SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. CORRESPONDE AL QUEJOSO MANIFESTAR EN LA DEMANDA DE AMPARO LO REFERENTE A SU SITUACIÓN ECONÓMICA PARA SER TOMADA EN CUENTA AL MOMENTO EN QUE SE FIJE EL MONTO DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.
QUEJA 58/2010. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ MANUEL TORRES PÉREZ. SECRETARIA: HILDA TAME FLORES.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los agravios que expresa el recurrente ********** por su propio derecho son fundados, supliendo en su favor la deficiencia de la queja conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.
Previamente este Tribunal Colegiado advierte que el Juez de Distrito en la resolución que constituye la materia del recurso de queja concedió la suspensión provisional en cuanto a los actos reclamados que hizo consistir en la "posible" orden de aprehensión y la ejecución material de la misma, atribuidos a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo de Distrito en el Estado de Puebla y otras, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, que el quejoso no sea privado de su libertad personal siempre y cuando el delito imputado no se trate de aquellos que por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder la referida medida suspensional; o bien, si dicha orden ya se ejecutó, para el único efecto de que, lograda la aprehensión del solicitante del amparo, quede a disposición del Juez Federal que se avoque al conocimiento del asunto (toda vez que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla al haber sido designado autoridad responsable se declaró incompetente para conocer del aludido juicio de garantías), en el lugar de su reclusión por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa instaurada en su contra para la continuación de la misma; fijándole una garantía por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos en cualquiera de las formas establecidas por la ley para que surta efectos la suspensión provisional concedida.
Ahora bien, el recurrente de acuerdo a su escrito de queja únicamente se inconforma respecto de la garantía fijada para que surta efectos la medida suspensional, por lo que en ese sentido, este órgano colegiado únicamente se avoca al estudio del monto fijado; y en ese tenor, deben quedar intocadas las demás medidas establecidas en el auto materia de la queja para que tenga eficacia la referida suspensión provisional otorgada.
En efecto, el recurrente considera que el monto fijado por el Juez de Distrito por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos en cualquiera de las formas establecidas por la ley, para que surta efectos la suspensión provisional que le fue otorgada respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, es excesivo y no asequible, máxime que no se tomó en consideración su situación económica, siendo fijado el monto aludido bajo un supuesto prudente arbitrio que demuestra que el acceso a la Justicia de la Unión sólo es para las personas de poder económico muy elevado, quienes son las únicas que podrían pagar una garantía por dicho importe.
A ese respecto, del texto íntegro del artículo 124 Bis de la Ley de Amparo, se advierte que los elementos que el Juez de Distrito debe tomar en cuenta para fijar el monto de la garantía, son:
1. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso;
2. La situación económica del quejoso, y;
3. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia.
En el caso, el referido Juez Federal en el auto impugnado, fijó el monto de la garantía, en forma discrecional y basándose en su prudente arbitrio, ya que precisó no contar con los elementos que establece el artículo 124 Bis de la Ley de Amparo, razón por la cual decretó la cantidad de ciento cincuenta mil pesos en cualquiera de las formas establecidas por la ley como garantía para que surtiera efectos la medida suspensional; lo que este tribunal considera no resulta apegado a derecho, dado que al momento de decretar la medida cautelar carecía de elementos que le permitieran conocer la naturaleza, modalidades y características del delito que se le imputa al quejoso, aquí inconforme, ni la de su situación económica, motivo por el cual, es claro que dicha cantidad resulta excesiva, pues representa el importe de más de dos mil setecientos cincuenta días de salario mínimo vigente en la región (cincuenta y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos), lo que significa un ingreso aproximado de siete años, seis meses de trabajo, lo cual resulta desproporcionado tomando en cuenta que se desconoce la capacidad económica del quejoso **********.
En otro aspecto, debe decirse que el quejoso se duele en sus agravios de que el a quo, en el auto impugnado, para fijar la garantía que debería exhibir para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida, no tomó en cuenta su situación económica; sin embargo, aunque es acertado este argumento, no debe soslayarse el hecho de que le correspondía al propio peticionario de garantías informar al Juez de amparo respecto de su situación económica, a efecto de que la tomara en consideración al momento de cuantificar el importe que debería aportarse para que surtiera efectos la medida suspensional, y si no cumplió con tal obligación, el a quo hizo uso de su facultad discrecional para determinarla.
En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis aislada VI.1o.P.241 P, sustentada por esta potestad federal, la cual aparece publicada en la página 1902 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, correspondiente a la Novena Época, intitulada:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁ A CARGO DEL QUEJOSO MANIFESTAR EN LA DEMANDA DE AMPARO LO REFERENTE A SU SITUACIÓN ECONÓMICA PARA SER TOMADA EN CUENTA AL MOMENTO EN QUE SE FIJE LA GARANTÍA RESPECTIVA.-El artículo 124 Bis de la Ley de Amparo establece, para la efectividad de la suspensión concedida contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, que se exija al quejoso una garantía, cuyo monto se fijará tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, su situación económica y la posibilidad de que el impetrante se sustraiga de la acción de la justicia; sin embargo, tratándose de la suspensión provisional contra una orden de aprehensión, el Juez de Distrito debe fijar el monto de la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, y si de ella no se desprenden datos sobre la situación económica del quejoso, hará uso de su facultad discrecional para determinarla pues, en este aspecto, corresponde al peticionario de garantías proporcionar dicha información."
En tal virtud, en aras del principio de celeridad que rige a la institución suspensiva, este Tribunal Colegiado, atendiendo a los elementos a que alude el artículo 124 Bis de la Ley de Amparo y toda vez que en la especie se desconoce la naturaleza, modalidades y características de los ilícitos imputados al quejoso, hoy recurrente, así como su situación económica, además de que no se desprende de autos que se encuentre acreditada la posibilidad de que pretenda sustraerse a la acción de la justicia; por tanto, en forma discrecional se fija al solicitante del amparo como monto de la garantía para que siga surtiendo efectos la suspensión provisional concedida, la cantidad de diez mil pesos, y a satisfacción del juzgado federal en cualquiera de las formas establecidas por la ley.
Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 75, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Actualización 2001, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguientes:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA.-El análisis sistemático de los artículos 124, 130, 95, fracción XI, 97, fracción IV, 99, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, que respectivamente determinan la naturaleza de la suspensión provisional de los actos reclamados, así como las reglas de procedencia, tramitación y resolución del recurso de queja contra el acuerdo en que se concede o niega esa medida, permiten establecer que la omisión de fundar y motivar el acuerdo que resuelve la suspensión provisional de los actos reclamados, alegada como agravio, debe ser reparada por el Tribunal Colegiado de Circuito, en el trámite del recurso de queja correspondiente. Esto es así, porque la omisión apuntada se constriñe a una violación procesal cometida en el dictado del acuerdo impugnado, que lo nulifica, permitiendo al tribunal de alzada asumir plenitud de jurisdicción para resolver de plano lo que proceda, esto es, sin mayor sustanciación, de inmediato e integralmente, si niega o concede la medida suspensional, al contar con las constancias pertinentes, es decir, toda pieza de autos relacionada con esa medida, que el Juez de Distrito tiene obligación de enviarle junto con el escrito de queja, para fundar y motivar su determinación y así cumplir con la finalidad de decidir con celeridad y urgencia la medida suspensional, para evitar que quede sin materia y sobre todo que los actos reclamados se ejecuten o se sigan ejecutando causando al quejoso notorios daños y perjuicios de difícil reparación, en caso de obtener la concesión del amparo."
En esas condiciones, al resultar sustancialmente fundados los agravios hechos valer por el inconforme, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja y con el fin de que siga surtiendo efectos la suspensión provisional otorgada por el Juez de amparo, en relación con los actos precisados, el quejoso, hoy recurrente, deberá otorgar como garantía la cantidad de diez mil pesos, para que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no se prive de la libertad a **********, quedando a disposición del Juez de Distrito que se avoque al conocimiento (toda vez que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla al haber sido designado autoridad responsable se declaró incompetente para conocer del aludido juicio de garantías), en cuanto a su libertad personal, hasta que las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva, en la inteligencia de que si la orden de aprehensión y detención se refiere a delitos considerados como graves, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento secundario aplicable, la suspensión sólo producirá el efecto de que una vez que sea aprehendido quede a disposición de ese juzgado federal, en cuanto a su libertad personal, en el lugar en que sea recluido, quedando a disposición del Juez de la causa por lo que hace a la secuela del procedimiento.
Asimismo, el quejoso deberá otorgar una garantía a satisfacción del Juzgado de Distrito en donde se encuentren los autos del juicio de garantías dada la incompetencia planteada por el a quo, por la cantidad de diez mil pesos en cualquiera de las formas establecidas por la ley, en la inteligencia de que la garantía se fija de manera discrecional, como ya se señaló en párrafos que anteceden, y atendiendo a la naturaleza de los actos restrictivos de la libertad personal, no así al número de autoridades responsables a quienes se les atribuye la emisión de los mismos, como lo refiere el quejoso, la cual deberá otorgar dentro del término de cinco días, como lo establece el artículo 139 de la Ley de Amparo, apercibido que de no hacerlo dejará de surtir efectos la medida cautelar concedida; medida que no surtirá efecto alguno si se le sorprende en la comisión de flagrante delito.
Cabe agregar que este órgano colegiado advierte que el Juez Federal al concederle al quejoso la suspensión provisional de los actos reclamados a los Jueces de Distrito, que señaló como responsables, no determinó que el solicitante del amparo se presentara ante la autoridad que lo reclama para el efecto de continuar con el procedimiento, en su caso, a rendir su declaración correspondiente y cuantas veces fuese citado, como lo disponen los artículos 136 y 138 de la Ley de Amparo; ello, porque no tenía la certeza de los actos reclamados, empero, una vez que se determine la existencia de tales actos a través de los informes previos requeridos a las autoridades responsables, el Juez Federal que se avoque del conocimiento del asunto al resolver sobre la suspensión definitiva debe tener en cuenta esa obligación.
Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Se declara fundado el recurso de queja hecho valer por **********, en contra del auto de diecisiete de septiembre de dos mil diez, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto **********.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución remítase al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados José Manuel Vélez Barajas, José Manuel Torres Pérez y Antonio Valdivia Hernández, siendo ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 79 y 80 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23780-5234e277/suspension-provisional-contra-una-orden-de-aprehension-corresponde · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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