ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA EXCUSA ABSOLUTORIA QUE ESTABLECE EN RELACIÓN CON EL DELITO DE ROBO, REQUIERE PARA SU ACTUALIZACIÓN QUE NO HAYAN INTERVENIDO DOS O MÁS PERSONAS EN SU COMISIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 453/2011. SUSCITADA ENTRE EL TERCER Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE MAYO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: HORACIO NICOLÁS RUIZ PALMA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal se reformó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y, actualmente, establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.
Sin embargo, lo anterior no implica que, a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que, a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito continuarán tramitándose hasta su resolución final, conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.
Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que, realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional; máxime que a la fecha no se ha integrado, formal ni materialmente, el Pleno del Primer Circuito.
La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulta innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esta naturaleza estaría supeditado a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.
En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializados o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Primer Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma- y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. Legitimación. Como ya se adelantó, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues se formuló por los Magistrados integrantes y por la secretaria en funciones de Magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo; órgano jurisdiccional que, al resolver el amparo directo **********, sustentó uno de los criterios enfrentados.
TERCERO. Posturas contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:
I. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número **********, estimó que no obstante de encontrarse acreditado el cuerpo del delito de robo, así como la responsabilidad del quejoso en su comisión, se actualiza la excusa absolutoria prevista por el artículo 248 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal,(1) ya que: a) el valor de lo robado no excede de cincuenta veces el salario mínimo vigente en la época en que se cometió el delito; b) los objetos robados fueron restituidos de manera espontánea por el agente antes de que el Ministerio Público tuviera conocimiento de los hechos; c) el antisocial se cometió sin violencia y con la sola intervención del quejoso; d) se trata de delincuente primario; y, e) se tuvo por satisfecha la reparación del daño y respecto de los perjuicios se le absolvió por no existir elementos para su cuantificación. Por tal motivo, concedió el amparo para el efecto de que la Sala responsable emitiera una nueva resolución, en la que no impusiera pena alguna al impetrante de garantías.
Los antecedentes que tomó en cuenta para resolver de esa manera fueron:
1. El agente del Ministerio Público ejerció acción penal en contra de **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo, previsto y sancionado por los artículos 220, primer párrafo, fracción II, en relación con el 17, fracción I, ambos del entonces Nuevo Código Penal para el Distrito Federal.
2. Correspondió conocer del asunto al Juez Cuadragésimo de Paz Penal del Distrito Federal, quien dictó resolución en la que impuso al sentenciado una pena privativa de la libertad de seis meses y una sanción pecuniaria de sesenta días multa; lo absolvió respecto del daño moral, así como de los perjuicios. El Juez de instancia le concedió el beneficio de la sustitución de la pena de prisión por multa y, de manera optativa, la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
3. Esa sentencia fue apelada por el sentenciado y la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal confirmó el fallo.
4. ********** promovió amparo directo, en el que planteó diversas cuestiones relacionadas con la valoración de las pruebas. Al respecto, el Tribunal Colegiado resolvió, en lo que al caso concierne, lo siguiente:
"Es infundado lo argumentado por el ahora quejoso, en el sentido de que no se acredita el elemento subjetivo específico diferente al dolo, consistente en el ánimo de dominio, pues como bien se asienta en la sentencia reclamada, de las declaraciones de los testigos de hechos ********** y ********** se desprende claramente que el peticionario de garantías, al apoderarse de un disco compacto de título **********, marca **********, y un DVD marca **********, de título **********, que se encontraban a la venta dentro de la tienda **********, se salió de la misma llevando consigo los objetos escondidos dentro de su ropa sin realizar el pago correspondiente, y que, al ser detenido momentos después, se le encontró en su poder dichos objetos, lo cual permite concluir que **********, desde el momento en que tuvo en su poder el disco compacto y un DVD, evidenció su intención de poseerlos de manera permanente y no temporal, teniendo el ánimo de ejercer de hecho sobre dichas cosas todas las facultades que a la propietaria le competen de derecho, esto es, tenía el ánimo de conducirse respecto de los mismos como si fuese su legítimo propietario, consumando de esta forma el delito de robo.
"...
"No obstante lo anterior, la Sala responsable dejó de observar lo establecido por el artículo 248 del Nuevo Código Penal vigente para el Distrito Federal, el cual establece: ‘No se impondrá sanción alguna por los delitos previstos en los artículos 220, en cualquiera de las modalidades que se refieren las fracciones I, III y IX del artículo 224, 228, 229, 230, 232, y 234; cuando el monto o valor del objeto, lucro, daño o perjuicio no exceda de cincuenta veces el salario mínimo; despojo a que se refiere el artículo 237 fracciones I y II, siempre y cuando no se cometan con violencia física o moral y no intervengan dos o más personas y 239, todos ellos cuando el agente sea primodelincuente, si éste restituye el objeto del delito o satisface los daños y perjuicios o, si no es posible la restitución, cubra el valor del objeto y los daños y perjuicios, antes de que el Ministerio Público ejercite acción penal, salvo que se trate de delitos cometidos con violencia por personas armadas o medie privación de la libertad o extorsión.’
"Del precepto transcrito se desprende una excusa absolutoria, esto es, en dichos casos el legislador ha considerado conveniente que no se imponga una pena, a pesar de darse una acción típica, antijurídica y culpable.
"Al respecto, resulta aplicable, en lo esencial, el criterio jurisprudencial sustentado por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXX, página 408, del tenor literal siguiente: ‘EXCULPANTES DE RESPONSABILIDAD PENAL (LEGISLACIÓN DE DURANGO). El código de la materia comprende, define y detalla aquellos actos que constituyen infracciones penales, y a la vez, sanciona con las penas que estatuye, pero, en los casos que prevé exonerar de responsabilidad al sujeto activo de esa infracción, colocándolo en las situaciones de haber obrado en causas, ya de imputabilidad o de justificación, o bien, por concurrir en su favor una excusa absolutoria, y en las cuales los declara exentos de responsabilidad, según el capítulo IV, título primero, libro primero del citado cuerpo de leyes; en consecuencia, una cosa es el delito en sí mismo considerado, y otra muy distinta la exoneración de la responsabilidad en la persona del que lo cometió, y por lo tanto es un error establecer que la comprobación de alguna de esas causas trae consigo la inexistencia del delito.’
"Siendo aplicable al caso la tesis jurisprudencial número P./J. 11/2002, visible a fojas 592 del Tomo XV, febrero de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, que a la letra dice: ‘EXCUSAS ABSOLUTORIAS Y EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD. SUS DIFERENCIAS. Las excusas absolutorias son causas que al dejar subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho tipificado como delito en la ley, impiden la aplicación de la pena, es decir, son aquellas en las que aun cuando se configure el delito, no permiten que se sancione al sujeto activo en casos específicos; en tanto que las excluyentes de responsabilidad se caracterizan por impedir que ésta surja. En otras palabras, en las citadas excluyentes la conducta tipificada en la ley no es incriminable desde el inicio; mientras que en las excusas absolutorias la conducta es incriminable, pero no sancionable, consecuentemente no relevan al sujeto activo de su responsabilidad en la comisión de la conducta típica, sino que determinan su impunibilidad.’
"Este tribunal advierte que, en el caso, la conducta del quejoso **********, a quien se le consideró un grado de culpa mínimo, se adecua a lo previsto por el artículo 248 del Nuevo Código Penal vigente, por las siguientes circunstancias: a) El valor de lo robado de cuatrocientos cincuenta pesos (según dictamen oficial) no excede de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en la época en que se suscitaron los hechos, que era de **********. b) El disco compacto y el DVD afectos a la causa fueron restituidos por el quejoso en forma espontánea, es decir, al instante en que los empleados de la tienda ********** y ********** se dirigieron al peticionario de garantías fuera de la tienda y le preguntaron por el ticket de pago de las cosas que llevaba, éste procedió a sacar de entre sus ropas los objetos y entregarlos; hecho que se corrobora con el propio dicho de ambos empleados de la tienda **********, quienes dijeron que el inculpado sacó de entre sus ropas el disco y el DVD. c) La conducta antijurídica se realizó sin que existiera algún tipo de violencia por parte del activo y con la sola intervención del quejoso, lo que se corrobora con el dicho de los dos empleados de la tienda ********** y **********. d) La restitución de los objetos del delito se llevó a cabo sin que la autoridad competente, es decir, el Ministerio Público, tuviese conocimiento de los hechos, ya que, al acudir los elementos de seguridad pública al llamado de auxilio por parte de los empleados de la tienda, el presunto responsable ya había entregado los objetos afectos a la causa, lo que se corrobora con la declaración del policía ********** y de los empleados de la tienda ********** y **********. e) Así también debe decirse que de su ficha signalética que obra a foja 165 del proceso se advierte que el ahora quejoso no contaba con antecedentes penales, por lo que se le consideró primodelincuente. f) Por último, respecto de los daños, **********, la Sala tuvo por satisfecha la reparación por haberse devuelto los objetos del delito, y respecto de los perjuicios se absolvió, porque no hubo elementos para su cuantificación. En tales condiciones, no obstante haberse acreditado el cuerpo del delito de robo, como la responsabilidad del quejoso en su comisión, y de resultar infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso en esos aspectos, este tribunal, en suplencia de la queja, al advertir que se actualiza la excusa absolutoria a que se refiere el artículo 248 del Nuevo Código Penal vigente para el Distrito Federal, estima que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al peticionario de garantías, para que la Sala responsable emita diversa sentencia, dejando subsistentes los aspectos del cuerpo del delito y plena responsabilidad, considere la actualización de la excusa absolutoria y prescinda de imponer pena alguna al quejoso. ..."
El referido cuerpo colegiado reiteró ese criterio al resolver los amparos directos **********, **********, **********, ********** y **********; de esas resoluciones derivó la jurisprudencia I.6o.P. J/15, de rubro: "EXCUSA ABSOLUTORIA EN EL DELITO DE ROBO. SE ACTUALIZA CUANDO SE REÚNEN LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 248 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EXISTA UNA CONDUCTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA Y CULPABLE.",(2) criterio que fue aplicado en las ejecutorias dictadas en los amparos uniinstanciales **********, **********; **********, **********, ********** y **********; así como en los amparos en revisión ********** y **********, del índice del propio órgano jurisdiccional.
II. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, sostuvo que fue correcta la determinación del tribunal de apelación de tener por comprobado el delito de robo simple, así como la responsabilidad penal de los quejosos en su comisión; sin embargo, en suplencia de la queja, consideró actualizada la excusa absolutoria prevista por el artículo 248 del Código Penal para el Distrito Federal, al advertir lo siguiente: a) el valor de lo robado no excede de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en la época de los hechos; b) el objeto del delito fue restituido por los quejosos; c) se tuvo por satisfecha la reparación del daño y se les absolvió de la reparación del daño moral, al no existir elementos para acreditar su existencia; además, la empresa no reclamó de forma expresa el pago de daños y perjuicios; d) los agentes son primodelincuentes; y, e) el delito no se cometió con violencia a través de armas, privación de la libertad ni extorsión. El Tribunal Colegiado destacó que el mencionado precepto 248 del referido código punitivo, si bien hace referencia a que en la comisión del ilícito no deben intervenir dos o más personas, esa limitante corresponde al delito de despojo y no al ilícito de robo. En esas condiciones, concedió el amparo para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente el acto reclamado y dictara una nueva sentencia en la que estimara actualizada la excusa de mérito.
Los antecedentes que tomó en cuenta para fallar el asunto en los anteriores términos son:
1. El agente de Ministerio Público ejerció acción penal en contra de ********** y **********, por el delito de robo, previsto y sancionado por el artículo 220, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal.
2. La Juez Trigésimo Primero de Paz Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictó fallo condenatorio, el cual fue apelado por los sentenciados.
3. Ese recurso fue resuelto por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, órgano jurisdiccional que, mediante sentencia de diez de agosto de dos mil once, modificó el fallo de primer grado para imponer a ********** y ********** una pena privativa de la libertad de seis meses, así como una multa de sesenta días; la Sala Penal les otorgó el beneficio de sustitución de la pena de prisión a su elección: por multa, trabajo a favor de la comunidad, tratamiento en libertad o semilibertad; opcionalmente, les concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ese pronunciamiento constituyó el acto reclamado en el amparo directo promovido por los sentenciados.
4. El Tribunal Colegiado declaró infundado el único concepto de violación esgrimido por los quejosos y, en suplencia de la queja, advirtió la actualización de la excusa absolutoria, prevista por el artículo 248 del Código Penal para el Distrito Federal, por lo que concedió el amparo solicitado.
Las consideraciones de la ejecutoria son las siguientes:
"... De ahí que el concepto de violación único es infundado, en contravención a lo expuesto por los disconformes, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, el enlace natural entre la verdad conocida y la que se busca, la autoridad responsable apreció en conciencia los medios de convicción que en conjunto adquieren valor de prueba plena, de conformidad con el dispositivo 261 del repetido Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, con los cuales concluyó tener por comprobado el delito de robo simple, así como la responsabilidad penal de los ahora quejosos en su comisión, atento a la dinámica de los acontecimientos, sin prueba fehaciente en contrario. Al respecto, es oportuno citar la jurisprudencia doscientos setenta y cinco, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos, Tomo II, Penal, Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado.’. También la jurisprudencia 276 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página doscientos uno, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, registro 904257, de contenido: ‘PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, qué parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión.’. Sin que, en la especie, se haya violado lo establecido en el precepto 17 constitucional, ya que este órgano jurisdiccional considera que la sentencia impugnada sí cumple con lo estipulado en dicho numeral, pues se abarcaron todos los aspectos debatidos sometidos a la jurisdicción de la autoridad responsable, y se emitió la resolución donde se determinó que no le asiste la razón a la justiciable; asimismo, tal sentencia fue apegada a derecho, sin que se advierta favoritismo sobre alguna de las partes ni arbitrariedades en su sentido. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 192/2007 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página doscientos nueve, Tomo XXVI, octubre de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 171257, de contenido: ‘ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de «resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.’
"En otro aspecto, este Tribunal Colegiado advierte, en supleción de la queja deficiente, de conformidad con el arábigo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo que, en el presente caso, se encuentra actualizada la excusa absolutoria, prevista en el artículo 248 del Código Penal para el Distrito Federal.
"En efecto, se estima que la Sala ad quem no aplicó lo dispuesto por el dispositivo 248 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual establece: ‘... No se impondrá sanción alguna por los delitos previstos en los artículos 220, en cualquiera de las modalidades a que se refieren las fracciones I, III y IX del artículo 224, 228, 229, 230, 232 y 234; cuando el monto o valor del objeto, lucro, daño o perjuicio no exceda de cincuenta veces el salario mínimo; despojo a que se refiere el artículo 237, fracciones I y II, siempre y cuando no se cometan con violencia física o moral y no intervengan dos o más personas y 239, todos ellos cuando el agente sea primodelincuente, si éste restituye el objeto del delito o satisface los daños y perjuicios o, si no es posible la restitución, cubra el valor del objeto y los daños y perjuicios, antes de que el Ministerio Público ejercite acción penal, salvo que se trate de delitos cometidos con violencia por personas armadas o medie privación de la libertad o extorsión.’
"De lo transcrito se advierte que el mencionado precepto establece una excusa absolutoria, esto es, casos en que el legislador ha considerado conveniente que no se imponga una pena, a pesar de darse una acción típica, antijurídica y culpable. La excusa absolutoria implica que sí existió una conducta típica y el respectivo delito (sus elementos y la responsabilidad del agente) pero, por determinadas razones de política criminal, el legislador consideró que no debía aplicarse la pena establecida para ese delito; esto es, son causas que dejando subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho tipificado como delito en la ley, impiden la aplicación de la pena, así, las excusas absolutorias no relevan a los activos de su responsabilidad en la comisión de la conducta típica, sino que determinan su impunibilidad.
"Así, conforme al citado numeral 248 del código punitivo en comento, para que opere la señalada excusa absolutoria, se requiere: 1) que el valor del objeto del delito no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en la época de los hechos; 2) el objeto del delito sea restituido a su propietaria, previo a que la representación social ejerza la acción penal correspondiente; 3) si no es posible la restitución, cubrir el valor del objeto, además de los de daños y perjuicios que con la conducta se pudo haber ocasionado; 4) el agente del delito sea primodelincuente; y, 5) no medie en la comisión del ilícito violencia a través de personas armadas, privación de la libertad o extorsión.
"Ahora bien, en el caso particular, se considera que se actualiza la excusa absolutoria establecida en el referido artículo 248 del Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que del análisis de las constancias del proceso penal instaurado en contra de los aquí quejosos se advierte lo siguiente:
"a) El valor de lo robado no excede de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en la época de los hechos, que era de **********, esto es, la cantidad de **********, porque según el dictamen pericial en materia de valuación, al que la Sala responsable otorgó valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 254 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el valor del objeto materia del ilícito es de **********.
"b) El objeto del delito fue restituido por los quejosos, según se desprende de lo manifestado por el elemento de seguridad privada de la moral ofendida, **********, quien indicó: ‘... después de que los sujetos de cuenta egresaron de la tienda y avanzaron cerca de 3 tres metros, el deponente y ********** los interceptaron, al igual que les requirieron el respectivo ticket de compra, negando ********** haber adquirido mercancía alguna; que no obstante, al solicitarle nuevamente ese comprobante, reiterándoles tal mujer lo anterior, le pidieron que les mostrara lo que había al interior de aquella bolsa, razón por la que la misma admitió haber sustraído la playera, sin realizar ningún pago ...’; de lo que se advierte que el bien mueble objeto del delito se recuperó y restituyó a la empresa ofendida, según constancia visible a foja 48 de la causa penal; todo ello antes de que la representación social ejerciera la acción penal y, además, en la sentencia reclamada, si bien se condenó a la reparación del daño, dicho concepto se tuvo por satisfecho e igualmente se absolvió de la reparación del daño moral, por no existir elementos para acreditar su existencia y menos su cuantificación.
"c) Que si bien los quejosos no pagaron los daños y perjuicios que con su conducta pudieron haber oc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23731-a00e52ff/articulo-248-del-codigo-penal-para-el-distrito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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