las Juntas al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En tal virtud, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, cons
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23150-c4808302/demanda-el-proveido-que-la-tiene-por-contestada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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