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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVOCACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS MULTAS IMPUESTAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR INCUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, VIGENTE HASTA EL 3 DE AGOSTO DE 2011.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 206/2012. · Registro digital (IUS): 23821
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN MORELIA, M
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, Pág. 967.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 206/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN, ACTUAL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN. 8 DE AGOSTO DE 2012. MAYORÍA DE TRES VOTOS. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LAURA MONTES LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

6. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Segunda Sala.

7. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

8. De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

9. No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que, en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

10. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

11. El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

12. En el caso, la denuncia de contradicción la hizo un Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, cuyo órgano intervino en uno de los asuntos que originaron los posibles criterios en contraposición, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

13. TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal **********, en sesión de dieciocho de abril de dos mil doce, se basó en los siguientes antecedentes:

1) Mediante resolución de veintisiete de septiembre de dos mil diez, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal de Morelia, Michoacán, le fue impuesta a ********** una multa en cantidad de **********, por haber incurrido en incumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicable a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el diverso numeral 81-A del citado ordenamiento.

14. En la propia resolución, se hizo del conocimiento del interesado que, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, podía impugnarla dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, mediante el recurso de revocación o juicio de nulidad.

2) En contra de la resolución anterior, se interpuso recurso de revocación ante el administrador local jurídico de Morelia, Michoacán, quien mediante oficio **********, de dieciséis de febrero de dos mil once, determinó desechar el recurso propuesto, al estimar que era improcedente, porque de conformidad con el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, la resolución impugnada no constituía un acto administrativo en materia fiscal federal.

3) Inconforme con lo anterior, ********** promovió juicio de nulidad, del que correspondió conocer a la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde se admitió a trámite y se registró con el número de expediente **********. Seguidas las etapas procesales correspondientes, la Sala del conocimiento dictó sentencia el cuatro de julio de dos mil once, en la que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al estimar que la autoridad demandada no citó los fundamentos que le daban competencia para emitir el acto impugnado.

4) En contra de la determinación anterior, la actora promovió juicio de amparo directo, del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el que mediante resolución de dieciocho de abril de dos mil doce, dictada en la revisión fiscal **********, en lo que interesa, consideró lo siguiente:

• Estimó infundado el argumento donde la recurrente adujo que la Sala Fiscal, incorrectamente, sustentó su determinación en el hecho de que, al haber sido la propia autoridad emisora de la resolución recurrida, quien señaló el recurso que estimó procedente para combatir su determinación, eso hacía procedente el recurso, pues el yerro cometido por la autoridad emisora no puede generar la procedencia del referido medio de impugnación.

• Al respecto, el Tribunal Colegiado del conocimiento estimó correcto el criterio sustentado por la Sala a quo, toda vez que si, en el caso, la autoridad emisora del acto recurrido le indicó a la actora el medio de defensa que en ese momento estimó procedía para combatir su determinación y el plazo con el que contaba para interponerlo (determinación que resultaba firme e irrevocable por la propia autoridad en atención al principio de seguridad jurídica), lo cual fue atendido por la actora, quien estimó conveniente interponer el recurso de revocación en los términos que le fueron indicados por la autoridad, lo procedente era el que la autoridad demandada, ante el evidente error cometido, diera trámite y resolviera el recurso planteado.

• El citado tribunal consideró que, de no admitirse el recurso, se beneficiaría a la autoridad emisora del acto impugnado, quien se aprovecharía de su error para ahora desechar el recurso que, en su momento, estimó como el idóneo y procedente para combatir su actuación, con lo cual se afectaría de una forma negativa la esfera jurídica del gobernado, al privarlo de su derecho de defensa.

• Además, el Tribunal Colegiado del conocimiento estimó que de tolerar el irregular actuar de la autoridad emisora del acto recurrido, conllevaría a permitir el que las autoridades pudieren informar a los particulares de forma equívoca los recursos con los que cuentan para impugnar sus actuaciones, para después desecharlos por no resultar idóneos; actuaciones que, de producirse, resultarían inadmisibles y evidentemente contrarias al principio de seguridad jurídica que impera en nuestro sistema legal, pues producto de ello se dejaría en un estado de inseguridad jurídica al afectado con tales actos, además de que se vulneraría en forma negativa su esfera jurídica.

• Finalmente, el Tribunal Colegiado agregó que, conforme al principio pro personae, se debía privilegiar la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor del ser humano, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios a los derechos humanos.

15. Lo anterior, con base, en la parte que interesa, en las siguientes consideraciones:

"OCTAVO. Son infundados en parte e inoperantes en lo que resta los agravios que se estudian a continuación. ... 2. Por otro lado, es infundado el argumento donde la recurrente aduce que la Sala Fiscal determinó ilegal el desechamiento realizado por la autoridad demandada con base en criterios subjetivos, sin tomar en cuenta el derecho objetivo, pues su determinación la sustentó en que por haber sido la propia autoridad emisora de la resolución recurrida quien señaló el recurso que estimó procedente para combatir su determinación, entonces esto lo hacía procedente, lo cual -se alega- resulta ilegal, pues el yerro cometido por la autoridad emisora no genera la procedencia del recurso indicado, pues ésta únicamente se actualiza con base en lo dispuesto en la ley. Así se determina pues, contrario a lo sustentado por la recurrente, en el caso, la Sala a quo, lejos de resolver con base en meras subjetividades, actuó de una forma legal y ajustada a la teoría del caso, cuando determinó la ilegalidad del desechamiento de referencia, en atención a que la autoridad emisora del acto fue quien informó a la actora el medio de defensa que estimó en ese momento procedente contra su resolución y el plazo con que contaba la actora para interponerlo, su proceder debió consistir en admitirlo y resolverlo, pues de no ser así, efectivamente se privilegiaría al error cometido por parte de la autoridad de señalar a la actora un recurso improcedente, lo cual conllevaría únicamente a afectar, en una forma negativa, la esfera jurídica del gobernado; de manera que, en el particular, fue ajustado a derecho que la Sala a quo decidiera resolver el caso conforme al principio general de derecho que nadie puede -ni debe- prevalecerse de su propia causa o error para reclamar la nulidad del acto. Lo anterior es así, pues la Sala Fiscal, al momento de resolver -conforme con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 constitucional- no dejó de observar que en el marco jurídico legal mexicano impera un principio fundamental, denominado de seguridad jurídica, que se encuentra consagrado en el artículo 16 constitucional, el cual -entre otras cosas- implica que las resoluciones emitidas por las autoridades integrantes del Estado, una vez dictadas, resulten firmes legalmente para éstas; es decir, las autoridades emisoras de cualquier resolución carecen de facultades legales para, en actos posteriores, revocar sus propias determinaciones, pues para ello se requiere que éstas sean recurridas o reclamadas por los particulares que resulten afectados por ellas; esto, pues en caso contrario se dejaría en un completo estado de incertidumbre o inseguridad jurídica a los particulares que se vieran afectados con dichas determinaciones, al permitirse a las autoridades que cambien de postura en cualquier momento. Principio que, a su vez, se encuentra reflejado en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, en donde se dispuso que los actos y las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales se presumen de legales y, por ende, surten sus efectos legales hasta en tanto sea cuestionada su legalidad por quienes resulten afectados por ellas, numeral de donde, además, se desprende la imposibilidad jurídica de las autoridades emisoras de revocar sus propias determinaciones, pues para ello, necesariamente, se requiere su cuestionamiento por el particular afectado. Ahora, si en el caso la autoridad emisora del acto recurrido le indicó a la actora el medio de defensa que en ese momento estimó procedía para combatir su determinación y el plazo con el que contaba para interponerlo -determinación que resulta firme e irrevocable por la propia autoridad en atención al principio de seguridad jurídica y, por ello, presuntamente legal-, lo cual fue atendido por la actora, quien estimó conveniente interponer el recurso en los términos que le fueron indicados por la autoridad, es de determinarse que resulta legal la determinación tomada por la Sala Fiscal referente a que lo procedente era el que la autoridad demandada, ante el evidente error cometido, diera trámite y resolviera el recurso planteado. Ello es así pues, en caso contrario -tal como lo determinó la Sala a quo- se beneficiaría a la autoridad emisora del acto impugnado, quien se aprovecharía de su error para ahora desechar el recurso que, en su momento, estimó como el idóneo y procedente para combatir su actuación, con lo cual se afectaría de una forma negativa la esfera jurídica del gobernado, al privarlo de su derecho de defensa, situación que resulta inadmisible, pues se infringiría el principio de seguridad jurídica, pilar fundamental para la consagración de un Estado constitucional, democrático, social y humanista de derecho al que aspira el nuestro. Aunado a lo anterior -tal como también lo señaló la Sala Fiscal, de tolerar el irregular actuar de la autoridad emisora del acto recurrido, conllevaría a permitir el que las autoridades pudieran informar a los particulares de forma equívoca los recursos con los que cuentan para impugnar sus actuaciones, para después, como ocurrió en el caso, desecharlos, por no resultar idóneos; actuaciones que, de producirse, resultarían inadmisibles y evidentemente contrarias al principio de seguridad jurídica que impera en nuestro sistema legal, pues producto de ello se dejaría en un estado de inseguridad jurídica al afectado con tales actos, además de que se vulneraría en forma negativa su esfera jurídica. Cuenta aparte de que conforme al principio pro personae, ha de privilegiarse la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios a los derechos humanos. Sustenta las consideraciones anteriores la tesis aislada XIX/2011 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: ‘PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.’ (se transcribe). De ahí que, contrario a lo sustentado por la recurrente, la Sala Fiscal, lejos de dirimir el conflicto con sustento en cuestiones meramente subjetivas, resolvió la cuestión debatida conforme al más estricto apego a derecho, pues con su determinación ponderó el privilegiar uno de los principios rectores de nuestro marco jurídico legal, como lo es el de seguridad jurídica, el cual permite la conformación del Estado democrático de derecho al que aspira nuestro país. 2.1. Además, es de indicarse a la recurrente que, con la anterior determinación, la Sala Fiscal no estableció ni analizó si resultaba procedente o no el recurso de revocación contra el acto que se recurrió, sino simplemente determinó que, ante el error en que incurrió la autoridad emisora del acto, y en aras de respetar el principio de seguridad jurídica, lo procedente era que la autoridad demandada diera trámite y resolviera el recurso planteado; más cuando éste es tramitado ante la propia representación de la autoridad que cometió el error, y que, en todo caso, es ésta quien debería asumir y enmendar las consecuencias de su irregular actuación. Cabe precisar en este punto que si bien es cierto que la procedencia de los recursos o medios de defensa se encuentra y genera en la norma jurídica, también cierto es que las autoridades administrativas se encuentran constreñidas por diversas disposiciones legales a señalar al particular, en caso de que las resoluciones emitidas pudieran ser recurridas, los medios de defensa procedentes para impugnarlas, lo cual deberán hacer en estricto apego a derecho y en todo momento observando el principio de buena fe que rige a esas autoridades; de ahí que la regla general es que las autoridades administrativas señalen los recursos legalmente procedentes y, en caso de errar, lo procedente es que asuman las consecuencias de su irregular actuar, pues de lo contrario, éstas todavía resultarían beneficiadas de sus ilegal proceder, con lo cual, afectarían en forma evidentemente negativa la esfera jurídica de los gobernados e inobservarían el principio de seguridad jurídica que impera en nuestro sistema legal. ..."

16. CUARTO. El entonces Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Morelia, Michoacán, actualmente Sexto Tribunal Colegiado Auxiliar de la Tercera Región, al resolver el amparo directo administrativo **********, en sesión de tres de febrero de dos mil once, se basó en los siguientes antecedentes:

1) Mediante resolución de veinticinco de septiembre de dos mil nueve, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal de Uruapan, Michoacán, le fue impuesta a **********, una multa en cantidad de **********, por haber incurrido en incumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como a las disposiciones de carácter general a que se refiere el citado artículo, aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el diverso numeral 81-A del citado ordenamiento.

17. Al notificarse la resolución anterior, se hizo del conocimiento del interesado que podía impugnarla dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, mediante el recurso de revocación o juicio de nulidad, según se desprende de lo siguiente:

"... Se hace del conocimiento del contribuyente que, atento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, el presente acto administrativo puede ser impugnado dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, mediante el recurso de revocación, el cual debe presentarse ante las Oficinas de la Administración Local Jurídica competente conforme a su domicilio fiscal, o bien, a través del juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad) que debe presentar ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ..." (foja 52)

2) En contra de la resolución anterior, se interpuso recurso de revocación ante el administrador local jurídico de Uruapan, Michoacán, quien mediante oficio **********, de veintiuno de diciembre de dos mil nueve, determinó desechar el recurso propuesto, al estimar que era improcedente, porque de conformidad con el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, la resolución impugnada no constituía un acto administrativo en materia fiscal federal.

3) Inconforme con lo anterior, ********** promovió juicio de nulidad, del que correspondió conocer a la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde se admitió a trámite y se registró con el número de expediente **********. Seguidas las etapas procesales correspondientes, la Sala del conocimiento dictó sentencia el seis de julio de dos mil diez, en la que reconoció la validez de la resolución impugnada, al estimar que fue correcto el desechamiento del recurso de revocación interpuesto.

4) En contra de la determinación anterior, el actor promovió juicio de amparo directo, del que tocó conocer al entonces Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Morelia, Michoacán, actualmente Sexto Tribunal Colegiado Auxiliar de la Tercera Región, el que mediante resolución de tres de febrero de dos mil doce, dictada en el amparo en revisión **********, en lo que interesa, consideró lo siguiente:

• Estimó ineficaz el segundo concepto de violación hecho valer por el quejoso, al considerar que si bien es cierto que al momento en que se notificó al quejoso la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil nueve, el notificador le informó que con fundamento en el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, podía impugnar la resolución en comento, mediante recurso de revocación, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a su notificación. Sin embargo, ese error no daba lugar a que el recurso de revocación fuera procedente, ni se estaba ante un derecho adquirido, porque no era aplicable el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ni tampoco generaba la posibilidad de procedencia del citado medio de impugnación, por el hecho de que así lo hubiera señalado el actuario, dado que la procedencia se genera por así establecerlo la ley.

• Así, el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió que el recurso de revocación no se encuentra instituido en el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito ni en ninguna otra norma, como medio jurídico de defensa contra las determinaciones del Servicio de Administración Tributaria, en las que establece la imposición de una multa por infracción a las normas en materia financiera; por lo que, no obstante el error procesal en que incurrió el notificador, al informar al sancionado que dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes podía impugnar la resolución mediante el recurso de revocación, en el oficio ********** de veintiuno de diciembre de dos mil nueve, el administrador local jurídico de Uruapan no estaba obligado a examinarlo en cuanto al fondo, ya que esa facultad debe derivar de una disposición legal, cuya inexistencia no queda convalidada a través del error del notificador que no tiene el alcance de instituir recursos no previstos en la ley que rige el acto reclamado.

• Por tanto, el Tribunal Colegiado del conocimiento concluyó que si el error estaba en la notificación, era incuestionable que el quejoso, en su caso, debió impugnar de nulidad tal notificación, por no llevarse a cabo con los requisitos de ley.

18. Lo anterior, con base, en lo que interesa, en las siguientes consideraciones:

"QUINTO. ... Se alega en parte del segundo concepto de violación que la Sala responsable vulneró garantías individuales, al no tomar en cuenta que al notificarse la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil nueve, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal de Uruapan, se informó al quejoso que, en términos del numeral 23 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, podía impugnarla mediante el recurso de revocación, circunstancia que hacía procedente el medio de impugnación. Es así, afirma el agraviado, porque los recursos administrativos son un beneficio para el gobernado y no una trampa procesal, más cuando la propia Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito no prevé expresamente recurso alguno mediante el cual se pueda impugnar las multas determinadas por el Servicio de Administración Tributaria al amparo del artículo 95 Bis del ordenamiento invocado. Es ineficaz el anterior motivo de disenso. Para advertirlo de esa manera, conviene dejar establecido que, mediante resolución de veinticinco de septiembre de dos mil nueve, el administrador local de Auditoría Fiscal de Uruapan emitió resolución en la que determinó sancionar al quejoso por incumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, sin especificar qué medio de defensa correspondía hacer valer en contra de dicha determinación. Sin embargo, el notificador de motu proprio hizo del conocimiento al interesado que podía impugnarla dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, mediante el recurso de revocación, o bien, ante el Tribunal Fiscal, según se desprende de lo siguiente: ‘... Se hace del conocimiento del contribuyente, que atento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, el presente acto administrativo puede ser impugnado dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, mediante el recurso de revocación, el cual debe presentarse ante las Oficinas de la Administración Local Jurídica competente conforme a su domicilio fiscal, o bien, a través del juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad) que debe presentar ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ...’ (foja 118). En contra de la resolución primigenia, como ya se dijo, ********** interpuso recurso de revocación, en términos de los artículos 116 y 117 del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, por oficio ********** de veintiuno de diciembre de dos mil nueve, el administrador local jurídico de Uruapan desechó el medio de impugnación, al considerarlo improcedente a la luz del citado código tributario. De lo expuesto, cabe resaltar que el administrador local de Auditoría Fiscal de Uruapan, al emitir la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil nueve -en la que impuso multa-, no especificó el recurso o medio de defensa procedente contra aquél, así como el plazo para su interposición y el órgano ante el cual debía promoverse. Lo que no se contrapone a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, porque no es aplicable en el caso concreto. El artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente señala: ‘Artículo 23.’ (se transcribe). La citada norma consigna el derecho de los contribuyentes a tener a su disposición recursos y medios de defensa contra los actos dictados por las autoridades fiscales. En efecto, el propio legislador federal precisó, de manera específica, que ese derecho creado a favor de los contribuyentes sólo operaba en contra de actos dictados por autoridades fiscales y no de otra naturaleza jurídica. En el propio numeral se prevé el derecho de que en la notificación de los actos de las autoridades fiscales se indique el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su legal interposición y el órgano ante el cual debe formularse. Es claro que tal numeral consigna un derecho adicional para que la autoridad fiscal, al notificar sus actos a los contribuyentes, también les informe si existe un recurso o medio de defensa procedente, el plazo en el que pueden ejercerlo y el órgano ante el que pueden hacer valer su instancia. Por último, el mencionado precepto legal dispone, además, una sanción para la autoridad fiscal, porque señala que cuando en la resolución relativa se omite el señalamiento de referencia, esto es, qué recurso procede, el plazo para su interposición y el órgano ante el cual se debe hacer valer, los contribuyentes con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23821-9f3ae787/recurso-de-revocacion-es-improcedente-contra-las-multas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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