TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 307/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, SEXTO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia de trabajo, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló la parte quejosa en el amparo directo 151/2011, una de las ejecutorias en donde se sustentó uno de los criterios aparentemente contradictorios.
TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben:
El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 741/2007, determinó lo que se señala a continuación:
"CUARTO. El estudio de los conceptos de violación que se hacen valer conduce a determinar lo siguiente: Argumenta la dependencia promovente del amparo que la autoridad responsable le causa perjuicio, porque ilegalmente concluyó que a la accionante se le ordenó el traslado a otro centro de trabajo, cuando lo cierto es que nunca existió tal orden, sino que se le encomendó una comisión, que ello fue hecho del conocimiento de la actora a través del oficio 37-SAT-09-IV-024729, de fecha catorce de febrero de dos mil tres, y la mencionada comisión únicamente la tendría que realizar la empleada en el periodo comprendido del veinticuatro de febrero de dos mil tres al doce de septiembre del mismo año, sin que se afectara la relación laboral y sus derechos como trabajadora de base; que la autoridad laboral confunde el traslado a que alude el artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con la comisión que se le ordenó a la trabajadora, además de que el artículo 91 de las condiciones generales de trabajo de la dependencia demandada establece diversos movimientos de personal dentro de los cuales en forma alguna se encuentra detallada la comisión, sino diversas hipótesis que si bien en la fracción VII de dichas condiciones se establece un traslado, éste corresponde al movimiento de personal de una ciudad a otra, con carácter definitivo, lo que es totalmente distinto a lo ordenado a la accionante, como el desempeño de una comisión de carácter temporal. Agrega la quejosa, que la Sala del conocimiento ilegalmente determinó que, en el caso, la demandada debió justificar las causas del traslado de la empleada, cubrir los gastos de viaje correspondientes, el menaje de casa, así como demostrar la concurrencia de todas y cada una de las causas enumeradas en el invocado artículo 16 de la legislación burocrática, consistentes en la desaparición del centro de trabajo, la reorganización o necesidades del servicio o permuta debidamente autorizada, o por fallo emitido por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Es infundado lo anterior, atentas las siguientes consideraciones: De la lectura del laudo impugnado se desprende que la Sala del conocimiento tomó en consideración para resolver condenatoriamente, que la demandada no acreditó fehacientemente la reorganización o necesidades del servicio para ordenar a la actora el cambio de población en donde debería prestar sus servicios por el periodo comprendido del veinticuatro de febrero al doce de septiembre de dos mil tres, aunque haya ordenado el pago de los viáticos correspondientes, y que el acuerdo que establece las disposiciones de ahorro en la administración pública federal para el ejercicio fiscal dos mil dos, en que basó la instrucción de traslado de una población otra, no es suficiente porque únicamente con ello se busca la efectividad y el uso del gasto público, por lo que el cambio o traslado de la accionante es improcedente. Ahora bien, lo resuelto al respecto por la autoridad laboral es legal, ya que en el caso se está en presencia de un traslado, como lo establece el artículo 16 de la legislación burocrática, ya que dicho dispositivo legal prevé lo siguiente: ‘Artículo 16.’ (se transcribe). Como se aprecia del ordenamiento legal transcrito, la legislación burocrática establece los derechos que tendrán los trabajadores que sean trasladados de una población a otra, ya sea por un periodo menor o mayor a seis meses, distinguiendo al efecto, qué prestaciones serán cubiertas por las dependencias, de acuerdo al lapso que comprenda el referido traslado. Asimismo, se aprecia que el dispositivo invocado por la dependencia quejosa en el oficio de fecha catorce de febrero de dos mil tres, mediante el cual hizo del conocimiento a la trabajadora que sería trasladada a la ciudad de Nogales, Sonora, por el periodo que comprende del veinticuatro de febrero de dos mil tres al doce de septiembre del mismo año, está apoyado en el propio artículo 16 de la legislación de la materia, por lo que independientemente de que en el oficio de mérito se haga alusión a que se trata de una comisión temporal, lo cierto es que legalmente no está establecida la existencia de comisiones temporales como lo afirmó la demandada en su escrito de contestación, sino que lo previsto por el ordenamiento legal de referencia es el traslado temporal del empleado por un periodo mayor o menor a seis meses. Por lo tanto, si del propio oficio en que le fue comunicado a la actora que debería presentarse para laborar en la plaza correspondiente a la ciudad de Nogales, Sonora, se advierte la indicación de que sería por un periodo de seis meses con quince días, es evidente que se está en presencia del traslado a que alude el artículo 16 de la legislación burocrática, por lo cual, tal como lo determinó la autoridad responsable, la demandada debió demostrar que se dieron las causas enumeradas en las fracciones I, II, III y IV del invocado dispositivo legal, que se encuentran transcritos en párrafos precedentes, de ahí lo infundado del concepto de violación. Para reafirmar lo anterior, se considera conveniente tener a la vista el contenido del mencionado oficio, de catorce de febrero de dos mil tres, a través del cual la demandada hizo del conocimiento de la actora el traslado de una población a otra para el desempeño de sus labores (foja 76).
Ver oficio
"Por otra parte, la promovente del amparo afirma que la Sala del conocimiento debió considerar que **********, incurrió en un abandono de empleo, ya que al no haberse presentado al lugar señalado en el oficio mediante el cual fue notificada de la comisión que se le encomendó, la trabajadora incumple con la obligación a que se refiere el inciso A) de la fracción II del artículo 138 de las condiciones generales de trabajo; que la accionante faltó a sus labores sin justificación por seis o más días hábiles consecutivos al lugar en donde temporalmente se le había comisionado, por lo cual, contrario a lo resuelto por la Sala responsable, no tiene acción y derecho para demandar el pago de las prestaciones señaladas en su escrito de demanda. Es inoperante lo anterior, ya que la demandada adujo en su contestación que la actora incurrió en el abandono de empleo a que alude el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y que a la letra dispone: ‘Artículo 46.’ (se transcribe). La demandada planteó la excepción de terminación de los efectos del nombramiento de la actora, argumentando que ésta dejó de presentarse a laborar en el lugar a donde se le ordenó a través del oficio de catorce de febrero de dos mil tres, los días 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero, y 3, 4 y 5 de marzo del mismo año; es decir, por más de cuatro días, lo que implicó un abandono de trabajo. Lo afirmado por la peticionaria de garantías al respecto es improcedente, ya que el hecho de que la accionante no se haya presentado a laborar, no se traduce en un abandono de empleo, ya que las faltas de asistencia de trabajo no constituyen el abandono mencionado, sino la causa de cese a que se contrae la fracción V, inciso b), del artículo 46 de la ley de la materia, misma que da lugar a la demanda de autorización de cese de los efectos del nombramiento que el titular debe plantear ante el tribunal burocrático laboral; sin que sea válido que por ese tipo de ausencias del trabajador, se oponga como excepción por la dependencia demandada, dado que no cuenta con el derecho legal de separar unilateralmente al trabajador faltista, como así lo ha determinado la jurisprudencia número 658, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, consultable en las páginas 534 y 535 del Tomo V, Materia de Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto literal es como sigue: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO NO TIENE FACULTADES PARA CESARLOS UNILATERALMENTE POR LAS CAUSALES QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, SINO QUE DEBE DEMANDAR EL CESE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (MODIFICACIÓN DEL CRITERIO DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 564, COMPILACIÓN DE 1995, TOMO QUINTO).’ (se transcribe). No obstaculiza la anterior consideración el contenido de la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, consultable en la página 528 del Tomo V, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ABANDONO DE EMPLEO POR LOS.’ (se transcribe). En efecto, en términos del artículo sexto transitorio de la reforma a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1988, los Tribunales Colegiados cuentan con la facultad de interrumpir la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anterior a esa reforma; y en el caso se considera que la ley establece como causales distintas de cese el abandono de empleo en términos de la fracción I del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y las faltas injustificadas al trabajo por más de tres días consecutivos a que alude la fracción V, inciso b), sin que ésta pueda traducirse en una decisión de no seguir prestando el servicio como afirma la parte final de la jurisprudencia en análisis, toda vez que tal supuesto ya se encuentra comprendido en la citada fracción I, cuando señala: ‘por abandono de empleo’, expresión en la que el legislador incluyó la manifestación expresa de voluntad de no seguir prestando el servicio o la evidencia de no querer hacerlo, por ejemplo, en el caso en que el trabajador se encuentre laborando en otro centro de trabajo o situaciones que entrañen el deseo de no volver al trabajo. Por tanto, la sola falta de asistencia a las labores no puede entrañar esa voluntad, pues existiendo el deseo de continuar con la relación laboral, puede existir una causa justificada por la que el trabajador no se presente a laborar, teniendo la obligación de acreditárselo al patrón cuando se reintegre al trabajo, a fin de que no se actualice la causal de cese por faltas injustificadas al trabajo por más de tres días de manera consecutiva. Por las mismas razones, también es inoperante lo que argumenta la parte quejosa, en cuanto a que resulta ilegal lo determinado por la autoridad de instancia en cuanto a que la demandada violó la inamovilidad a que tiene derecho la empleada, y ello es así, porque confunde la adscripción con la inmovilidad y la comisión, siendo el caso que la actora fue comisionada para ejecutar un servicio, sin que ello implique que hubiera sido removida de su empleo para considerar así afectada la inamovilidad garantizada en la ley de la materia. Argumenta la promovente del amparo, que el acta de abandono de empleo es causa suficiente para considerar que la actora exteriorizó su voluntad de no volver al trabajo, por lo que el despido es injustificado; que la autoridad responsable ilegalmente resolvió que la accionante no manifestó su voluntad de no continuar prestando sus servicios para la demandada, sin embargo, el hecho de no haberse presentado al nuevo lugar de ubicación implica que fue su voluntad no continuar terminar (sic) la relación de trabajo con la hoy quejosa, ya que faltó más de seis días a su empleo, y ello está configurado como causa de cese conforme a las propias condiciones generales de trabajo de la dependencia en el inciso a) de la fracción II del artículo 138, en relación con la fracción I del artículo 46 de la legislación burocrática; que la demandada instruyó el acta de fecha dieciocho de marzo de dos mil tres, en virtud de las inasistencias de la actora; siendo procedente la terminación de los efectos de su nombramiento por abandono de empleo, sin embargo, la autoridad responsable omite considerar que está demostrada dicha causa, por lo que causa perjuicio jurídico a la promovente del amparo. Es inoperante lo anterior, ya que independientemente del valor demostrativo que la autoridad responsable haya dado al acta de abandono de empleo, la misma fue levantada con motivo de dicha causa de cese sostenida por la demandada, sin embargo, en el caso tal como ha quedado de manifiesto, las faltas de asistencia atribuidas a la accionante constituyen una causal diversa de cese, por lo que la hoy quejosa debió demandar la autorización correspondiente ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Por otra parte, la fracción I del artículo 46 de Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prevé una primera situación de cese directo, que hace consistir en el abandono de empleo. Esta causal tiene que ver con la voluntad que exprese el trabajador en el sentido de no querer continuar con la relación de trabajo pero, contrario a lo que sostiene el titular quejoso, en el caso no quedó acreditada esa voluntad, toda vez que el acta de constancia de hechos por abandono de trabajo de fecha 18 de marzo de 2003, no puede contener esa manifestación expresa en razón de que en ella no participó la trabajadora, precisamente porque, como afirmó el titular demandado, nunca se presentó a laborar al lugar de comisión y por ello no pudo expresar ninguna voluntad en el acta de constancia de hechos de abandono de trabajo. De lo anterior se concluye que el abandono de empleo alegado por el titular quejoso no se actualizó, puesto que los hechos en que se basa en realidad configuran la causal de cese de faltas de asistencia al trabajo injustificadas prevista por el inciso b) de la fracción V del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que se tiene que hacer valer por la vía de acción mediante la demanda que el titular promueva ante el tribunal burocrático a fin de obtener la autorización de terminación de los efectos del nombramiento del trabajador. Por lo hasta aquí expuesto, resultan inaplicables los criterios de jurisprudencia invocados por el quejoso, de rubros: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE BASE. DERECHOS DE INAMOVILIDAD, Y A NO SER MOVILIZADOS, DIFERENCIAS.’ y ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ABANDONO DE EMPLEO DE LOS.’. Por lo tanto, al no haber llevado a cabo el procedimiento establecido en el artículo 46 de la legislación burocrática, en relación con la fracción V, inciso b), del artículo 46, cuya causa de cese no fue hecha valer por la impetrante, el valor demostrativo de la referida acta es intrascendente así como lo determinado por la autoridad responsable en cuanto a que la actora fue afectada en la inamovilidad de su empleo y la adscripción que tenía asignada, ya que en relación con la fracción I invocada en el escrito de contestación a la demanda, la ley de la materia no exige que sea instrumentada, tal y como se desprende del texto del artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que a continuación se transcribe: ‘Artículo 46 Bis.’ (se transcribe). Afirma la peticionaria de garantías que la autoridad de instancia ilegalmente declaró la nulidad del oficio de catorce de febrero de dos mil tres, careciendo de facultades para ello, porque se trata de un acto administrativo que en forma alguna afectó los derechos de la accionante, sino que es una consecuencia del incumplimiento de la obligación que tenía la hoy tercera perjudicada de presentarse a laborar en la comisión que le fue asignada. Es inoperante lo anterior, ya que la circunstancia de que la autoridad responsable haya declarado la nulidad del oficio a través del cual la dependencia hoy quejosa informó a la accionante de la comisión que le fue encomendada en forma temporal en la ciudad de Nogales, es intrascendente, tomando en cuenta que la demandada no logró demostrar sus defensas y excepciones opuestas en cuanto al abandono de empleo de la hoy tercera perjudicada. Por lo tanto, la consecuencia de ello es que se tenga por cierto el despido atribuido por ésta al titular demandado y la procedencia de lo reclamado por **********. Arguye la promovente del amparo, que la autoridad de instancia le causa perjuicio ya que no ordenó la apertura del incidente de liquidación para el pago del aguinaldo y la prima vacacional; que si la Sala responsable no tenía elementos para cuantificar dichas prestaciones, entonces debió considerar el sueldo compactado de la trabajadora, conforme al comprobante de percepciones y deducciones, con el concepto 07; que la Sala del conocimiento sin fundamento determina que el sueldo de la accionante era de tres mil trescientos un pesos con treinta y siete centavos, lo que arroja un salario diario de doscientos veinte pesos con nueve centavos, sin exponer los argumentos por los cuales arribó a dicha conclusión; que la autoridad laboral debió tomar en cuenta que el salario tabular o presupuestal de la parte actora es de mil setecientos cincuenta y un pesos con setenta y cinco centavos, y no así el salario tabular diario más las diversas prestaciones de la accionante cuando cuantificó el aguinaldo y la prima vacacional, cuando el salario integrado sólo se debe tomar en cuenta para la cuantificación de la indemnización. Es fundado lo anterior, por las siguientes razones: Del laudo impugnado se desprende que la actora demandó el pago de dichas prestaciones consistentes en aguinaldo y vacaciones con la correspondiente prima vacacional, en los términos siguientes: (foja 2) ‘E. El pago correspondiente a las vacaciones y la prima vacacional.’ (se transcribe). Como se desprende de lo anterior, la parte actora no demandó el pago de las referidas prestaciones con salario integrado, y del escrito de demanda tampoco se advierte que hubiera indicado los conceptos que según su dicho integran la base salarial. Ahora bien, tal como se aduce en el concepto de violación, la autoridad responsable ilegalmente consideró como base salarial para cuantificar la condena correspondiente a los conceptos de aguinaldo y prima vacacional, el salario integrado de la accionante, cuando en el caso, ello únicamente corresponde en los casos del pago de indemnizaciones, supuesto diverso a aquel en que se encontró la hoy tercera perjudicada. En razón de lo anterior, la Sala responsable ilegalmente cuantificó las referidas prestaciones con el salario integrado afirmado por la accionante, pasando por alto lo dispuesto en el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual establece que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo consistente en cuarenta días de salario, por lo que, relacionando dicho precepto con el diverso ordenamiento 32 de la invocada legislación, se concluye que tal prestación debe ser cuantificada con el salario tabular y no así con el integrado, como ilegalmente lo resolvió la autoridad responsable. Por otra parte, es cierto que de autos no consta la cantidad a la cual ascendió el sueldo tabular de la accionante con el que la Sala del conocimiento debió cuantificar la referida condena, por lo que asiste razón a la impetrante cuando afirma que la autoridad resolutora debió ordenar la apertura del incidente de liquidación a que se contrae el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, y al no haberlo hecho así, causa a la quejosa el perjuicio jurídico aducido. En mérito de lo anterior, y toda vez que el laudo reclamado resulta violatorio de las garantías individuales de la quejosa, debe concederse el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable, lo deje insubsistente y, en su lugar, emita otro en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que las prestaciones consistentes en aguinaldo y prima vacacional reclamadas por la accionante, deben cubrirse conforme lo ordenado en el artículo 42 Bis de la legislación burocrática y no así con el salario integrado, para lo cual deberá ordenar la apertura del incidente de liquidación respectivo, ello sin perjuicio de reiterar los aspectos ajenos a esta concesión."
El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 312/2008, determinó:
"CUARTO. El estudio de los conceptos de violación que hace valer la quejosa lleva a establecer lo que se expondrá en los párrafos subsecuentes. Por cuestión de técnica, los motivos de inconformidad se analizarán en distinto orden al en que se hicieron valer. Es inoperante lo que se alega en el primer concepto de violación, en el sentido de que la responsable indebidamente basó la determinación de tener por no acreditada la causal de abandono de empleo en que el demandado no cumplió con el procedimiento establecido por los artículos 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. De la atenta lectura de la resolución combatida se advierte que, contrario a lo que afirma el titular inconforme, la determinación de tener por no acreditada la excepción de abandono de empleo opuesta por la secretaría demandada, no la basó en el hecho de que haya incumplido con la obligación a que alude el artículo 46 Bis de la ley burocrática, sino en que el titular no demostró cuáles eran las funciones técnicas del actor relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo o la atención de personas que se pusieran en peligro con el abandono de las labores (foja 450, expediente laboral). De igual forma es inoperante el octavo concepto de violación en el que se reclama que la responsable no observó lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, al dejar de aplicar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se afirma que lo reseñado no puede ser analizado en virtud de que el quejoso no especifica cuáles son los criterios jurisprudenciales que dejó de observar la autoridad laboral, ni la trascendencia de esa omisión en la resolución reclamada. Por otra parte, es infundado lo que se alega en el tercer motivo de inconformidad, en el sentido de que la responsable emitió un acto carente de fundamentación y motivación en contravención a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales. Contrariamente a lo que se hace valer, la determinación de condenar al demandado a reinstalar al trabajador y, en consecuencia, al pago de las prestaciones que se hicieron derivar del despido injustificado reclamado, sí se encuentra debidamente fundada y motivada, al exponer la responsable los razonamientos lógico jurídicos que le permitieron arribar a la conclusión de que el demandado no probó la excepción de abandono del trabajo en que basó su defensa, tal como se advierte a fojas 450 a 453 vuelta del expediente laboral. En otro aspecto, aunque fundado, es inoperante lo que se alega en el primero y segundo conceptos de violación, en el sentido de que la autoridad no analizó debidamente la excepción opuesta relativa a que no existió el despido injustificado reclamado, sino que el actor fue dado de baja al haber incurrido en la causal de abandono de trabajo prevista por la fracción I del artículo 46 de la ley burocrática, al haber dejado de asistir a sus labores los días 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 y 28 de marzo del año dos mil tres, sin que la parte demandada estuviera obligada a acreditar las funciones técnicas que desempeñaba el actor, como lo estimó la responsable al resolver el juicio, ya que bastaba con que acreditara las inasistencias. Lo resumido es fundado, en virtud de que del expediente laboral se desprende que el actor reclamó de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras prestaciones, la reinstalación en el cargo que desempeñaba, el pago de salarios caídos, salarios devengados, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, al haber sido despedido injustificadamente el veintisiete de mayo del año dos mil tres; la demandada, por su parte, negó la procedencia de las pretensiones del actor argumentando que mediante oficio 327-SAT-VII-I-1161, de once de julio del año dos mil tres, determinó dejar sin efectos el nombramiento de base del actor, al haber faltado a su centro de labores los días 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 y 28 de marzo del año dos mil tres, conducta con la cual infringió lo dispuesto por los artículos 48, fracción VIII y 86, fracción XVI, de las condiciones generales de trabajo aplicables en dicha secretaría (foja 81, expediente laboral). La autoridad laboral concluyó que el demandado no acreditó la excepción de abandono de empleo que opuso y, en lo conducente, estimó: (se transcribe) (foja 450, expediente laboral). Determinación que fue incorrecta pues, tal como lo hace valer el inconforme, la responsable hizo una incorrecta interpretación del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que prevé: ‘Artículo 46.’ (se transcribe). Dado que en cuanto al concepto de abandono dicho precepto legal prevé dos hipótesis que pueden dar lugar a la terminación de la relación laboral sin responsabilidad para los titulares, que lo son el abandono de empleo (que corresponde a la excepción opuesta por el demandado) y el abandono o repetida falta injustificada a las labores técnicas relativas a las funciones que en la misma se especifican, y por lo que respecta a la primera, para que las inasistencias al trabajo puedan constituirla cuando la ausencia no es permanente o definitiva, se requiere que el número de faltas que lo tipifique se encuentre regulado en las condiciones generales de trabajo de la entidad burocrática correspondiente y que exista por parte del trabajador el propósito de ya no continuar la prestación del servicio, razón por la cual, en el presente caso, la autoridad laboral tomando en consideración los planteamientos de las partes así como las pruebas que allegaron al juicio, debió resolver si quedó demostrada la inasistencia del actor al trabajo, como lo afirmó el patrón, así como la intención de no continuar en el desempeño del cargo, a fin de establecer si existió o no el abandono de trabajo alegado, lo que no hizo, pues es evidente que se pronunció respecto al supuesto del abandono o repetida falta injustificada a las labores. Sin embargo, como se dijo, lo anterior resulta inoperante para conceder el amparo solicitado, ya que la determinación de condenar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reinstalar a la parte actora en el cargo que desempeñaba por acreditarse el despido injustificado, debe subsistir por las razones que acto seguido se exponen. En efecto, atendiendo a lo que hicieron valer las partes, correspondió al titular demandado soportar la carga probatoria acerca de la actualización de la causa de cese por abandono de empleo, esto es, que el actor efectivamente dejó de asistir injustificadamente a su trabajo, con el propósito de ya no continuar la prestación del servicio, ya que esta figura tiene dos elementos, uno de ellos objetivo, que consiste en dejar de presentarse a trabajar, y otro subjetivo, caracterizado por la intención de no volver al empleo; sin que con respecto a este último elemento se haya manifestado algo en el escrito de contestación a la demanda ni se aportaran pruebas, por lo que fue legal la determinación de la responsable. Se afirma lo anterior, puesto que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se limitó a señalar en su escrito de contestación a la demanda que el 11 de julio del 2003 dejó sin efectos del (sic) nombramiento del actor por haber inasistido a su centro de labores los días 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 y 28 de marzo del 2003, pero sin hacer alusión respecto al deseo del trabajador de no volver jamás a su empleo, ya sea por la expresión del propio actor, o bien, porque esté prestando sus servicios en otra parte, y para demostrar los hechos en que basó su defensa relativa a las inasistencias del accionante a su centro de trabajo, ofreció como pruebas la confesional del actor que no le beneficia (fojas 214 a 215), originales de las listas de asistencia correspondientes a los días 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 y 28 de marzo del 2003 (fojas 109 a 122), copia fotostática del oficio 327-SAT-I-1100 de 16 de julio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23261-03255c53/trabajadores-al-servicio-del-estado-su-cambio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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