INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO SE HUBIERE CONCEDIDO A PERSONAS MORALES OFICIALES Y POR TANTO NO SE HUBIERE EXHIBIDO GARANTÍA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO O AUTORIDAD QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE AMPARO.
QUEJA 72/2011. 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ HIDALGO. PONENTE: INDALFER INFANTE GONZALES. SECRETARIO: EDGAR OSWALDO MARTÍNEZ RANGEL.
CONSIDERANDO:
CUARTO. En los agravios, la recurrente aduce lo siguiente:
- Que la resolución impugnada se fundó en una inexacta aplicación del artículo 129 de la Ley de Amparo, vulnerando en su perjuicio el principio de legalidad.
- Que la exención prevista en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, no exime a la ********** de responder de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado, ni tampoco la libera del procedimiento establecido en el artículo 129 de la Ley de Amparo.
- Que la ********** intervino en el juicio como parte y no como autoridad, por lo que no puede considerarse que las disposiciones que son aplicables a uno de los particulares, no le son a la citada dependencia federal, pues considera que debe prevalecer el principio de igualdad ante la ley.
- Que si por disposición expresa del artículo 9o. de la Ley de Amparo, su contraria no tenía obligación de exhibir la garantía para que surtiera sus efectos la suspensión del acto reclamado, ello es porque se considera un ente de solvencia acreditada, lo que no implica que no deba estarse a lo expresamente dispuesto en el artículo 129 de la ley de la materia.
- Que al considerarse en la resolución impugnada que por el simple hecho de no haber exhibido garantía la quejosa, en términos de la Ley de Amparo, es improcedente el incidente, se vulnera en su perjuicio el principio de igualdad ante la ley, así como el de equidad. Cita en apoyo de sus argumentos la tesis con rubro: "INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS. AUN CUANDO LAS PERSONAS MORALES OFICIALES ESTÁN EXENTAS DE OTORGAR LAS GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS EN LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, ELLO NO OBLIGA AL TERCERO PERJUDICADO A VENTILAR SU RECLAMO EN UN PROCEDIMIENTO DISTINTO."
- Que la autoridad responsable se encuentra impedida para imponer requisitos adicionales a los previstos en la ley, porque su única finalidad es la de aplicarla y no de modificarla; por lo que considera que es ilegal que hubiera sostenido que constituye un requisito de procedencia del incidente de daños y perjuicios el hecho de que se hubiera requerido a la quejosa una garantía y que se hubiere exhibido.
- Que aun suponiendo sin conceder que fuera necesario que se exhibiera una garantía, ese requisito sólo aplicaría en los casos no previstos en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, porque ese numeral impone que las personas morales oficiales están exentas de presentar las garantías que esa ley exige a las partes, pero no exime a aquéllas del procedimiento a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo.
- Que es equivocada la aseveración del Tribunal Unitario en el sentido de que por excepción puede conocer en vía incidental de los daños y perjuicios, ya que dicha obligación y no potestad le impone el artículo 129 de la Ley de Amparo.
- Que el Tribunal Unitario se encuentra impedido para imponer mayores requisitos que los previstos en la ley, por lo que si el artículo 129 de la Ley de Amparo no impone como requisitos de procedencia del incidente de daños y perjuicios, que se hubiere exhibido una fianza por quien no está obligado a hacerlo, entonces no existe razón para que el juzgador lo haga. Agrega que el artículo 9o., interpretado armónicamente con el numeral 125 ambos de la Ley de Amparo, permite arribar a la conclusión de que no se obliga a la autoridad a exhibir la fianza, ya que dada su acreditada solvencia la ley la tiene por exhibida y como consecuencia, procede el incidente de daños y perjuicios.
- Que es incorrecta la interpretación que hace el juzgador de la parte final del artículo 129 de la Ley de Amparo, ya que sólo hace referencia a la preclusión para promover el incidente de daños y perjuicios; ello porque la garantía exhibida por el quejoso debe devolverse dentro de los seis meses siguientes a que hubiere causado ejecutoria la sentencia de amparo, en virtud de que es el término que tiene la contraria para hacer valer el incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo.
- Que carece de fundamento la consideración del Tribunal Unitario, en el sentido de que de llegarse a condenar a una parte, para ejecutar esa condena sería necesario convertirse en Juez de instrucción, porque debe estarse a lo dispuesto en el citado artículo 129 de la Ley de Amparo, máxime que contra las autoridades oficiales no procede que se inicie la ejecución; además de que considera que el tribunal sólo debe aplicar la ley y no interpretar la intención de su creador.
- Que la recurrente queda en estado de indefensión al considerar que la **********, se encuentra exenta de someterse a un procedimiento por ser un ente oficial, lo que implica considerar que está por encima de los demás, sin que sea óbice a lo anterior lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, ya que dicho precepto únicamente exime a la autoridad de exhibir la garantía y no así de someterse a lo dispuesto en el diverso numeral 129 de la ley de la materia.
Estos agravios son infundados de conformidad con las consideraciones siguientes:
En principio, es menester señalar que en la resolución impugnada el Tribunal Unitario señaló que el incidente de daños y perjuicios promovido por la hoy recurrente era improcedente, porque de la interpretación que realizó del artículo 129 de la Ley de Amparo, llegó a la conclusión de que la circunstancia que facultaba al juzgador de amparo para conocer del incidente en que se reclamaba hacer efectivas las garantías o contragarantías exhibidas en el juicio constitucional era que ante el propio juzgador se hubiera constituido la garantía; es decir, sustentó que uno de los requisitos que se desprendían del numeral invocado, para que procediera el incidente de mérito, era que con motivo de la suspensión concedida se hubieran exhibido garantías o contragarantías, pues de no haberse exhibido, el juzgador de amparo no podría conocer del reclamo de daños y perjuicios derivados de la suspensión.
Por lo que, si en el caso, la quejosa ********** había solicitado la suspensión del acto reclamado y se le había concedido, sin habérsele requerido la exhibición de una garantía como requisito de efectividad de la suspensión, por ser una persona moral oficial conforme a lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, entonces el incidente de daños y perjuicios era improcedente, precisamente al no haberse exhibido una garantía.
Dicho criterio es ajustado a derecho.
En efecto, el artículo 125 de la Ley de Amparo, dispone:
"Artículo 125. En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía."
De dicho precepto legal se obtiene que, por regla general, en caso de que la concesión de la suspensión pudiera causar daño o perjuicio al tercero perjudicado, el quejoso debe otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios, si no obtuviera sentencia favorable en el juicio de amparo.
La excepción a esa regla general se contiene en el artículo 9o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, al establecer que las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en dicha ley se exige a las partes.
Ese numeral establece:
"Artículo 9o. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes."
De la exposición de motivos del decreto de reformas y adiciones de diversos preceptos de la Ley de Amparo, publicado el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se desprende que la adición del segundo párrafo del artículo 9o. de ese ordenamiento, fue para el efecto de ser congruente con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles que establece:
"Artículo 4o. Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán, dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este código exija de las partes. ..."
Ciertamente, la parte conducente de la exposición de motivos del decreto de reformas y adiciones a la Ley de Amparo, es del tenor siguiente:
"... En el cuarto apartado se incluyen las reformas y adiciones que tienen por propósito dar mayor claridad y celeridad al procedimiento y cubrir lagunas existentes en la Ley de Amparo, que son consecuencia del enorme interés que despertó la reforma constitucional que se ha mencionado, reformas y adiciones que fueron propuestas en algunos casos, por la Suprema Corte de Justicia en decidida colaboración con el Poder Ejecutivo, en otros casos por la Procuraduría General de la República **********, en cumplimiento de sus funciones, y en otros más por juristas estudiosos de la materia. En este apartado podemos ubicar la adición del segundo párrafo al artículo 9o., la reforma a los artículos 11, 26, 27, segundo párrafo, 28, fracción I, 29, primer párrafo y fracción I, 30, fracciones I y II, 35, la adición de un párrafo final al artículo 73, la reforma a los artículos 74, fracción I, 81, 83, fracciones I y II y adición de un párrafo final, 103, la adición de un párrafo final al artículo 123 y la reforma de los artículos 129, 135 y 149, primero y cuarto párrafos. Entre estas importantes aportaciones son especialmente relevantes: La adición del segundo párrafo del artículo 9o., para que las personas morales oficiales estén exentas de otorgar las garantías que la Ley de Amparo exige, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles; ..."
A su vez, de la exposición de motivos del decreto publicado el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, por el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que el legislador estableció que a las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas pertenecientes al Estado, siempre se les consideraría solventes, por lo que no debían requerirse las garantías que se exijan a las partes.
En efecto, la parte conducente de la exposición de motivos de ese decreto establece:
"... La única excepción a la regla de la igualdad es la contenida en el artículo 4o., que dispone que nunca podrá dictarse en contra de la Federación o de las entidades federativas mandato de ejecución ni providencia de embargo, así como que esas entidades de derecho público están exentas de prestar las garantías que en el código se exigen de las partes. Esta excepción se justifica porque no es posible que los órganos del poder se coaccionen a sí propios, y es posible, dentro del Estado, que haya un poder superior al mismo poder estatal; y, respecto de las garantías, se juzga que el Estado siempre es solvente, pues es un principio general del derecho público, y en especial, del derecho fiscal, que el Estado debe obtener, de los habitantes del país, los ingresos indispensables para cumplir sus fines, de manera que está siempre en posibilidad de contar con un patrimonio que le permita responder, en general, de sus obligaciones, sin necesidad de una garantía especial. ..."
Así pues, la interpretación sistemática y relacionada de los artículos 9o. y 125 de la Ley de Amparo lleva a concluir que no se obliga a las personas morales oficiales a exhibir garantía o contragarantía, dada su acreditada solvencia económica, ya que siempre estarán en posibilidad de contar con un patrimonio que les permita responder en general de sus obligaciones.
Ahora bien, el artículo 129 de la Ley de Amparo, dispone:
"Artículo 129. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común."
En esa tesitura, en un primer plano, de la interpretación literal de dicho precepto legal, se obtiene que para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía o contragarantía, otorgada con motivo de la suspensión del acto reclamado, debe tramitarse ante la autoridad que conoce de esa garantía, un incidente en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que deberá ser promovido dentro de los seis meses siguientes a que se notifique la ejecutoria de amparo, pero si no se promueve en ese término precluirá ese derecho y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que puedan exigirse los posibles daños y perjuicios causados, ante las autoridades del orden común.
Por otro lado, de la teleología del artículo en comento, se advierte que el incidente ahí previsto, tiene como objetivo restituir al tercero perjudicado en la situación que disfrutaba antes de que se produjera la suspensión del acto reclamado, es decir, a través de ese medio se determina la procedencia de reparar económicamente el daño e indemnizar los perjuicios que se hubieren causado con motivo de la concesión de la medida cautelar, a fin de restaurar o retrotraer las cosas al estado en que se encontraba antes de la suspensión del acto.
De lo anterior, se puede llegar a una primera conclusión en el sentido de que para la procedencia del incidente previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo, cuando es promovido por el tercero perjudicado, deben concurrir los requisitos siguientes:
1. Debe tener reconocido su carácter de parte tercera perjudicada en el juicio de amparo.
2. Que la vigencia de los efectos de la declaración judicial en la que haya otorgado la suspensión del acto reclamado al quejoso se hubiera condicionado a la exhibición de una garantía.
3. Que el quejoso hubiera exhibido esa garantía.
4. La existencia de una resolución firme en la que se hubiera negado el amparo a la parte quejosa, o bien, en la que se haya sobreseído en el juicio.
5. Que el incidente se promueva dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la ejecutoria de amparo.
Como segunda conclusión, puede sostenerse que el incidente de reclamación de daños y perjuicios ocasionados con la suspensión del acto reclamado, entre otros requisitos, sólo procede ante la autoridad que la concedió, cuando ante ella se haya otorgado la garantía.
Así pues, contrario a lo aducido por la recurrente, de la interpretación sistemática de los artículos 9o., 125 y 129 de la Ley de Amparo y atendiendo al principio del legislador racional, según el cual se parte de la base de que éste es conocedor de las instituciones jurídicas, y que el diseño propuesto en la legislación tiene un estudio previo claramente definido, nos lleva al convencimiento de que para la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad (daños y perjuicios), proveniente de la garantía que se otorgue con motivo de la suspensión, es requisito indispensable que se hubiere condicionado la efectividad de la suspensión a la exhibición de una garantía y que ésta se hubiera presentado por el quejoso, pues es a través de la presentación de aquélla donde las personas adquieren la obligación ante el tribunal que conoce del juicio de amparo y que otorgó la suspensión, de responder de dichos daños y perjuicios.
Ello es así, pues aun cuando el artículo 125 establece como regla general, que en los casos en que sea procedente la suspensión pero se puedan causar daños o perjuicios a tercero deberá exhibirse una garantía, el diverso numeral 9o. de ese ordenamiento establece que las personas morales oficiales están exentas de presentar la garantía que exige la ley; por lo que en este último supuesto, al no condicionarse la suspensión del acto reclamado a la presentación de garantía y, por ende, su inexistencia ante la autoridad que conoció del juicio, el juzgador de amparo no está en condiciones de determinar la entrega de esa garantía (que es la facultad que le otorga el numeral 129 de la Ley de Amparo), una vez que, en su caso, se hayan acreditado los daños y perjuicios, sino que por el contrario tendría que realizar una condena y posteriormente requerir su cumplimiento, situación que se encuentra fuera del ámbito de sus facultades y/o atribuciones al actuar como órgano de control constitucional.
En efecto, dicho criterio se respalda, con la parte final del artículo 129 de la Ley de Amparo, que dispone que en caso de no presentarse el incidente dentro del término previsto se procederá a la devolución o cancelación de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que puedan reclamarse los daños y perjuicios ante las autoridades del orden común, puesto que el propio legislador estableció que válidamente pueden reclamarse esos conceptos (daños y perjuicios) ante la potestad común, incluso, cuando habiendo garantía se haya devuelto o cancelado.
Sirve de sustento a lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página doscientos setenta y dos del Tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente:
"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL AMPARO. El incidente para la reclamación de daños y perjuicios ocasionados con la suspensión del acto reclamado sólo procede ante el Juez de Distrito que la concedió, cuando ante él se haya otorgado la garantía o contragarantía relativa, pues si éstas no existen, el reclamante tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante las autoridades del orden común."
Robustece lo expuesto, lo señalado en la tesis XVI.2o.C.5 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, visible en la página mil trescientos noventa y uno del Tomo XXIV, octubre de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente:
"INCIDENTE DE RESPONSABILIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA SE REQUIERE DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA O CONTRAGARANTÍA DEL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO, A DISPOSICIÓN DEL TRIBUNAL QUE CONOCIÓ DE LA SUSPENSIÓN. El incidente de responsabilidad previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo está sujeto a la existencia de la garantía o, en su caso, de la contragarantía otorgada por el quejoso y por el tercero perjudicado, respectivamente, para responder de los daños y perjuicios que uno u otro sufran con motivo de la suspensión o con la ejecución de los actos reclamados, pues es a través de la exhibición de aquéllas donde las personas mencionadas adquieren la obligación ante el tribunal que conoce de la suspensión, de responder de dichos daños y perjuicios, lo que pone de manifiesto que el incidente en cuestión no depende exclusivamente de la medida que se asuma en el diverso incidente de suspensión relacionado con el juicio de amparo, porque aun en el supuesto de que se llegase a conceder la suspensión de los actos reclamados, si el promovente del citado juicio o el tercero no exhibieran la garantía o contragarantía que les fijare el tribunal que conociera del procedimiento constitucional, para que siga surtiendo sus efectos aquella medida o para que se ejecuten los actos reclamados, entonces sería improcedente reclamar los daños y perjuicios que alguno de aquéllos pudiese haber sufrido mientras duró en vigor la suspensión o con la ejecución de los actos, a través del incidente de referencia, pues dada la naturaleza sui géneris de este procedimiento, se requiere para su procedencia de la existencia de la garantía o contragarantía, porque sólo en ellas se puede ejecutar la responsabilidad que le resulte al quejoso o al tercero perjudicado, dado el compromiso asumido al exhibirlas para responder de los posibles daños y perjuicios que se ocasionaren, no es factible intentarlo ante las autoridades del fuero común, cuando previamente se promovió el incidente en cuestión ante el tribunal que conoció de la suspensión."
En ese contexto, si bien es cierto que como lo aduce la recurrente la exención prevista en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, para las personas morales oficiales, no exime a la ********** de responder de los daños y perjuicios que hubiera ocasionado la concesión de la suspensión otorgada, también lo es que, lo que aquí se sostiene es que al no haberse presentado una garantía por parte de la quejosa (persona moral oficial), entonces el incidente de daños y perjuicios es improcedente, en tanto que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, no puede constituirse como una autoridad de instancia condenando lo correspondiente y llevando a cabo un procedimiento de ejecución, pues ello no está conferido dentro del ámbito de sus facultades actuando como órgano de control constitucional de ahí que por el contrario si existiera la garantía, entonces podría determinar la existencia o no de los daños y perjuicios y en caso de que si se demuestren los extremos, si podría disponer de la garantía otorgada y únicamente entregarla a la tercera perjudicada, se insiste en el supuesto de haberse demostrado que la concesión de la medida cautelar sí le causó daños y perjuicios.
Además, el hecho de que las personas morales oficiales estén exentas de prestar las garantías que la ley exige para que siga surtiendo sus efectos la suspensión del acto reclamado, para satisfacer los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado, con motivo precisamente de la concesión de la suspensión, lleva consigo que al concederse la suspensión a aquéllas no exista una garantía o contragarantía en el tribunal de amparo; lo que constituye un obstáculo jurídico emanado de la propia ley, para que la parte tercero perjudicada no pueda ejercer su reclamo por dichos conceptos, en el procedimiento previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo, debiendo hacerlo ante las autoridades del orden común, lo que encuentra sentido conforme a la última parte de ese precepto, en tanto que si dicho numeral prevé que habiéndose devuelto o cancelado la garantía, el reclamo de daños y perjuicios puede hacerse valer ante las autoridades del orden común, entonces por mayoría de razón al no haberse constituido una garantía por exención prevista en la ley de la materia para las personas morales oficiales, deben reclamarse esos conceptos ante la potestad común.
Esto es, ya se mencionó que la exención prevista en el artículo 9o. de la Ley de Amparo para las personas morales oficiales revela que tiene reconocida capacidad y solvencia económica, para hacer frente a los daños y perjuicios que se pudieran provocar con la medida cautelar que se les otorga, lo cual exime la posibilidad de reclamar esos conceptos en el procedimiento sui géneris previsto en el artículo 129 del ordenamiento legal citado.
Cabe agregar que, contrario a lo aducido por la recurrente, este criterio no pugna con el principio de igualdad.
Esto es así, pues en el supuesto inadmitido de pensarse que el tercero perjudicado queda en desventaja con otros terceros, al establecerse que debe exigir los posibles daños y perjuicios que le causó el otorgamiento de la medida cautelar, ante la vía ordinaria civil, distinta por supuesto al procedimiento previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo, la misma razón debería imperar para considerar que se deja en desventaja al quejoso respecto de otros cuando se declara fundado un incidente de daños y perjuicios, pero además se dejan a salvo los derechos del tercero para que ante las autoridades del orden común reclame los restantes daños y perjuicios que no alcanzaron a cubrirse con el monto de la garantía exhibida, o cuando el propio precepto legal autoriza al tercero perjudicado a reclamar daños y perjuicios ante la potestad común, aun y cuando se declare precluido su derecho ante la autoridad de amparo por haberse devuelto o cancelado la garantía, por consecuencia, no podría estimarse vulnerado el principio de igualdad con el criterio que se sostiene.
Por las consideraciones anteriores, este Tribunal Colegiado no comparte la opinión jurídica del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, plasmada en la tesis III.4o.C.4 K, misma que fue invocada por la recurrente, localizable en la página mil cuatrocientos setenta y dos del Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; ello porque, se insiste, el hecho de que no se haya exhibido una garantía ante la autoridad que conoció del amparo indirecto, de suyo hace improcedente el incidente de daños y perjuicios.
La tesis en cita es del texto siguiente:
"INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS. AUN CUANDO LAS PERSONAS MORALES OFICIALES ESTÁN EXENTAS DE OTORGAR LAS GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS EN LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, ELLO NO OBLIGA AL TERCERO PERJUDICADO A VENTILAR SU RECLAMO EN UN PROCEDIMIENTO DISTINTO.-Es procedente el incidente de daños y perjuicios, no obstante que de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo puede inferirse, que tiene como finalidad hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorgan dentro del incidente de suspensión en el juicio de amparo, porque a pesar de que las personas morales oficiales están exentas de otorgarlas, sin embargo, esa exención sólo revela que tienen reconocida capacidad y solvencia económica para hacer frente a los daños y perjuicios que pudieran provocarse con la medida cautelar, mas no que de llegarse a comprobar, no pudieran exigírsele por medio del referido incidente, además, esos daños y perjuicios se le requieren, derivados de la suspensión de la ejecución del acto reclamado otorgada; en consecuencia, no sería válido obligar al tercero perjudicado, en casos como el presente, a ventilar fuera del juicio de amparo y ante una autoridad distinta del Juez de Distrito, un procedimiento diverso para exigirlos pues, de aceptarlo, se vería en clara desventaja frente a los terceros perjudicados que solicitan el pago de aquellos rubros, en juicios de amparo en que sí se exhibe la garantía."
En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la posible contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá decidir cuál tesis debe prevalecer.
En conclusión, este tribunal estima que no asiste razón a la recurrente cuando aduce que en la especie no constituye un requisito de procedencia del incidente de daños y perjuicios, la exhibición de una garantía por parte de la quejosa (persona moral oficial), que se encuentra exenta de exhibir la garantía a que se refiere el numeral 125 de la Ley de Amparo, por disposición del diverso artículo 9o. del mismo ordenamiento, al considerarse de acreditada solvencia; pues lo que obliga al juzgador de amparo para conocer del incidente que se promueve para hacer valer los conceptos de daños y perjuicios provenientes del otorgamiento de la suspensión, es el hecho de que ante él, las partes se obligaron mediante la exhibición de la garantía y entonces demostrados los extremos se entregará la garantía pero, en la especie, al no existir una garantía entonces el Juez de Distrito o la autoridad no pueden constituirse en una autoridad de instancia, condenar y llevar a cabo un procedimiento de ejecución, porque no se encuentra en el ámbito de sus facultades actuando como órgano de control constitucional; máxime que en la propia Ley de Amparo se contempla la idea de acudir ante las autoridades del orden común para exigir los posibles daños y perjuicios generados con el otorgamiento de la medida cautelar.
Por lo tanto, se concluye que resulta acertada la interpretación que realizó el Tribunal Unitario del artículo 129 de la Ley de Amparo, ya que constituye un requisito de procedencia del incidente de daños y perjuicios la exhibición de una garantía por parte de la quejosa, pues la exención para las personas morales oficiales prevista en el artículo 9o. del mismo ordenamiento, además de implicar estimar de acreditada solvencia a la ********** como dependencia del Estado, es un obstáculo jurídico que emana de la propia ley para que la tercero perjudicada ********** ejercite el procedimiento sui géneris contemplado en el numeral 129 de la ley de la materia para hacer su reclamo por esos conceptos, debiéndolo hacer ante el procedimiento común ante las autoridades de instancia.
Así, al resultar infundados los agravios formulados por la recurrente, procede declarar infundada la queja.
Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 76, 77 y 99 de la Ley de Amparo se resuelve:
ÚNICO.-Se declara infundada la queja interpuesta por **********, en contra de la resolución interlocutor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23414-5f619660/incidente-de-danos-y-perjuicios-previsto-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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