ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA.
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 4/2011. MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE AGOSTO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: MOISÉS MARTÍNEZ ÁBRICA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de agosto de dos mil once.
VISTOS, para resolver los autos relativos a la solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2011; y,
RESULTANDO QUE:
PRIMERO. Solicitud de modificación. Mediante oficio 13/2011/ST, recibido el dos de marzo de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, informaron que al resolver el recurso de revisión 252/2010 (relacionado con el diverso recurso de revisión 150/2010), advirtieron que la jurisprudencia 1a./J. 54/2004, debía ser modificada. Los datos de identificación, rubro y texto de esta jurisprudencia, son los siguientes:
"ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE TRADUCE EN UNA ORDEN DE DETENCIÓN. La finalidad de la orden de detención es privar de la libertad a una persona, a diferencia de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, cuyo objeto no es restringir su libertad, sino lograr su comparecencia dentro de esta fase procesal para que declare si así lo estima conveniente, ya que incluso puede abstenerse de hacerlo, además de que una vez terminada la diligencia para la que fue citado, puede reincorporarse a sus actividades cotidianas, por lo que no puede considerarse que se le priva de su libertad."(1)
En sesión de veinte de enero de dos mil once, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 252/2010, en cuanto al tema de la solicitud de modificación de jurisprudencia, consideró que no obstante el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 54/2004, la orden de búsqueda, localización y presentación SÍ está dirigida a restringir de manera provisional la libertad deambulatoria del quejoso, si bien no se trata de una privación indefinida de la libertad personal, sí la limita de manera transitoria hasta el extremo de ceñir su libertad de acción para ser llevado ante la autoridad ministerial, a fin de satisfacer la finalidad correspondiente en la indagatoria.
Máxime que para integrar una averiguación previa no constituye requisito necesario recabar la declaración del indiciado, por ende, la búsqueda, localización y presentación del quejoso no se trata de una mera formalidad, a efecto de que éste comparezca para el esclarecimiento de los hechos, sino de una orden de detención, puesto que para ello se restringe su libertad, con independencia del espacio temporal que comprenda o de las razones que tuvo la autoridad investigadora para ordenarla.
En congruencia con su parecer, indicó que la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 104/2006-PS, en sesión de veintiocho de febrero de dos mil siete, consideró que la ejecución de la orden de comparecencia implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión.(2)
Por tanto, la orden de comparecencia como la de búsqueda y presentación tienen los mismos efectos, en virtud de que la primera se dicta para rendir una declaración ante la autoridad judicial, en tanto que la segunda, para que se haga ante el Ministerio Público, por ende, en aras de preservar la certeza y seguridad, es preciso establecer que la orden de búsqueda, localización y presentación constituye un acto restrictivo de la libertad, por lo que solicitó a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificar la jurisprudencia número 1a./J. 54/2004.
SEGUNDO. Trámite. Mediante oficio SSGA-II-8115/2011, de tres de marzo de dos mil once, el subsecretario general de Acuerdos de este Alto Tribunal, remitió la solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2011, a la Primera Sala, al advertir que la materia del asunto es de carácter penal.
Por auto de catorce de marzo de dos mil once, el Ministro presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de modificación de jurisprudencia, ordenó formar y registrar el expediente; asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República a fin de que en el término de treinta días expusiera su parecer, y turnar los autos al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para efecto de que elabore el proyecto de resolución respectivo.
El agente del Ministerio Público de la Federación, mediante oficio DGC/DCC/470/2011, recibido en esta Suprema Corte el dos de mayo de dos mil once, formuló su opinión en el sentido de que la solicitud es procedente y fundada.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver este asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197, último párrafo, de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de junio de dos mil uno, por derivar de una jurisprudencia en materia penal emitida por esta Sala en la que se encuentra especializada.
SEGUNDO. Legitimación del promovente. La presente solicitud de modificación de jurisprudencia proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes se encuentran facultados para tal efecto, de conformidad con el artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo.
Es aplicable a lo anterior el criterio aislado de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGREN PUEDEN SOLICITAR SU MODIFICACIÓN TANTO DE LA PRODUCIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, COMO POR ALGUNA DE LAS SALAS.",(3) emitido por el Tribunal Pleno.
TERCERO. Procedencia de la solicitud. Para la procedencia de la solicitud de modificación de jurisprudencia por parte de un Magistrado integrante de un Tribunal Colegiado de Circuito, o bien, en su conjunto, deben actualizarse necesariamente los siguientes supuestos:
1. Que previamente a la solicitud se resuelva el caso concreto que la origina, con observancia estricta de lo señalado en la jurisprudencia; y,
2. Que se expresen los razonamientos legales en que se apoye la pretensión de su modificación.
Para apoyar lo expuesto, es aplicable el criterio aislado de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN DEBE RESOLVERSE EL CASO CONCRETO QUE LA ORIGINA."(4)
Ahora bien, en el caso, la presente solicitud de modificación de jurisprudencia resulta procedente, por las siguientes razones:
De la lectura de la ejecutoria, base de la presente solicitud de modificación de jurisprudencia, se advierte que el Tribunal Colegiado sí aplicó la tesis que se pretende modificar.
En el asunto base de la presente solicitud, el quejoso alegó que es desacertado lo considerado por el Juez responsable al estimar que la orden de presentación, al tener una naturaleza jurídica instrumental dentro de la investigación del delito no le causa agravio, pues con dicha medida no se le priva de la libertad y, por ende, no se le irroga perjuicio alguno, pues después de "declarar" puede regresar a su vida cotidiana; ya que con tales consideraciones no es factible que se impugne el acto de molestia.
Alegato que el Tribunal Colegiado calificó de infundado con apoyo en la jurisprudencia sustentada por esta Primera Sala, de rubro: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE TRADUCE EN UNA ORDEN DE DETENCIÓN.". La cual se erige como materia de la presente solicitud de modificación.
Luego entonces, al aplicar el criterio que la tesis de jurisprudencia sustenta, se tiene por satisfecho el primer requisito de procedencia del presente asunto.
En lo que respecta al segundo requisito de procedencia, se advierte que en el escrito de solicitud de modificación presentado por los señores Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se vertieron los razonamientos que apoyan dicha solicitud y a los cuales se hará referencia más adelante, con lo cual se tiene que se reúnen los requisitos de procedencia antes enumerados.
CUARTO. Criterio que se solicita modificar. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dar solución a la contradicción de tesis 80/2003-PS, de la que surgió el criterio de la jurisprudencia número 1a./J. 54/2004, cuya modificación se solicita, consideró lo siguiente:
"Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se sustenta en esta resolución por las consideraciones que enseguida se expresan:
"Como ya se precisó, el tema de contradicción radica en elucidar si la orden de búsqueda, localización y presentación del inculpado para que declare dentro de la averiguación previa es violatoria de garantías.
"Para estar en posibilidad de elucidar esta controversia, es conveniente transcribir el texto del artículo 21 constitucional.
"‘Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.
"‘Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.
"‘Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.
"‘Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.
"‘La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
"‘La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.’
"Ahora bien, la norma transcrita hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la averiguación previa; en esencia, este artículo delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública.
"Ese precepto consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del proceso penal, denominada averiguación previa, los elementos del delito y la probable responsabilidad del imputado.
"Así pues, en cualquier caso dentro del proceso penal y en la etapa de averiguación previa el representante social debe acreditar determinados hechos, para demostrar los elementos del cuerpo del delito que se imputa al indiciado, que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y la probable responsabilidad del inculpado.
"En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar ‘la investigación y persecución de los delitos’, debiendo para ello, necesariamente ‘buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados’.
"Lo anterior se corrobora si se atiende que el artículo 19 constitucional dispone que el auto de formal prisión deberá expresar ‘los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado’. En esas condiciones, es evidente que si el auto de formal prisión requiere de datos que deben constar o derivarse de la averiguación previa, los cuales tienen que ser de tal naturaleza que comprueben el cuerpo del delito y que además hagan probable la responsabilidad del acusado, es evidente que, por eso es que constitucionalmente se faculta al Ministerio Público para que realice las indagaciones necesarias y suficientes que tengan como consecuencia, precisamente, la existencia de datos bastantes que comprueben el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
"Así pues, el artículo 21, primer párrafo, como ya se dijo impone al Ministerio Público la obligación de aportar las pruebas que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, desvaneciendo las pruebas aportadas por el representante social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga al Ministerio Público, en todos los delitos, de acreditar la actualización de los mismos.
"Con base en lo antes descrito, válidamente es posible concluir que la orden de localización, búsqueda y presentación del inculpado para que declare dentro de la averiguación previa, si bien no se traduce en un requisito indispensable para que esa se integre (averiguación previa), porque el precepto 21 en cita no lo dispone de tal forma, sí constituye un elemento más de prueba que puede tener en cuenta el Ministerio Público para efectos de la integración de la averiguación previa correspondiente, en ejercicio de la facultad antes referida que le concede la propia Carta Magna.
"Consiguientemente, el Ministerio Público al tener conocimiento de la existencia de un delito y en la etapa de averiguación previa del proceso, pueda llevar a cabo todas aquellas diligencias dirigidas a la investigación del mismo y la comprobación de la responsabilidad que exige la Constitución para estar en posibilidad de ejercer la acción constitucional, la cual depende necesariamente del acervo probatorio que en ejercicio de sus funciones recabe el Ministerio Público y con el cual habrán de constituirse todos los elementos integradores del delito.
"Por su parte, al inculpado corresponde justificar su inocencia a través del desvanecimiento de los datos que integran la averiguación previa, y solamente ante la comprobación por parte del representante social de que se ha perpetrado el hecho catalogado como delito y establecido el nexo causal entre la conducta humana y ese tipo, toca al acusado la demostración de que falta una de las condiciones de incriminación.
"Cuando acontece ello, esto es, que el Ministerio Público no prueba los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad del inculpado, carece de relevancia que éste (el inculpado) ofrezca pruebas para desvanecer la imputación que obra en su contra, sin embargo, el representante social jamás, por imperativo constitucional, queda relevado de la carga probatoria por el delito que se sigue en el proceso, pues en cualquier caso, debe recabar el acervo probatorio que acredite la existencia del delito y la presunta responsabilidad del sujeto del ilícito.
"En esa tesitura, es dable concluir que esa orden de localización, búsqueda y presentación, se trata de una acción más por parte del Ministerio Público que forma parte de la investigación y persecución de los delitos que exclusivamente le compete para que durante la averiguación justifique a través de la carga probatoria que se le impone, que el hecho tipificado por la ley como delito, ha sido perpetrado.
"Debe precisarse que la orden en comento (localización, búsqueda y presentación del inculpado dentro de la averiguación previa) no transgrede la garantía contenida en la fracción II del apartado A del artículo 20 constitucional, porque esa citación no constriñe al citado a declarar. El precepto citado dispone:
"‘Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:
"‘A. Del inculpado:
"‘...
"‘II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio.’
"La fracción citada consagra el principio de no autoincriminación, que consiste en que el inculpado no podrá ser obligado a declarar en su contra.
"Este principio, entre otros, regula el procedimiento penal, lo que conduce a establecer que tratándose de cualquier delito el Ministerio Público en la averiguación previa y con posterioridad el Juez de la causa, durante el proceso respectivo, deben ajustar sus actos a las reglas y principios que regulan el procedimiento penal a fin de no dejar en estado de indefensión al imputado.
"De lo antes narrado, se puede determinar que la orden de localización, búsqueda y presentación del inculpado dentro de la averiguación previa, no infringe dicha garantía, pues en momento alguno se obliga al inculpado a que declare en su contra, lo único que se pretende con ella (orden) es colmar los extremos de la investigación a la que está obligado a llevar a cabo constitucionalmente el Ministerio Público; contrariamente a ello, la referida orden tiene como consecuencia otorgar al inculpado la oportunidad de declarar, es decir, manifestar lo que a su derecho convenga dentro de la averiguación, compareciendo a defenderse desvirtuando los hechos que se le imputan (garantía de audiencia), pero tal acto no implica que el inculpado no pueda abstenerse de declarar o hacerlo en los términos que estime pertinentes y que a su entender favorezca a sus intereses.
"Efectivamente, debe desestimarse el anterior planteamiento, ya que en primer lugar, como ha quedado aseverado, es inexacto que se obligue al inculpado a declarar en su contra.
"Además, debe resaltarse el hecho de que la fracción II del apartado A del artículo 20 constitucional contiene el llamado derecho de ‘no autoincriminación’ que, en relación con la garantía de plenitud de defensa, se traduce en la facultad que tiene todo inculpado de abstenerse de declarar, o de hacerlo en los términos que estime pertinentes, aun cuando con ello se faltare a la verdad; sin que para el caso sea quebrantado tal principio de no autoincriminación sí puede ser obligado el gobernado a soportar pasivamente, esto es, sin exigirle colaboración activa, todos aquellos actos tendentes al acreditamiento de su conducta delictiva, los cuales pueden recaer en su persona o bienes.
"En síntesis, debe precisarse que el derecho de no autoincriminación, no significa que el inculpado no tenga que soportar la investigación dirigida al acreditamiento de su culpabilidad; sin embargo, de ello no se sigue que esté imposibilitado para ejercer su derecho de acreditar su inocencia, lo cual de modo alguno significa que tenga que declarar en su contra.
"En acatamiento a las reglas que rigen el proceso penal, el Ministerio Público debe acreditar a través del acervo probatorio a su alcance la actualización de la conducta delictiva, por parte del procesado, que puede ser precisamente la declaración del inculpado, pero ello de ninguna manera implica que el indiciado quede compelido con esa orden de declarar en su contra, ya que, como antes se dijo, incluso puede, si así lo desea, hacer uso de su derecho constitucional y negarse a declarar.
"Además, debe precisarse que esa orden que se analiza tampoco se traduce en una orden de detención, pues si bien es cierto que se le cita al indiciado para que comparezca dentro de la averiguación previa a declarar, ello únicamente constituye un acto de molestia que se contempla en el artículo 16 constitucional, el cual tiene como requisitos de validez que sea (I) emitido por la autoridad competente y (II) que se funde la causa legal del procedimiento.
"En efecto, si como ya se dijo, esa orden no es otra cosa que un elemento más del acervo probatorio que debe allegar el Ministerio Público dentro de la averiguación previa y que tiene como finalidad otorgar el derecho de defensa al indiciado, además de obtener su declaración para reunir mayores elementos que, concatenados entre sí evidencien los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad o, en su caso la falta de elementos para ejercer la acción constitucional, es evidente que no se trata de una orden de detención, pues no tiene como objeto privar de la libertad al inculpado, y si bien resulta cierto que momentáneamente estará sujeto a las diligencias correspondientes a la presentación ante el Ministerio Público y la correspondiente declaración en su caso, de ello no se sigue que se le esté coartando su libertad, pues la naturaleza de esa orden y la actuación respectiva, tienen como consecuencia que en cuanto se lleven a cabo, la persona citada pueda reintegrarse a sus actividades cotidianas.
"Sostener lo contrario haría nugatoria la posibilidad de que cualquier autoridad (jurisdiccional, administrativa) solicitara la presencia de las partes en un juicio o de terceros a declarar, porque esa citación, de concluir en forma contraria a como se hace, llevaría inmersa una orden de detención, lo que imposibilitaría de manera exorbitante el desarrollo de los procesos y se traduciría en una denegación de justicia, ya que difícilmente se lograría la integración de los expedientes y el dictado de las resoluciones no contendría, en el mayor de los casos, los elementos necesarios para acercarse lo mayormente posible a la verdad y por ende a la justicia.
"Lo antes precisado encuentra mayor sustento si se considera que en tal caso, el legislador no hubiera previsto en ninguna legislación la facultad del juzgador para citar a personas a declarar, porque todas estas órdenes, constituirían una orden de detención.
"Debe precisarse que no resulta materia de esta contradicción la afirmación que realiza el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, tanto en la tesis que emitió como en las consideraciones de la sentencia que le dieron origen, en el sentido de que la Institución Pública del Ministerio Público está impedido para obtener coactivamente la comparecencia a declarar del presunto implicado en los hechos que investiga, pues esa afirmación la realiza únicamente ese órgano colegiado y no se advierte que los otros dos tribunales contendientes hubieran afirmado lo contrario para estimar que si se actualiza el supuesto de contradicción."
QUINTO. Razones en que se apoya la solicitud. Los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito expresan en cuanto a la solicitud que plantean lo siguiente:
"... que la orden de presentación sí está dirigida a restringir de manera provisional la libertad de tránsito del indiciado, pues la circunstancia de que el agente del Ministerio Público gire oficio a alguna corporación policiaca para que proceda a su búsqueda, localización y presentación, a efecto de obtener su declaración en relación a los hechos que se investigan, materialmente se traduce en una orden de detención, pues si bien no se trata de una privación indefinida de la libertad ambulatoria, si la coarta de manera transitoria hasta el extremo de restringirle su libertad de acción para ser llevado ante la autoridad ministerial hasta satisfacer la finalidad correspondiente en la indagatoria; máxime que para ser llevado ante la autoridad ministerial hasta satisfacer la finalidad correspondiente en la indagatoria; máxime que para integrar una averiguación previa no constituye requisito necesario recabar la declaración del imputado, por ende, la búsqueda, localización y presentación de éste no se trata de una mera formalidad a efecto de que comparezca para el esclarecimiento de los hechos, sino de una orden de detención de éste, no se trata de una mera formalidad a efecto de que comparezca para el esclarecimiento de los hechos, sino de una orden de detención, puesto que para ello se restringe la libertad de aquél, independiente del lapso que comprenda o de las razones que tuvo la autoridad investigadora para ordenarla. En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 35/2007, producto de la contradicción de tesis 104/2006, entre las sustentadas por este órgano colegiado y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, resuelta el veintiocho de febrero de dos mil siete, publicada en la página cuatrocientos treinta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de dos mil siete, de rubro: ‘ORDEN DE COMPARECENCIA. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS, 130, 136 y 138 DE LA LEY DE AMPARO.’ ... sostuvo que la ejecución de la orden de comparecencia ‘implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión’.
"Empero, sobre el tema en particular, existe la jurisprudencia 54/2004, sustentada por la Sala, visible en la página doscientos treinta y dos del Tomo XX, del mes de agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: ‘ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE TRADUCE EN UNA ORDEN DE DETENCIÓN.’
"De manera que, tanto la orden de comparecencia como la búsqueda y presentación tienen los mismos efectos, pues en la primera es para que declare ante autoridad judicial y la segunda para que lo haga ante el Ministerio Público, por ende, en aras de preservar la certeza y seguridad jurídica en cuanto a si la orden de búsqueda, localización y presentación constituye un acto restrictivo de la libertad, con fundamento en el ordinal 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se solicita a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la modificación de la jurisprudencia 54/2004 invocada. ..."(5)
SEXTO. Estudio de fondo. Del análisis de la presente solicitud de modificación de jurisprudencia se desprende que los Magistrados promoventes de la solicitud plantearon el cambio de criterio acerca de lo que esta Suprema Corte sustenta para determinar que la orden de búsqueda, localización y presentación del indiciado NO se traduce en una orden de detención.
Esta Primera Sala considera que debe modificarse el criterio de la jurisprudencia 1a./J. 54/2004, emitida por esta Sala, al resolver la contradicción de tesis 80/2003-PS.
En este sentido, cabe señalar que esta Primera Sala estableció que la finalidad de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, NO tiene por objeto restringir la libertad de aquél, sino sólo lograr su comparecencia para que declare si así lo estima oportuno, y una vez que termina la diligencia se reincorpora a sus actividades cotidianas, por tanto, no puede considerarse que se le priva de su libertad; ya que, en todo caso, el legislador no hubiera previsto la facultad del juzgador para citar personas a declarar, porque todas estas órdenes constituirían una orden de detención.
Sobre el particular, esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 104/2006-PS, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, emitió el criterio jurisprudencial 1a./J. 35/2007, en el que se estableció, entre otras cuestiones, que la "orden de comparecencia" implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión.(6)
Por su parte, esta Sala al resolver la contradicción de tesis 105/2006-PS, consideró lo siguiente:
"I. El derecho fundamental a la libertad personal.
"El reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales persigue crear y mantener las condiciones básicas para asegurar el desarrollo de la vida del hombre en libertad, en condiciones compatibles con la dignidad humana.
"En este sentido, la libertad personal comprende la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios. La libertad personal es un derecho fundamental que ha vivido un proceso de constitucionalización que también ha alcanzado a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23164-d71c48ea/orden-de-busqueda-localizacion-y-presentacion-del-indiciado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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