AMPARO INDIRECTO CONTRA LEYES. CUANDO EN EL JUICIO RELATIVO SE ESTIME ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, PORQUE EL ACTO DE APLICACIÓN RECLAMADO SE CONSINTIÓ O NO FUE EL PRIMERO, ANTES DE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEBE VERIFICARSE QUE NO EXISTE JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS PUES, DE SER ASÍ, NO OPERARÁ EL CITADO MOTIVO DE INEJERCITABILIDAD (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 104/2007 Y P./J. 105/2007).
AMPARO EN REVISIÓN 370/2010. 14 DE OCTUBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA. PONENTE: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO. SECRETARIO: ENRIQUE OROZCO MOLES.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los agravios de la quejosa son infundados, acorde con las siguientes consideraciones.
1. Del estudio y análisis de la sentencia recurrida de fecha once de octubre de dos mil diez, es concluyente que el juicio de amparo indirecto se sobreseyó porque la quejosa aseveró que el primer acto de aplicación de los artículos 1o., 2o., incisos D) y E), 2o. A y 2o. B de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se verificó el diecisiete de junio de dos mil diez, al enterar el pago provisional del mes de junio de ese año.
2. Se aprecia igualmente que la quejosa enteró pagos provisionales por concepto del impuesto federal por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil nueve.
3. El Juez de Distrito sobreseyó el juicio considerando que no se acreditó por la quejosa que el diecisiete de junio de dos mil diez se hubiera verificado el primer acto de aplicación, puesto que del análisis de las declaraciones de pagos provisionales relativas a los meses citados, es concluyente que el primer pago del tributo lo realizó el siete de julio de dos mil nueve, cuando enteró el pago provisional correspondiente al mes de abril de ese año.
4. Con base en ello se determinó sobreseer el juicio, porque si el primer acto de aplicación se realizó, como ya se precisó, el siete de julio de dos mil nueve, a partir de ese momento se empezaba a computar el plazo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, razón por la cual si la demanda, en el caso, se presentó el diecisiete de junio de dos mil diez, se verificó la causal de improcedencia y sobreseimiento del artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218. No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento."
De acuerdo con el artículo transcrito, la sentencia recurrida concluyó que los actos reclamados habían sido consentidos tácitamente y, por ello, se sobreseyó en el juicio.
Este Tribunal Colegiado, derivado de una lectura integral del recurso de revisión, se percata de que la recurrente en ningún momento controvierte la razón medular que el Juez de Distrito invocó para sobreseer el juicio.
Y es que en sus agravios, la recurrente expuso:
* Que el Juez de Distrito no entró al estudio de fondo.
* Que las causales de improcedencia no deben establecerse a través de presunciones, y que deben ser analizadas de manera exhaustiva.
* Que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permita, y sólo tienen las facultades que la propia ley les atribuye.
* Que las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado.
* Que para acreditar el interés legítimo basta con que haya afectado en forma personal el acto de autoridad para que sea procedente el amparo.
* Que al perjudicarle el acto gravemente, ello le faculta a acudir a solicitar amparo, sobre todo porque obran en el acto reclamado medios de convicción que demuestran perjuicios y daños irreparables.
* Que la responsable estaba facultada para llevar a cabo el control jurisdiccional sobre la autoridad.
* Que debieron justipreciar las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia comparadas con la instrumental de actuaciones.
* Que no se funda ni motiva la razón para llegar a la determinación a la que se arribó.
* Que no se valoraron los medios de prueba y nunca se percató de que las responsables emitieron el acto reclamado.
* Que no se entró al fondo argumentando causales que de ninguna manera resultan aplicables al caso.
* Que con la instrumental de actuaciones se acredita la existencia del derecho que se invocó como afectado.
* Que el pago del impuesto es inequitativo, desproporcionado y violatorio de la garantía de igualdad ante la ley.
* Que se queja de la inconstitucionalidad del impuesto especial sobre producción y servicios, porque le representa una carga impositiva que le causa un detrimento, ya que obtiene utilidades por la comercialización de gasolina y el impuesto resulta desproporcional a sus ganancias.
* Que es procedente que se le otorgue la suspensión de los actos reclamados.
Evidentemente, si el Juez de Distrito sobreseyó el juicio, es inconcuso que no estaba obligado a estudiar el fondo de la cuestión planteada y esa situación procesalmente regulada no configura violación alguna, como lo sostiene la recurrente.
Por otra parte, en lo tocante a que los actos reclamados se reconocieron como existentes por las autoridades, no le asiste razón a la recurrente, puesto que precisamente de los informes que rindieron las autoridades responsables se observa que éstas negaron su existencia, y en la sentencia recurrida claramente se hace el análisis correspondiente de las constancias de autos, de la siguiente manera:
"Tercero. No son ciertos los actos atribuidos al secretario de Hacienda y Crédito Público y delegado de Fiscalización de Ecatepec, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, consistentes en la aplicación y ejecución del decreto que adiciona y reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de noviembre de dos mil nueve, en específico los artículos 1o., 2o., incisos D) y E), 2o. A y 2o. B, que se traduce en el pago de dicho impuesto de diecisiete de junio de dos mil diez, lo anterior por así haberlo referido en sus respectivos informes justificados (folios 221 a 229). Además, del escrito de demanda se advierte que la quejosa manifestó que se auto liquidó el tributo a través del pago que efectuó el diecisiete de junio de dos mil diez. Asimismo, no son ciertos los actos reclamados del secretario de Gobernación, consistentes en la expedición y promulgación del decreto que adiciona y reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de noviembre de dos mil nueve, en específico los artículos 1o., 2o., incisos D) y E), 2o. A y 2o. B, por haberlo manifestado así en su informe justificado (foja 214), lo que se corrobora con el propio ordenamiento legal, del cual se advierte que corresponde a autoridades distintas la expedición y promulgación de éste. Atento a lo anterior, y en virtud de que no se demostró la certeza de los actos reclamados a las autoridades señaladas en esta consideración, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo se impone sobreseer en el juicio respecto de tales actos y de las autoridades antes precisadas. Sirve de apoyo a la anterior conclusión la jurisprudencia trescientos diez, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: ‘INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.’ (se transcribe)."
Así, es claro que en la sentencia recurrida se analizó debidamente la instrumental que menciona la recurrente como omitida, pues, el Juez tomó en consideración que en los informes justificados de las responsables: secretario de Hacienda y Crédito Público y delegado de Fiscalización de Ecatepec, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, así como el secretario de Gobernación, específicamente manifestaron que los actos que se reclamaban de ellas no existían.
Por tanto, no puede decirse que no se valoraron los medios de prueba, ya que se aludió con toda concreción a los informes que se rindieron y se valoró su contenido en el sentido de negar la existencia de los actos reclamados, por lo que se verificaba el supuesto del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, que precisa:
"Artículo 74. Procede el sobreseimiento: ... IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley."
Valorar de la manera destacada la inexistencia de los actos reclamados cumple con las reglas de la sana crítica que invoca la recurrente, pues las autoridades responsables negaron la existencia del acto y, además, en el fallo recurrido se aprecia que la propia actora, a requerimiento del Juez de Distrito, manifestó que impugnaba los actos reclamados únicamente por sus actos de aplicación.
Así es, en la sentencia recurrida, en su resultando tercero, se lee:
"Tercero. Previa ratificación de firma, mediante proveído de catorce de julio de dos mil diez, se requirió nuevamente a la parte quejosa para que proporcionará su domicilio fiscal; precisara si era su deseo señalar como acto reclamado la adición del artículo 19, fracción XXII, de uno de julio del año en curso y la publicación, por parte del Servicio de Administración Tributaria, de las reglas generales a que se refiere el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, así como la inconstitucionalidad de éstos y, en su caso, señalara como autoridades responsables a las que intervinieron en el proceso legislativo, la fecha de publicación y cuando entró en vigor. Del mismo modo, se previno para que la peticionaria de amparo señalara si combate las disposiciones legales en cita por su sola vigencia o con motivo de un acto concreto de aplicación, precisando en qué acto consiste dicha aplicación, qué autoridad lo realizó, si fue el primer acto donde se le aplicaron los ordenamientos reclamados o hubo anteriores o posteriores. Mediante escrito con registro de correspondencia 10736 (foja 191), la parte promovente desahogó la prevención formulada manifestando lo siguiente: ‘... 2. Que no reclamo la inconstitucionalidad del IESPS por su sola vigencia sino sólo y únicamente por su acto de aplicación, por que dichos artículos que reclamo de inconstitucionales son de carácter autoaplicativo por que dicho impuesto (sic) mi representada lo tiene que autodeterminar de acuerdo a las ventas de combustible siendo el caso que para el mes de junio del día diecisiete se pagó la cantidad de cuarenta y un mil doscientos veinte pesos moneda nacional, en el entendido de que mi representada ha venido pagando en forma mensual dicho impuesto con la salvedad de que este impuesto va en aumento en forma gradual motivo por el cual el pago que realizó mi representada el día 17 de junio de 2010 es el primer acto de aplicación con la tasa correspondiente al mes de junio del dos mil diez ... 5. Que no es mi deseo reclamar como acto reclamado la adición del artículo 19, fracción XXII, de uno de julio del dos mil diez y su publicación por parte del Servicio de Administración Tributaria de las reglas generales a que se refiere el artículo 20 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y no reclamo su inconstitucionalidad ...’."
Por ello, si cuando el quejoso fue requerido para que expresara si controvertía la ley, ya sea por su sola vigencia o por sus actos de aplicación, y explícitamente manifestó que su impugnación la estructuró solamente por actos de aplicación, consistentes en el pago que él mismo realizó de los enteros mensuales provisionales del tributo, con esa manifestación, concatenada y sopesada con los informes de las autoridades en los que se negaba la existencia de los actos reclamados, es evidente que los agravios del recurso que pretenden demostrar una violación a la valoración de pruebas son infundados, por las razones glosadas anteriormente.
Los actos atribuidos al secretario de Hacienda y Crédito Público y al delegado de Fiscalización en Ecatepec, de la Secretaría de Finanzas del Estado de México y al secretario de Gobernación, son inexistentes, como ya se dijo son inexistentes, primero porque el actor, al dar respuesta al requerimiento que le formuló el Juez de Distrito, expresó minuciosamente que impugnaba el impuesto por actos de autoaplicación, en especial los que realizó cuando enteró los pagos provisionales de dicho gravamen.
En ese sentido, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el delegado de Fiscalización de Ecatepec de la Secretaría de Finanzas del Estado de México negaron la existencia del acto consistente en la aplicación y ejecución del decreto que adiciona y reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, esa negativa bastaba para concluir que los actos de dichas autoridades no existían, lo cual además del soporte legal que confiere el artículo 74 de la Ley de Amparo, se ve reforzado por la manifestación del quejoso referente a que controvirtió la ley autoaplicativamente por los actos del entero correspondiente a los pagos provisionales mensuales.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación negó la existencia del acto consistente en la expedición y promulgación del decreto que adiciona y reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, lo que se corroboró, en aseveración del Juez de Distrito, con el propio ordenamiento legal del que se advirtió que correspondieron a autoridades distintas su expedición y promulgación.
Tan es así lo expuesto en el párrafo anterior, que en la sentencia recurrida se precisó que los actos reclamados eran ciertos por lo que toca a las autoridades que si los expidieron, en los siguientes términos:
"Cuarto. Son ciertos los actos reclamados, respectivamente, al Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores; del presidente de la República y del director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del decreto que adiciona y reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de noviembre de dos mil nueve ..."
Por lo que toca a la fundamentación y motivación en que descansa la sentencia recurrida, la misma es explícita porque se invocan, entre otros preceptos, el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece que un acto se entiende consentido tácitamente si no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos que señalan sus artículos 21, 22 y 218.
Se lee en el fallo recurrido, lo siguiente:
"Para probar la eficacia del argumento que antecede, se destaca que en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo se dispone: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). La causa de improcedencia prevista en el numeral inserto, consiste en la presunción del consentimiento del acto reclamado por el quejoso, por haber omitido instaurar la acción constitucional dentro de los plazos previstos para tal efecto en la Ley de Amparo. Al respecto se invoca la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364, Tomo IX, del mes de junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: ‘CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.’ (se transcribe). En el caso que nos ocupa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 21 de la ley citada."
Y destacado todo ello, debe ponerse de relieve que el recurrente en ningún momento estructura agravio alguno que destruya la conclusión del Juez de Distrito por lo que hace a que los actos reclamados se consintieron tácitamente, en términos del artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, por no interponer el amparo indirecto dentro del término de quince días que demarca el artículo 21 del cuerpo normativo que nos ocupa.
En este orden, aun cuando el recurrente alegue que tiene interés legítimo para controvertir los actos reclamados, lo cierto es que no basta con manifestarse agraviado por la aplicación de un tributo para que la demanda de amparo indirecto prospere; es indispensable que la misma se interponga dentro del término legal que para esos efectos ha establecido el legislador.
Es el caso que aun cuando el actor aduzca una serie de razones por las que estima que el impuesto es ruinoso y excesivo, al momento de enterar los pagos provisionales mensuales con base en los artículos 1o., 2o., incisos D) y E), 2o. A, fracción I, y 2o. B, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, esos discernimientos por sí solos no le confieren procedencia a una demanda que se interpuso fuera del término de quince días que la ley de manera claramente establece para casos como éste.
Ello es así, porque primero se debe reunir el requisito de oportunidad en la presentación de la demanda e inmediatamente analizar los demás requisitos de procedencia, pero si, como aconteció, la demanda de amparo indirecto no fue oportuna, es innecesario pronunciarse respecto de los demás requisitos procedimentales y, con mayor razón, los de fondo, pues la demanda es extemporánea.
Esa extemporaneidad decretada por el Juez de Distrito es el sustento de la sentencia recurrida, y como argumento medular del fallo, el recurrente debe derrotar esa conclusión con el medio de defensa que se agota en contra del fallo, de suerte que si no se estructura agravio alguno sobre el tema, el sentido del fallo prevalece.
En ninguna parte del recurso de revisión se contiene alguna argumentación que destruya la conclusión de que el primer acto de aplicación de los preceptos que se controvirtieron en la demanda de amparo indirecto, no se hayan aplicado por primera vez el siete de julio de dos mil nueve, con el entero del pago provisional del mes de abril de dos mil nueve.
Si el argumento toral para sobreseer el juicio fue que el primer acto de aplicación se concretó el siete de julio de dos mil nueve, y que de esa fecha a la de presentación de la demanda, el diecisiete de junio de dos mil diez, transcurrieron más de los quince días que para interponer la demanda correspondiente delimita el artículo 21 de la Ley de Amparo, ese razonamiento era el que debía ser impugnado de manera específica por el recurrente, cosa que no hizo.
Por lo tanto, esa consideración de la sentencia recurrida debe declarase firme, tal y como lo acota la tesis de jurisprudencia 1a./J. 62/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor:
"REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme."(5)
También se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisa:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado."(6)
Los agravios en que se asevera que el impuesto especial sobre producción y servicios es inconstitucional, que el entero del mismo es inequitativo y que las autoridades sólo pueden realizar lo que les permite la ley, son inatendibles, porque se refieren al fondo de la cuestión planteada y, como se ha analizado, el juicio se sobreseyó.
Sobre este tópico, se acude al criterio jurisprudencial 2a./J. 52/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que delimita el siguiente mandato:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo."(7)
SÉPTIMO. Independientemente de la inoperancia decretada en el considerando anterior, de acuerdo con la jurisprudencia en materia de amparo contra leyes y suplencia de la queja es necesario verificar si no se está en los supuestos de excepción de inaplicabilidad de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, conforme a lo que se expondrá.
Es de considerar que el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, obliga a este Tribunal Colegiado a suplir la queja de oficio,(8) si los preceptos reclamados en amparo indirecto han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Efectivamente, el tramo normativo invocado estatuye:
"Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia."
A propósito de lo anterior, es de aplicar la jurisprudencia P./J. 6/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISIÓN. El citado precepto establece que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin expresar que opere sólo en cierto tipo de amparos, por lo que es dable interpretar que dicho beneficio procesal resulta aplicable en los juicios de amparo directo y en los indirectos, en primera instancia o en revisión, tal como se sostuvo en la exposición de motivos del proceso legislativo que culminó con la reforma del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951."(9)
Esto significa que aun cuando el sobreseimiento del juicio de amparo indirecto se encuentre apegado a derecho, este Tribunal Colegiado debe cerciorarse de que los preceptos que se invocaron por el quejoso como violados no han sido declarados inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo obliga a ello.
Cuando un precepto se declara inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si un quejoso interpone una demanda de amparo indirecto y no se trata del primer acto de aplicación, o éste ha sido consentido, la jurisprudencia del Alto Tribunal indica que eso no es obstáculo para que en suplencia de la queja se conceda el amparo al quejoso, por la aplicación de esos preceptos previamente declarados inconstitucionales, pero no por un estudio de fondo, sino por la aplicación de la jurisprudencia respectiva.
La declarativa de inconstitucionalidad prevalece de tal manera que, aun cuando el amparo indirecto se sobresea por consentimiento tácito, en suplencia de queja, si los artículos son declarados inconstitucionales se tiene que conceder el amparo aplicando directamente la jurisprudencia correspondiente, sin que ello signifique realizar un estudio de fondo.
La jurisprudencia del Alto Tribunal permite concluir que aun en casos en que los primeros actos de aplicación se hayan consentido y el amparo se sobresea, si los artículos controvertidos han sido declarados inconstitucionales, en suplencia de la queja se debe aplicar la jurisprudencia relativa y, derivado de esa aplicación, conceder el amparo.
En resumen, si un precepto se declara inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el amparo interpuesto en contra de ese precepto es improcedente, por la razón que sea, la declarativa de inconstitucionalidad citada obliga a suplir la queja y, en su caso, a conceder el amparo por aplicación directa de la jurisprudencia correspondiente.
Pero debe aclararse, que esa misma suplencia opera en sentido contrario; esto es, si un juicio de amparo indirecto es sobreseído y los preceptos combatidos han sido declarados inconstitucionales, se debe suplir la queja, pero para precisar que esos dispositivos ya han sido materia de un pronunciamiento en el sentido de ser constitucionales.
La suplencia de la queja opera en dos sentidos cuando un amparo contra leyes es sobreseído y se confirma el sobreseimiento en revisión, como se explica a continuación:
1. Si los preceptos combatidos han sido declarados inconstitucionales, aun cuando se hubiera sobreseído el juicio y este sobreseimiento se confirme, en suplencia de la queja se debe conceder el amparo en aplicación directa de la jurisprudencia correspondiente.
2. Si los preceptos combatidos han sido declarados constitucionales y se confirma el sobreseimiento, en suplencia de la queja se debe precisar que los dispositivos son constitucionales, también aplicando directamente la jurisprudencia correspondiente.
El esquema señalado no implica que en suplencia se realiza un estudio del fondo, lo que se estudia en suplencia es si existe o no jurisprudencia que declare inconstitucionales los preceptos que se combatieron en el amparo y, en el presente caso, lo que se aprecia es que respecto de esos preceptos existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los declara constitucionales.
El objetivo de la suplencia de la queja es determinar si existe o no jurisprudencia que d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23729-187ec139/amparo-indirecto-contra-leyes-cuando-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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