ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NO LO CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE UNA DEMANDA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 330/2011. SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: ÓSCAR VÁZQUEZ MORENO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de ahí que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Posturas contendientes. A fin de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
I. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito
Conoció del amparo en revisión **********, promovido por ********** y **********, a través de su apoderado legal, en contra de la sentencia emitida por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el juicio de amparo indirecto **********.
Para una mayor comprensión, resulta conveniente precisar los antecedentes del caso, los cuales se resumen a continuación:
1. ********** y **********, por conducto de su apoderado legal, promovieron demanda de amparo indirecto en contra del Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por los actos consistentes en el auto de admisión del juicio ordinario civil de nulidad de juicio concluido número **********; y la resolución del recurso de revocación interpuesto en contra de la parte relativa del mencionado auto, a través del cual se ordenó la anotación preventiva de la demanda.
2. Por razón de turno, le correspondió conocer de la referida demanda al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien la admitió a trámite; posteriormente, seguido el juicio por sus etapas correspondientes, celebró la audiencia constitucional y proveyó respecto del envío del expediente a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para el dictado de la sentencia.
3. El Juez Segundo de Distrito de dicha región auxiliar, a quien le correspondió conocer del asunto por razón de turno, determinó sobreseer en el juicio de amparo, por lo que ve al primero de los actos (consistente en el auto de admisión del juicio ordinario civil de nulidad de juicio concluido número **********), al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la fracción IV del artículo 114, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no constituía un acto de imposible reparación que tornara procedente el amparo indirecto; y por otra, concedió el amparo solicitado por lo que atañe al segundo de los actos, debido a que carecía de la debida fundamentación y motivación.
4. Inconformes con tal determinación, los quejosos interpusieron recurso de revisión. Una vez agotados los trámites legales correspondientes, el Tribunal Colegiado determinó confirmar la sentencia recurrida, bajo las siguientes consideraciones:
"En congruencia con lo anterior, también son infundados los argumentos vertidos por la parte recurrente, en el sentido de que la autoridad federal a quo omitió enunciar el porqué no consideró aplicable el criterio que invocó en su demanda de amparo, de rubro: ‘DEMANDA DE JUICIO DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU ADMISIÓN ES UN ACTO QUE AFECTA A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, EN CONTRA DE LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’; pues al respecto, como se vio, el Juez de Distrito dijo que su observancia resulta no vinculatoria, en función de que, a partir de los criterios emitidos por nuestro Máximo Tribunal, arribó a la conclusión de que el auto a través del cual se admite a trámite la demanda de nulidad de un juicio concluido, no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, o que tengan sobre las personas o cosas una ejecución de igual naturaleza, entendidos como tales, aquellos que violan derechos subjetivos tutelados por la Constitución o produzcan una afectación de derechos procesales en grado predominante o superior. Ahora, no debe perderse de vista que el criterio conforme con el cual nuestro Máximo Tribunal estableció las reglas para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos dictados dentro del juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia; fue superada con motivo de la ejecutoria pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 215/2009, que dio vida a la jurisprudencia de rubro: ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.’. En ese sentido, es oportuno señalar que lo novedoso del criterio en comento descansa en el hecho de que el Pleno de nuestro Máximo Tribunal hizo extensivos los criterios decretados conforme a la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, atinentes a la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación o que tengan sobre las personas o cosas una ejecución de igual naturaleza, entendidos como tales, aquellos que violan derechos sustantivos tutelados por la Constitución o produzcan una afectación de derechos procesales en grado predominante o superior; a la diversa fracción III de ese mismo ordenamiento legal en cita. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio vida a la citada tesis jurisprudencial, sentenció que la fracción III, inciso b), y en la fracción VII del artículo 107 constitucional, así como en las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: ‘Artículo 107.’ (se transcribe). ‘Artículo 114.’ (se transcribe). Conforme con lo transcrito, nuestro Máximo Tribunal sentenció que de ello se derivan dos reglas muy claras: I. De conformidad con la fracción III y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales, administrativos o del trabajo emitidos fuera de juicio o después de concluido, de los tribunales, se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, en principio, la que declare cumplida la sentencia o la que decrete la imposibilidad de que se cumpla y, específicamente, tratándose de remates, la que apruebe o desapruebe el remate, según el criterio sostenido reiteradamente por este Alto Tribunal. II. En términos de la fracción IV y en armonía con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, la constitucionalidad de los actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional debe ser analizada en principio, en el juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución que ponga fin a dicho procedimiento, siempre que respecto de los mismos se haya agotado el principio de definitividad; en las materias en donde sea exigible esta disposición; afecte al quejoso y trasciendan al sentido de la resolución reclamada; sin embargo, procede excepcionalmente el juicio de amparo indirecto contra dichos actos, cuando su ejecución sea de imposible reparación. En consonancia con lo antedicho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de que consideró que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de infringir directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado y tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyan con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable; estableció que ese criterio debe aplicarse también para el procedimiento de ejecución de una sentencia, y en ese sentido concluyó que en el procedimiento de ejecución de sentencia puede promoverse el amparo indirecto, cuando: a) Se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben (regla general); y, b) El acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (segunda regla de excepción). Los apuntados razonamientos llevan a considerar, como se dijo, objetivamente legal, lo decidido por el Juez Federal, en cuanto a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, por lo que respecta al auto de tres de julio de dos mil siete dictado por el Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que tuvo por admitida la demanda de nulidad de juicio concluido, presentada por presentada por (sic) **********, en su carácter de cesionario de la sucesión de **********, respecto del (sic) de usucapión **********, del índice del Juzgado Noveno Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Se dice lo anterior, porque el auto de admisión únicamente tiene el efecto de entablar la relación jurídico procesal entre las partes y a partir de ello, que se integre la litis, conforme con la cual, se dará contestación a la demanda, ofrecerán pruebas las partes para demostrar sus acciones y defensas hasta que se dicte la sentencia definitiva; lo que evidentemente no impacta contra algún derecho sustantivo de la parte quejosa, o bien que tenga una ejecución de imposible reparación. En ese sentido, es infundado que el acto que se reclama tenga la característica de afectar en un grado predominante o superior al quejoso, toda vez que, si bien es verdad que pudiera estimarse que la institución procesal que está en juego es la de autoridad de cosa juzgada, la extrema gravedad de los efectos de la violación que refiere el quejoso, en cuanto a que el Juez señalado como responsable omite analizar en su integridad la demanda cuyo auto admisorio reclama, por el simple hecho de que se trata de una acción de nulidad de juicio concluido por fraudulento; esa circunstancia no la constituye, pues la admisión de una demanda de juicio ordinario civil de nulidad de juicio concluido por fraudulento, se insiste, sólo produce el efecto de sujetar a la parte recurrente a ese nuevo juicio, que en su caso puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios que pudiera tener el acto de mérito pueden no llegar a trascender y producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, previo agotamiento del principio de definitividad, podría controvertir lo conducente a través de juicio de amparo directo. Lo anterior, sin dejar de observar que la institución de cosa juzgada debe entenderse como la consecuencia de la resolución firme que decide en definitiva un juicio que constituye la verdad legal para las partes que litigaron en él y que vincula a los contendientes; litigio que, presuntivamente, se siguió con las formalidades esenciales del procedimiento, tal como lo dispone el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la seguridad y certeza jurídica a las partes. Aunado a lo anterior, es preciso destacar que la autoridad de cosa juzgada se encuentra prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal que, en su tercer párrafo, dispone la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, la cual se logra sólo en la medida que esa institución se erige en el ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio jurisdiccional que se ha concluido en todas sus instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia. En ese orden, la institución de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda, por tanto, debe respetarse con todas sus consecuencias jurídicas la verdad legal que deriva de la cosa juzgada, la cual, en su inmutabilidad, eficacia y ejecutabilidad, materializa respecto a quienes fueron parte en el juicio, sus garantías de seguridad y certeza jurídica. Sin embargo, al margen de que la figura jurídica de la cosa juzgada es un principio esencial en que se funda la seguridad y certeza jurídica, por lo cual debe respetarse con todas sus consecuencias legales; la excepción a esa firmeza jurídica se actualiza cuando se reconoce que no existió un auténtico juicio en el que se haya cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional. Al respecto, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la posibilidad de que un juicio concluido pudiera invalidarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad, de manera excepcional, precisando que la pretensión de nulidad de un juicio concluido, por ser éste el resultado de un proceso fraudulento, consistía en la ausencia de verdad por simulación, en que hubiese incurrido el promovente de ese primer juicio, solo o con la colusión de los demandados o diversas personas, para instigar o inducir a la autoridad jurisdiccional a actuar en la forma que le interesaba, en perjuicio de terceros. Dicho criterio fue sustentado en la tesis 295, del texto y rubro siguientes: ‘NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. SÓLO PROCEDE RESPECTO DEL PROCESO FRAUDULENTO.’ (se transcribe). Luego, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7.56 del Código Civil del Estado de México: ‘Es dolo el artificio o maquinación fraudulenta que se emplee para inducir al error o mantener en él a alguno de los contratantes ...’; empero, si bien ese precepto se refiere a la materia contractual, resulta ilustrativo para estos efectos y es aplicable en general a los actos jurídicos, dado que son susceptibles de nacer con vicios y de nulificarse cuando éstos se demuestran. Así, debe tomarse en cuenta que el dolo implica la voluntad de ocultar, de engañar, de inducir al error para conseguir algo de otra persona con quien se ha entablado una relación jurídica. Asimismo, es dable mencionar que en la legislación procesal civil del Estado de México no existe como medio de impugnación la acción de nulidad de juicio concluido que se trata; no obstante ello, a falta de disposición expresa, es válido señalar que esa acción deriva de la aplicación de la regla general contenida en el artículo 1.5 del Código Civil del Estado de México en vigor, que prevé: ‘Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.’. Bajo ese contexto, la naturaleza de la acción de nulidad de un juicio concluido por tratarse de un proceso fraudulento, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada, y como así lo ha sostenido el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, en la tesis II.2o.C. J/14, quien intente esa acción deberá acreditar: a) El hecho en que funda el acto fraudulento objeto del juicio; y, b) Que le cause un perjuicio la resolución que se toma en tal juicio. La jurisprudencia previamente mencionada es del tenor literal siguiente: ‘NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, EN QUÉ CONSISTE LA ACCIÓN DE Y DISPOSICIÓN LEGAL DE LA CUAL DERIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe). Ante ello, la trascendencia específica que alude el inconforme, en relación a que se pasa por alto la autoridad de cosa juzgada, carece del efecto jurídico de inadmitir la demanda de nulidad de juicio concluido, porque de así estimarlo, se estarían prejuzgando tópicos que son materia de la sentencia que en su caso dilucide el litigio; máxime que la acción de nulidad de un juicio concluido, por tratarse de un proceso fraudulento, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada; razón por la cual, es en el juicio contradictorio en donde se deberá demostrar la falta de derecho de la parte accionista para instaurar esa demanda, y ello no debe ser analizado en un juicio constitucional biinstancial, al no afectar la admisión de dicha demanda ningún derecho sustantivo ni tener el grado de predominante o superior. En consonancia con las anteriores precisiones, el auto de tres de julio de dos mil siete, dictado por el Juez Octavo Civil del Distrito Judicial Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en los autos del expediente ********** de su índice; evidentemente sólo tiene el alcance de otorgar oportunidad de acceder a la administración de justicia a la parte actora y, conforme a ello, emplazar a la parte demandada a efecto de que se entable la relación jurídica para dilucidar la procedencia de las pretensiones planteadas; al margen de que la materia de la admisión de demanda de nulidad de juicio concluido, prejuzga únicamente en relación con la satisfacción de los requisitos que la ley procesal establece para tal efecto; no así, en lo que atañe a aspectos vinculados precisamente con la satisfacción de los elementos de la acción entablada. Asimismo, es oportuno señalar que el auto de tres de julio de dos mil siete, dictado por el Juez Octavo Civil del Distrito Judicial Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en los autos del expediente ********** de su índice; tampoco atenta contra el principio de certeza jurídica de las partes que intervinieron en el litigio cuya nulidad se demanda, pues como se ha puesto de relieve en el cuerpo de la presente ejecutoria, la acción de nulidad constituye precisamente la excepción a la institución de cosa juzgada, entendida como un principio esencial en que se funda la seguridad y certeza jurídica; de manera que la admisión de la demanda de nulidad de juicio, se erige como una consecuencia inmediata de la pretensión de la parte actora, que descansa en la excepción aludida. Bajo ese contexto, como se dijo, la sola admisión de la demanda de juicio ordinario civil de nulidad de juicio concluido, no puede ser considerado como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación o que cause en la esfera jurídica del quejoso una afectación de grado predominante o superior. Finalmente, en función del criterio que se sostiene en el presente fallo, es preciso destacar que este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, no comparte el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril de 2010, página 2722, del rubro y texto siguientes: ‘DEMANDA DE JUICIO DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU ADMISIÓN ES UN ACTO QUE AFECTA A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, EN CONTRA DE LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). En concordancia con la precisión anterior, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito considera viable realizar la denuncia de posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por este Tribunal Colegiado al resolver el presente asunto, con el criterio referido en el párrafo precedente, conforme a lo cual, se ordena remitir copia certificada del presente fallo, así como el disco de 3 ½ pulgadas que la contenga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ese, nuestro Máximo Tribunal, de considerarlo procedente, se sirva dirimir la controversia planteada."
II. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito
Conoció del amparo en revisión **********, interpuesto por **********, en contra de la sentencia dictada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto **********, a través de la cual, se sobreseyó en el juicio de garantías.
Antecedentes del caso:
1. **********, promovió demanda de amparo indirecto en contra del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla y de la diligenciaria adscrita a dicho juzgado, por los actos consistentes en la resolución del recurso de reclamación que confirmó el auto que admitió a trámite la demanda que dio origen al juicio ordinario de nulidad de juicio concluido **********; y la notificación recaída a dicha resolución.
2. Por razón de turno, le correspondió conocer de la referida demanda al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, cuyo secretario en funciones de Juez de Distrito, desechó de plano la demanda de garantías.
3. Inconforme con tal resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, misma que se tramitó con el número **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito; finalmente, se resolvió en el sentido de ordenar la admisión de la demanda de garantías.
4. En atención a lo anterior, el Juez de Distrito admitió a trámite la demanda y, seguido el juicio por sus etapas correspondientes, celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, en la que sobreseyó en el juicio de garantías, ya que, por una parte, estimó que la autoridad señalada como ejecutora, no tenía el carácter de autoridad responsable para los efectos del amparo; y por otra, determinó que respecto del primero de los actos reclamados, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción IV, 158 y 161, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que no constituía un acto de imposible reparación.
5. En contra de dicha determinación, la quejosa volvió a interponer recurso de revisión. Una vez agotados los trámites legales correspondientes, el Tribunal Colegiado determinó confirmar la sentencia recurrida, por lo que ve al segundo de los actos reclamados y revocar lo resuelto respecto al primero de aquéllos, bajo las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Son sustancialmente fundados los agravios y suficientes para revocar la sentencia sujeta a revisión. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 114, fracción IV de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el amparo contra actos emitidos dentro del juicio, sólo procede cuando éstos tienen una ejecución de imposible reparación; al establecer el citado arábigo que: ‘El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación ...’. Sobre este particular, el Pleno y la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo criterios jurisprudenciales, establecieron que los actos en el juicio que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son sólo aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Asimismo, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. El propio Tribunal Pleno, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que, siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio. También ha establecido el pleno del Máximo Tribunal del País, que la afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. A guisa de ejemplo, como cuando se impugna el reconocimiento de la personalidad, cuya decisión tiene un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que debe ser sujeta de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. En ese tenor, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo. Al caso, cabe citar las jurisprudencias 175 y 189, respectivamente, de la extinta Tercera Sala y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 144 y 154, ambas del Tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dicen: ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe) (sic). Igualmente cabe citar, la tesis del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 10, Tomo XX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de octubre de dos mil cuatro, que dice: ‘VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.’ (se transcribe). Asimismo, la jurisprudencia 4/2001, del propio Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 11, Tomo XIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de dos mil uno, que dice: ‘PERSONALID
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23853-badb42b8/acto-de-imposible-reparacion-o-violacion-procesal-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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