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Modo: Corpus Pro

ACTO RECLAMADO. LA EXPRESIÓN DE LA FECHA DE SU EMISIÓN ES UN PRESUPUESTO ESTABLECIDO IMPLÍCITAMENTE EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE DEBE PRECISARSE EN LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 46/2011. · Registro digital (IUS): 23509
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Pág. 1666.

RECLAMACIÓN 46/2011. 13 DE ENERO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. ENCARGADO DEL ENGROSE: HÉCTOR LANDA RAZO. SECRETARIO: EUDÓN ORTIZ BOLAÑOS.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-El análisis de los argumentos vertidos en el único agravio propuesto, permite definir lo siguiente.

Alega el recurrente que el auto por el que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo no fue claro, en razón de que los apercibimientos que se le hicieron no se le comunicaron a cabalidad personalmente, ya que en la notificación respectiva el actuario adscrito a este Tribunal Colegiado de Circuito nunca lo enteró del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil once; porque el fedatario público le dejó únicamente el citatorio de siete de noviembre de dos mil once, donde mencionaba que se requería para que precisara la autoridad responsable a la que atribuía el acto reclamado y el nombre del tercero perjudicado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no interpuesta la demanda de amparo, lo cual cumplió con su escrito de diez del mes y año en cita, al que recayó el auto de catorce siguiente en el que se acordó: "por hoy se tiene por no aclarada la demanda de garantías", y en el diverso auto de dieciséis de noviembre de esa anualidad, se decretó que se tuvo por no interpuesta la demanda, y que al ocurrir a este Tribunal Colegiado solicitó los autos y fue así como se enteró del acuerdo completo de cuatro de noviembre de dos mil once, en el que también le solicitaron la fecha del acto reclamado, del cual, insiste, no tuvo conocimiento.

Lo que así se arguye es infundado, en atención a las consideraciones que a continuación se indican.

Cabe destacar que la recurrente no se duele de la falta de formalidades de ley en la práctica de la notificación, sino de que en el citatorio correspondiente no se plasmó el tercer requisito consistente en la precisión de la fecha del acto reclamado y que, por ello, no se enteró a tiempo, por lo que sobre esa óptica se examinarán sus agravios.

Así, de las constancias que conforman el presente expediente de amparo directo, se desprenden los siguientes datos:

El tres de noviembre de dos mil once, se recibió la demanda de amparo directo promovida por **********, la cual se registró con el expediente **********.

Por acuerdo de presidencia de cuatro de noviembre de dos mil once, se requirió a la quejosa para que dentro del término de tres días precisara:

1) A qué autoridad atribuía el acto reclamado;

2) El nombre de quién revestía el carácter de tercero perjudicado; y,

3) La fecha del acto reclamado.

Debiendo adjuntar además, tres copias de dicho escrito apercibida que, de no dar cumplimiento a lo solicitado, se tendría por no interpuesta la demanda.

Dicho auto fue notificado por el actuario adscrito a este Tribunal Colegiado, según se aprecia de las constancias levantadas y que obran a fojas doce y trece del presente expediente de amparo directo. En estas diligencias se aprecia que el fedatario asentó que se constituyó a las once horas con diez minutos del siete de noviembre de dos mil once, en el domicilio señalado en la demanda, requirió la presencia de la quejosa o de su apoderado **********, y que al no encontrarlos entendió la diligencia con **********, quien dijo ser la empleada del lugar, dejándole citatorio para que lo esperara a las trece horas con cincuenta minutos de ese día, con el fin de notificarle personalmente el acuerdo dictado por este Tribunal Colegiado el día cuatro de noviembre de dos mil once, en el entendido que, de no hacerlo, se le notificaría por lista el acuerdo en comento.

Para mejor claridad, a continuación se transcribe el contenido del documento en cuestión:

"Quejosa: **********.

"Apoderado: **********.

"DT. **********.

"LAB. **********.

"CITATORIO

"**********, apoderado de **********.

"Domicilio: **********.

"Para la práctica de una diligencia judicial de carácter personal, se servirá usted esperar al suscrito actuario en el domicilio en que se le deja el presente citatorio a las trece con cincuenta horas del día siete del mes y año en curso, apercibido de que de no hacerlo, se le notificará por lista el acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil once, dictado en el DT. **********, promovida por ********** apoderado de **********, y que en lo conducente dice:

"Se requiere al promovente para que precise la autoridad responsable a la que atribuye el acto reclamado y el nombre del tercero perjudicado, apercibido que de no hacerlo como se indica se tendrá por no interpuesta la demanda de amparo.

"Dejo el presente citatorio, en virtud de no haberlo encontrado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en poder de ********** hoy a las once con diez horas.

"México Distrito Federal, a siete de noviembre de dos mil once.

"Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

"(Firmado)

"C. Actuario Judicial

"Lic. **********."

Posteriormente, como se indicó en el citatorio, dicho fedatario volvió a constituirse en la fecha y hora señaladas, asentó que no habiendo encontrado a la interesada o a su apoderado, entregó copia del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil once, a la empleada del lugar, **********, quien puso de su puño y letra la siguiente leyenda:

"Recibí acuerdo de 4 de nov (sic)

"Firma ilegible 7-Nov-11

"**********."

(Foja doce vuelta del cuaderno de amparo).

Por escrito presentado el diez de noviembre de dos mil once, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, la quejosa, por conducto de su apoderado, pretendió desahogar el requerimiento formulado señalando que la autoridad responsable era la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; asimismo, que los terceros perjudicados eran **********, ********** y **********. Por auto de catorce de noviembre de dos mil once, la presidencia de este tribunal acordó que toda vez que no especificó la fecha del acto reclamado, tal y como se le requirió en el proveído correspondiente, no se le tenía por aclarada la demanda.

Mediante auto de dieciséis de noviembre de dos mil once, la Magistrada presidenta de este tribunal determinó que el término concedido a ********** había fenecido sin que hubiera dado cumplimiento a lo solicitado, teniendo por no interpuesta la demanda de amparo.

De lo relatado se concluye que no es verdad que el promovente se haya enterado del contenido íntegro del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil once, al acudir a este Tribunal Colegiado y solicitar los autos del presente juicio de amparo directo, pues como se vio, si bien es cierto que en el citatorio, el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional sintetizó el auto notificado, indicando que se le requería que precisara la autoridad responsable a la que atribuía el acto reclamado, y que mencionara el nombre del tercero perjudicado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no interpuesta la demanda de amparo; no menos cierto es también que, en la razón que levantó dicho fedatario, la empleada del lugar asentó de su puño y letra que recibió copia del acuerdo de cuatro de noviembre, lo cual denota que desde ese momento se enteró del contenido del auto a notificar y que contenía de manera íntegra los tres requerimientos hechos a la quejosa. De ahí lo infundado de su argumento.

No obstante lo anterior, en el presente caso, por tratarse de un recurso interpuesto por la parte obrera, se examinará la legalidad o no del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil once, por el que se le pidió, como tercer requisito, que especificara la fecha del acto reclamado, que fue el que no cumplió.

El artículo 166 de la Ley de Ampar indica cuáles son los requisitos que debe contener una demanda de amparo directo, mismos que se transcriben:

"Artículo 166. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

"I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre;

"II. El nombre y domicilio del tercero perjudicado;

"III. La autoridad o autoridades responsables;

"IV. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se reclamaren violaciones a las leyes del procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en la que se cometió la violación y el motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado.

"Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia;

"V. La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que haya tenido conocimiento el quejoso de la resolución recurrida;

"VI. Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o conceptos de la misma violación;

"VII. La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de las leyes de fondo. Lo mismo se observará cuando la sentencia se funde en los principios generales de derecho.

"Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, deberá cumplirse con esta prescripción en párrafos separados y numerados.

"VIII. Derogada."

Las siete fracciones que integran el precepto en mención, constituyen presupuestos que resultan necesarios para la admisión de la demanda de amparo, y que no pueden soslayarse, pues constituyen elementos indispensables que dan certidumbre y permiten, entre otros aspectos, analizar la constitucionalidad o legalidad del o los actos que agravian al gobernado.

De esta suerte, no basta que en una demanda de amparo se señale que es el quejoso con domicilio conocido o que quien promueve en su nombre es un procurador de la Defensa del Trabajo, para tener por colmado el requisito indicado en la fracción I, del aludido precepto, sino que se tiene que mencionar el nombre completo de la persona que solicita la protección de la Justicia de la Unión y, en su caso, de quien promueve en su nombre, proporcionando su domicilio, atendiendo al principio de relatividad de la sentencia, que indica que el amparo solamente protege a quien lo solicitó.

En el mismo sentido, la fracción II del numeral en comento, exige que se señale el nombre y domicilio del tercero perjudicado, porque es a quien le perjudicaría en un momento dado la concesión del amparo y, en ese sentido, tiene que ser llamado a juicio, por lo que no es válido que diga que no hay, cuando por la naturaleza del acto reclamado, como lo es una sentencia o laudo, por lo general, es la parte contraria quien tiene ese carácter.

Ahora, en lo tocante a la fracción III, no basta que el quejoso indique únicamente "autoridad responsable" o que mencione deficientemente o de manera incompleta su denominación, pues debe existir claridad respecto a la entidad que emitió el acto de molestia o, en su caso, ha omitido actuar en perjuicio del quejoso.

Así, en lo que concierne al requisito contemplado en la fracción IV del aludido precepto, se estima que es indefectible que se le cite de manera correcta y completa, ya que no es válido que se diga, como en el caso, que se trata de un laudo dictado en un determinado expediente laboral, porque tiene que identificarlo plenamente para dar certidumbre de qué es lo que se está combatiendo, pues podría suceder que en un juicio laboral se haya dictado uno, dos o más laudos derivados de la emisión de ejecutorias de amparo.

Esto es, no puede señalarse genéricamente que el acto reclamado se trata de un "laudo" o de una "sentencia", sino que se le tiene que denominar de manera concreta, clara y precisa, indicando la fecha de su emisión que es lo que caracteriza a este tipo de actos judiciales, pues de lo contrario originaría ambigüedad al no poderlo identificar.

Por tanto, aun cuando expresamente la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo, no imponga que debe precisarse la fecha del acto reclamado, se trata de un presupuesto que implícitamente exige la ley de la materia al señalar que la demanda de amparo directo deberá contener: "La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; ...", pues no puede concebirse que se diga que agravia un laudo que no está identificado, máxime si como en el caso en concreto, del contenido integral de la demanda de amparo no se desprende el dato correspondiente a la fecha en que se emitió.

En conclusión, el artículo 166 de la Ley de Amparo, en sus diversas fracciones, señala los requisitos indispensables que debe contener una demanda de amparo directo, los cuales no pueden soslayarse, por tratarse de elementos básicos para su admisión a trámite y posterior resolución. En ese contexto, si la fracción IV de la invocada ley, señala que en la demanda debe expresarse "La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; ...", es incuestionable que aunque no se exija literalmente que deba expresarse la fecha en que se emitió la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dicha obligación se encuentra implícitamente impuesta, por constituir el elemento que identifica a los actos judiciales, ya que se trata de un presupuesto que permitirá conocer el acto reclamado y, en ese sentido, no es válido que al pretender colmar el requisito indicado en la fracción en cuestión se señale el "laudo" dictado en un determinado expediente, pues crearía incertidumbre, ya que puede darse el caso de que en un mismo juicio laboral se hayan dictado varios laudos a consecuencia del cumplimiento a una o varias ejecutorias de amparo.

Finalmente, debe decirse que las determinaciones judiciales, como es el requerimiento decretado a un promovente para que subsane una o varias imprecisiones, deben cumplirse a cabalidad, de tal suerte que si uno de esos requerimientos falta, como sucedió en el presente caso, en el que no se desahogó uno de los tres, no puede tenerse por colmado lo solicitado por el tribunal, por lo que es correcta la determinación de tener por no interpuesta la demanda de amparo.

Así las cosas, ante la ineficacia de los argumentos vertidos en el único agravio propuesto, y no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar infundado el recurso de reclamación propuesto.

En mérito de lo expuesto, resultan inaplicables las tesis invocadas por la recurrente.

Por lo expuesto y, con apoyo en los artículos 82 y 103 de la Ley de Amparo, y 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Es infundado el recurso de reclamación **********, interpuesto por **********, contra el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil once, dictado por la Magistrada presidenta de este Tribunal Colegiado, en el expediente de amparo directo DT. **********.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a la autoridad responsable, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal.

Así, con las adiciones y reformas propuestas en la sesión, por mayoría de votos de los Magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Héctor Landa Razo, lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, contra el voto del Magistrado José Manuel Hernández Saldaña, quien sostiene su ponencia como voto particular, mismo que al final se agrega. Fue relator el último de los nombrados. El Magistrado Héctor Landa Razo se encargó del engrose.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de los numerales 77, 78 y 79, del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23509-ac9d34c9/acto-reclamado-la-expresion-de-la-fecha-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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