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Modo: Corpus Pro

CLAUSURA PROVISIONAL DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA RESOLUCIÓN INTERMEDIA QUE LA DECRETA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD O PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 483/2011. · Registro digital (IUS): 23513
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Pág. 1077.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 483/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 8 DE FEBRERO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos tercero, quinto y octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario se prolongaría la solución del presente asunto en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Nuevo León, quien figuró como autoridad responsable en el asunto del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 1a./J. 77/2010, de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se comparte y a continuación se identifica y transcribe:

"Registro: 163384

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, diciembre de 2010

"Materia(s): Común

"Tesis: 1a./J. 77/2010

"Página: 5

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva."

TERCERO. Ante todo, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito que participan de esta contradicción expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que el denunciante estima divergentes.

En ese sentido, debe señalarse que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el ********** el amparo en revisión número **********, sostuvo, en lo que interesa para el caso, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Resulta innecesario examinar las consideraciones en que se sustenta la sentencia recurrida, así como los agravios que en su contra se hacen valer -los cuales se transcriben para efectos informativos-, en atención a que este Tribunal Colegiado advierte, oficiosamente, que se concreta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el precepto 114, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, la resolución recurrida en la que se concedió el amparo, deberá modificarse y, en términos de la fracción III del numeral 74 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías que se revisa. Razón por la cual se realiza su examen, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre. La consideración inmediata anterior encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 73 in fine, de la Ley de Amparo. Además, al respecto, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 122/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, página 28, que al tenor, rubro y texto, establece: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribió). Asimismo, sobre el tema tratado acerca de que se deben revisar las causales de improcedencia, aun en el caso de que el juicio de amparo se encuentre en la etapa de revisión, es dable citar la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y nueve, página trece que, a la letra, rubro y texto, enseguida se transcribe: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribió). Como se anticipó, este órgano federal advierte que, en la especie, se concreta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el precepto 114, fracción II, de la Ley de Amparo, que dicen: ‘Artículo 73. ... XVIII. ...’ (se transcribió). ‘Artículo 114. ... II. ...’ (se transcribió). Como se advierte de los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución dentro del procedimiento de que se trate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 2003, página 196, que dice: ‘PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR.’ (se transcribió). Y, en el caso concreto, el quejoso reclama de las autoridades municipales señaladas como responsables, destacadamente: ‘La clausura temporal y total emitida y ejecutada por las responsabilidades de las construcciones y obras que se realizan.’. En el capítulo de los antecedentes de la demanda de amparo, el peticionario de garantías narró que debido a la oposición de los vecinos con la demolición y construcción de la edificación programada en el predio de que se trata y ante la queja interpuesta por los ahora terceros perjudicados ante el Ayuntamiento de Zapopan, las responsables incoaron el recurso innominado **********, en el que se ordenó verificar el terreno en cuestión; y que debido al temor de que exista un desastre ambiental y riesgo para la salud -pues en ese predio anteriormente se había instalado una fábrica de electrónicos (Motorola)-, las autoridades municipales dictaron -dentro del procedimiento relativo al citado recurso innominado- la medida de seguridad consistente en la clausura temporal de las obras hasta en tanto se resolviera en definitiva el recurso; y, además, se solicitó a las diversas autoridades y al propietario los dictámenes e información al respecto con la finalidad de verificar si existe riesgo de contaminación y al medio ambiente que perjudique a la sociedad. Precisamente, contra la medida de seguridad de referencia -clausura temporal-, el quejoso promovió la demanda de amparo de que se trata. Al respecto, las autoridades señaladas como responsables integraron al sumario de amparo copias certificadas de las actuaciones emitidas dentro del procedimiento relativo al ‘recurso innominado **********’, de las que se lee: (se transcribió). Como se advierte de lo transcrito con antelación, el acto reclamado por el quejoso: la clausura temporal, se emitió como una medida de seguridad dentro del recurso innominado **********, instaurado por la autoridad municipal a petición de los colonos vecinos de la obra en cuestión, debido al temor de que existiera riesgo para la salud y el medio ambiente; para lo cual se requirió a las diversas dependencias municipales -Seguridad Pública, Ecología, Protección Civil, etcétera- los datos conducentes al respecto; en específico, con la finalidad de verificar si existe riesgo de contaminación y al medio ambiente que perjudique a la sociedad. Por tanto, dentro de la sustanciación del procedimiento -recurso innominado- y ‘dado que existen evidencias en el caso, que se estiman pueden ser contrarias a la normatividad ambiental dado el avocamiento y destino que en el pasado tenía el área sujeta al proyecto de urbanización, el cual era industria con manejo de sustancias y residuos peligrosos, y se tiene reserva fundada de que no existía autorización para transferencia de sitios contaminados con sustancias que se consideran peligrosas por tener alguna de las siguientes características: corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica, inflamable, radioactiva y otras análogas, como lo establece el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, así como que no se realizaron los trámites que señala la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco en su artículo 67.’. La responsable acordó ‘emitir como medida de seguridad, la orden de clausura temporal’ reclamada, la cual surtirá efectos desde su ejecución y hasta en tanto se resuelva la resolución del referido recurso innominado. Cuenta habida que la autoridad municipal encontró evidencias respecto del incumplimiento de disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, lo cual estimó contraviene el orden público, y ‘se tiene como finalidad evitar los daños que se puedan causar al entorno y calidad de vida de los habitantes’. De lo relatado con antelación, es dable arribar a las siguientes conclusiones: a) El acto reclamado por el quejoso: clausura decretada como medida de seguridad dentro de la sustanciación del recurso innominado **********, debe entenderse como una actuación emitida en el procedimiento antes de dictarse la resolución definitiva en dicho recurso; y, b) La referida medida de seguridad constituye una determinación provisional, la cual es accesoria, sumaria y flexible, y tiene por objeto, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia. Esto es, su objetivo consiste en tomar decisiones en virtud de la urgencia del caso para evitar un riesgo o desastre que perjudique el interés público; luego, su efecto es provisional en virtud de que está a expensas de lo que se resuelva en el procedimiento iniciado, precisamente, para verificar la existencia de algún riesgo que perjudique a la colectividad. De ahí que dicha clausura dictada como medida de seguridad es un acto que forma parte de un procedimiento y, en su caso, será la resolución que se dicte en el procedimiento -el recurso innominado- la que constituya el acto definitivo susceptible de reclamarse por la vía de amparo. En efecto, el dictado de una medida de seguridad -en la especie, clausura- tiene como objetivo prevenir el peligro o riesgo y suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica. Los efectos de tales medidas son provisionales, dado que están sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; y en caso de acreditar que no existe riesgo, se podría levantar la medida, empero, ya sin el temor de que se ocasione el riesgo temido. En resumen, dado que la Ley de Amparo -en el artículo 114, fracción II- establece que en tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento y, si en el caso concreto, el acto reclamado de las autoridades responsables municipales -distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo- emana de un procedimiento en forma de juicio -recurso innominado-, el juicio de garantías resulta improcedente; justo porque la acción de amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva. Lo que en la especie no acontece, esto es, el quejoso no reclama la resolución definitiva dictada en el recurso innominado **********; máxime, que de las constancias de autos sólo se tiene evidencia de que dicho procedimiento inició, pero no la conclusión de éste -con el dictado de la resolución respectiva-. Sobre el tema tratado, es menester invocar, por analogía, en el razonamiento jurídico que ministra, los criterios emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultables en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos VII y XII, marzo de 1998 y septiembre de 2000, tesis P./J. 21/98 y P. CXXXVII/2000, páginas 18 y 38, respectivamente, que al tenor establecen: ‘MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.’ (se transcribió) y ‘PROTECCIÓN CIVIL. LA INMEDIATA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 78 Y 83 DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TRATÁNDOSE DE LOS CASOS DE ALTO RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE, NO SE RIGE POR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.’ (se transcribió). Consecuentemente, dado que en el caso se concreta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la fracción II del numeral 114 de la Ley de Amparo, procede, en la materia de la impugnación, modificar la sentencia recurrida; y, por ende, conforme lo dispone la fracción III del artículo 74 del citado ordenamiento legal, decretar el sobreseimiento en el juicio conforme a las razones antes expresadas. Resulta importante establecer que en el caso concreto no se actualiza alguna excepción a la causal de improcedencia que se invoca, toda vez que en la especie no se reclama la inconstitucionalidad de leyes, ni con el acto reclamado se afectan los derechos sustantivos del quejoso ni se causa un daño en grado predominante o superior a las partes no reparables, debido a que la medida de seguridad reclamada -clausura temporal- no es un acto privativo, pues los efectos de tales medidas son provisionales, dado que están sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo en el que se dictó, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; y en caso de acreditar que no existe riesgo, se podría levantar la medida. A más de que, como quedó apuntado, dicha medida de seguridad es un acto que forma parte de un procedimiento; y, en su caso, será la resolución que se dicte en recurso innominado (sic) **********, la que constituya el acto definitivo susceptible de reclamarse por la vía de amparo. No es óbice a lo considerado, el hecho de que el quejoso argumente -en la demanda de amparo y su ampliación- que el síndico municipal carece de facultades -competencia- para emitir la medida de seguridad reclamada; toda vez que ello sería una cuestión que atañe al fondo del asunto; esto es, tales cuestiones se tendrían que elucidar, en su caso, cuando se reclame la resolución definitiva dictada en el procedimiento. Y, en la especie, este Tribunal Colegiado verifica y resuelve respecto de la procedencia del juicio de garantías. Al respecto, resulta dable invocar, por analogía en el razonamiento jurídico que ministra, la jurisprudencia 2a./J. 43/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, abril de 2006, página 242, que al tenor establece: ‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE.’ (se transcribió). Tampoco constituye obstáculo a lo que se resuelve en la presente resolución, lo sostenido por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida -acerca de que el síndico municipal carece de facultades para emitir la medida de seguridad de que se trata y que por ello el acto reclamado adolece de una debida fundamentación y motivación-, toda vez que al instarse la revisión de dicha sentencia, este órgano colegiado reasume jurisdicción en forma integral y, precisamente, al haberse advertido que en el caso se concreta la causal de improcedencia en examen, provoca que se revoque tal sentencia. Atendiendo para ello a la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y nueve, página trece que, a la letra, rubro y texto, enseguida se transcribe: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribió). Finalmente, por lo considerado con antelación, quedan atendidos los alegatos formulados por los terceros perjudicados ..."

De esa ejecutoria derivó la tesis número III.2o.A.156 A, que a continuación se transcribe:

"Registro: 170374

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVII, febrero de 2008

"Materia(s): Administrativa

"Tesis: III.2o.A.156 A

"Página: 2248

"CLAUSURA TEMPORAL DE UNA OBRA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN EMITIDA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PROVISIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE AÚN NO SE HA RESUELTO DEFINITIVAMENTE. Conforme a la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de garantías promovido contra la orden de clausura temporal de una obra, emitida por una autoridad municipal como medida de seguridad en la sustanciación de un procedimiento administrativo para determinar si representa riesgos para la salud y el medio ambiente. Lo anterior es así, pues la referida medida de seguridad constituye una determinación provisional, accesoria, sumaria y flexible, que tiene por objeto, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia; esto es, su objetivo consiste en tomar decisiones en virtud de la urgencia del caso, para evitar un riesgo o desastre que perjudique el interés público; luego, su efecto es transitorio, en virtud de que está a expensas de lo que se determine en el referido procedimiento y, por tanto, será la resolución definitiva que en él se dicte, la que constituya el acto susceptible de reclamarse por la vía de amparo indirecto."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el ********** el amparo en revisión número **********, consideró, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:

"SEXTO. Estudio del asunto. Los agravios primero y quinto, relacionados con la naturaleza irreparable de las órdenes de clausura decretadas como medidas de seguridad en procedimientos administrativos ambientales, son fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, exclusivamente en lo que se refiere a los mandamientos, orden de ejecución y ejecución de las clausuras temporales señaladas en la demanda de garantías como actos destacados; los restantes resultan inoperantes en una parte e infundados en otra. La ahora recurrente aduce en su agravio primero que el juzgador a quo obró indebidamente al sobreseer en el juicio en relación con los actos de clausura temporal total, reclamados de manera destacada en la demanda constitucional, porque la ejecución de dichos actos es susceptible de producir consecuencias de imposible reparación, lo que se constituye como una excepción a la regla de improcedencia aplicada con base en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo. Argumento que posteriormente complementa, en su agravio quinto, al señalar que dichos actos guardan autonomía en relación con el procedimiento administrativo del que provienen. Lo anterior es fundado. El principio de definitividad de la instancia, tratándose de actos emitidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por regla general exige, como condición de procedibilidad del juicio de amparo, que el agraviado espere al dictado de la ‘resolución definitiva’ que se emita en dicho procedimiento; sin embargo, dicha regla encuentra una excepción en el caso en que el acto intraprocesal, de llegar a ejecutarse, tenga consecuencias de imposible reparación, tal como sucede en el caso de la clausura temporal total impuesta, como medida de seguridad, en un procedimiento administrativo en materia ambiental, con fundamento en los artículos 161, fracción II, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Como premisa de lo anterior, es necesario dejar asentado que en términos del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el amparo contra actos emanados de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo puede promoverse contra la resolución definitiva; y en éste pueden reclamarse violaciones cometidas en la misma resolución o durante la secuela del procedimiento. No obstante, como acertadamente lo hace valer la parte recurrente, dicha regla admite excepciones. Una de ellas, identificada así por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se presenta cuando los actos reclamados, aunque intraprocesales, produzcan consecuencias de imposible reparación, ya que al respecto cobra aplicación, de manera complementaria, lo dispuesto en la fracción IV del propio artículo 114 de la Ley de Amparo, aplicado bajo el argumento de igualdad de razón. El criterio en cuestión lleva por rubro: ‘PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.’. El concepto de ‘imposible reparación’ o ‘ejecución irreparable’, como cualidad o característica de un acto de autoridad, que lo hace relevante para ser reclamado desde luego en el juicio de amparo, tradicionalmente ha sido asociado a los derechos sustantivos. En ese sentido, basta que con dichos actos puedan verse afectados de manera directa o inmediata y permanente, alguno de esos derechos para que el agraviado tenga la posibilidad de acudir a combatirlo, desde luego, en la vía de amparo sin necesidad de esperar el dictado de la resolución que ponga fin al procedimiento jurisdiccional del que proviene, ante el riesgo de que dicha afectación o sus efectos no sean destruidos aun cuando a la postre llegare a obtener una sentencia favorable a sus pretensiones. Sobre las anteriores bases, este tribunal considera, contra lo sostenido por el Juez a quo, que la clausura temporal (ya sea total o parcial) impuesta como medida de seguridad en términos de los artículos 161, fracción II, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, produce consecuencias de imposible reparación y, por ende, es susceptible de reclamarse desde luego en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva en el procedimiento administrativo del que proviene. Para justificar el anterior aserto es importante acudir al marco jurídico que regula la emisión de este tipo de actos, conformado por los artículos 159, 160, 161 y 162 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de los cuales se desprende, para lo que aquí interesa, que ante una denuncia de actos que puedan afectar los ecosistemas forestales, sus recursos o bienes y servicios ambientales asociados a éstos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente instaurará el procedimiento que corresponda, en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; que la autoridad ambiental tiene, entre otras atribuciones, la posibilidad de practicar visitas u operativos de inspección en materia forestal, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas aplicables y las demás disposiciones que de ellos se deriven; que cuando de dichas visitas u operativos de inspección resulte la existencia de riesgo inminente de daño o deterioro grave a los ecosistemas forestales, o cuando los actos, hechos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición del decomiso como sanción administrativa, se podrá aplicar alguna medida de seguridad, entre las que se encuentra la clausura temporal (parcial o total) de las instalaciones, maquinaria o equipos para el aprovechamiento, almacenamiento o transformación de los recursos y materias primas forestales o de los sitios o instalaciones en donde se desarrollen los actos que puedan dañar la biodiversidad o los recursos naturales; y que, finalmente, dicha medida de seguridad será retirada cuando el agraviado lleve a cabo las acciones necesarias para subsanar las irregula

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23513-bd94b1a8/clausura-provisional-dictada-en-un-procedimiento-administrativo-seguido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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