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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA SUS ACTOS ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: QUEJA 55/2015. · Registro digital (IUS): 26298
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-05-20
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, Pág. 2763.

QUEJA 55/2015. 3 DE JUNIO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. PONENTE: ANTONIO CEJA OCHOA. SECRETARIO: RICARDO ALEJANDRO BUCIO MÉNDEZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.-Este tribunal advierte, de oficio, un diverso fundamento y consideración de improcedencia, respecto de los argumentos invocados por el Juez de Distrito.

Luego, no serán analizados en la presente ejecutoria los agravios que hace valer el quejoso recurrente y, como consecuencia, los argumentos en que se apoyó el auto recurrido para desechar la demanda.

Lo anterior es así, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal.

En efecto, el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y de estudio preferente, la cual es susceptible de estudio en cualquier instancia.

Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia P./J. 122/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 28, que es del tenor literal siguiente:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.-Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."

También es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo IX, enero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.-De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito."

En la especie, este tribunal considera que, con independencia de que se actualice o no el motivo de improcedencia invocado por el Juez de Distrito, en el caso se materializa, de manera indudable, la causal de improcedencia contenida en la fracción III del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que establece:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal."

Precepto y fracción los anteriores, de los que se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal.

En el caso tenemos que el quejoso, en su demanda de garantías, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes:

"III. Autoridades responsables:

"1. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

"2. Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal.

"3. Secretario ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal.

"IV. Actos reclamados:

"De las autoridades señaladas como responsables reclamo:

"1. La sesión de 15 de octubre de 2014, en la parte que resolvieron en torno a mi solicitud elevada a dicha autoridad por escritos presentados el 18 de agosto de 2014 y reiterada el 4 de septiembre de 2014, relativa a que cesara la medida cautelar decretada en mi contra o, en su defecto, se me fijara una remuneración económica que permita mi subsistencia y la de mi familia, asimismo, se me informara si conforme al artículo 101 de la Constitución Federal, puedo desempeñar una labor remunerada para subsistir mientras se resuelve la suspensión temporal de mi cargo.

"2. La emisión de la resolución de 7 de enero de 2015, contenida en el oficio **********, que dice contener la respuesta derivada de la sesión de 15 de octubre de 2014, suscrita por el secretario ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal.

"3. Las consecuencias de dicha decisión."

En la transcripción anterior se puede advertir que el quejoso señaló como actos reclamados, abstenciones y resoluciones que imputó al Consejo de la Judicatura Federal, como lo fue la falta de respuesta a la petición que hiciera en el sentido de que se le permitiera desempeñar una labor remunerada, así como la resolución de siete de enero de dos mil quince, que dio respuesta a lo anterior, emitida por el secretario ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal.

En ese contexto, si la nueva Ley de Amparo ya contempla la improcedencia del juicio de garantías contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, resulta inconcuso que no hay punto de discusión, pues simple y sencillamente la ley de la materia ya prevé un impedimento legal para que sean analizados los actos reclamados que instó el quejoso, sin distinguir si se trata de actos positivos, negativos u omisivos.

Cierto, la causa de improcedencia de mérito, al aludir que el juicio de amparo es improcedente contra "actos" del Consejo de la Judicatura Federal, y si el juicio de garantías comprende la reclamación entre otros (sic) los previstos en el artículo 1o., fracción I, de la citada Ley de Amparo, de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es evidente que en dicha connotación se incluye cualquier acto que se reclame, sea éste positivo, negativo u omisivo, dado que la intención del legislador al establecer dicha causal de improcedencia, es en el sentido de que ningún acto del Consejo de la Judicatura fuera discutido a través del juicio de amparo.

Por otro lado, no se puede invocar, so pretexto, la violación a los derechos humanos para acceder a la justicia pues, en este caso, el Estado Mexicano ha creado su propia normativa para formalizar el acceso a esa justicia a fin de hacerla más eficaz.

En ese sentido, cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció que en atención al texto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Sin embargo, la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.", se pronunció en el sentido de que del principio pro homine o pro persona no deriva, necesariamente, que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.

Lo anterior se aprecia del contenido de la jurisprudencia por reiteración de tesis 1a./J. 104/2013 (10a.), aprobada en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil trece, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2004748, Décima Época, Libro XXV, Tomo 2, página 906, octubre de 2013, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos título, subtítulo y texto rezan como sigue:

"PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: ‘PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.’, reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma Constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de ‘derechos’ alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes."

Por tanto, si en el presente caso el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, resulta inconcuso que debe respetarse el contenido de dicha legislación, máxime cuando no fue impugnado de inconstitucional o inconvencional.

Finalmente, no pasa inadvertido para este tribunal el contenido de la jurisprudencia P./J. 12/2013 (10a.), de título y subtítulo: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO DE SUS DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.", en la que nuestro Máximo Tribunal del País consideró que la impugnación en amparo de las decisiones del Consejo del Judicatura Federal, diversas a las emitidas en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, no actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

En efecto, en la ejecutoria que precedió a la misma se adujo que, conforme al artículo 100, párrafos primero y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables y, por tanto, en su contra no procede juicio ni recurso alguno, salvo las excepciones expresamente consignadas en el indicado precepto.

También se adujo que la inimpugnabilidad de las indicadas decisiones se traduce en una regla general únicamente para las emitidas en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.

No obstante, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que tratándose de otro tipo de resoluciones, existe un aspecto de razonable opinabilidad en el modo de entender la regla general, en virtud del nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido con la reforma en materia de derechos humanos a la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, acorde con la cual el derecho fundamental de acceso a la justicia debe considerarse reconocido en su artículo 17, para dilucidar cualquier cuestión relacionada con el acceso al juicio de amparo, a la luz del principio pro persona, conforme al cual, las instituciones procesales deben interpretarse de la forma más amplia y flexible posible para favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva de los gobernados.

En ese orden de ideas, nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional en el país determinó que la impugnación de las decisiones del Consejo de la Judicatura (diversas a las emitidas en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito), a través del juicio de amparo, no actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que permita desechar la demanda de plano.

Sin embargo, dicha jurisprudencia es inaplicable al caso concreto, porque en la misma se hizo la interpretación del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, así como con el derecho fundamental de acceso a la justicia, a la luz del principio pro persona y, en el asunto que aquí se resuelve, se está aplicando la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en la que de manera expresa el legislador precisó en el artículo 61, fracción III, que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual hace inaplicable dicho criterio por haber norma expresa en la que se apoya el sentido de esta resolución.

En consecuencia, al advertir este tribunal un diverso motivo y fundamento de improcedencia al invocado por el Juez de Distrito, lo que procede es confirmar el desechamiento de la demanda de garantías que hizo por auto de veintitrés de febrero de dos mil quince.

Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Por los motivos expuestos en esta ejecutoria se confirma el sentido del auto impugnado.

SEGUNDO.-Se desecha la demanda de garantías.

Notifíquese.

Así, por mayoría de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, integrado por los Magistrados Sergio Eduardo Alvarado Puente (Disidente), Antonio Ceja Ochoa (Presidente y Ponente) y Sergio Javier Coss Ramos.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26298-052013a8/consejo-de-la-judicatura-federal-contra-sus-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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