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Modo: Corpus Pro

FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA FALTA DE CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS QUE SE REALICEN PARA LA AMORTIZACIÓN DE UN CRÉDITO OTORGADO POR ÉSTE, ACTUALIZA LA NEGATIVA FICTA IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 95/2015. · Registro digital (IUS): 26420
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-07-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo I, Pág. 566.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 95/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO. 25 DE MAYO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: DIANA CRISTINA RANGEL LEÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, vigente a partir del veintidós siguiente, pues se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de diferente circuito, y no se requiere la intervención del Pleno.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien está facultado para ello, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Criterios contendientes. El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de veintinueve de agosto de dos mil trece, en la parte que interesa, determinó:

"SÉPTIMO.- ... Los anteriores argumentos, atendiendo a la causa de pedir, son esencialmente fundados.-En efecto, los artículos 1, 3, 9, apartados A, fracción II, inciso d) y B), fracción II, inciso d), 10, fracciones I y II, 23, apartado C), fracciones II, III, IV, VII y IX, 24 y 28, fracciones I, II, V y VI, del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de julio de dos mil once, establecen: ‘Artículo 1.’ (se transcribe).-‘Artículo 9.’ (se transcribe).-‘Artículo 10.’ (se transcribe).-‘Artículo 23.’ (se transcribe).-‘Artículo 24.’ (se transcribe).-‘Artículo 28.’ (se transcribe). A su vez, el artículo 14, párrafos primero, fracciones XI, XII y XIV, y segundo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dispone: ‘Artículo 14.’ (se transcribe).-De los preceptos citados en primer orden se desprende que las Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como en el caso lo es la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo del que deriva la resolución reclamada, por conducto de los funcionarios a que se refiere el Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de vivienda, tienen entre otras facultades, las de operar y vigilar los servicios dirigidos a los derechohabientes, el eficaz desahogo de sus solicitudes, trámites y demás gestiones relacionadas con los créditos de vivienda, supervisar las operaciones, tramitar la suscripción de contratos de mutuo con interés y garantía hipotecaria, verificar la entrega de los recursos por concepto de créditos hipotecarios de acuerdo a las modalidades de cada caso, emitir y supervisar los descuentos a los trabajadores y pensionados acreditados para el pago del crédito que se les haya otorgado, así como realizar los descuentos a los pensionados, recibir, verificar y dictaminar las solicitudes para el pago de descuentos aplicados indebidamente y en su caso remitir al FOVISSSTE las solicitudes procedentes cuando los descuentos se hubieren aplicado indebidamente por causas no imputables al instituto, verificar la estricta aplicación de las normas para el registro de los recursos financieros, atender las solicitudes de los derechohabientes sobre liquidación de crédito y cancelación de hipoteca, elaborar y enviar órdenes de descuentos a las dependencias para la recuperación de los créditos otorgados y, supervisar y coordinar las acciones para el trámite de devolución de los descuentos indebidos sobre los créditos operados.-Tales facultades de las Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relacionadas con los créditos de vivienda otorgados a los derechohabientes, operados con recursos del fondo de la vivienda, las realiza en ejercicio de sus facultades como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que sus decisiones en relación con la cancelación de créditos para las adquisiciones de habitaciones cuando éstos se encuentren cubiertos, a la cancelación de hipotecas y a la devolución de descuentos indebidos, deben considerarse actos de autoridad, dado que en términos de los artículos 5o. y 167 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el instituto es el encargado de administrar los fondos de la vivienda, ordenar los descuentos a las dependencias y entidades encargadas de aportar los recursos, así como vigilar la aplicación de los recursos y atender las solicitudes que al efecto realicen los derechohabientes.-Por su parte, del segundo de los numerales transcritos se advierte que el juicio contencioso administrativo procederá contra resoluciones definitivas, actos administrativos y la resolución negativa ficta, entre otros, dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.-Ahora bien, de las constancias que integran el juicio contencioso administrativo de donde emana el acto reclamado, que la Sala responsable adjuntó a su informe justificado, se desprende que la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado en Aguascalientes, Subdelegación de Prestaciones, Departamento de Vivienda, demandada en el juicio aludido, mediante oficio DVA/1622/2011, de dos de diciembre de dos mil once, dio respuesta a la petición que le presentara la actora el dos de agosto del citado año, en la que le solicitó que se le tuviera por pagado el crédito que en su momento se le otorgó para la adquisición de vivienda, así como la devolución de las cantidades que le fueron cobradas en exceso; respuesta en la que determinó, en lo conducente: ‘En lo que respecta a su solicitud de que se le tenga por pagado el crédito que en su momento le fue otorgado, le informó que dicho crédito se encuentra con el status de liquidado, por ende, sí se le tiene por pagado dicho crédito.-Ahora bien, en lo que respecta a la devolución de las cantidades cobradas en exceso que solicita, le informó que ésta no es procedente, en virtud de que de su estado de cuenta no se desprende que existan cantidades que deban ser devueltas por ser pagadas en exceso, ya que en su momento ya fueron devueltas las cantidades que se pagaron en exceso, tal como se demuestra con el estado de cuenta y la constancia de desmarcaje del SAR de fecha cinco de diciembre de dos mil diez, procedimiento por el cual se le regresó a su cuenta del SAR la cantidad que se había pagado en exceso con sus debidos intereses, constancia que como anexos uno y dos respectivamente se adjuntan en copia al presente libelo.-También le informe que en dado caso de que se le adeudara alguna cantidad a usted o a cualquier otro derechohabiente, la forma para solicitar la devolución de cantidades pagadas en exceso no es a través de las oficinas que ocupa esta gerencia regional, sino a través del portal web de FOVISSSTE, donde posteriormente de hacer su solicitud y siempre y cuando sea procedente se harán las devoluciones de las cantidades que en su caso correspondan.-Por todo lo anterior, es que se desestiman los argumentos vertidos, sobre el particular, por el quejoso y, en consecuencia, se determina sí tener por pagado el crédito aludido, pero por otro lado, no devolver cantidad alguna, en virtud de que de su estado de cuenta no se arroja que existan cantidades pagadas en exceso y las que en su momento se pagaron en exceso ya fueron devueltas oportunamente con sus respectivos intereses.’ (fojas 22 y 23).-En contra de tal determinación, la actora interpuso recurso de revisión a través del escrito que presentó el cinco de marzo de dos mil doce (fojas 20 y 21), en relación al cual en la demanda de nulidad, a la fecha de su presentación (6 de marzo de 2013) adujo que no se le dio respuesta y, que por ende, se configuró la resolución negativa ficta o la confirmación de la resolución impugnada.-De lo hasta aquí expuesto se obtiene que la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado en Aguascalientes, Subdelegación de Prestaciones, Departamento de Vivienda, en su carácter de organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, es el ente facultado para ordenar la cancelación del crédito hipotecario otorgado a la actora por haber sido totalmente liquidado, realizar los trámites relacionados con la suspensión de los descuentos que aduce se realizaron después de liquidado el crédito de vivienda, así como ordenar la devolución de lo pagado en exceso.-Por tanto, la resolución negativa ficta impugnada que se dice recayó al recurso de revisión interpuesto contra la resolución que dio respuesta a la solicitud de cancelación del crédito de vivienda y a la devolución de los pagos indebidos que se dirigió al jefe del Departamento de Vivienda de la Delegación Aguascalientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deviene de una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no de una relación de coordinación regulada por el derecho privado en el que supuestamente dicho instituto actuó como particular, como en forma incorrecta lo consideró la Sala responsable para sostener que respecto de la referida resolución negativa ficta impugnada resulta improcedente el juicio contencioso administrativo porque, a su parecer, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.-Es así porque del escrito inicial de demanda y demás constancias que obran en el expediente, como se señaló, se desprende que la ahora quejosa solicitó de la dependencia aludida la cancelación de los créditos y la devolución de los pagos que alega hizo con exceso; de lo que se infiere que su petición no emana de una relación de coordinación regulada por el derecho privado en la que la dependencia hubiera actuado como particular, sino de una relación entre gobernante y gobernado; de ahí que válidamente puede concluirse la procedencia del juicio contencioso administrativo promovido contra la citada resolución negativa ficta impugnada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracciones XI, XII y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo, toda vez que, con las constancias que obran en el juicio de nulidad, se encuentra probado que de la fecha de interposición del recurso (5 de marzo de 2012) a la en que se presentó la demanda de nulidad (6 de marzo de 2013), transcurrió en exceso el plazo de tres meses a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, actualizándose así la figura jurídica de la resolución negativa ficta, contra la cual procede el juicio contencioso administrativo.-Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 149/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A LA PETICIÓN DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, POSTERIORES AL TERCER BIMESTRE DE 1997.’ (se transcribe).-Sin que sea óbice para arribar a la anterior determinación lo dicho por la Sala responsable, de que se tendría que analizar el supuesto que dio origen al acto (celebración de contrato de compraventa de vivienda), ya que en la especie, como lo aduce la quejosa, se está demandado la nulidad de una resolución negativa ficta recaída a un recurso de revisión que emana de una autoridad administrativa, y no de un contrato regido por el derecho privado; así como tampoco es obstáculo para la procedencia del juicio de nulidad la circunstancia de que la autoridad demandada en la resolución impugnada en la instancia administrativa señaló que el crédito ya estaba liquidado y que ya se había regresado el cobro en exceso, cuya devolución se solicitó, pues tales aspectos son atinentes al fondo del asunto, mas no para la procedencia del juicio contencioso administrativo.-La jurisprudencia 2a./J. 58/2011, de rubro: ‘FOVISSSTE. LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL CRÉDITO DE VIVIENDA DEL 30% AL 50% DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO, SON DE NATURALEZA LABORAL.’, citada por la Sala responsable en el fallo reclamado, tal como lo afirma la quejosa, no resulta aplicable para determinar la procedencia o la improcedencia del juicio contencioso administrativo, dado que lo que dirimió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 33/2011, de la que derivó la citada jurisprudencia, fue quién debía conocer de un amparo indirecto donde se reclama la orden emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como organismo descentralizado autónomo, de incrementar del treinta al cincuenta por ciento los descuentos al salario de un trabajador en activo al servicio del Estado, para el pago del crédito de vivienda, acto que, estimó, es de naturaleza eminentemente social y se encuentra inmerso en la materia de trabajo, no sólo porque incide de manera directa en la garantía prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f), de la Constitución Federal, en tanto impacta en el esquema financiero previsto en la ley, sino además porque altera el salario de los trabajadores del Estado, que representa uno de los elementos más relevantes de las relaciones de trabajo.-Es decir, el estudio de la contradicción de tesis aludida versó sobre un conflicto de competencia por materia para conocer de un amparo indirecto en el que se reclama violación a la garantía de seguridad social prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f), de la Constitución Federal; mas no se trata de la impugnación en juicio contencioso administrativo de una resolución negativa ficta en la que se confirma la respuesta dada por autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la solicitud de cancelación de un crédito para la adquisición de vivienda y a la devolución del cobro excesivo.-En consecuencia, la sentencia reclamada en la que la Sala responsable confirmó el acuerdo recurrido en reclamación en el que se desechó por improcedente la demanda de nulidad, interpuesta contra la resolución negativa ficta recaída al recurso de revisión administrativo interpuesto en contra de la respuesta dada por la Delegación Estatal Aguascalientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Subdelegación de Prestaciones, Departamento de Vivienda, resulta violatoria del artículo 14, fracciones VI, VII y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo y, por ende, de los derechos humanos de las garantías judiciales y protección judicial tutelados en los artículos 8 y 25, fracciones 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.-Por tanto, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el fallo reclamado y, en su lugar dicte otro, en el que, prescindiendo de las consideraciones relativas a la improcedencia del juicio contencioso administrativo, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria estime que el juicio de nulidad es procedente contra la resolución negativa ficta impugnada y, de no encontrar otro motivo de improcedencia, admita con libertad de jurisdicción la demanda de nulidad, y en su oportunidad, si es el caso, emita la sentencia que en derecho corresponda. ..."(1)

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil trece, en la parte que interesa determinó:

"QUINTO.-Ahora bien, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece, en lo conducente, que: ‘Artículo 14.’ (se transcribe).-Asimismo, los diversos numerales 17 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por su orden establecen: ‘Artículo 17.’ (se transcribe).-‘Artículo 83.’ (se transcribe).-Precisado lo anterior, debe decirse que es infundado el concepto de violación descrito, porque si bien es cierto que el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, contempla la figura jurídica denominada negativa ficta, y el diverso 83 de esa propia ley, establece que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, y que en los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva, a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, no menos cierto es que, como acertadamente lo advirtió la Sala responsable, resulta menester que esa negativa ficta, que también se encuentra contemplada en el artículo 14, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tenga relación con las materias señaladas en este último precepto, lo que en el caso justiciable, no aconteció.-En efecto, la lectura del libelo originador del juicio natural, así como del ocurso de veintiséis de septiembre de dos mil once, que la propia ... dirigió al jefe del Departamento de Vivienda de la Delegación Estatal en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en León, Guanajuato (fojas 12 a 14), se advierte que lo que reclama de dicho instituto, es que le sea devuelta la cantidad que, según dice, se le descontó en exceso para cubrir el crédito hipotecario otorgado a su favor por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que afirma, le fue cobrado ‘con cargo a su salario’ (foja 13), ya que sostiene ‘a partir de la 1er. quincena del mes de enero de 2005 (sic) al 31 de enero de 2008 ...’, se le hicieron esos descuentos, y más aún, ella misma manifestó que se jubiló en la última de las citadas fechas, o sea, el treinta y uno de enero de dos mil ocho.-Por consiguiente, es claro y patente, que la cantidad que afirma le fue cobrada excesivamente para cubrir el crédito obtenido con el fondo de vivienda, se obtuvo de su salario, esto es, cuando aún era trabajadora activa de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato; de ahí que, su pretensión no esté relacionada con alguna de las hipótesis que contempla el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, toda vez que independientemente que en la fracción VI de dicho precepto se establezca que: ‘El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: ... VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; ...’, no debe soslayarse que aunque sea el fondo de la vivienda de dicho instituto quien realizó los descuentos, lo cierto es que no se trata de la determinación de la pensión jubilatoria de la quejosa, sino de deducciones que supuestamente efectuó sobre el salario de la derechohabiente, cuando aún laboraba.-A mayor abundamiento y como sustento de las consideraciones expuestas, resulta necesario precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 33/2011, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Séptimo y Cuarto, ambos en Materia Administrativa y Décimo Tercero en Materia de Trabajo, todos del Primer Circuito, resuelta en sesión de nueve de marzo de dos mil once, determinó, entre otras cosas, que: ‘cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del Fondo de la Vivienda, otorga crédito para la vivienda, lo hace en cumplimiento de la norma constitucional que garantiza el derecho de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, de obtener habitaciones baratas, cómodas e higiénicas; de acuerdo con el sistema de financiamiento desarrollado en la ley, en el que se destaca que la forma de pago del crédito será mediante descuentos que no excederán el treinta por ciento del sueldo básico de los trabajadores.-Por tanto, el acto que emite el mencionado instituto, mediante el cual ordena a las dependencias o entidades incrementar los descuentos por concepto de crédito de vivienda, del treinta al cincuenta por ciento del salario de los trabajadores, es de naturaleza eminentemente social y se encuentra inmerso en la materia de trabajo, no sólo porque incide de manera directa en la garantía prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f), de la Constitución Federal, en tanto impacta en el esquema de financiamiento previsto en la ley, sino además porque altera el salario de los trabajadores del Estado, que representa uno de los elementos más relevantes de las relaciones de trabajo.-Ahora, si bien la naturaleza jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es administrativa, porque tiene el carácter de organismo descentralizado perteneciente a la administración pública federal y, por ello, las resoluciones o acuerdos que emite constituyen actos formalmente administrativos; no debe perderse de vista que el ejercicio de sus atribuciones, en el caso que se estudia, afecta aspectos de (la seguridad) naturaleza social inmersos en el campo del derecho de trabajo y, por tanto, debe privilegiarse el contenido material del acto reclamado para definir la competencia de los Juzgados de Distrito, porque de esa manera se persigue que sea el órgano jurisdiccional de amparo más afín a la materia el que conozca y resuelva la demanda de garantías en que se impugne la orden de incrementar el descuento en el salario de los trabajadores por concepto de pago de crédito de vivienda y, en esa medida, se procura proteger, en su caso, la garantía social aparentemente violada.-No pasa inadvertido que el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito apoyó su resolución en la jurisprudencia 2a./J. 153/2009, cuyos datos de localización, rubro y texto son: No. Registro digital: 166110. Jurisprudencia. Materia administrativa. Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, octubre de 2009, tesis 2a./J. 153/2009, página 94: ‘PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN.’ ... Sin embargo, el razonamiento esgrimido en ese criterio jurisprudencial resulta inaplicable a la solución del tema que ocupa la presente contradicción, porque en aquél se concluyó que debía conocer un Juez de Distrito en Materia Administrativa debido a que no se cuestionaba el derecho a obtener una pensión, sino sólo su determinación líquida; y en este asunto sí se presenta una afectación directa a derechos laborales, pues se puede alterar el salario de los trabajadores en activo al servicio del Estado.-En consecuencia, esta Segunda Sala considera que la competencia por materia para conocer del juicio de garantías promovido en contra de la orden que emite el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que incrementa del treinta al cincuenta por ciento los descuentos al salario de un trabajador en activo al servicio del Estado, para el pago del crédito de vivienda, se surte a favor de un Juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo en los lugares en que exista esa competencia especial; sin perjuicio, desde luego, de que los órganos jurisdiccionales con competencia mixta conozcan de dichos juicios en los lugares en los que no exista aquella competencia especializada’, ejecutoria de la cual surgieron las jurisprudencias siguientes: ‘FOVISSSTE. LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL CRÉDITO DE VIVIENDA DEL 30% AL 50% DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO, SON DE NATURALEZA LABORAL.’ (se transcribe) y ‘FOVISSSTE. ES COMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO PARA CONOCER DE LA ORDEN DEL ISSSTE DE INCREMENTAR LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL CRÉDITO DE VIVIENDA DEL 30% AL 50% DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO.’ (se transcribe).-Por consiguiente, si en la especie, la negativa ficta configurada no tiene relación alguna con la pensión de que goza **********, sino con los descuentos realizados a su salario, fue acertada la decisión de la Sala responsable, de sobreseer en el juicio, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece lo siguiente: ‘Artículo 8o. Es improcedente el juicio ante el tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: ... II. Que no le competa conocer a dicho tribunal ...’, toda vez que no se configura alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, siendo aplicable al caso, por su sentido y alcance, la tesis I.8o.A.23 A. (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO POR VIRTUD DE LOS DESCUENTOS APLICADOS EN EL CRÉDITO DE VIVIENDA OTORGADO POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SE SURTE EN FAVOR DE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO.’, que la Sala responsable transcribe en la sentencia reclamada, pues, al margen de que provenga de un circuito diverso a aquel en que tienen su residencia, tanto la autoridad demandada, como la quejosa, lo cierto es que en dicha tesis se realizó una interpretación de los artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es la aplicable en todo el país. ..."(2)

Finalmente, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, en la parte que interesa determinó:

"QUINTO.- ... En otro aspecto, resultan fundados los restantes motivos de inconformidad, los cuales se identifican en los incisos del 1) al 8) y que se analizarán de manera conjunta por la estrecha relación que guardan entre sí tal y como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia que se comparte emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, de rubro y texto siguientes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.’ (se transcribe).-Se arriba a la anterior conclusión, puesto que como bien lo argumenta el quejoso, la naturaleza de las prestaciones reclamadas a través de la demanda son determinantes para la competencia, pues analizando lo pedido puede decidirse sobre la legalidad de la sentencia combatida y, en ese aspecto, conviene traer a contexto, que el actor, aquí peticionario de amparo, demandó del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE): La declaración judicial de que no tiene adeudo alguno con la demandada derivado de un crédito hipotecario que supuestamente le fue otorgado bajo el número **********; la cancelación del mencionado crédito hipotecario; la expedición, por parte del instituto enjuiciado del documento en donde se hiciera constar que no tiene adeudo de ese crédito; el pago de la cantidad de $********** (**********), por los descuentos que le fueron efectuados desde el mes d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26420-9c744346/fondo-de-la-vivienda-del-instituto-de-seguridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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