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Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE AUN ANTE LA FALTA DE EXHIBICIÓN MATERIAL DE GARANTÍA A CARGO DE LA QUEJOSA CUANDO ÉSTA ES UNA PERSONA MORAL OFICIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 502/2011. · Registro digital (IUS): 23749
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Pág. 365.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 502/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 30 DE MAYO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. AUSENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.

II. Competencia y legitimación

6. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza mercantil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

7. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por el Magistrado presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

III. Consideraciones y fundamentos

8. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones.

9. Criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Al resolver la queja civil 72/2011 analizó un asunto con las siguientes características:

10. La parte tercero perjudicada dentro de un juicio de amparo hizo valer el incidente de daños y perjuicios establecido en el artículo 129 de la ley de Amparo.

11. El Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, que conoció del incidente mencionado, por auto de veinticuatro de octubre de dos mil once declaró improcedente el incidente planteado. Para llegar a dicha determinación, interpretó el artículo 129 de la Ley de Amparo y consideró que para conocer del incidente por el cual se pretenden hacer efectivas las garantías o contragarantías exhibidas en el juicio de amparo, es requisito indispensable que ante el propio juzgador se hubiera constituido la garantía; es decir, para la procedencia del incidente intentado, es necesaria la exhibición de la garantía o contragarantía.

12. Aunado a lo anterior, señaló que en el caso se concedió la suspensión del acto reclamado a la Procuraduría General de la República, sin habérsele requerido la exhibición de una garantía como requisito de efectividad de la suspensión por ser una persona moral oficial conforme al artículo 9 de la Ley de Amparo. Por ello, estimó improcedente el incidente de daños y perjuicios, precisamente por no haberse exhibido la garantía dentro del incidente de suspensión.

13. La incidentista promovió recurso de queja contra el auto mencionado, el cual fue admitido y registrado con el número 72/2011 del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En lo tocante al tema de la presente contradicción, la mayoría de los integrantes del mencionado órgano colegiado emitieron las siguientes consideraciones:

13.1. La interpretación sistemática y relacionada de los artículos 9o. y 125 de la Ley de Amparo, lleva a concluir que las personas morales oficiales no se encuentran obligadas a exhibir garantía o contragarantía, dada su acreditada solvencia económica, pues siempre están en posibilidad de contar con un patrimonio que les permita responder por sus obligaciones.

13.2. Por su parte, el artículo 129 de la Ley de Amparo establece un incidente de daños y perjuicios (que debe ventilarse en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles) para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía o contragarantía otorgada con motivo de la suspensión del acto reclamado. Dicho incidente tiene como objeto restituir al tercero perjudicado en la situación que disfrutaba antes de que se produjeran los efectos de la medida cautelar, de forma que a través de ese medio se determina la reparación económica por los perjuicios que se hubieren causado con motivo de su concesión.

13.3. De la interpretación sistemática de los artículos 9o., 125 y 129 de la Ley de Amparo y atendiendo al principio del legislador racional, el órgano colegiado llegó a la conclusión de que para hacer efectiva la responsabilidad (daños y perjuicios) proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión, es requisito indispensable condicionar la efectividad de la suspensión a la exhibición de una garantía y que ésta efectivamente se exhiba, pues a través de su presentación se adquiere la obligación de responder de los daños y perjuicios.

13.4. El artículo 125 de la Ley de Amparo establece como regla general que deberá exhibirse una garantía para cubrir los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado con motivo de la concesión de la suspensión del acto reclamado. Ahora bien, el diverso numeral 9o. del citado ordenamiento establece que las personas morales oficiales están exentas de presentar la garantía referida; por lo que, al no condicionar la autoridad de amparo la suspensión del acto reclamado a la presentación de una garantía, no se encuentra en condiciones de determinar la entrega de esa garantía, pues en caso de encontrar acreditados los daños y perjuicios causados con la concesión de la suspensión, tendría que realizar una condena y vigilar por su cumplimiento, lo cual, se encuentra fuera del ámbito de sus facultades como órgano de control constitucional.

13.5. Lo anterior encuentra sustento en el diverso artículo 129 de la Ley de Amparo, que en su parte final dispone que en caso de no promoverse el incidente para reclamar los daños y perjuicios, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía o de la contragarantía exhibida en el incidente de suspensión, sin perjuicio de que puedan reclamarse los daños y perjuicios respectivos ante las autoridades del orden común.

13.6. La exención prevista en el artículo 9o. de la Ley de Amparo no exime a las personas morales oficiales de responder por los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la concesión de la suspensión otorgada; sin embargo, dicha exigencia no puede hacerse valer en términos del incidente establecido en el precepto 129 del señalado ordenamiento, toda vez que su ejercicio tiene como condición la existencia de la exhibición de una garantía dentro del incidente de suspensión, de forma que al no ser obligatoria su presentación para las personas morales oficiales, resulta improcedente el incidente de daños y perjuicios aludido, en tanto que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del amparo no puede constituirse como una autoridad de instancia para condenar y llevar a cabo el procedimiento de ejecución, pues ello no está conferido dentro del ámbito de sus facultades.

13.7. El hecho de que las personas morales oficiales estén exentas de presentar la garantía para que siga surtiendo sus efectos la suspensión del acto reclamado y a fin satisfacer los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado con motivo de la medida cautelar, constituye un obstáculo jurídico emanado de la ley, para que la parte tercero perjudicada no pueda ejercer el incidente previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Por lo que el reclamo de daños y perjuicios debe hacerse valer ante las autoridades del orden común.

13.8. Por otro lado, el tercero perjudicado no queda en desventaja al obligársele a acudir a la vía ordinaria para exigir los posibles daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar, pues la misma razón podría imperar para considerar que se deja en desventaja al quejoso respecto de otros cuando se declara fundado un incidente de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo. Además, se dejan a salvo los derechos de la parte tercero perjudicada para acudir a la autoridad común y reclamar esos posibles daños y perjuicios.

14. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de ese mismo circuito. Al resolver el amparo directo civil 359/2006 analizó un asunto con las siguientes características:

15. La parte tercera perjudicada, dentro del incidente de suspensión relativo a un juicio de amparo indirecto, exhibió una contrafianza para que dejara de surtir efectos la medida cautelar concedida a su contraparte. Como consecuencia, logró el remate de un camión de pasajeros, mismo que se adjudicó a su favor.

16. Posteriormente, el tercero perjudicado promovió ante el Juez de Distrito incidente de responsabilidad en términos del artículo 129 de la Ley de Amparo, a fin de obtener el pago de los intereses que hubiese generado el monto total de la cantidad exhibida como contragarantía en el incidente de suspensión.

17. El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato declaró infundado el incidente mencionado, al sostener que el artículo 129 de la Ley de Amparo limita a los daños y perjuicios como consecuencia directa de la eficacia o ineficacia de la medida cautelar, es decir, el menoscabo patrimonial o la imposibilidad de obtener una ganancia lícita con motivo de la paralización del acto reclamado en el juicio de amparo. De modo que no pueden reclamarse en dicho incidente otras afectaciones que si bien pudieron originarse con motivo del juicio de garantías, no se encuentran vinculadas directamente con el acto reclamado.

18. Bajo las anteriores consideraciones, el Juez de Distrito estimó que los réditos reclamados en la demanda incidental no son susceptibles de reclamarse en la vía propuesta, ya que la afectación aducida no deriva de la ejecución o inejecución del acto reclamado, sino de la petición del incidentista de que se le fijara la contragarantía para que el acto produjera sus efectos. Además, para hacer valer el incidente de daños y perjuicios en términos del artículo 129 de la Ley de Amparo, es requisito necesario la disposición de la garantía o contragarantía que se impuso dentro el incidente de suspensión, pues de lo contrario, el tribunal de amparo carecería de atribuciones para hacer efectivas las garantías que no se encuentran bajo su resguardo.

19. Posteriormente, el entonces incidentista demandó en la vía ordinaria civil el pago de perjuicios que se le ocasionaron con motivo de la suspensión provisional y definitiva otorgada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. De dicho juicio conoció el Juzgado Quinto Civil de Partido Judicial de León, Guanajuato, quien emitió sentencia en el sentido de declarar improcedente la acción de perjuicios intentada.

20. El actor del juicio ordinario interpuso recurso de apelación ante la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quien confirmó la sentencia recurrida.

21. En contra de dicha sentencia, promovió juicio de amparo directo, en cuyos conceptos de violación sostuvo medularmente que es incorrecto afirmar que una vez agotado el procedimiento contemplado en el artículo 129 de la Ley de Amparo, es imposible promoverse nuevamente ante las autoridades del fuero común, bajo el argumento de que permitir lo anterior es otorgar una doble oportunidad para reclamar el incidente de responsabilidad.

22. La demanda de amparo fue admitida y registrada con el número 359/2006 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito (ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del propio circuito), quien resolvió negar el amparo solicitado, bajo las siguientes consideraciones:

22.1. Si no existe garantía que responda de los perjuicios con motivo de la suspensión de los actos reclamados, no existe posibilidad de que aquellos perjuicios sean reclamables ante las autoridades del fuero común. Ello es así, pues el incidente de responsabilidad a que alude el artículo 129 de la Ley de Amparo, ya no es procedente ante las autoridades del fuero común, cuando la base de la reclamación de los perjuicios se sustenta en el hecho de que se requiere contar con la garantía exhibida en el incidente suspensión del amparo.

22.2. El artículo 129 de la Ley de Amparo, alude a un tipo de responsabilidad relacionado con los daños y perjuicios a que se refieren los artículos 125 y 126 del propio ordenamiento, pues el primero de los mencionados establece que en los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño y perjuicio a un tercero, la medida cautelar será concedida siempre y cuando el quejoso otorgue una garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, en caso de no obtener sentencia favorable; por su parte, el segundo de los preceptos establece que la suspensión otorgada quedará sin efectos si el tercero perjudicado exhibe una caución para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.

22.3. Bajo lo anterior, el órgano colegiado estimó que la base en que se sustenta el incidente de responsabilidad establecido en el artículo 129 de la Ley de Amparo, no es otra sino la garantía que el quejoso exhibe en el incidente de suspensión, pues a través de la misma aquél adquiere la obligación ante el tribunal que conoce del juicio de garantías de responder de los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar al tercero en caso de que el quejoso no obtenga la protección de la Justicia Federal.

22.4. En ese sentido, el incidente de responsabilidad depende de la existencia de la garantía o contragarantía exhibida en el incidente de suspensión, porque es en ellas donde el quejoso o el tercero perjudicado asumen la obligación de responder de los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a su contraparte, ya sea con motivo de la suspensión de los actos reclamados o de su ejecución, dependiendo de si se concede o se niega el amparo; en ese sentido, si no existe la garantía o contragarantía respectiva, resulta improcedente el procedimiento dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo, pues la materia para resolver si procede o no el pago de los perjuicios, se justifica en la medida que se conserve la garantía, ya que sin ésta, no es posible emitir pronunciamiento alguno.

22.5. Por otro lado, una vez agotado el incidente de responsabilidad ante la autoridad que conoció del amparo, no es legalmente posible volver a intentarlo ante las autoridades judiciales del fuero común, menos cuando el incidente de daños y perjuicios está sujeto a la existencia de la garantía o en su caso de la contragarantía otorgada por el quejoso y por el tercero perjudicado.

23. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Al resolver la queja 9/2005 analizó un asunto con las siguientes características:

24. El Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco declaró infundado un incidente de daños y perjuicios en términos de lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley Amparo, al considerar que el incidentista no comprobó los daños y perjuicios que adujo se le ocasionaron con la suspensión de los actos reclamados.

25. El incidentista promovió recurso de queja contra la anterior determinación, del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito bajo el número de queja 9/2005. Dicho órgano colegiado, en la parte que interesa, resolvió:

25.1. Es procedente el incidente previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo, mismo que tiene como finalidad hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorgan con motivo de la paralización del acto reclamado, aun cuando se haya eximido a la parte quejosa de la exhibición de la garantía respectiva, por tratarse de una persona moral oficial. Lo anterior es así, toda vez que esa exención sólo revela que tiene reconocidas capacidad y solvencia económica para hacer frente a los daños y perjuicios que se pudieran provocar con la medida cautelar que se les otorga; mas no que de comprobarse, no pudieran exigírsele por medio del aludido incidente.

25.2. Además, los conceptos de daños y perjuicios derivan de la suspensión de la ejecución del acto reclamado, de forma que no sería válido, en estos casos, obligar al tercero perjudicado a ventilar fuera del juicio de amparo y ante una autoridad distinta al Juez de Distrito, un procedimiento distinto para exigir el pago de dichos conceptos -daños y perjuicios-; ya que de ser así, se vería en desigualdad frente a los terceros perjudicados que exigen el pago de aquellos rubros dentro de juicios de amparo en los que sí se exhibe la garantía.

25.3. Por otro lado, si bien es cierto el incidentista no ofreció algún elemento de prueba para comprobar los daños y perjuicios que le ocasionaron la suspensión de los actos reclamados, el Juez de Distrito perdió de vista que la paralización del acto reclamado conllevó a que no se ejecutara la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de sentencia en la cual se decretó ejecución contra la persona moral oficial promovente del juicio de amparo. Entonces, para demostrar los perjuicios que fueron ocasionados con motivo de la suspensión de una resolución definitiva, cuando por la naturaleza de las prestaciones la condena consiste en el pago de una cantidad determinada de dinero, es suficiente para la procedencia del incidente la prueba presuncional legal sin necesidad de exigir al promovente otra distinta para acreditar el perjuicio resentido, pues basta el solo transcurso del tiempo para acreditarlo, tan es así que el artículo 362 del Código de Comercio señala que cualquier cantidad disponible genera por lo menos el interés legal.

26. Criterio del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito. Al resolver la queja 37/91 analizó un asunto con las siguientes características:

27. La parte tercera perjudicada dentro de un juicio de amparo hizo valer el incidente de daños y perjuicios establecido en el artículo 129 de la Ley de Amparo, mismo que fue declarado improcedente por el Juez de Distrito que conoció del asunto al estimar que en el amparo no se resuelven cuestiones civiles propias de las autoridades de instancia, máxime que en el caso no se garantizaron los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros con motivo de la suspensión provisional y definitiva otorgada; razón por la cual, la acción para exigir el pago de los daños y perjuicios deberá hacerse valer ante las autoridades del orden común.

28. La propia tercero perjudicada promovió recurso de queja contra el auto mencionado, el cual fue admitido y registrado con el número 37/91 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del propio circuito. En lo tocante al tema de la presente contradicción, el mencionado órgano colegiado emitió las siguientes consideraciones:

28.1. La exigencia de constituir garantía tiene por objeto obligarse de una manera directa ante el Juez Federal a responder del daño o del perjuicio que pudiera causarse al tercero perjudicado con la suspensión del acto reclamado, obligación que será efectiva cuando sea otorgada esa garantía o contragarantía.

28.2. En ese sentido, la garantía o contragarantía exhibida en el incidente de suspensión otorga jurisdicción al Juez Federal para hacer efectiva la responsabilidad en términos del artículo 129 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario tendría que establecerse un juicio por separado para obtener una sentencia de reparación de daños y perjuicios derivados de la suspensión del acto reclamado cuando el quejoso no obtenga el amparo de la Justicia Federal.

IV. Existencia de la contradicción

29. Conforme lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(2) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.

30. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

31. Por ello, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.

32. En esa línea de pensamiento, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

33. El discernimiento expuesto, es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 72/2010.(3)

34. Por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(4)

35. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por dichos Tribunales Colegiados, las cuales se detallaron al explicar las posturas de cada uno de ellos.

36. Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados referidos existió un razonamiento sobre si el incidente de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, tiene como requisito para su procedencia la exhibición de la garantía o contragarantía en el incidente de suspensión.

37. Así, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que en el incidente de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, la responsabilidad resulta exigible de la fianza o contrafianza exhibida dentro del incidente de suspensión, por lo cual resulta necesario contar con la garantía o contragarantía para poder intentar el procedimiento aludido. En ese sentido, al no haberse presentado una garantía por parte de la quejosa al tratarse de una persona moral oficial, el incidente de daños y perjuicios resulta improcedente.

38. Por su parte, los integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito razonaron en el sentido de que el incidente establecido en el artículo 129 de la Ley de Amparo tiene la finalidad de hacer efectiva la responsabilidad de las garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la paralización del acto reclamado; sin que sea obstáculo para su procedencia, el hecho de que en el incidente de suspensión no se exigiera la exhibición de una garantía atendiendo al carácter de persona moral oficial de la quejosa, pues dicha exención no significa que no pueda exigirse el pago de dichos conceptos una vez probados.

39. Con la confrontación de las consideraciones emitidas por los tribunales antes mencionados, se llega a la conclusión de que sí existe contradicción de criterios, pues los órganos colegiados abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica, relativa a determinar si la procedencia del incidente de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo se encuentra condicionada a la exhibición de la garantía dentro del incidente de suspensión, cuando la misma no es exigida a la quejosa por tratarse de una persona moral oficial. Adoptándose posiciones o criterios jurídicos discrepantes, no obstante el análisis de los mismos elementos, de tal forma que uno de los órganos colegiados consideró necesaria la existencia de la garantía para la procedencia del incidente de daños y perjuicios del artículo 129 de la Ley de Amparo; mientras el otro adujo que el hecho de que las personas morales oficiales queden exentas de exhibir garantía para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, no hace improcedente el incidente de daños y perjuicios aludido.

40. Por otro lado, se llega a la conclusión de que no existe la contradicción de tesis respecto de los criterios sustentados por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, y el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del propio circuito, pues de las síntesis realizadas en la presente contradicción, se advierte que dichos órganos colegiados analizaron supuestos distintos a los resueltos por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

41. En efecto, las ejecutorias que obran en el expediente permiten evidenciar que los supuestos analizados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, fueron distintos a los examinados por los diversos órganos colegiados sobre los cuales se estimó existente la contradicción, pues los primeros, para llegar a su determinación, partieron de la base de que el incidente de daños y perjuicios establecido en el artículo 129 de la Ley de Amparo, únicamente es procedente si dentro del incidente de suspensión se exhibe una garantía o contragarantía; sin embargo, en los asuntos puestos a su escrutinio la falta de la exhibición de la garantía respectiva no se debió al carácter de persona moral oficial de la parte quejosa, sino únicamente a que la parte quejosa fue omisa en exhibir la garantía respectiva.

42. De esta forma se advierte que en las resoluciones del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, los tribunales contendientes no analizaron la misma cuestión jurídica que la puesta a consideración del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; y, por ello, no puede existir una divergencia de criterios, razón por la cual, en el caso no se surten las hipótesis para considerar que existe la contradicción de tesis denunciada.

43. En efecto, tanto el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, como el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, para estimar improcedente el incidente de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23749-ecd584a0/incidente-de-danos-y-perjuicios-previsto-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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