Corpus
Modo: Corpus Pro

MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN O EMBARGO PRECAUTORIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE LA DECRETA DENTRO DE JUICIO NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 164/2011. · Registro digital (IUS): 23235
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Pág. 2206.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 164/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 31 DE AGOSTO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: JULIO VEREDÍN SENA VELÁZQUEZ.

III. Competencia

7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, al tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito, lo cual compete a la especialidad de esta Sala, por lo que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

IV. Existencia de la contradicción

8. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que ha fijado esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando la normatividad aplicable. Se trata de los siguientes:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

9. Estas condiciones se encuentran en las siguientes tesis de jurisprudencia:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(8)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(9)

10. A continuación, se explicitan las razones por las cuales se considera que este asunto sí cumple con los requisitos de existencia:

11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:

12. El tribunal denunciante, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver la improcedencia en revisión penal **********, analizó un asunto con las siguientes características:

13. Antecedentes. En el proceso penal ********** del índice del Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Alarcón en el Estado de Guerrero, instruido contra ********** por el delito de despojo, se tramitó un incidente no especificado, que concluyó con la resolución interlocutoria de veintiocho de enero de dos mil once que ordenó la restitución provisional a favor de la parte ofendida del inmueble representativo del objeto material del ilícito.

14. Juicio de amparo. En contra de esta determinación, ********** solicitó amparo de la Justicia Federal. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, por acuerdo de cuatro de enero de dos mil once radicó la demanda de garantías con el número 90/2011 y determinó desecharla de plano por estimar acreditada, de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo(10) -no agotar el recurso o medio de defensa previsto en la ley-.

15. Amparo en revisión. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión.

16. El Tribunal Colegiado resolvió revocar el auto recurrido y ordenar admitir a trámite la demanda de amparo. Las razones que sustentan la determinación son las siguientes:

16.1. Es procedente el juicio de garantías porque la resolución reclamada queda comprendida en el concepto de acto de ejecución irreparable, al afectar de manera directa e inmediata derechos sustantivos del poseedor del inmueble, al privarlo de la facultad de uso y disfrute durante la vigencia de la medida precautoria. Consideración que sustentó a partir de la invocación del criterio definido por esta Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 55/2003, intitulada: "MEDIDAS PROVISIONALES. LAS DICTADAS POR EL JUEZ DEL PROCESO VINCULADAS A LA RESTITUCIÓN DE INMUEBLES RELACIONADOS CON EL DELITO DE DESPOJO, SON SUSCEPTIBLES DE SER IMPUGNADAS POR EL INCULPADO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO."(11)

16.2. La litis del recurso de revisión determina esclarecer si ante el reclamo de un acto de ejecución irreparable es aplicable o no la excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo.

16.3. Al tenor de la interpretación que realizó el Tribunal Colegiado de la jurisprudencia 55/2003 y la tesis aislada 2a. LVI/2000,(12) dictadas, respectivamente, por la Primera y Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió abandonar el criterio que anteriormente sostenía(13) en el sentido de que ante actos de imposible reparación deben agotarse los recursos ordinarios previos a acudir a la instancia constitucional porque el artículo 73, fracción XIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo no contiene causas de excepción al principio de definitividad diversas a los actos que importan peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal.(14)

16.4. En la nueva posición adoptada por el Tribunal Colegiado se precisa que cuando se reclama un acto dictado dentro de juicio, cuya ejecución es de imposible reparación en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías sin necesidad de observar el principio de definitividad, es decir, agotar los recursos ordinarios de defensa previstos en la ley que rige el acto reclamado.

16.5. El actual criterio retomó las razones delimitadas por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 82/99-SS, de la que derivó la tesis aislada 2a. LVI/2000, en la que al interpretar el artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal, se estableció que no existe obligación de agotar previamente el principio de definitividad para efecto de promover el juicio de amparo indirecto cuando se reclaman actos cuya ejecución es de imposible reparación.

17. Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión 24/2003 que es el primer precedente del que derivó la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, analizó un asunto con las siguientes características:

18. Antecedentes. En el expediente 1725/2002 relativo al juicio de responsabilidad civil proveniente de la comisión de delito, por auto de cuatro de octubre dos mil dos el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, en el Estado de Puebla, ordenó trabar embargo precautorio hasta por ciento cincuenta mil pesos sobre la parte que se segregó del predio referido en el certificado de libertad de gravamen exhibido por la parte actora con la demanda inicial, sin necesidad de otorgamiento de garantía, por tratarse de un asunto de responsabilidad civil y con la finalidad de garantizar las resultas del juicio.

19. Juicio de amparo. Pronunciamiento judicial contra el que uno de los demandados solicitó amparo. El Juzgado Primero de Distrito del Estado de Puebla, a quien correspondió conocer de la demanda de amparo, resolvió sobreseer en el juicio de garantías al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relativa a la omisión de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías.

20. Amparo en revisión. En virtud de la inconformidad del quejoso, quien interpuso el recurso de revisión 24/2003, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito por ejecutoria de veintitrés de enero de dos mil tres, resolvió confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías en atención a la siguiente consideración:

"No le asiste razón al recurrente porque contra la determinación que impone la medida precautoria de embargo no se hizo valer el medio de defensa respectivo. Y no obsta que el auto que decreta un embargo precautorio sea un acto de ejecución irreparable al afectar directamente las garantías individuales del revisionista; porque tal circunstancia no exime el cumplimiento del principio de definitividad que rige en materia de amparo, por el que es imprescindible agotar los recursos ordinarios contemplados en la ley de la materia, antes de acudir al juicio de garantías."

21. Acotación de exclusión de ejecutorias. En este punto de análisis es necesario precisar que para efectos de la presente contradicción de tesis únicamente se considerará la ejecutoria de resolución al recurso de revisión 24/2003 dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, porque el tema analizado en la misma es correspondiente al que fue materia de estudio por el tribunal denunciante en la improcedencia de revisión penal ********** -resolución judicial que decreta la medida provisional de restitución o embargo precautorio de un inmueble relacionado con la comisión de un delito-.

22. Así, con independencia de que las ejecutorias de los juicios de amparo en revisión 233/2003, 275/2003, 308/2003 y 350/2003, también constituyan precedentes de la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, lo cierto es que el análisis jurídico en los mismos derivó de actos reclamados que tienen connotaciones diferentes a las examinadas en su momento por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en torno a la necesidad o no de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo para la procedencia del mismo cuando se reclama la resolución judicial que decreta una medida provisional, como la restitución o el embargo precautorio respecto de un bien inmueble, con motivo de la comisión de un delito, por tratarse de un acto de ejecución irreparable que afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del poseedor.

23. En efecto, en los amparos en revisión 233/2003 y 275/2003, los actos que fueron reclamados en amparo indirecto consistieron en acuerdos que desecharon el recurso de apelación interpuesto contra autos dictados por Jueces Civiles del Estado de Puebla en juicios de naturaleza mercantil -en los que se apercibió con la imposición de una medida de apremio (multa o arresto) para el caso de no cumplir con un requerimiento judicial-.

24. Mientras que en los amparos en revisión 308/2003 y 350/2003, los actos reclamados consistieron en acuerdos dictados por Jueces de lo Familiar y Civil del Estado de Puebla, en juicios de alimentos, en los que se decretó contra el demandado el otorgamiento de pensión provisional de alimentos.

25. En estos asuntos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió sobreseer en el juicio, en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que previo a la promoción del juicio de garantías no se agotó el recurso ordinario procedente.

26. La diversidad de las temáticas analizadas en las ejecutorias de los amparos en revisión 233/2003, 275/2003, 308/2003 y 350/2003, en contraste al tema de las que sí se estiman trascendentes para delimitar el punto de la contradicción, justifica su exclusión. En otras palabras, como se aprecia de la exposición comparativa de ejecutorias, la coincidencia de la problemática jurídica que fue objeto de pronunciamiento por los Tribunales Colegiados, con posiciones antagónicas, únicamente radica en el criterio que debe asumirse para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, respecto a la observancia o no del principio de definitividad cuando se reclama actos en juicio que implican la imposición de una medida provisional respecto de un inmueble con motivo de la comisión de un delito.

27. Por tanto, no se debe comprender una posición amplificada que implique considerar las ejecutorias que se excluyen, con la finalidad de formular un planteamiento interrogatorio por resolver con una visión general respecto a la exigibilidad de observar el principio de definitividad o considerar actualizada una causa de excepción al mismo para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ante el reclamo de actos en juicio cuya ejecución es de imposible reparación. Con esta amplitud no emitió su criterio el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, únicamente se pronunció respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclama la imposición de una medida precautoria dictada en un juicio penal que ordenó la restitución provisional de un inmueble con motivo de la comisión del delito, pero no ante el reclamo de actos emitidos en juicios mercantiles que aperciben con la imposición de medidas de apremio (multa o arresto) para el caso de no cumplir con un requerimiento judicial, ni respecto de actos que tienen su origen en juicios de alimentos que decretan contra el demandado el otorgamiento de pensión provisional de alimentos a favor del actor.

28. La anterior precisión obedece a un factor relevante. Una posición que adopte un criterio de generalidad válidamente podría proponer un marco amplio del cuestionamiento a fin de generar una interrogante de mayor comprensión para determinar si ante todo acto de ejecución irreparable se actualiza la exclusión del principio de definitividad. Sin embargo, se estima que este criterio de comprensión amplificado no debe adoptarse en el presente asunto. Existen dos razones cruciales:

29. La primera radica en que el punto de diferendo debe ceñirse únicamente al tema coincidente que fue objeto de análisis por los Tribunales Colegiados contendientes para determinar si debe cumplirse o no con el principio de definitividad, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, cuando se reclama la resolución judicial que decreta una medida provisional, como la restitución o el embargo precautorio respecto de un inmueble relacionado con la comisión de un delito.

30. Como se ha reseñado, las hipótesis de caso concreto que también fueron analizados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en los precedentes que integraron la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, se refieren a la exigibilidad de observar el principio de definitividad, para efecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto, ante el reclamo de actos emitidos en juicios mercantiles que aperciben con la imposición de medidas de apremio (multa o arresto) para el caso de no cumplir con un requerimiento judicial, y de actos que tienen su origen en juicios de alimentos que decretan contra el demandado el otorgamiento de pensión provisional de alimentos a favor del actor.

31. Temas de los que no versa el pronunciamiento realizado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. Por tanto, no es factible asumir una posición genérica cuando el punto de coincidencia que generó la emisión de criterios antagónicos únicamente versa en torno a la exigencia de cumplir con el principio de definitividad, cuando se reclama en el juicio de amparo indirecto la imposición de una medida precautoria dictada en un juicio penal que ordena la restitución provisional de un inmueble con motivo de la comisión del delito.

32. La segunda razón deriva de la naturaleza de cada caso concreto que exige un pronunciamiento en particular, con el objeto de determinar no solamente si se trata de actos que puedan ubicarse en la clasificación de ejecución irreparable, sino también si previo a la promoción del juicio de amparo debe agotarse el recurso ordinario de defensa procedente. Es decir, existen ciertos casos definidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se ha establecido que a pesar de estar en presencia de actos de imposible reparación debe agotarse el recurso ordinario aplicable, previo a la promoción del juicio de garantías.

33. Veamos de manera ejemplificativa los casos a los que nos referimos: al resolver la contradicción de tesis 151/2009, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(15) emitió dos criterios relevantes observables para efectos de verificar la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclama la resolución por la que se determina una pensión alimenticia provisional y se fija su monto:

a) Es un acto que tiene una ejecución de imposible reparación, en virtud de que la afectación que sufre el obligado a pagarla incide de manera directa e inmediata en su derecho fundamental de disponer de los frutos de su trabajo y de sus bienes, y tal afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que el deudor alimentario obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, ya que las cantidades que haya pagado por ese concepto se destinarán a cubrir las necesidades alimentarias de los acreedores, lo que significa que serán consumidas y no le podrán ser reintegradas aun cuando obtuviera una sentencia absolutoria o que fijara como pensión alimenticia definitiva una cantidad menor.(16)

b) El incidente de reducción de pensión alimenticia no es un medio ordinario de defensa que se tenga que agotar antes de acudir al juicio de amparo, sobre todo en aquellas legislaciones que establezcan que en contra de dichas resoluciones no procede recurso alguno. La materia del análisis en el incidente no es la procedencia del pago de alimentos, es decir, si se debe pagar o no, sino solamente su monto y la valoración de los nuevos elementos que se aporten para modificar la cantidad que se debe pagar; por tanto, no tiene el objeto de revocar o nulificar la resolución, sino sólo modificar el monto. De acuerdo con la legislación específica de cada entidad federativa, si se prevé algún recurso o medio de defensa específico en contra de la resolución que establece una pensión alimenticia provisional, deberá interponerse antes de acudir al juicio de garantías; sin embargo, si no se contempla, el incidente de reducción de pensión alimenticia no es un medio ordinario de defensa que deba hacerse valer antes de acudir al juicio constitucional.(17)

34. Otro caso es al que se refirió la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 49/98, en la que señaló que tratándose de la impugnación de personalidad en materia laboral, previo a promover el juicio de amparo deben agotarse los medios ordinarios de defensa.(18)

35. Por tal motivo, es que la decisión de exclusión o no de la exigencia de observar el principio de definitividad para efecto de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto se circunscribe al caso concreto por el que se delimitó la materia del punto de contradicción.

36. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver. Los siguientes datos corroboran esta información:

• Los Tribunales Colegiados resolvieron casos en los que se vieron obligados a resolver si era necesario o no observar el principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario respectivo, previo a acudir al juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución judicial dictada dentro de juicio que decretó una medida provisional de restitución o embargo precautorio de un inmueble con motivo de la comisión de un delito.

• El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver la improcedencia en revisión penal **********, precisó que es procedente el juicio de amparo contra la medida provisional que ordena la restitución de un inmueble relacionado con la comisión del delito de despojo, sin que se requiera agotar el recurso ordinario previsto en la ley aplicable previo a acudir a la instancia constitucional, por tratarse de un acto de ejecución irreparable que afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del poseedor del inmueble al privarlo de la facultad de uso y disfrute durante la vigencia de la medida precautoria; por tanto, constituye un caso de excepción al principio de definitividad.

• En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 24/2003, sostuvo que no obstante la medida de embargo precautorio constituya un acto de ejecución irreparable que afecta directamente las garantías individuales del quejoso; previo a la promoción del juicio de amparo debe agotarse el medio de defensa ordinario que proceda, porque no es una hipótesis de excepción al principio de definitividad.

37. Como puede observarse, ante un mismo problema jurídico sometido a su jurisdicción, los Tribunales Colegiados arribaron a conclusiones diferentes:

Supuesto hipotético

Debe agotarse el recurso ordinario que proceda, previo a la promoción del juicio de amparo, en el que se reclama un acto dentro de juicio que decreta la medida de restitución provisional o embargo precautorio de un inmueble con motivo de la comisión de un delito.

Alternativas de solución

a) No, porque se trata de un supuesto de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, al tratarse de un acto de ejecución irreparable que afecta de manera directa derechos sustantivos del gobernado.

b) Sí, el carácter de acto de ejecución irreparable no determina la exclusión del principio de definitividad, por hipótesis diversas a las comprendidas en la ley.

Esto revela que sí estamos ante una contradicción de criterios.

38. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Finalmente, de las constancias de autos se advierte que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la formulación de una pregunta genuina.

39. Al analizar cada una de las referidas ejecutorias se sostiene que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, resolvieron de manera diversa el mismo problema jurídico. En principio, la temática surgió en juicios de amparo indirectos en los que se reclamó un acto dictado dentro de juicio que decretó una medida precautoria respecto de un inmueble con motivo de la comisión de un delito (restitución provisional o embargo precautorio). Y el punto de decisión versa en determinar si para efectos de sostener la procedencia del juicio de amparo indirecto es exigible que previo a la acción constitucional el quejoso cumpla con el principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario respectivo.

40. En consecuencia, surge la siguiente pregunta: ¿debe agotarse o no el medio ordinario de defensa procedente, en observancia del principio de definitividad, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto contra un acto dentro de juicio que decreta la medida provisional de restitución o embargo precautorio de un inmueble con motivo de la comisión de un delito?

V. Criterio que debe prevalecer

41. La respuesta a la interrogante que debe resolverse en la presente ejecutoria, para una clara definición, requiere del análisis previo de las circunstancias particulares de la problemática jurídica que dio lugar a la emisión de criterios contradictorios por los Tribunales Colegiados contendientes.

42. Por tal motivo, como primer tema de relevancia conviene hacer referencia a las directrices de identificación de los actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto y su aplicación a las determinaciones dictadas en juicio que imponen medidas provisionales respecto de un inmueble, con motivo de la comisión de un delito, como la restitución o embargo precautorio.

43. En segundo lugar, es necesario hacer referencia al marco jurídico del que deriva el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo y las reglas establecidas para su observancia, cuya comprensión es indispensable para abordar la presente contradicción de criterios.

44. Finalmente, a partir del contraste de las conclusiones obtenidas a través del estudio de los anteriores presupuestos se definirá si para la procedencia del juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto dentro de juicio que decreta la medida provisional de restitución o embargo precautorio del inmueble, con motivo de la comisión de un delito, es exigible agotar el principio de definitividad.

45. La procedencia del juicio de amparo respecto de actos de imposible reparación. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(19) ha sostenido de manera reiterada que el juicio de amparo es un medio de control extraordinario de la Constitución Federal, que sirve para impugnar los actos de autoridad que sean contrarios a la misma en lo relativo a las garantías individuales de los gobernados y, al mismo tiempo, protector del ámbito competencial entre las autoridades federales y las locales, en la medida que éste pueda causar un agravio a los gobernados.

46. Lo anterior implica que el objeto del juicio de amparo constituye hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio del gobernado, con la finalidad de controlar el orden constitucional. Así, la imposición de observar las garantías otorgadas por la Ley Fundamental, tiene el alcance de lograr que se restituya al quejoso en el pleno goce de sus garantías individuales violadas.

47. Ahora bien, para garantizar la eficacia del juicio de amparo de acuerdo a su naturaleza y objetivo, la procedencia de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23235-10742653/medida-provisional-de-restitucion-o-embargo-precautorio-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.