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Modo: Corpus Pro

PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 353/2011. · Registro digital (IUS): 23316
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN LA MISMA MATERIA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Pág. 3603.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 353/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN LA MISMA MATERIA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2011. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce jurisdicción, y esta Segunda Sala es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, además del 37, primer párrafo, y 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esto, ya que se trata de una denuncia de contradicción de criterios, en la que el tema a dilucidar está vinculado con la materia común, y no se considera necesario remitir los autos correspondientes al Tribunal Pleno, para que éste resuelva lo conducente.

SEGUNDO. Procedencia. En el caso, debe estimarse que la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de la normatividad aplicable.

Sobre el particular, el artículo 197-A de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia; el procurador general de la República; los mencionados tribunales o sus Magistrados, o bien, las partes que intervinieron en los juicios en que se hayan sustentado tales tesis, podrán denunciar la contradicción atinente.

En el caso, la denuncia de contradicción fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en la resolución de siete de julio de dos mil once, recaída a la queja número 36/2011, del índice de dicha instancia judicial, por lo que debe concluirse que proviene de parte legítima.

TERCERO. Consideración preliminar. A efecto de determinar si, en el caso, efectivamente se actualiza la contradicción de criterios denunciada, debe tenerse presente que, para su actualización, es necesario que al resolver los asuntos materia de la denuncia:

1. Se hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Se arribe a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

Así las cosas, existirá contradicción de tesis siempre que se satisfagan los supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia, que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean, esto es, que los criterios que sean materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

Esto último, en términos de lo sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)

CUARTO. Ejecutorias de las que deriva la presunta contradicción de tesis. A efecto de establecer si, en la especie, existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente enunciar, para su posterior análisis, las consideraciones esenciales en que se apoyaron las resoluciones correspondientes de los Tribunales Colegiados contendientes.

Esto, en la lógica de que, para que exista la contradicción de tesis no basta con que un tribunal afirme que no comparte el criterio de otro, sino que es necesario determinar si lo sostenido por uno al examinar determinado problema, es contrario a lo señalado por el otro al abordar el mismo tema, en el mismo plano, y a la luz de preceptos jurídicos iguales o coincidentes.

Lo anterior, en términos de lo sostenido en la tesis de jurisprudencia con rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE EXISTA NO BASTA QUE UN TRIBUNAL AFIRME QUE NO COMPARTE EL CRITERIO DE OTRO."(2)

En estas condiciones, de las constancias que obran en autos es posible desprender lo siguiente:

I. En la queja 36/2011, resuelta el siete de julio de dos mil once, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:

- Los oficiales de partes de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación tienen la obligación formal de verificar concretamente, que las promociones que les presenten los interesados estén firmadas autógrafamente, pero ésta no tiene los alcances que pretende darle el quejoso;

- En el caso, el oficial de partes del juzgado sólo asentó que el ocurso en el que la autoridad pretendió ofrecer la prueba pericial se presentó con diez copias simples, sin hacer constar específicamente que en aquél obrara o no la firma autógrafa del representante de la recurrente;

- No se coincide con la promovente, en el sentido de que tal omisión conlleva la presunción de que el oficial de partes recibió y dio trámite a un oficio original con firma autógrafa pues, de no ser así, no lo hubiera recibido;

- El Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal prevé que dentro de las funciones de dichos servidores se encuentra la de denegar las promociones que no correspondan a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en su ámbito de servicio, y aquellas que no cumplan con los requisitos de ley;

- Entonces, aunque sí es obligación del oficial de partes verificar que los escritos cumplan con los requisitos de ley, este deber formal no puede vincular invariablemente a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que, de acuerdo con los artículos 29, 37, 41, fracciones I y III, y 48 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, están encargados de resolver las controversias apuntadas en aquellas normas jurídicas, y proveer lo relativo a su tramitación, lo que incluye la verificación de los requisitos legales de cualquier promoción de las partes correspondientes;

- Lo que asiente o deje de asentar el oficial de partes del juzgado, no excluye la facultad del órgano judicial de su adscripción, relativa a determinar si la promoción de que se trate cumplió con los requisitos legales necesarios para poder darle trámite, concretamente, si se presentó o no con firma autógrafa, así como la atribución de acordar lo que en derecho corresponda acerca de la petición presentada por alguna de las partes;

- Además, aceptar que la obligación formal referida implica la presunción de que el oficial de partes recibió y dio trámite a un oficio original con firma autógrafa pues, en caso contrario, no hubiera recibido la promoción, podría conllevar igualmente, la diversa consideración en el sentido de que, por ejemplo, las demandas de amparo que reciba, cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 116 de la ley aplicable, cuando la verificación de tal aspecto corre a cargo del juzgador federal a la hora de proveer sobre su admisión, y una conclusión en ese sentido, restringiría ilegalmente las facultades del Juez, que es el superior jerárquico del oficial de partes del órgano de su adscripción;

- Los dos últimos aspectos ponen de manifiesto que la actuación de los oficiales de partes de un juzgado o Tribunal Colegiado no representa, en sí misma, una decisión jurisdiccional definitiva del órgano de su adscripción, cuyos titulares son los facultados para proveer respecto de las promociones que reciban los primeros;

- Por otra parte, conforme a lo establecido por la Suprema Corte, es necesario que el juzgador concluya la consecuencia de un hecho probado, cierto y conocido, para averiguar otro desconocido, con base en inferencias lógicas, es decir, es indispensable que entre el hecho demostrado y el que se busca deducir, exista una relación precisa, más o menos necesaria y consecuente, que impida que se deriven presunciones contradictorias;

- Esto es, para que pueda darse valor probatorio a una presunción, se requiere que descanse en una prueba cierta para, a partir de ella, obtener una inferencia lógica;

- En consecuencia, un hecho endeble del que se sospecha, o se cree que pudo o no haber acaecido, no puede producir inferencia válida alguna, pues todo proceso jurisdiccional se encuentra, sin distingo, sujeto a las normas constitucionales, y a las reglas de la lógica y sana crítica en materia probatoria, en acatamiento a las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida audiencia, tal como lo dispone la tesis aislada XXXVII/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

- En la especie, los hechos ciertos y conocidos son: 1) La ausencia de firma autógrafa en una promoción, mediante la que se ofreció la prueba pericial; y, 2) La omisión de hacer constar que el oficio que contenía tal promoción estaba firmado autógrafamente al final;

- Dichos hechos no pueden producir una inferencia válida para demostrar que el oficio sí llevaba el signo de voluntad, o que existió manipulación del oficial de partes, al perder el original que llevaba la firma autógrafa, pues el incumplimiento del deber formal del funcionario citado admite una explicación alternativa en el sentido de que, si no hizo observación alguna a la promoción, fue porque no advirtió la carencia de firma, por razón de un descuido y que, por ende, el ocurso de la recurrente, efectivamente, incumplía con el requisito de la firma;

- Por tanto, al existir dos probables explicaciones del mismo hecho probado, éste no puede producir inferencia alguna plenamente válida sobre una de sus consecuencias hipotéticas y, en conclusión, no existe la presunción derivada de los referidos hechos ciertos y conocidos;

- A mayor abundamiento, la propia Segunda Sala de la Corte ha reconocido que la omisión de describir y relacionar la documentación anexa a un escrito, en desahogo a un requerimiento, como deber formal de los oficiales de partes, daría lugar a diversas especulaciones;

- En el caso, se reitera, la omisión de hacer constar si el escrito estaba firmado autógrafamente, puede explicarse en razón de un error involuntario, o el descuido de verificar tal circunstancia y, por ende, ello puede implicar que, efectivamente, la promoción mediante la cual se ofreció determinada prueba, carecía de firma autógrafa;

- No se desconoce lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 395/2010, y las tesis 2a./J. 5/2011, y 2a./J. 6/2011, derivadas de ella, empero, la ejecutoria en comento se refería a la obligación de los oficiales de partes de las autoridades hacendarias, de verificar e inventariar los anexos de las promociones presentadas a requerimiento de la autoridad que debía resolver de un asunto en sede administrativa, y no lo relativo a la existencia de una firma autógrafa, y mucho menos, si la omisión de asentar tal circunstancia generaba la presunción de que el escrito sí la contenía;

- Por lo anterior, no se comparten los criterios del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que invoca la recurrente, por lo que debe denunciarse la contradicción de tesis atinente;

- A mayor abundamiento, en los agravios no se cuestiona que el oficio mediante el que se ofreció la prueba pericial, fue el documento que se recibió realmente en la oficialía de partes del juzgado, pues en aquél obra el sello de acuse correspondiente, aunque si ello se controvirtiera, implicaría demostrar que el oficial cambió indebidamente el oficio que se le presentó, u otra situación irregular igual;

- Respecto de esta última circunstancia, de acuerdo con el sistema de cargas probatorias previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, existen dos reglas fundamentales para distribuir la carga de la prueba: a) La actora debe demostrar los fundamentos de hecho de su pretensión, y la demandada los de su excepción; y, b) el que afirma tiene la carga de probar sus afirmaciones de hecho, y el que niega sólo debe probar cuando su negativa envuelve la afirmación expresa de un hecho;

- En esas condiciones, la circunstancia de hecho referente a que el documento que se recibió realmente en la oficialía de partes del juzgado fue cambiado indebidamente, u otra situación similar, debe ser demostrada por la recurrente ya que, en el caso, no existe la presunción de los hechos ciertos y conocidos relativos a que en determinado oficio obra una firma en copia simple, y que el oficial nada dijo acerca de si ella era autógrafa, máxime que el imperativo de que las promociones y documentos estén firmados autógrafamente es propio de la persona que los presenta, al ser la única interesada en demostrar la existencia de tal manifestación de su voluntad;

- En la especie, la carencia del requisito citado sólo puede imputarse a la recurrente, por lo que debió cerciorarse que su promoción contuviera la firma autógrafa o, en su defecto, requerir al oficial de partes que le devolviera ese ocurso, o acudir con el superior del empleado en cuestión, para demostrar que sí ofreció legal y fehacientemente la prueba para su desahogo; y,

- En este sentido, si las partes deben probar los hechos constitutivos de su acción o excepción, respectivamente, también la recurrente debió exhibir, por lo menos, el acuse de su promoción en el que obrara la firma autógrafa respectiva, pues a ella correspondía acreditar esta afirmación que, a su vez, demostraría indirectamente que el oficio fue cambiado por el oficial de partes del Juzgado de Distrito.

II. Por su parte, derivado de lo resuelto en los amparos directos 21/2007 y 280/2007; la queja 103/2008; el amparo en revisión (improcedencia) 143/2008; y la reclamación 5/2009, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió la jurisprudencia con el texto y rubro que a continuación se precisan:

"PROMOCIONES RECIBIDAS EN LA OFICIALÍA DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL. SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, GOZAN DE LA PRESUNCIÓN DE HABERSE PRESENTADO EN ORIGINAL Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL PROMOVENTE. Recibida una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital. En esos términos, cobra singular relevancia el acto mediante el cual el responsable de la oficialía de partes del órgano jurisdiccional recibe el escrito en el que ha de constar la promoción de mérito, acto que reviste la naturaleza de oficial y formal, en la medida que consiste no sólo en la recepción del documento respectivo, sino implica también la obligación de verificar que se dirija al órgano relativo y, entre otras cuestiones, que se encuentre firmado de manera autógrafa por quien aparece como promovente, de no ser así, el encargado de esa oficialía debe hacer constar de manera expresa esa circunstancia, pues aun cuando pudiera no estar facultado legalmente para rechazar la recepción de un documento presentado en esos términos, se encuentra naturalmente constreñido a verificar qué es lo que recibe, esto es, una promoción o un simple documento sin firma y, en su caso, debe asentar en el sello o leyenda de recepción, la ausencia de firma o la dificultad para determinar si es autógrafa (en el caso de que aparezca aparentemente reproducida por medio de fotocopiado, de manera facsimilar, etcétera). Por consiguiente, recibido un escrito en una oficialía de partes con las formalidades correspondientes a una promoción, goza de la presunción de haber sido presentado en original y con la firma autógrafa del promovente, salvo prueba en contrario, que puede ser, entre otras, la razón relativa a la ausencia de la firma o a la dificultad para determinar si es autógrafa. Ahora bien, la presunción de mérito, no desvirtuada mediante prueba alguna, debe estimarse suficiente para dar curso a la respectiva promoción y acordar lo que a su sentido en derecho proceda, ya que aplicar un criterio diverso dejaría en estado de indefensión al promovente, quien además de gozar de esa presunción de haber presentado el escrito original con firma autógrafa (de otra manera no se le hubiera recibido o se habría asentado razón de la irregularidad), no tendría otro medio eficaz para comprobar que entregó una promoción; y, por si fuera poco, en casos como el descrito, se podrían solapar actos irregulares en los que se encubriera la pérdida o mal uso de la promoción por el personal del órgano jurisdiccional en detrimento de los derechos del promovente."(3)

Como se indicó, la tesis en comento derivó de lo resuelto por el órgano jurisdiccional colegiado referido, en los distintos juicios y recursos a los que se ha hecho alusión previamente, dentro de los que, en lo que al caso interesa, se sostuvieron consideraciones sustancialmente idénticas.

En esta lógica, y con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias, a continuación se hará referencia a los argumentos sostenidos en la última de las resoluciones mencionadas, esto es, la correspondiente al recurso de reclamación 5/2009, fallada el veintisiete de mayo de dos mil nueve, y en la que, medularmente, se estableció lo siguiente:

- La firma autógrafa es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas manifiestan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita, y se acredita la autenticidad del documento que se suscribe, por lo que se requiere de ella para dar validez a cualquier actuación o documento;

- La firma es un signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, por ende, su ausencia provoca que el documento en cuestión carezca de validez;

- El análisis de la demanda que se presentó ante la responsable permite advertir que se trata de una copia fotostática, esto es, al parecer no cuenta con firma autógrafa, circunstancia que resulta insuficiente para desconocer la legitimación del solicitante de amparo;

- Corresponde a la oficialía de partes recibir y entregar diariamente las promociones dirigidas a la Sala correspondiente;

- Entre las obligaciones y facultades de las oficialías de partes destaca la mencionada, consistente en que deben entregar diariamente todos los escritos encaminados a impulsar los procedimientos tramitados ante ellas, o bien, la correspondencia oficial relacionada con su funcionamiento administrativo;

- Al recibir las promociones, el funcionario encargado de la oficialía de partes está obligado a verificar, al menos, que el escrito esté dirigido a la Sala a la que está adscrito; que se trate de un documento original con firma autógrafa del promovente; el número de copias de traslado para las partes y, en su caso, las documentales que se hayan anexado, por lo que tendrá que precisar estos datos en el acuse respectivo, ya que sólo así existirá certeza de que los documentos presentados por la parte interesada son los que se agregarán al expediente respectivo;

- Lo anterior se corrobora con el hecho de que, en el sello de recibo correspondiente, el encargado de la oficialía de partes debe señalar que se recibió la promoción; el número de copias; sus anexos y, en su caso, los testimonios;

- Cuando el encargado de la oficialía de partes recibe un documento, no realiza un mero acto material similar al de una oficina de mensajería, sino uno de carácter formal, legalmente regulado, a través del cual precisa la fecha y hora en que se recibe, así como los documentos que presentan las partes, lo que cobra singular relevancia, pues a través de tales escritos o sus anexos se finca su acción o defensa;

- Las promociones se refieren a los escritos que tienen por objeto impulsar algún procedimiento jurisdiccional, o bien, impugnar las sentencias con que culmina, lo que evidencia que deben estar firmados por la parte promovente o, en su caso, por su representante pues, de no ser así, no se tendría certeza de que, efectivamente, se trata de la persona que suscribe el documento;

- Por tanto, si el encargado de la Oficialía de Partes de la Sala responsable certificó que le entregaron dos promociones y siete copias, debe estimarse que recibió y tramitó escritos originales con firma autógrafa del promovente pues, de no ser así, no los hubiera recibido y, menos aún, hubiera reconocido expresamente que se trataba de promociones con copias, lo que lleva implícita la afirmación de que se presentaron los originales correspondientes;

- No obstante lo anterior, la responsable remitió a la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, al parecer, copias fotostáticas de los escritos relativos;

- Por tanto, en la especie hay elementos suficientes para presumir que el promovente de amparo presentó el original de los escritos en comento, con firma autógrafa de su representante, pero la responsable sólo remitió copias fotostáticas, por lo que no podría desestimarse su validez, pues se dejaría en estado de indefensión a la parte recurrente que no cuenta con otro medio para comprobar que presentó el original de esos escritos, salvo la certificación del encargado de la oficialía de partes;

- Sostener lo contrario, implicaría desconocer la validez de un acto formal, legalmente reglamentado, como es la recepción de una promoción tendente a impulsar un procedimiento jurisdiccional, lo que resultaría contradictorio y, por ende, ilegal;

- Además, tal criterio daría lugar a distintas especulaciones, pues se dejaría en manos de la propia autoridad responsable remitir el escrito que considere conveniente y, en consecuencia, determinar implícitamente la procedencia del juicio de garantías;

- En tal sentido, se reitera que desconocer la validez del escrito de demanda por no tener firma autógrafa, dejaría en estado de indefensión a la quejosa, pues no tendría otra manera de comprobar que presentó el original de tal documento, más que la propia certificación realizada por el encargado de la oficialía de partes responsable;

- Lo anterior, sin que se desconozca que existen diversos criterios en el sentido de que si la demanda de amparo carece de firma autógrafa de la quejosa o su representante, debe sobreseerse en el juicio de garantías por falta de interés jurídico;

- No obstante, en la especie se trata de un supuesto diverso, pues por los motivos de hecho y derecho mencionados debe concluirse que la demanda de garantías que se presentó, cuenta con la firma autógrafa del promovente y, por tanto, no puede sostenerse válida y justamente que carecía de este requisito; y,

- Es aplicable la tesis sustentada por el propio Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con rubro: "PROMOCIONES RECIBIDAS EN LA OFICIALÍA DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL. SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, GOZAN DE LA PRESUNCIÓN DE HABERSE PRESENTADO EN ORIGINAL Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL PROMOVENTE."

III. Finalmente, derivada del amparo en revisión 387/2010, resuelto el diecinueve de noviembre de dos mil diez, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito emitió la siguiente tesis aislada:

"DEMANDA DE AMPARO. SI NO CONTIENE LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL PROMOVENTE Y EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN QUE LA RECIBE NO HACE CONSTAR TAL DEFECTO, EXISTE LA PRESUNCIÓN LEGAL DE QUE ÉSTA SE PRESENTÓ EN ORIGINAL CON LA SIGNATURA CORRESPONDIENTE. Tomando en cuenta que entre las funciones y obligaciones de las Oficinas de Correspondencia Común y las Oficialías de Partes de los órganos del Poder Judicial de la Federación, contenidas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, emitido por la Comisión de Administración del propio consejo, destacan la de recibir y entregar documentos y correspondencia dirigidos a aquéllos, esto es, todos los escritos que estén encaminados a impulsar los procedimientos tramitados ante ellos, o bien, que se trate de correspondencia oficial relacionada con su funcionamiento administrativo; pero además se establece la prohibición expresa de recibir promociones que no cumplan con los requisitos legales; los funcionarios encargados de dichas oficinas de correspondencia común, como de las Oficialías de Partes de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, al recibir las promociones dirigidas a aquéllos, se encuentran obligados a verificar, al menos, que el escrito esté dirigido al órgano jurisdiccional al que están adscritos, que se trate de un documento original con firma autógrafa del promovente, así como el número de copias que se presentan, por lo que en el acuse de recibo correspondiente tendrán que precisar tales datos, pues sólo así se tiene la certeza de que los documentos que presenta la parte interesada son los que forman parte del expediente respectivo; por consiguiente, cuando el encargado de la oficina de correspondencia común recibe una demanda de amparo, debe precisar la fecha y hora en la que la recibe, los documentos que se presentan -original y copias-; así como hacer constar si está recibiendo el documento original con firma autógrafa del promovente, y el juzgado o tribunal que por turno conocerá de la demanda, de lo contrario, de no contener la signatura correspondiente debe asentar razón en la que se haga constar tal defecto, ya que de no hacerlo existe la presunción de que aquélla se presentó en original con la firma autógrafa de la parte quejosa."(4)

Las consideraciones del fallo del que se desprende el criterio mencionado, son del tenor siguiente:

- La firma autógrafa es el conjunto de signos manuscritos, a través de los cuales, las personas manifiestan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y se acredita la autenticidad del documento que se suscribe, por lo que se requiere de ella para dar validez a cualquier actuación o documento;

- Así, la presentación de cualquier promoción requiere, como presupuesto esencial, la manifestación de la voluntad por parte de quien acude ante la instancia que debe resolverla, lo que debe cumplirse en forma expresa, mediante la firma, como requisito indispensable;

- Por tanto, aun cuando el legislador no lo haya establecido expresamente como requisito en la tramitación del juicio de amparo, el que toda promoción que se presente deba estar firmada, constituye un presupuesto para la existencia de tal acto jurídico;

- Conforme al Manual de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, corresponde a la oficialía de partes de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, recibir y entregar, entre otros documentos, las promociones dirigidas a los órganos correspondientes;

- En la disposición transcrita se contienen las funciones y obligaciones de las oficinas de correspondencia común y las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, entre las que destaca la de recibir y entregar todos los escritos que estén encaminados a impulsar los procedimientos tramitados, o bien, la correspondencia oficial relacionada con su funcionamiento administrativo, destacando la prohibición expresa de recibir promociones que no cumplan con los requisitos legales;

- Al recibir las promociones dirigidas a los Juzgados de Distrito, o bien, a los Tribunales Unitarios o Colegiados de Circuito, los funcionarios encargados de las oficinas de correspondencia común y de las oficialías de partes, están obligados a verificar, al menos, que el escrito esté dirigido al órgano jurisdiccional al que están adscritos; que se trate de un documento original con firma autógrafa del promovente, así como el número de copias que se presentan, por lo que tendrá que precisar estos datos en el acuse respectivo, ya que sólo así existirá certeza de que los documentos presentados por la parte interesada son los que se agregarán al expediente respectivo;

- Cuando el encargado de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla recibe una demanda, debe precisar la fecha y hora en que lo hace; los documentos que se presentan; si recibió el documento original con firma autógrafa del promovente, y el juzgado que, por turno, conocerá de la demanda;

- Del análisis de las constancias que integran el expediente de amparo 1303/2010, se advierte la existencia de una papeleta de turno, debidamente sellada y firmada por la jefa de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, en la que hizo constar la recepción de una demanda de amparo, con cuatro copias y sin anexos, que se turnaba al Juzgado Primero de Distrito en la entidad, sin que se hubiere asentado razón alguna en relación con que el original de dicha demanda no estaba firmado de manera autógrafa por la quejosa;

- Se observa que obra también un escrito de demanda, tomado como original, más cuatro copias. El primero de los documentos sólo tiene la firma de un autorizado en términos del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23316-8c9cc6cb/promociones-dentro-del-juicio-de-amparo-cuando-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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