INSTITUTOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TABASCO. ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO DONDE INTERVINIERON COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, AUNQUE HAYAN EJERCIDO FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 223/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 11 DE JULIO DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS; VOTÓ CON SALVEDAD SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General Número 5/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que la posible contradicción de criterios versa sobre materia administrativa, especialidad de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo cual corresponde a ésta su resolución.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio que a continuación se reproduce, como fundamento de esta determinación:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." Décima Época. Núm. Registro IUS: 2000331. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, tesis P. I/2012 (10a.), página 9.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realizan los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito.
TERCERO. Antecedentes. Para verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario atender a las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados contendientes.
I. Amparo en revisión ********** del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, fallado el **********.
La parte que interesa de la ejecutoria pronunciada textualmente dice:
"III. Estudio de la legitimación. Previo al análisis del asunto que nos ocupa, conviene precisar que, a juicio de este tribunal, resulta procedente el recurso de revisión interpuesto por la presidenta del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
"Ello es así, si se tiene en cuenta que conforme a lo dispuesto por los artículos 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo, en materia de amparo indirecto procede el recurso de revisión contra las sentencias dictadas por los Jueces de Distrito, por el superior del tribunal responsable a que se refiere el artículo 37 del propio ordenamiento legal y por los Tribunales Unitarios de Circuito; y que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, pero cuando se trate de amparos contra leyes, sólo podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a quien se encomiende su promulgación.
"De acuerdo con lo anterior, las autoridades responsables, como partes que son en el juicio de amparo, tienen facultad para interponer los recursos que procedan, limitando el artículo 87 de la citada ley de la materia este tipo de atribuciones a aquellos casos en que las sentencias afecten directamente el acto que de ellas se reclama.
"La afectación requerida por el artículo 87 de la Ley de Amparo no puede desvincularse de la repercusión que la sentencia de amparo tenga en la esfera jurídica de la autoridad responsable, pues así como el gobernado tiene legitimación para interponer el recurso en mención cuando la sentencia afecta su interés jurídico, la autoridad responsable la tiene para recurrir el fallo cuando éste afecta la facultad o atribución que legalmente le corresponde.
"Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, y cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, por cuanto sus atribuciones en relación con los particulares o gobernados, pues no solo reglamentan su actividad privada, sino que también la fomentan o la restringen, cuando como en la hipótesis que se examina, la autoridad administrativa defiende la resolución que dictó con el propósito de proteger el ejercicio del derecho de protección de datos personales, vigilando el cumplimiento de la transparencia y acceso a la información, en términos del artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice:
"‘Artículo 23. El instituto tendrá las siguientes atribuciones:
"‘I. Vigilar el cumplimiento de la presente ley; para su exacta observancia;
"‘II. Proponer al Poder Ejecutivo, el proyecto de reglamento de esta ley y sus modificaciones posteriores;
"‘III. Conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictadas por los sujetos obligados con relación a las solicitudes de acceso a la información;
"‘IV. Establecer los plazos para la rendición de informes y realizar diligencias;
"‘V. Llevar a cabo, a petición de parte, investigaciones con relación a quejas sobre el incumplimiento de la presente ley;
"‘VI. Proponer criterios para el cobro por los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información pública solicitada;
"‘VII. Ordenar a los sujetos obligados que proporcionen información a los solicitantes en los términos de la presente ley;
"‘VIII. Garantizar el debido ejercicio del derecho de protección de datos personales;
"‘IX. Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales;
"‘X. Celebrar convenios y dar su debido seguimiento con los organismos federales y estatales que cuenten con centros o institutos de investigación en materia de derecho de acceso a la información pública;
"‘XI. Gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e internacionales, para el mejor cumplimiento de sus atribuciones;
"‘XII. Realizar los estudios e investigaciones necesarias para el buen desempeño de sus atribuciones;
"‘XIII. Organizar seminarios, cursos y talleres que promuevan el conocimiento de la presente ley y las prerrogativas de las personas derivadas del derecho de acceso a la información pública;
"‘XIV. Elaborar y publicar manuales, estudios e investigaciones para socializar y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta ley;
"‘XV. Elaborar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado al titular del Ejecutivo Estatal para que lo integre al proyecto de presupuesto general de egresos del Estado;
"‘XVI. Resolver sobre la enajenación o gravamen de los bienes que integran el patrimonio del instituto;
"‘XVII. Designar a los servidores públicos a su cargo;
"‘XVIII. Expedir su reglamento interior y demás normas internas de funcionamiento;
"‘XIX. Celebrar convenios y acuerdos, para el debido cumplimiento del objeto de esta ley;
"‘XX. Interpretar esta ley; y
"‘XXI. Dictar las medidas necesarias para el mejor funcionamiento del instituto.
"‘El instituto, para el mejor desempeño de sus funciones, deberá establecer relaciones de cooperación y coordinación con los sujetos obligados; para tal efecto expedirá las normas de operación y lineamientos pertinentes, con el propósito de establecer formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta expedita de la información difundida por los sujetos obligados.’
"De lo anterior se colige que, dicho instituto tiene competencia de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco para establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales; celebrar convenios y dar su debido seguimiento con los organismos federales y estatales o institutos de investigación en materia de derecho de acceso a la información pública; y en fin, gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e internacionales, para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, esto es, que la ley le señala con toda claridad una serie de facultades que lo vinculan a intereses administrativos de orden público que predominan sobre cualquier interés privado.
"No es obstáculo para esta última conclusión, la circunstancia de que los artículos 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, den atribuciones al instituto, tanto para sustanciar el recurso de revisión, como para resolverlo, en el que podrá sobreseerlo, confirmar el acto o resolución impugnado, y revocar total o parcialmente el acto o resolución impugnado, el cual deberá estar fundado y motivado; que en su caso, podría implicar actos materialmente jurisdiccionales, pues aun en tales extremos no puede, válidamente, tener la naturaleza de un tribunal jurisdiccional y ni siquiera puede equipararse a éste, ya que sigue siendo un órgano administrativo subordinado jerárquicamente al Ejecutivo estatal, esto es, sin autonomía para dictar sus resoluciones y sin el objeto preponderante de decir el derecho imparcialmente entre los sujetos al procedimiento administrativo (al no existir parte en el mismo), porque la ley le encomienda intereses de orden público preferente, pues el instituto persigue vigilar y garantizar el debido ejercicio del derecho de protección de datos personales.
"Por tanto, si el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene como interés preponderante resguardar los objetivos administrativos de orden público que se le encomiendan legalmente, ha de concluirse que tiene legitimación para interponer el presente recurso de revisión en donde figura como autoridad responsable.
"Por otra parte, el sistema judicial mexicano está integrado, generalmente, por niveles jerárquicos; los tribunales están distribuidos en instancias cuya función primordial es la búsqueda de la verdad jurídica; por consiguiente, la oportunidad de esos órganos jurisdiccionales para decidir el derecho concluye al dictar su resolución de las demás instancias en el orden jerárquico correspondiente, se analice, se pondere y se diga el derecho. Tal es la forma de que la ley se vale para preservar la imparcialidad de los tribunales, que es requisito fundamental en la impartición de justicia.
"Consecuentemente, aun cuando la autoridad responsable es parte en el procedimiento constitucional y como parte puede interponer los recursos previstos por el mismo, ha de considerarse que ello es correcto como regla general, pero no cuando se trata de autoridades responsables judiciales o jurisdiccionales, ya que éstas son imparciales por excelencia; su razón de ser es encontrar la verdad jurídica mediante el ejercicio de decir el derecho entre las partes contendientes con la única y exclusiva finalidad de administrar justicia, garantizando así, la defensa de los derechos de la sociedad y el interés público, lo que implica no involucrarse en el interés de las partes, cualquiera que resulte ser el beneficiado o perjudicado en la contienda legal, esto es, siendo imparciales ostentan una naturaleza incompatible con las otras partes, de tal manera que les impide asimilarse con ellas.
"En ese contexto, como ya se dijo, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública sí tiene legitimación para interponer la revisión de que se trata, dado que no es un tribunal jurisdiccional, sino un organismo constitucional autónomo del Estado, dotado de plena autonomía y gestión presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, en términos del artículo 4 Bis, fracción IV, de la Constitución del Estado de Tabasco; y que entre otras facultades tiene la de resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictadas por los sujetos obligados con relación a las solicitudes de acceso a la información, de conformidad con la ley de la materia."
II. Amparo en revisión ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, fallado el día **********.
La parte conducente de la ejecutoria dice:
"QUINTO. Resulta innecesario examinar la sentencia recurrida, así como los agravios expuestos en su contra -los cuales se transcriben por la información que ministran-, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que la autoridad recurrente: presidente del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, carece de legitimación para interponer el presente recurso.
"Por consiguiente, procede desechar el recurso de revisión a que este toca se contrae.
"La forma de proceder de este órgano federal encuentra sustento en el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, página 143, que dice:
"‘REVISIÓN, LEGITIMACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE. EXAMEN PREVIO.’ (se transcribe)
"Ante todo, resulta importante establecer que el Congreso del Estado de Jalisco reformó el artículo 9o. de la Constitución Política de Jalisco, con la finalidad de crear un organismo constitucional autónomo, como el encargado de garantizar el derecho a la información en la entidad, con base en los motivos que sustenta la iniciativa de reformas, y que en lo que interesa señalan:
"‘... De igual forma, a efecto de promover la cultura de transparencia y garantizar el respeto al derecho a la información de los ciudadanos, se propone la creación del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, como órgano garante de las disposiciones de la ley. Su naturaleza jurídica es la de un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, para lo cual se propone la reforma correspondiente: Para tal efecto, tendrá que recordarse que la teoría constitucional moderna, ha reconocido que es posible la creación de órganos o entidades distintas a los tres poderes tradicionales, que independientemente de ellos por realizar funciones que no pueden o no es conveniente encuadrarse dentro de las atribuciones legales del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, conforman un todo armónico en el sistema jurídico mexicano. Pero sobre todo, la autonomía constitucional que se le otorga, posibilita al instituto para que sus resoluciones al resolver los recursos de revisión sean vinculatorias, es decir, obligatorias y definitivas para los sujetos obligados. Sin embargo, contra dichas resoluciones vinculatorias, siempre quedará a salvo el derecho de los sujetos obligados, de los servidores públicos y en su caso particulares de recurrir ante los tribunales federales para interponer los medios de control constitucional que considere idóneos.’
"Así, el Estado de Jalisco, en uso de la facultad que goza para establecer de forma libre y soberana su régimen, en términos de lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 41, en relación con el artículo 6o. de la Constitución Federal, decidió crear un órgano constitucional autónomo denominado Instituto de Transparencia e Información Pública (independiente de los tres poderes constituidos) como órgano garante del derecho a la información en la entidad.
"Exacto, conforme lo disponen los artículos 36, 38 y 46 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, el referido instituto se estableció como un órgano público autónomo especializado encargado de promover la transparencia, difusión, protección y respeto al derecho, derivado de la autonomía constitucional otorgada, para que sus resoluciones sean obligatorias y definitivas, es decir, vinculatorias para todos los sujetos obligados, ello para evitar que éstos obstaculicen la transparencia y el ejercicio del derecho a la información y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que incurren en esas prácticas.
"Los citados preceptos legales, disponen:
"‘Artículo 36. El instituto es un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
"‘No se encontrará subordinado a ninguna autoridad para los efectos de sus resoluciones y éstas serán de naturaleza vinculante y definitiva para los sujetos obligados.
"‘No tendrá más restricciones a sus atribuciones, facultades y competencias que las señaladas por la Constitución Política del Estado de Jalisco y las demás disposiciones legales en la materia.’
"‘Artículo 38. El instituto contará con un consejo conformado por un presidente y dos consejeros titulares, así como por los suplentes respectivos; el presidente y los consejeros serán nombrados por el Congreso del Estado de acuerdo a lo que establece esta ley; durarán en su encargo tres (sic) años con posibilidad de ser ratificados únicamente por un periodo igual.
"‘El consejo nombrará un secretario ejecutivo, el cual tendrá las atribuciones que señale su reglamento interior.
"‘Durante su encargo, ni el presidente del consejo ni los consejeros del instituto podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre y cuando no tenga una carga horaria mayor a dos horas diarias en las instituciones mencionadas.’
"‘Artículo 46. El instituto a través del consejo tendrá las siguientes atribuciones:
"‘I. Promover la cultura de transparencia y el derecho a la información entre los sujetos obligados y la sociedad;
"‘II. Elaborar y publicar estudios e investigaciones sobre transparencia y derecho a la información, así como realizar eventos en donde se profundicen y difundan los temas anteriores;
"‘III. Difundir entre los sujetos obligados y la sociedad en general, los beneficios del manejo público de la información, así como sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquella;
"‘IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la ley;
"‘V. Interpretar en el orden administrativo las disposiciones de la ley;
"‘VI. Hacer del conocimiento del titular de las unidades de transparencia e información, de los comités, de los titulares de los sujetos obligados o de los titulares de cada una de las entidades que, de acuerdo a la normatividad aplicable, conforman la estructura orgánica de los sujetos obligados, según corresponda, las infracciones a las disposiciones de la ley, así como proponer la sanción aplicable y dar seguimiento a la misma;
"‘VII. Realizar, a petición de parte, investigaciones con relación al incumplimiento de las disposiciones de la ley;
"‘VIII. Emitir comunicados públicos sobre el incumplimiento de sus resoluciones o por infracciones reiteradas a la ley por parte de los sujetos obligados;
"‘IX. Evaluar y publicar por medios de amplia difusión el desempeño de los sujetos obligados en materia de transparencia y cumplimiento del derecho a la información, así como hacer recomendaciones al respecto;
"‘X. Capacitar al personal de los sujetos obligados, en particular al personal de las unidades de transparencia e información, así como proporcionar apoyo técnico para el cumplimiento oportuno y eficiente de las disposiciones de la ley;
"‘XI. Establecer los lineamientos generales para la clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial, así como revisar, de oficio o a través de la revisión oficiosa o del recurso de revisión, la correcta clasificación de la misma por parte de los sujetos obligados;
"‘XII. Establecer los lineamientos generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de la información confidencial en posesión de lo (sic) sujetos obligados;
"‘XIII. Establecer los lineamientos generales sobre la forma, proceso y actualización de la información fundamental;
"‘XIV. Conocer y resolver, en los términos de la ley, los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes y las negativas de información que decida conocer oficiosamente;
"‘XV. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como los de acceso y corrección de información confidencial;
"‘XVI. Validar los sistemas para recibir solicitudes vía electrónica de los sujetos obligados;
"‘XVII. Fomentar entre los sujetos obligados la obligación de elaborar su reglamento en materia de transparencia e información pública y, en su caso, elaborar normas reglamentarias base que los sujetos obligados puedan adoptar en caso de no contar con su reglamento;
"‘XVIII. Promover entre los sujetos obligados la digitalización de la información que posean;
"‘XIX. Orientar y asesorar a los particulares sobre el ejercicio del derecho a la información, la presentación de solicitudes y la interposición del recurso de revisión;
"‘XX. Coadyuvar con el Comité Técnico de Documentación del Sistema Estatal de Documentación y de Archivos Públicos en la elaboración y aplicación de los criterios para la catalogación y conservación de los documentos públicos, así como en la organización de los archivos de los sujetos obligados;
"‘XXI. Obtener de los sujetos obligados los datos necesarios para la presentación del informe anual a que se refiere la ley;
"‘XXII. Celebrar convenios con los sujetos obligados para el mejor cumplimiento de los fines de esta ley;
"‘XXIII. Celebrar convenios de colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y con los órganos de la materia en las entidades federativas;
"‘XXIV. Gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones;
"‘XXV. Designar y remover a los servidores públicos a su cargo;
"‘XXVI. Elaborar su reglamento interior y demás normas de operación;
"‘XXVII. Preparar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado a la Secretaría de Finanzas para que sea integrado al presupuesto de egresos del Estado; y
"‘XXVIII. Las demás que le confieran esta ley y cualquier otra disposición aplicable.’
"En los artículos 93 a 101 de la Ley de Transparencia e información Pública del Estado de Jalisco se prevé el recurso de revisión que compete conocer y resolver al citado instituto, al tenor:
"‘Artículo 93. Los solicitantes podrán interponer recurso de revisión en los siguientes supuestos:
"‘I. Negativa al acceso, consulta o entrega de la información pública;
"‘II. Inexistencia de la información solicitada;
"‘III. Entrega de información incompleta, errónea o falsa;
"‘IV. Clasificación de información como reservada o confidencial;
"‘V. Negativa a entregar información confidencial o a efectuar las modificaciones solicitadas a la misma, o entrega de ésta en formato incomprensible;
"‘VI. Inconformidad con el costo o modalidad de entrega de la información; y
"‘VII. Falta de resolución en los plazos legales.’
"‘Artículo 94. El recurso deberá interponerse dentro de los siete días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que debieron ser notificados por el instituto sobre la procedencia o no de la revisión oficiosa.’
"‘Artículo 95. El recurso se interpondrá mediante escrito dirigido al instituto, en el cual se expresen el nombre de la persona que interpone el recurso y los motivos de inconformidad, anexando lo siguiente: ...’
"‘Artículo 96. El instituto subsanará las deficiencias de los recursos interpuestos por los particulares.’
"‘Artículo 97. Una vez recibido el recurso de revisión por el instituto, éste, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, requerirá al sujeto obligado, por cualquier medio con el que pueda verificarse su notificación, un informe en el que manifieste los argumentos, pruebas o cualquier otro elemento que justifique su negativa, en caso de dicho informe no haya sido enviado previamente.’
"‘Artículo 98. El recurso deberá resolverse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción o al en que haya decidido de oficio iniciar la revisión.’
"‘Artículo 99. La resolución del recurso de revisión se tomará por mayoría votos de los comisionados, la cual podrá:
"‘I. Confirmar, modificar o revocar la resolución recurrida; o
"‘II. Requerir a los sujetos obligados para que entreguen la información, en la forma, plazo y término señalados en la resolución.
"‘Si el instituto no resuelve en el plazo anterior, la resolución recurrida se entenderá confirmada.’
"‘Artículo 100. El recurso será desechado por improcedente cuando:
"‘I. Sea presentado fuera del plazo que señala la ley;
"‘II. Se recurra una resolución que no haya sido emitida por el sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud; o
"‘III. El instituto haya conocido anteriormente del recurso respectivo y resuelto en definitiva.’
"‘Artículo 101. El recurso será sobreseído cuando:
"‘I. El recurrente se desista expresamente del recurso;
"‘II. El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelvan;
"‘III. Cuando admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la presente ley; o
"‘IV. El sujeto obligado que haya emitido la resolución impugnada la modifique o revoque, de tal manera que el recurso quede sin efecto o materia y el solicitante obtenga la información requerida.’
"En el Reglamento para la Tramitación de los Recursos de Revisión se establece, precisamente, la forma de sustanciar el procedimiento del recurso de que se trata.
"Sentado lo anterior, de las constancias de autos se advierte que ********** -el quejoso-, solicitó al Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco -el tercero perjudicado-, la información consistente en:
"1. Fecha de registro de la Junta de colonos de ‘Las Fuentes’;
"2. Expediente histórico de los documentos que obran en poder
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23808-6f981b93/institutos-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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