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Modo: Corpus Pro

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES, LA QUE EJERCEN, CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE ANUALIDAD, LEGALIDAD, DEFINITIVIDAD, IMPARCIALIDAD Y CONFIABILIDAD, POR CONDUCTO DE ÓRGANOS CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y PARA DECIDIR SOBRE SU ORGANIZACIÓN INTERNA, FUNCIONAMIENTO Y RESOLUCIONES. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO. AL SER UNA ENTIDAD TÉCNICA AUXILIAR DE NATURALEZA DESCONCENTRADA INTEGRANTE DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL, DEBE CONSIDERARSE COMO UNA AUTORIDAD FORMALMENTE LEGISLATIVA. RESPONSABILIDAD RESARCITORIA FINCADA POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO. AL EQUIPARARSE CON UN CRÉDITO FISCAL, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD, A PARTIR DE QUE EL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, INTENTA EL COBRO DEL PLIEGO RESPECTIVO. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TABASCO. AL CONOCER DEL JUICIO INSTAURADO CONTRA LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL, A TRAVÉS DE SU ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, CONFIRMA UN PLIEGO DEFINITIVO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCASIONARON UN DAÑO A LA HACIENDA MUNICIPAL, VIOLA LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO PENÚLTIMO, 116, FRACCIONES II, PÁRRAFO PENÚLTIMO Y V, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL INVADIR LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE ESE PODER PARA FISCALIZAR Y REVISAR LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TABASCO. ÚNICAMENTE ES COMPETENTE PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LOS PARTICULARES Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, YA SEA CENTRAL O PARAESTATAL, ASÍ COMO RESPECTO DE SUS PROPIOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, POR LO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CONOCER DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL A TRAVÉS DE SU ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 22/2011. · Registro digital (IUS): 23266
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TABASCO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Pág. 2384.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 22/2011. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TABASCO. 24 DE AGOSTO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de agosto de dos mil once.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Carlos Ocaña Becerra, en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, promovió controversia constitucional en representación del Congreso del Estado de Tabasco, en la que solicitaron la invalidez de las normas y actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

"II. Entidad, poder u órgano demandado: Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Tabasco. Cabe destacar que por este medio se demanda al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco -órganos estatales previstos en la Constitución Federal- que no se contiene en la fracción I del artículo 105 de dicha Norma Fundamental, sin embargo, el mismo de conformidad con lo dispuesto en su artículo 116, fracción V, en relación con el artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, es un órgano autónomo, dotado de plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones, por tanto no tiene dependencia jerárquica respecto de los órganos originarios del Estado de Tabasco y que actúa dotado por la Carta Magna y las leyes locales para emitir sus determinaciones, en consecuencia, el aludido tribunal reúne las características necesarias que permiten reconocerle legitimación pasiva en la controversia constitucional, al haber sido éste quien en uso de sus facultades autónomas, emitió el acto que ahora se combate, reuniendo así el presupuesto que exige el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia. Resultan aplicables al caso, las jurisprudencias que se transcriben a continuación: ‘TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES EN VIRTUD DE QUE EMITE SUS DETERMINACIONES DOTADO DE PLENA AUTONOMÍA Y JURISDICCIÓN.’ (la transcribe). ‘COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, PUES EMITE RESOLUCIONES CON PLENA AUTONOMÍA.’ (la transcribe)."

"Norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como en su caso, el medio oficial en que se hubieren publicado: De la autoridad demandada Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tabasco, se reclama el siguiente acto: La sentencia definitiva ilegal e invasora de esferas de acción de fecha 04 de enero de 2011, misma que fue notificada al Órgano Superior de Fiscalización del Estado dependiente del H. Congreso del Estado de naturaleza desconcentrada, el día 10 del mismo mes y año, a través del oficio número 0049/2011-S-3, dictada por la Lic. María Beatriz Elvia Ramírez, Magistrada de la Tercera Sala del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco dentro del juicio contencioso administrativo número 199/2010-S-3, promovido por el C. Antonio Ocampo León y otros en contra del citado órgano de fiscalización en virtud de la resolución de fecha 2 de marzo de 2010 contenida en el oficio número HCE/OSFE/DAJ/525/2010, dictado dentro del Recurso de Reconsideración número RR006/2009."

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

1. Como resultado de las funciones de revisión y fiscalización realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización, durante la evaluación a diversos proyectos contenidos en la autoevaluación municipal correspondiente al cuarto trimestre octubre-diciembre del ejercicio dos mil seis, se emitió el oficio número HCE/OSFE/1391/2007 de fecha veintitrés de junio de dos mil siete, que contiene el pliego de cargos como resultado de la no solventación del pliego de observaciones del cuarto trimestre del ejercicio fiscal dos mil seis, dirigido al Municipio de Comalcalco, Tabasco, a través del cual determinó la firmeza de las observaciones detectadas, al no haber sido solventadas en el plazo legal establecido para tal efecto.

2. En virtud de lo anterior, en uso de la facultad de revisión, fiscalización, dictamen y calificación de las cuentas públicas del Estado, la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco emitió el Decreto Número 062, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de diciembre de dos mil siete, bajo el suplemento 6815 C, señalando en lo que interesa lo siguiente:

"Decreto 62. Considerando: Primero. Que la revisión, fiscalización y glosa de la Cuenta Pública está a cargo del Congreso del Estado, el cual se apoya para tales efectos en las comisiones inspectoras y el Órgano Superior de Fiscalización, mismo que funcionalmente tiene a su cargo la fiscalización superior de la propia cuenta pública, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la Constitución Política del Estado de Tabasco. Segundo. Que el Congreso del Estado, integrado por representantes populares, tiene entre otras atribuciones constitucionales y legales, vigilar que los recursos públicos propiedad de todos los tabasqueños se utilicen con transparencia, apegado a derecho y en beneficio del desarrollo integral de la entidad. Tercero. Que la revisión de la cuenta pública, tiene por objeto examinar, calificar y comprobar si las cantidades percibidas y gastadas están de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas; de tal forma que si los gastos no están justificados, haya lugar a exigir responsabilidades a quién o quiénes hubieren tenido el manejo directo de los recursos, de conformidad con los artículos 25, 26 y 36 fracción XLI párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Tabasco, 39, párrafos segundo y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y numeral 46, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuarto. Que la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda de conformidad con el artículo 63, fracción VI, punto 3, inciso a), del reglamento interior de este Congreso, está facultada para examinar y dictaminar, con fundamento en los informes de resultados y demás soportes documentales que rinda el Órgano Superior de Fiscalización, en términos de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. Quinto. Que el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, durante el Ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, obtuvo los siguientes resultados: ... Séptimo. De acuerdo al Informe de Resultados, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, durante el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, fue objeto de observaciones documentales, presupuestales, financieras, de control interno y de autoevaluación, mismas que no fueron solventadas en tiempo y forma (ver anexo 2) dando vista a la Auditoría Superior de la Federación del incorrecto ejercicio de recursos federales del Ramo General 33, mediante el oficio número HCE/OSFE/1636/2007 de fecha 09 de agosto de 2007; en contestación, la Auditoría Superior de la Federación, mediante oficio número AECF/1076/2007 de fecha 17 de septiembre del presente año, señaló que en uso de las atribuciones que le confieren las leyes al Órgano Superior de Fiscalización, ésta deberá formular las acciones legales a las que haya lugar; así como promover las acciones correspondientes. ... Por lo que se emite el siguiente: Decreto 62. Artículo único. Se aprueba en lo general, la cuenta pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, con las salvedades a que se refieren los considerandos séptimo y octavo, así como por lo señalado en el primero párrafo del considerando décimo tercero del presente Decreto. Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización para que en atención a los considerando séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo segundo, de seguimiento a los procedimientos administrativos que corresponda realizar al H. Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, y mantener informado a este H. Congreso de los avances y resultados de los mismos. El Órgano Superior de Fiscalización acorde con sus atribuciones y facultades deberá llevar a cabo los procedimientos resarcitorios a que haya lugar, respecto de los considerandos séptimo y octavo del presente decreto, en términos de la ley de la materia e informe a la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda y al H. Congreso del Estado de los avances ..."

3. En cumplimiento a lo instruido por el Congreso del Estado de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado procedió a dictar el acuerdo de inicio de procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias de fecha diez de diciembre de dos mil siete, ordenando radicar el asunto bajo el número de expediente HCE/OSFE/UAJ/018/2007-COMALCALCO, y citar a Vicente Antonio Zárate Angles, Antonio Ocampo León, José Guadalupe Peralta Valenzuela y María Elena Pliego Blardony, por las presuntas responsabilidades cometidas en el desempeño de sus funciones como contralor municipal, director de Finanzas, subdirector de Finanzas y síndico de Hacienda respectivamente, todos integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, durante el ejercicio fiscal dos mil seis, con motivo del daño ocasionado a su hacienda pública municipal.

4. En consecuencia, el Órgano Técnico del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, procedió a girar los oficios números HCE/OSFE/UAJ/2453/2007, HCE/OSFE/UAJ/2454/2007, HCE/OSFE/UAJ/2455/2007, HCE/OSFE/UAJ/2456/2007, todos ellos de fecha doce de diciembre de dos mil siete, así como el oficio HCE/OSFE/UAJ/1341/2009 de fecha uno de junio de dos mil nueve, dirigidos a Vicente Antonio Zárate Angles, Antonio Ocampo León, José Guadalupe Peralta Valenzuela, María Elena Priego Blandony y Elías García Leyva, respectivamente, a efecto de que comparecieran al desahogo de la audiencia de ley prevista en el artículo 48, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.

5. Sustanciado que fue el procedimiento resarcitorio por el citado órgano desconcentrado de ese Congreso Estatal, mediante oficio número HCE/OSFE/UAJ/1620/2009 de fecha ocho de julio de dos mil nueve, emitió el pliego definitivo de responsabilidades resarcitorias en el que determinó la existencia de responsabilidad resarcitoria en contra de Vicente Antonio Zárate Angles, Antonio Ocampo León, José Guadalupe Peralta Valenzuela y Elías García Leyva, imponiendo el pago de un crédito fiscal por la cantidad de $23,233.30 (veintitrés mil doscientos treinta y tres pesos 30/100 M.N.) con motivo del daño ocasionado a la Hacienda Pública Municipal de Comalcalco, Tabasco.

6. Inconformes con lo anterior, Vicente Antonio Zárate Angles, Antonio Ocampo León, Elías García Leyva y José Guadalupe Peralta Valenzuela, interpusieron recurso de reconsideración en contra del pliego definitivo de responsabilidades resarcitorias citado en el numeral que antecede, mismo que fue admitido por el órgano fiscalizador mediante proveído de fecha seis de agosto de dos mil nueve, radicándolo bajo el número de expediente RR006/2009.

7. Así las cosas, mediante oficio número HCE/OSFE/DAJ/525/2010 de fecha dos de marzo de dos mil diez, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado emitió la resolución al recurso de reconsideración número RR006/2009, a través del cual confirmó el pliego definitivo de responsabilidades resarcitorias contenido en el oficio número HCE/OSFE/UAJ/1620/2009.

8. Sin embargo, el veintiséis de abril de dos mil diez, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, mediante oficio número 585/2010, notificó el auto de inicio dictado dentro del juicio contencioso administrativo número 199/2010-S-3 a través del cual la Magistrada de la Tercera Sala admitió a trámite la demanda presentada por Antonio Ocampo León, Vicente Antonio Zárate Angles, Elías García Leyva y José Guadalupe Peralta Valenzuela, en la vía y forma propuesta, ordenando "emplazar a la autoridad demandada Lic. Francisco José Rullán Silva, Fiscal Superior del Estado, dependiente del Órgano Superior de Fiscalización del honorable Congreso del Estado de Tabasco", para que dentro del término de diez días hábiles formulara su contestación respectiva.

9. Circunstancia que aconteció el día once de mayo de dos mil diez a través del oficio número HCE/OSFE/DAJ/1307/2010, por medio del cual el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dio contestación a la demanda aludida, solicitando en el capítulo respectivo que fuera declarado el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo número 199/2010-S-3 al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 42, fracción VIII, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Lo anterior al haberse estimado, en esencia, que conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la exposición de motivos del artículo 16 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo carece de competencia para conocer del juicio de nulidad promovido en contra de una resolución emitida por un órgano desconcentrado del Poder Legislativo del Estado que impone un crédito fiscal a servidores públicos municipales por haber causado un daño a la hacienda pública municipal, detectado con motivo de la revisión y fiscalización de su cuenta pública, en particular la relativa al cuarto trimestre de dos mil seis.

10. No obstante lo anterior, mediante oficio número 0049/2011-S-3, se notificó la sentencia definitiva de fecha cuatro de enero de dos mil once, emitida por la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado dentro del juicio número 199/2010-S-3; en la que en su considerando I determina su competencia para resolver en definitiva en los términos que disponen los numerales 1, 16, 30, 36, 38, 39, 81, 82, 83, 84, y 86, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco y entró al fondo del estudio del asunto, revisando una resolución emitida por un órgano desconcentrado del Poder Legislativo del Estado. En esa tesitura, en el considerando VI de la sentencia, la Tercera Sala del Tribunal demandado determinó infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento puesta a su consideración, reiterando su competencia para conocer del juicio en cuestión.

TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora en su único concepto de invalidez adujo esencialmente que la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es violatoria de los artículos 40, 41, primer párrafo, 116, primer párrafo, fracciones II y V, 124 y 133 de la Constitución Federal, ya que dicho órgano jurisdiccional no tiene competencia para conocer respecto de resoluciones emitidas por un órgano desconcentrado dependiente del Poder Legislativo del Estado de Tabasco aun cuando sean de carácter administrativo, pues al formar éste parte de una autoridad formalmente legislativa dichas resoluciones escapan a su esfera de competencia que se constriñe al ámbito de la administración pública estatal y municipal, ya que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es una autoridad formalmente administrativa.

Asimismo, con el acto impugnado ese tribunal invade la esfera del Poder Legislativo al arrogarse una atribución que ni la Constitución Federal ni la Constitución Local ni la Ley de Justicia Administrativa le conceden, atenta contra la independencia y autonomía del Poder Legislativo del Estado y los principios de distribución de competencias y división de poderes que se desprenden del artículo 116, párrafo primero y fracciones II y V, de la Constitución Federal.

Para esclarecer la afirmación de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo carece de competencia para revisar los actos emitidos por un órgano desconcentrado del Congreso del Estado de Tabasco resulta necesario, en primer término, establecer el marco constitucional y legal que determina la naturaleza jurídica de dicha entidad estatal de fiscalización, que se establece en los artículos 115, fracción IV, 116, fracción II, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, fracción XLI, 40, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 3 y 72 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, vigente en la fecha en que se suscitaron los hechos.

Del marco legal definido se entiende que el órgano fiscalizador es una entidad desconcentrada del Congreso Estatal, con autonomía técnica y de gestión con la finalidad de revisar y auditar a las entidades fiscalizadas. En este orden de ideas no deberá perderse de vista que los actos materia del juicio contencioso administrativo que se impugna, son consecuencia directa e inmediata de la responsabilidad resarcitoria en que incurrieron diversos servidores públicos del Municipio de Comalcalco, Tabasco, con motivo del daño ocasionado a la Hacienda Pública del Municipio de Comalcalco, Tabasco.

La Legislatura Estatal de Tabasco establece que, bajo esta perspectiva, no debe olvidarse que la autonomía técnica y de gestión que le fue conferida por el Constituyente Permanente de la Nación mediante reformas a la Constitución Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día siete de mayo de dos mil ocho a las entidades estatales de fiscalización y por ende al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, constituye un elemento básico que debe ser salvaguardado por mandato de la Carta Magna y de la Constitución Local, a fin de garantizar su independencia frente a los demás órganos del Estado, sin que por ello se entienda una libertad absoluta, pues evidentemente sus actuaciones, en particular la relativa al procedimiento de determinación de responsabilidades resarcitorias, se ha ejercido en estricto apego a las disposiciones contenidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por tanto es inexcusable la intromisión de cualquier órgano del Estado que no tenga competencia expresa para revisar los actos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.

Desvirtuando lo establecido por el hoy demandado, la parte actora manifiesta que el Poder Legislativo del Estado de Tabasco ni su Órgano Superior de Fiscalización del Estado, no son ni forman parte de la administración pública estatal, por lo que el despliegue de sus atribuciones se adscriben en este contexto y no pueden ser revisadas ni fiscalizadas por ningún órgano del Estado cuya competencia no le hubiere sido expresamente conferida, siendo en todo caso impugnables por los particulares a través del juicio de amparo.

Con lo anterior, se comprueba una vez más, que a quien va dirigida la norma en comento es a las autoridades que integran la Administración Pública del Estado de Tabasco, y es así como se evidencia la indebida aplicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado.

La Legislatura Estatal de Tabasco considera que de lo hasta ahora expuesto, válidamente se puede afirmar lo siguiente:

a) Que la intención del Constituyente Permanente de la Nación al reformar el artículo 116 de nuestra Carta Magna, fue la de crear Tribunales de lo Contencioso Administrativo cuyo ámbito de competencia se circunscribe sólo a los actos emitidos por los órganos de la administración pública estatal, sin que la misma admita una interpretación contraria a lo expresamente estipulado, ya que el sentido del precepto es absolutamente claro.

b) El Congreso al emitir la Ley de Justicia Administrativa delimitó la competencia de los asuntos que debe conocer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los cuales se circunscriben a actos propios de la administración pública estatal (Poder Ejecutivo), excluyendo expresamente aquellos que tuvieran origen en los Poderes Legislativo y Judicial.

c) Que el Gobierno del Estado de Tabasco se divide para su ejercicio, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

d) Corresponde al Ejecutivo Estatal la responsabilidad de su administración pública.

e) La administración pública del Estado se divide, por su naturaleza, en centralizada y paraestatal, contando la primera con órganos desconcentrados para apoyar los asuntos de su competencia, quienes están jerárquicamente subordinados al gobernador o al titular de la dependencia que señale el decreto respectivo.

f) Que por disposición constitucional, el Poder Legislativo está obligado a revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas apoyándose para tal efecto en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, quien al iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, realiza actos formalmente legislativos pero materialmente administrativos.

g) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco tiene competencia para dirimir sólo las controversias suscitadas entre los órganos de la administración pública del Poder Ejecutivo Local, ya sea central o paraestatal, y los particulares; pues los conflictos surgidos entre éstos y los Poderes Legislativo y Judicial o alguno de sus órganos derivados, aun cuando sean actos administrativos no pueden ser resueltos por los tribunales de jurisdicción contenciosa administrativa, dado que no existe prevención constitucional en ese sentido.

De los puntos anteriormente esgrimidos se concluye que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado al haber determinado que es competente para conocer y resolver sobre la legalidad de las resoluciones mediante las cuales el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, determine una responsabilidad resarcitoria, evidentemente invade la esfera de competencia que constitucional y legalmente le fueron conferidas al Poder Legislativo del Estado de Tabasco a través de su órgano técnico desconcentrado, vulnerando su autonomía y, consecuentemente, el principio de división de poderes, ya que necesariamente debe de contar con atribución constitucional expresa para ello.

La parte actora considera que en el caso, se actualiza la violación al principio de división de poderes en perjuicio del Poder Legislativo Local, pues en supuesto cumplimiento de una norma jurídica el Tribunal de lo Contencioso Administrativo llevó a cabo una conducta que contraviene el artículo 116, fracciones II y V, de la Constitución Federal, así como lo dispuesto en la Constitución y las leyes locales precisadas, al arrogarse facultades que no le fueron conferidas ni constitucional ni legalmente.

El principio de división de poderes lleva a considerar que en él existen implícitamente mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, en el sentido de que no se extralimiten en el ejercicio del poder que les ha sido conferido; así que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que son tres las prohibiciones dirigidas a los poderes públicos de las entidades federativas, a fin de que respeten el principio de división de poderes: a) la no intromisión, b) la no dependencia y c) la no subordinación de cualquiera de los Poderes respecto de los otros.

En el caso concreto se estima actualizada la condición aludida, pues la conducta plasmada en el acto impugnado coloca al Congreso en un estado de subordinación, con el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que al pretender revisar las resoluciones que emite el Órgano Superior de Fiscalización en materia resarcitoria, hace nula su autonomía interna para decidir sobre su organización, funcionamiento y resoluciones, impidiendo que pueda tomar sus decisiones ya que las sujeta a la voluntad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, pues el fallo que dictó lo vincula a acatarlo y, en consecuencia, se estaría aceptando que dicho órgano jurisdiccional se extralimite en su competencia, afectando con ello al Poder Legislativo Estatal, sin que pueda optar por no acatar dicho fallo, es decir, no permitiría ningún curso de acción distinto al que le prescribiera.

Por otra parte, se considera que la resolución que se combate también es contraria a lo que establece el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal, dado que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco excede su esfera de competencia, que se limita a dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares; y dentro de dicha administración pública no se encuentra el Poder Legislativo del Estado ni uno de sus órganos que le están subordinados.

Sirve de apoyo a lo expuesto, el criterio que se sostiene y por analogía, las siguientes tesis de jurisprudencia, así como los demás criterios cuyos rubros son los siguientes: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE IMPONE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SUS SERVIDORES PÚBLICOS.", "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LAS RESOLUCIONES EN QUE IMPONE SANCIONES A SUS SERVIDORES PÚBLICOS SON DEFINITIVAS E INATACABLES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE DEFENSA PREVISTOS EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES RELATIVA, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", "TRIBUNALES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS ESTATALES. CARECEN DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A DICHOS PODERES.", "INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRA SUS RESOLUCIONES ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." y "TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-H, CONSTITUCIONAL, NO IMPLICA QUE DEBAN CONOCER DE CUALQUIER ACTO EMITIDO POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS."

De los criterios antes transcritos, bien vale destacar el sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE IMPONE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SUS SERVIDORES PÚBLICOS.", pues si bien se refiere a actos en materia de responsabilidades administrativas sancionatorias, lo cierto es que el mismo resulta esencial para combatir uno de los argumentos que sostiene el tribunal demandado en la sentencia que se combate, al considerar que es competente para conocer de los actos que emite el Órgano Superior de Fiscalización por el solo hecho de que aplica leyes de carácter administrativo.

Ciertamente, la jurisprudencia que nos ocupa prevaleció en virtud de la contradicción de tesis 27/2006, con motivo de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto, Octavo y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito; en ella, el Alto Tribunal formuló diversas consideraciones que la llevaron a determinar que los Tribunales Contenciosos Administrativos sólo tienen competencia para dirimir controversias suscitadas entre autoridades del Poder Ejecutivo y los particulares.

Que no existe ninguna prevención constitucional que otorgue al tribunal contencioso la atribución de conocer actos que deriven de autoridades que pertenezcan a Poderes distintos al Poder Ejecutivo, antes bien, se precisa con claridad su competencia limitada. Similar criterio sostuvo el Tribunal Pleno al resolver las controversias constitucionales 58/2006 y 57/2006, promovidas por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León; no obstante, en ellas se impugnó el auto admisorio y no la resolución emitida en el recurso de revisión que confirma la sentencia definitiva como en el caso acontece; sin embargo, constituyen criterios orientativos. De la primera de éstas, derivó la jurisprudencia, cuyo rubro es: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DECLARA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES EN LAS QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA ENTIDAD SEÑALE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA E IMPONGA LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL LOCAL, TRANSGREDE LAS FRACCIONES III Y V DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

En este sentido, si en el caso el acto impugnado contraviene lo previsto por el artículo 116, fracciones II y V, de la Constitución Federal, en consecuencia, también se transgrede el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la propia Constitución, puesto que no se sujetó a sus principios y postulados.

De todo lo anteriormente expuesto, válidamente se puede concluir que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco es, en efecto, un órgano desconcentrado que está subordinado a una autoridad estatal, pero tal dependencia es respecto al Poder Legislativo Estatal y no al Ejecutivo del Estado de Tabasco, por tanto, aunque sus actos son materialmente administrativos, a fin de apoyar al Congreso en su obligación de revisar y fiscalizar la cuenta pública y como consecuencia de ello el fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra de los servidores públicos que ocasionaron un daño a la hacie

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23266-da36ea9d/fiscalizacion-de-la-cuenta-publica-municipal-en-terminos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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