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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN, INTERRUPCIÓN DE LA. PRESCRIPCIÓN, INTERRUPCIÓN DE LA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 819/2011. · Registro digital (IUS): 23315
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Pág. 4074.

PRESCRIPCIÓN, INTERRUPCIÓN DE LA.

AMPARO DIRECTO 819/2011. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS MURRIETA LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El estudio de los conceptos de violación alegados conduce a realizar las siguientes consideraciones jurídicas.

Se analizarán, en primer término, los conceptos de violación relativos a la inconstitucionalidad planteada respecto del artículo 135 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,(1) aplicado en el laudo combatido, en virtud de que en términos del artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, al realizarse el pronunciamiento respecto al fondo del asunto debe analizarse primero la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, si es necesario, la legalidad del acto de aplicación, bajo la premisa de preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios a favor del quejoso, y reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros, a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de las sentencias de amparo, en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis cuyo rubro y texto seguidamente se trasuntan:

"LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE CONTROVIERTEN CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉLLAS DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE ÉSTE, EN ARAS DE TUTELAR LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio respecto de ambos actos de autoridad, debe abordarse el estudio de constitucionalidad de la disposición general impugnada y, posteriormente, en su caso, es factible analizar los vicios propios atribuidos al acto de aplicación; sistema cuya justificación se ubica tanto en la dependencia lógico-jurídica de éste respecto de aquélla, como en que a través de él se permite tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Carta Magna, pues de condicionarse el análisis de constitucionalidad de una norma a que su aplicación sea correcta, aun cuando esa disposición fuera transgresora del marco constitucional, la autoridad aplicadora podría continuar concretando sus efectos en perjuicio de un gobernado y, solamente hasta que ello se realizara de manera fundada y motivada, éste obtendría la protección respectiva, a lo cual tuvo derecho desde el primer acto de aplicación que trascendió a su esfera jurídica."(2)

Se duele, en esencia, el Ayuntamiento quejoso, de que la norma tildada de inconstitucional viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en el procedimiento burocrático laboral, "concluida la recepción de las pruebas y practicadas las diligencias ordenadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se declarará concluido el procedimiento y se dictará el laudo correspondiente dentro de un término que no excederá de veintidós días hábiles", con lo cual alega el quejoso, se le priva de la posibilidad de alegar lo que a sus intereses jurídicos convenga, ya que no se prevé, en el precepto tildado de inconstitucional, la apertura de una etapa procesal especifica, previa al dictado del laudo.

El concepto de violación de que se trata es infundado.

Lo anterior es así, cuenta habida que la Ley Federal del Trabajo es aplicable supletoriamente a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios en lo no previsto en esta legislación, por disposición expresa contenida en el artículo 10.(3) Atento a lo anterior, si bien es cierto que el precepto tildado de inconstitucional no previene de forma expresa la apertura de una etapa procesal en la que los litigantes puedan formular alegatos con posterioridad a que se cierre el periodo de instrucción y antes del dictado del laudo, ya que el último enunciado normativo que lo conforma establece textualmente que "Concluida la recepción de pruebas y practicadas las diligencias ordenadas por el Tribunal, se declarará concluido el procedimiento y se dictará el laudo correspondiente dentro de un término que no excederá de veintidós días hábiles"; sin embargo, debe tenerse en cuenta que en aplicación de la supletoriedad permitida por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, bien puede ordenarse en el procedimiento laboral burocrático, por el tribunal responsable, aplicando supletoriamente las previsiones de la Ley Federal del Trabajo, específicamente lo normado en la fracción IV del artículo 884, la recepción de alegatos a los litigantes y éstos formularlos, salvándose así, en esa medida, la omisión de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona.

A mayor abundamiento, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en la cual se indica que cuando en los juicios de amparo directo se reclama la inconstitucionalidad, con motivo de un acto de aplicación dentro de un procedimiento, para que proceda su análisis a fin de que el Tribunal Colegiado pueda calificar su constitucionalidad, con motivo de su aplicación en un acto dentro de juicio, es preciso que éste constituya una violación procesal que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo, porque los actos dentro de juicio que no son de imposible reparación y no tengan como consecuencia directa e inmediata la afectación de las defensas del quejoso y que trasciendan al resultado del fallo, no causan perjuicio jurídico que legitime para provocar que se califique la constitucionalidad de la ley, porque finalmente lo que le causa agravio es lo resuelto en la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio, lo cual es congruente con el objeto del amparo directo, pues una ejecutoria que conceda el amparo anula la sentencia, el laudo o la resolución que puso fin al juicio, o bien, ordena la reposición del procedimiento a partir del acto procesal que produjo la afectación a las defensas del quejoso y trascendió al resultado del fallo. El criterio jurídico de que se trata está inmerso en la tesis de jurisprudencia que seguidamente se trasunta:

"VIOLACIONES PROCESALES. PARA RECLAMARLAS EN AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO, DEBEN AFECTAR LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO Y TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO. Conforme a lo que establece el artículo 158 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Esta hipótesis implica que cuando el acto dentro del juicio tenga la característica de imposible reparación, será procedente el juicio de amparo indirecto conforme al supuesto previsto en el artículo 114, fracción I, de la ley de la materia. Asimismo, que si se trata de un acto dentro de juicio, como acto de aplicación de una ley, tratado internacional o reglamento, para ser examinable en el juicio de amparo directo, debe incidir en la afectación a las defensas del quejoso y trascender al resultado del fallo, porque del análisis armónico y sistemático de lo dispuesto en los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo se observa que debe precisarse con claridad en qué consiste el acto de aplicación, en su caso cuál es el precepto o preceptos aplicados, y deben expresarse los conceptos de violación relativos, a fin de que el Tribunal Colegiado pueda calificar esa constitucionalidad en la parte considerativa de la sentencia. Pero, para que proceda el análisis de la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento, con motivo de su aplicación en un acto dentro de juicio, es preciso que éste constituya una violación procesal que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo, porque los actos dentro de juicio que no son de imposible reparación y no tengan como consecuencia directa e inmediata la afectación de las defensas del quejoso y que trasciendan al resultado del fallo, no causan perjuicio jurídico que legitime para provocar que se califique la constitucionalidad de la ley, porque finalmente lo que le causa agravio es lo resuelto en la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio. Lo anterior es congruente con el objeto del juicio de amparo directo, pues una ejecutoria que conceda el amparo anula la sentencia, el laudo o la resolución que puso fin al juicio o bien ordena la reposición del procedimiento a partir del acto procesal que produjo la afectación a las defensas del quejoso y trascendió al resultado del fallo."(4)

Hechas las precisiones anteriores, conviene puntualizar que si bien es cierto que en el texto del precepto legal combatido no se prevé expresamente, como ocurre en otros ordenamientos procesales, como por ejemplo en la fracción IV del artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo,(5) la posibilidad de que las partes puedan formular alegatos, sino que textualmente se dispone que, concluida la recepción de pruebas y practicadas las diligencias ordenadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, se declarará concluido el procedimiento y se dictará el laudo correspondiente dentro de un término que no excederá de veintidós días; sin embargo, dicha omisión no se traduce en afectación a las defensas del quejoso que pueda tener trascendencia al resultado del laudo pues, por una parte, se insiste en que aplicando supletoriamente las previsiones de la Ley Federal del Trabajo, específicamente lo normado en la citada fracción IV del artículo 884, el tribunal responsable bien pudo ordenar la recepción de alegatos a los litigantes y éstos formularlos, empero, que la susodicha autoridad no haya procedido de esa manera, no irroga al quejoso afectación a sus defensas que tenga trascendencia al resultado del laudo, por la razones siguientes:

Al estudiar la naturaleza de los alegatos en el procedimiento laboral, la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que en el juicio arbitral, la controversia se compone con la demanda y la contestación y sobre ella debe pronunciarse el tribunal jurisdicente y no respecto de los alegatos de las partes, porque éstos no son otra cosa que las manifestaciones que los litigantes pueden producir en relación a sus pretensiones y, en esa medida, las jurisdicentes laborales no están obligadas a resolver conforme al contenido de ellos, sino de acuerdo con la litis planteada, enumerando las pruebas, apreciándolas conforme lo crean debido en conciencia, exponiendo las razones legales de equidad y las doctrinas jurídicas que le sirven de fundamento. Es decir, que los alegatos no constituyen prueba que deba ser analizada por la autoridad, ya que solamente constituyen el punto de vista del litigante que los formula, por tanto, sólo tienden a producir convicción en el ánimo del juzgador, para decidir un negocio, pero tratándose de hechos que necesariamente deben ser probados por las partes que los aducen como fundatorios de sus respectivas pretensiones, son las pruebas que sobre el particular rindan, las que deben tomarse en cuenta para resolver los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate en un conflicto laboral y, consecuentemente, las argumentaciones en torno al resultado de las pruebas, no vienen a constituir sino juicios u opiniones de las partes que la autoridad puede atender o no, sin que esto último produzca perjuicios de indefensión, máxime que la quejosa, en el procedimiento laboral primigenio, bien pudo, de considerarlo pertinente, presentar sus alegatos con posterioridad a que se declaró cerrada la instrucción y antes de que se emitiera el laudo, sin necesidad de citación especial.

Las consideraciones anteriores encuentran apoyo, en lo conducente, en los criterios jurídicos que informan las siguientes tesis:

"ALEGATOS, OMISIÓN DEL EXTRACTO O DE REFERENCIA A LOS, INTRASCENDENTE. No constituye violación de garantías por parte de la Junta el hecho de que ésta, en el laudo impugnado, no haga un extracto de los alegatos presentados por las partes o deje de hacer referencia de los mismos en el propio laudo, porque tal omisión no trasciende al resultado de la resolución, ya que los alegatos no son otra cosa que las manifestaciones que las partes pueden producir en relación a sus pretensiones y la Junta no está obligada a resolver conforme el contenido de ellos, sino de acuerdo con la litis planteada, enumerando las pruebas, apreciándolas conforme lo crea debido en conciencia, exponiendo las razones legales de equidad y las doctrinas jurídicas, que le sirven de fundamento."(6)

"ALEGATOS ANTE LAS JUNTAS, FALTA DE ESTUDIO DE LOS. Si la Junta responsable dejó de analizar los alegatos presentados por el promovente, esto no constituye una violación del procedimiento que cause indefensión alguna, puesto que estos no constituyen prueba que deba ser analizada por la autoridad citada, ya que solamente constituyen el punto de vista de los litigantes que los formulan."(7)

"ALEGATOS EN EL PROCEDIMIENTO OBRERO. VALOR DE LOS. Es improcedente el concepto de violación en el sentido de que se infringieron los artículos 550, 551 y 553 de la Ley Federal del Trabajo, en vista de que la Junta responsable no analiza detallada y detenidamente los alegatos presentados por el actor, puesto que en los considerandos de su laudo no menciona para nada las consideraciones que en dichos alegatos se asentaron, y que de haberlos estudiado, habría llegado a la conclusión de que en realidad todas las acciones intentadas quedaron plenamente justificadas y habría declarado probada la acción, condenando al demandado; porque los alegatos sólo tienden a producir convicción en el ánimo del juzgador, para decidir un negocio, pero tratándose de hechos que necesariamente deben ser probados por las partes que los aducen como fundatorios de sus respectivas pretensiones, son las pruebas que sobre el particular rindan, las que han de tomar en cuenta las Juntas para resolver los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate en un conflicto de trabajo y consecuentemente, las argumentaciones en torno al resultado de las pruebas, no vienen a constituir sino juicios u opiniones de las partes que la autoridad puede atender o no, sin que esto último produzca perjuicios de indefensión."(8)

"DEMANDA ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE, FUNDAMENTOS POSTERIORES DE LA (ALEGATOS). En el juicio arbitral la controversia se compone con demanda y la contestación y sobre ella debe pronunciarse el tribunal y no respecto de los alegatos de las partes. Por tanto, si el quejoso se limitó a afirmar en su demanda, que las contestaciones que dio en el examen de competencia, fueron superiores a las de su contrincante, sin dar sus razones, todo lo que con posterioridad hubiere expresado en los alegatos, no puede ser tomado en consideración por el Tribunal de Arbitraje."(9)

CUARTO. Atendido el tema de constitucionalidad de leyes planteado, procede ahora realizar el estudio de los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto.

Los conceptos de violación son infundados, con base en las consideraciones siguientes:

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que los tribunales laborales se encuentran obligados, en acatamiento al principio de tutela procesal, a prevenir al trabajador o, en su caso, a sus beneficiarios, para que corrijan, aclaren o regularicen su demanda cuando ésta sea oscura, irregular u omisa, en cuanto no comprenda todas las prestaciones que deriven de la acción intentada y que en ese cometido se prevenga al trabajador para que complemente o corrija con claridad y congruencia todos los presupuestos necesarios para poner de relieve la procedencia de las acciones deducidas, describiendo, obviamente, las características relativas al tiempo, modo y lugar de los acontecimientos relevantes a la contienda, sin que ello implique que se sustituya a la parte actora en el ejercicio y perfeccionamiento de sus pretensiones, puesto que el tribunal no proporciona por sí esos datos, sino que se concreta a hacer notar las irregularidades que aprecia contiene el escrito inicial de demanda, para que sean subsanadas en los términos que la parte actora estime pertinentes.

En el contexto anterior, es importante tener presente que en los juicios laborales, cuando la demanda tiene defectos u omisiones, debe examinarse integralmente el ocurso y las demás constancias de autos para saber qué acciones se vienen deduciendo, pero cuando ni siquiera de esa relación puede superarse el defecto, debe requerirse la aclaración, pues de lo contrario, el silencio de la autoridad laboral de señalar los defectos u omisiones en que hubiera incurrido el trabajador en el escrito de demanda, y de prevenirlo para que los subsane, constituye una violación al procedimiento análoga a las que establece el artículo 159 de la Ley de Amparo, que reúne las características esenciales determinadas en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 158 de la ley de la materia, en tanto que afecta sus pretensiones y trasciende al resultado del fallo, pues si queda incompleta o con errores, no podrá después resolverse sobre acciones que no se hicieron valer, o cuyo planteamiento fue oscuro o deficiente.

Las consideraciones anteriores encuentran sustento en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmado en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 134/99, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:

"DEMANDA LABORAL. LA OMISIÓN DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE LA ACLARE O CORRIJA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL SUPUESTO DE QUE AFECTE LAS PRETENSIONES DEL ACTOR Y TRASCIENDA AL RESULTADO DEL FALLO. Cuando la demanda del trabajador o sus beneficiarios tiene defectos u omisiones, la Junta debe examinar integralmente el ocurso y las demás constancias de autos para saber qué acciones se vienen deduciendo, pero cuando ni siquiera de esa relación puede superarse el defecto, debe requerir la aclaración. De lo contrario, el silencio de la Junta de señalar los defectos u omisiones en que hubieran incurrido el trabajador o sus beneficiarios en el ocurso de demanda, y de prevenirlos para que los subsanen, constituye una violación al procedimiento análoga a las que establece el artículo 159 de la Ley de Amparo, que reúne las características esenciales determinadas en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la ley de la materia, en tanto que afecta sus pretensiones y trasciende al resultado del fallo, pues si queda incompleta o con errores, no podrá después la Junta resolver sobre acciones que no se hicieron valer, por lo que en esas hipótesis se debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad jurisdiccional responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento con la finalidad de reparar la infracción que cometió y, posteriormente, dicte el nuevo laudo conforme a derecho proceda."(10)

Asimismo, debe tenerse en consideración que el artículo 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,(11) in fine, establece a cargo del tribunal responsable la ineludible obligación consistente en que cuando el actor sea el servidor público o sus beneficiarios, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o se estuvieren ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días.

En las relatadas circunstancias, se concluye que la conducta de la responsable, por cuanto que en el auto de doce de marzo de dos mil diez (foja 9) previno a la actora para que en el término de ley aclarara su demanda, señalándole las omisiones e irregularidades que en ella detectó, carece de la ilegalidad que se le atribuye, pues se ajusta a las previsiones legales establecidas al respecto y es acorde al principio tutelar de la clase trabajadora que orienta al derecho laboral, conforme a los principios que derivan del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Establecido lo anterior, conviene precisar que la demanda laboral, propiamente dicha, se integra tanto con las manifestaciones hechas por el actor en su escrito inicial, como con las que vierte en vía de aclaración, modificación o ampliación, hasta en la etapa de demanda y excepciones de la audiencia relativa, lo que constituye un todo jurídico, tal como lo ha establecido este tribunal en el criterio que aquí se reitera, plasmado en la tesis aislada, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:

"PRESCRIPCIÓN, INTERRUPCIÓN DE LA.-La demanda propiamente dicha, se integra tanto con las manifestaciones hechas por el actor en su escrito inicial, como con las que vierte en vía de aclaración, modificación o ampliación, hasta en la etapa de demanda y excepciones de la audiencia relativa, lo que constituye un todo jurídico, por lo que debe tenerse por interrumpido el plazo prescriptivo, con su presentación, cuando las posteriores manifestaciones no signifiquen variación de las acciones intentadas originalmente."(12)

En este contexto, para efectos de decidir la contienda, la responsable estaba obligada a tomar en consideración la totalidad de lo alegado por la actora tanto en su escrito inicial de demanda, como en la posterior aclaración y rectificación que produjo durante la etapa de demanda y excepciones de la audiencia verificada el diecisiete de junio de dos mil diez (fojas 30 a 45), cuenta habida que lo manifestado por la actora no implicó variación de las acciones intentadas originalmente, sin que ello implique estado de indefensión de su contraparte, quien estuvo en aptitud de plantear, como lo hizo, en relación con la totalidad de lo alegado por la actora, las excepciones y defensas que consideró convenientes a sus intereses jurídicos, de manera que lo alegado en contrario es infundado.

Esclarecido lo anterior, conviene traer a colación que en materia laboral, la litis es la esencia de los diversos puntos que constituyen la controversia suscitada entre las partes ante el órgano jurisdiccional y queda configurada, por un lado, con las pretensiones del demandante, los argumentos de hecho y de derecho que expone al demandar y por otro, con la oposición a lo pretendido por el accionante, expuesto por la demandada, al controvertir la reclamación en la etapa procesal respectiva, conforme a las excepciones o defensas estructuradas en razones o argumentos de hecho y de derecho, tal como fue establecido por este tribunal en la tesis de jurisprudencia que en seguida se transcribe:

"LITIS LABORAL. ASPECTOS QUE LA CONFORMAN.-La litis es la esencia de los diversos puntos que constituyen la controversia suscitada entre las partes ante el órgano jurisdiccional y queda configurada, por un lado, con las pretensiones del demandante, los argumentos de hecho y de derecho que expone al demandar y por otro, con la oposición a lo pretendido por el accionante, expuesto por la demandada, al controvertir la reclamación, en la etapa procesal respectiva, conforme a las excepciones o defensas estructuradas en razones o argumentos de hecho y de derecho."(13)

En razón de lo anterior, fue precisamente en relación con los aspectos que conforman la litis en el juicio laboral burocrático primigenio y con las pruebas con ellos relacionadas, que la responsable estaba obligada a pronunciarse al emitir el laudo, y no en torno a lo alegado en la contestación de demanda relativo a las razones por las que el Ayuntamiento enjuiciado tilda de ilegal su proceder en cuanto que tuvo a la actora aclarando y modificando su escrito inicial de demanda, por no constituir dichos argumentos oposición o controversia en cuanto a lo pretendido por la accionante, sino oposición del demandado a la conducta desplegada por el tribunal instructor, lo cual es ajeno a los aspectos que conforman la litis, máxime que las resoluciones dictadas por el tribunal responsable tienen la característica de inapelables, por lo que dicha autoridad está legalmente impedida para revocar sus propias determinaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.(14)

Adicionalmente a lo anterior, mediante el examen que se hace del laudo reclamado, se constata que, al emitirlo, la responsable sí expresó las razones fácticas y jurídicas que tuvo en cuenta para resolver la contienda de la forma en que lo hizo, y citó los criterios jurídicos y fundamentos legales que consideró aplicables al caso, por lo que se concluye que el laudo sí está fundado y motivado.

Por lo anterior, se concluye que el laudo reclamado carece de la ilegalidad que se le atribuye y los conceptos de violación que en su contra se alegan, son infundados.

Visto así el asunto, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada.

Por lo expuesto, fundado y motivado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, contra el acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, del cual se hizo relación en el proemio de esta ejecutoria.

Notifíquese; anótese en el registro, remítase testimonio de esta resolución al lugar de su procedencia para los fines de ley y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido, en la inteligencia de que dado el sentido de la ejecutoria, este asunto se considera depurable sin relevancia documental, para los efectos legales conducentes.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que integran los Magistrados: Arturo Cedillo Orozco, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y José de Jesús Rodríguez Martínez, siendo ponente el último de los nombrados.

________________

1. "Artículo 135. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón tendrá las más amplias facultades para la práctica de las diligencias de desahogo de pruebas. Los servidores públicos autorizados de las entidades públicas, pondrán a disposición del Tribunal los documentos, archivos y constancias que se refieran o se relacionen con los hechos investigados en el procedimiento, sin perjuicio de que envíen las copias que les solicite el Tribunal. Concluida la recepción de pruebas y practicadas las diligencias ordenadas por el Tribunal, se declarará concluido el procedimiento y se dictará el laudo correspondiente dentro de un término que no excederá de veintidós días hábiles."

2. No. Registro: 193715. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, julio de 1999. Tesis: 2a. XCII/99. Página: 366.

3. "Artículo 10. En lo no previsto por esta ley, se aplicarán supletoriamente, y en su orden:

"I. Los principios generales de justicia social, que derivan del Artículo 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"II. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;

"III. La Ley Federal del Trabajo;

"IV. La jurisprudencia;

"V. La costumbre; y

"VI. La equidad."

4. No. Registro IUS: 194479. Jurisprudencia. Materia(s): Común, Constitucional. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, marzo de 1999. Tesis: 2a./J. 18/99. Página: 300.

5. "Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas:

"...

"IV. Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, podrán formular sus alegatos."

6. No. Registro IUS: 915168. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. Tomo V, Materia del Trabajo, Jurisprudencia SCJN. Tesis: 31. Página: 25.

7. No. Registro IUS: 368657. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CVIII. Página: 1862.

8. No. Registro IUS: 369211. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CV. Página: 1636.

9. No. Registro IUS: 369403. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CIII. Página: 1090.

10. No. Registro IUS: 192638. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo X, diciembre de 1999. Página: 189.

11. "Artículo 128. El procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes, quien la turnará al secretario o al auxiliar de instrucción a más tardar al siguiente día hábil.

"El Tribunal de Arbitraje y Escalafón dictará acuerdo admitiendo la demanda si procediere conforme a derecho, o la desechará de plano cuando sea notoriamente frívola o improcedente.

"En acuerdo de admisión se señal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23315-2bb7524e/prescripcion-interrupcion-de-la-prescripcion-interrupcion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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