QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SE CONCEDIÓ ÚNICAMENTE PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ESTUDIARA DETERMINADOS AGRAVIOS, NO PUEDE ANALIZARSE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES QUE, EN CUMPLIMIENTO DE DICHA EJECUTORIA, DIERON RESPUESTA A ESOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.
QUEJA 40/2011. **********. 11 DE AGOSTO DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MA. ELISA TEJADA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: NELSON LORANCA VENTURA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son infundados en una parte e inatendibles por otra los agravios que se formulan.
En principio, cabe señalar que la materia de análisis en el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo que puede promover, como aquí ocurre, la quejosa en un juicio de garantías, sólo tiene por objeto analizar si la responsable acató en sus términos el mencionado fallo estimatorio o si omitió pronunciarse sobre alguno de los tópicos a los que quedó vinculada, con motivo de la concesión del amparo aludido y, en cambio, corresponde al tercero perjudicado, en su caso, impugnar lo que en exceso o demasía y, por tanto, sin derecho, se habría dado a la amparista a pretexto del indicado cumplimiento.
Establecido lo anterior, resulta oportuno precisar cuáles fueron los efectos de la sentencia emitida en el amparo directo ********** por este Tribunal Colegiado de Circuito, pues así se evidenciará si la responsable incurrió en algún proceder omisivo al dictar la ejecutoria impugnada en este recurso de queja. La consideración a la que se hace referencia, en lo que interesa establece:
"Precisado lo anterior debe decirse que es fundado lo que alega la amparista pues, como se advierte, la sentencia reclamada en la parte que se ocupa de los agravios formulados, se aprecia que la Sala responsable luego de hacer un resumen de los agravios planteados y una relación de lo que llamó documentos fundatorios de la acción, se ocupó de la causahabiencia procesal al exigir que debía justificarse que **********, tuviera conocimiento de que el inmueble de referencia estuviera sujeto a controversia judicial y, más todavía, para sustentar su consideración, invocó la jurisprudencia de rubro: ‘CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN.’.-Sin embargo, nada dijo en relación con el argumento planteado en el sentido de que en la especie existía causahabiencia (sustantiva), en tanto que primero fue dueña la demandada **********, y por adjudicación por remate lo fue la institución bancaria.-En efecto en su escrito de apelación (foja seis), la recurrente señaló que su acción de otorgamiento y firma de contrato de compraventa no emanaba de una posesión derivada, sino de un contrato privado de compraventa celebrado con la anterior propietaria, ********** y que al haber adquirido la institución bancaria en adjudicación por remate el inmueble en controversia, de la dueña original, es como se daba la causahabiencia en términos del artículo 1447 del Código Civil para el Estado de Puebla. Esto es que aludía a la causahabiencia sustantiva y no a la procesal referida por la responsable.-Con base en lo anterior, lo que procede, en la especie, es por un lado sobreseer el juicio de garantías, y por otro conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dicte otra en la que, en términos del artículo 396 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, estudie los agravios en los términos planteados y con plenitud de jurisdicción resuelva lo procedente."
De la reproducción que precede se advierte que la responsable, en el nuevo fallo que emitiera en sustitución del que pronunció el siete de junio de dos mil diez, debía dejar insubsistente la sentencia reclamada y dictar otra en la que atendiera la alusión que en los agravios realizó la recurrente, en relación con la causahabiencia sustantiva y posteriormente con plenitud de jurisdicción resolviera lo procedente.
Ahora bien, de la lectura y análisis de la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil diez, a través de la cual la Sala responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de este tribunal, se aprecia que la misma en el considerando primero dejó insubsistente "el fallo emitido por este tribunal de alzada el siete de junio de dos mil diez", para dictar una nueva resolución con apego a los lineamientos planteados en la ejecutoria federal (foja sesenta y uno vuelta), y en el considerando cuarto concluyó que en la especie no existía causahabiencia sustantiva entre la institución bancaria demandada y ********** (fojas sesenta y cuatro a sesenta y cinco).
En efecto sobre el particular la autoridad responsable sostuvo:
"Ahora bien, no por el hecho de haber adquirido el bien inmueble de referencia por adjudicación, la institución demandada es causahabiente de **********, aunque ésta haya celebrado contrato de compraventa el quince de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, respecto del bien inmueble multicitado con la ahora apelante.-En efecto, la figura jurídica de la causahabiencia se da en todos aquellos actos jurídicos que tienen por objeto la trasmisión de un derecho y, en virtud de ello, se establece la relación de causalidad entre el derecho de aquel que lo transmite (causante), con el derecho que recibe el adquiriente (causahabiente); por lo cual, el valor del derecho de este último estará vinculado con el derecho del primero.-En esa tesitura, es claro que no por el hecho de que la institución bancaria demandada adquirió por adjudicación el bien inmueble propiedad de **********, derivado de un juicio ejecutivo mercantil radicado con el número de expediente **********, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, es causahabiente de **********, porque entre ellos, la relación surgió de una obligación que traía aparejada ejecución y no de un acto jurídico que tenía por objeto la transmisión de un derecho; ni de una relación de causalidad entre el derecho que se transmite, con el derecho que se recibe, porque dicha cuestión nunca se actualizó, por tanto, en el presente caso no existe causahabiencia sustantiva, entre la institución demandada y **********; consecuentemente carece de aplicación el artículo 1447 del Código Civil del Estado, ya que, se reitera, no le fue transmitido a la demandada el bien a través de un acto jurídico en el que consta la transmisión de un derecho, sino que se derivó de una obligación que traía aparejada ejecución.-Además, la apelante confesó expresamente en los puntos 4 y 5 de hechos de su demanda haber promovido juicio de usucapión en contra de su vendedora ********** y de ********** y, otros, juicio que se tramitó en el Juzgado Décimo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, bajo el expediente ********** y en el que reconoció que no se justificó la posesión para que su acción real prosperara; luego entonces, no demostró su posesión originaria derivada del contrato privado de compraventa de quince de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Por esa otra razón, se concluye que no existe causahabiencia sustantiva entre la institución demandada con **********, siendo totalmente independiente el acto jurídico celebrado entre la apelante (compradora) con ********** (vendedora), respecto del juicio ejecutivo mercantil promovido por ********** de referencia en contra de la aval **********, por esa razón, tampoco se puede hablar de causahabiencia sustantiva entre la institución citada, ahora demandada, respecto de **********."
Es decir, la responsable no incurrió en defecto, dado que decretó la insubsistencia de la sentencia reclamada en el amparo **********, y en su lugar emitió un nuevo fallo y efectuó el estudio del agravio relativo a la causahabiencia sustantiva, concluyendo, como ya se adelantó, que la misma no existía, para posteriormente, con plenitud de jurisdicción, confirmar la sentencia materia de la apelación. De manera que no hay motivo para declarar fundada esta queja.
Establecido lo anterior, resulta fácil señalar que no asiste razón a la quejosa en cuanto afirma que en la especie existe defecto en la ejecución de la ejecutoria pronunciada por este cuerpo colegiado, debido a que la responsable únicamente se ocupó de estudiar la causahabiencia procesal, sin señalar nada en relación con la existencia de la sustantiva, pues como se ha puesto en evidencia, ello es infundado.
Soporta lo anterior, el criterio emitido por este Tribunal Colegiado, al resolver las quejas 61/2008, 49/2009, 31/2011 y 32/2011, con número de registro 167,861 en el sistema electrónico de consulta IUS, publicada en la página 2027, Tomo XXIX, febrero de dos mil nueve, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"-Cuando en una sentencia de amparo se concede la protección constitucional únicamente para el efecto de que la autoridad responsable analice agravios cuyo estudio indebidamente omitió, en el recurso de queja formulado por exceso o defecto en el cumplimiento a dicha ejecutoria sólo puede analizarse si efectivamente se dio respuesta a tales motivos de inconformidad, pero no la legalidad de las consideraciones sostenidas para tal efecto, pues esto integraría una diversa infracción legal que no puede ser objeto de este medio de defensa."
De igual forma, cabe citar, por ilustrativa y, en lo conducente, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 163,807, en el sistema electrónico de consulta IUS, publicada en la página 25, Tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. ES INFUNDADA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTA OTRO, SIN QUE SEA NECESARIO EXAMINAR SI CUMPLIÓ O NO CON LA TOTALIDAD DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA DE AMPARO.-El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 45/2009, de rubro: ‘INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ANALIZAR EL CONTENIDO DE LA NUEVA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR ÚNICAMENTE PARA VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN ÉSTE.’, toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que el cumplimiento del fallo que otorgó el amparo para efectos contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales, o bien cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, consiste en dejar sin efecto la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra atendiendo a la sentencia protectora, por lo que basta con que se dicte una nueva resolución o, en su caso, se ordene la reposición del procedimiento y se realicen los actos procesales ordenados en la ejecutoria, para que no pueda sostenerse que se incurrió en inejecución de sentencia, pues el acto reclamado dejó de existir jurídicamente y fue sustituido por uno distinto, toda vez que la inejecución de sentencia consistiría exclusivamente en la negativa de la autoridad jurisdiccional a dejar sin efecto el acto reclamado y abstenerse de emitir uno nuevo, u omitir regularizar el procedimiento en los términos en que se le ordenaron. De esta forma, si la nueva resolución no atiende con exactitud a lo ordenado en la sentencia de amparo, podrá implicar un cumplimiento indebido por exceso o defecto e, inclusive, la repetición del acto reclamado en el supuesto de que fuera idéntica a la que fue materia de la ejecutoria de amparo, pero no la inejecución del fallo protector de garantías, sin menoscabo de que en el caso de un amparo para efectos las consideraciones emitidas en la nueva resolución con libertad de jurisdicción podrían dar lugar a otro amparo en el que se impugnen éstas. Por tanto, es infundada la inconformidad cuando la autoridad responsable deja insubsistente el acto reclamado y dicta otro en su lugar, sin que sea necesario examinar si cumplió o no con todos los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo."
Finalmente y en relación con las tesis que cita la recurrente en sus agravios, debe decirse que las mismas no tienen aplicación en la especie, pues se refieren a que la viabilidad de la queja por exceso o defecto en la ejecución de una sentencia de amparo, no está condicionada a pronunciamiento alguno por parte del tribunal de amparo sobre su acatamiento, sentido o firmeza; a la procedencia del recurso y al término para su interposición, temas que no forman parte de la litis del medio de defensa.
En cuanto al pronunciamiento sobre los criterios que invoca la quejosa, es aplicable la jurisprudencia 130/2008, de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del país, con número de registro 168,754 en el sistema electrónico de consulta IUS, publicada en la página 262, Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.-El artículo 196 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito lo harán por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, y el rubro y tesis de aquélla. De este modo, cuando la quejosa transcribe en su demanda de garantías una tesis aislada o jurisprudencial, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste deberá verificar su existencia y, si es jurisprudencia, determinar si es aplicable, supuesto en el cual deberá resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o alguna que no le resulte obligatoria, precisar si se acoge al referido criterio o externar las razones por las cuales se separa de él; lo anterior, independientemente de que la quejosa hubiere razonado o justificado su aplicabilidad al caso concreto. Sostener lo contrario podría llevar al extremo de que un órgano jurisdiccional dejara de observar la jurisprudencia que le resulte obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la quejosa no justificó su aplicabilidad al caso concreto, lo que evidentemente va en contra del sistema jurisprudencial previsto en dicha ley, cuyo propósito fundamental es brindar seguridad jurídica a los gobernados."
Así, al ser infundados en parte e inatendibles en otra las alegaciones del recurrente, debe desestimarse la presente queja.
No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, el hecho de que en contra de la sentencia que es materia de este recurso de queja, se promovió juicio de amparo directo del cual tocó conocer a este cuerpo colegiado, mismo que el veinticuatro de febrero de dos mil once, dictó ejecutoria negando el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, aquí recurrente; sin embargo, tal circunstancia no incide en la presente resolución pues aunque ambos medios tienden a impugnar el mismo fallo, no son incompatibles al ser su contenido sustancial y procesalmente distinto, ya que lo que se analiza en el amparo es la existencia de posibles violaciones de garantías, mientras que en la queja se estudia si se cumplió cabalmente con la ejecutoria que dio lugar al dictado del fallo controvertido.
Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con número de registro 165,889, en el sistema electrónico de consulta IUS, visible a página 1478 del Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"AMPARO INDIRECTO Y QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE GARANTÍAS. EL HECHO DE QUE EL QUEJOSO LOS PROMUEVA SIMULTÁNEAMENTE NO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL, SALVO QUE DURANTE SU TRAMITACIÓN LA QUEJA SE RESUELVA Y SE DECLARE FUNDADA.-Si en un juicio de garantías se concede la protección de la Justicia Federal por vicios formales, para que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada y con libertad de jurisdicción emita una nueva debidamente fundada y motivada, y contra ésta el quejoso promueve simultáneamente tanto el juicio de amparo indirecto como un recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de aquella ejecutoria, ello no puede dar lugar al sobreseimiento del primero, porque no son incompatibles, pues aun cuando ambos tienden a impugnar la misma resolución, su contenido es sustancial y procesalmente distinto, ya que lo que se analiza en el amparo es la existencia de posibles violaciones a algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que en la queja se estudia si se cumplió cabalmente con la sentencia previamente dictada. Lo anterior salvo que durante la tramitación del nuevo juicio de garantías la queja se resuelva y se declare fundada, pues en ese caso sí cabría el sobreseimiento por cesación de efectos."
Además, debe decirse que el hecho de que en contra del fallo que es materia de este medio de defensa, se haya promovido juicio de amparo directo, como ya se indicó, corrobora lo sostenido en esta ejecutoria en el sentido de que no existió defecto en la ejecución de la sentencia de garantías, esto es, se cumplió cabalmente con la misma.
Por lo expuesto y, con apoyo, además, en los artículos 95, 97 y 99 de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-Se declara infundada la presente queja.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a la Sala de su origen y en su oportunidad archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ma. Elisa Tejada Hernández, Gustavo Calvillo Rangel y Raúl Armando Pallares Valdez. Fue ponente la primera de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23169-34822940/queja-por-exceso-o-defecto-en-el-cumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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