SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO, ES VIOLATORIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.
AMPARO DIRECTO 367/2012. FERVI, S.A. DE C.V. 4 DE JUNIO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIA: JESSICA ARIANA TORRES CHÁVEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Resolución reclamada y conceptos de violación. En el presente asunto no se transcriben las consideraciones que rigen la resolución reclamada ni los conceptos de violación hechos valer en su contra, por no exigirlo el artículo 77 de la ley que rige la materia, que prevé los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios constitucionales; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, además de que con esa omisión no se deja en estado de indefensión a las partes.
Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, cuyo rubro y texto dicen:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."
QUINTO. Alegatos formulados por la autoridad tercero perjudicada. Mediante oficio recibido el diez de abril de dos mil doce ante el tribunal auxiliado y remitido el diecinueve del mes y año en cita a este órgano jurisdiccional, el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos y representante legal de las autoridades responsables de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, como unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, presentó un escrito a través del cual realizó diversos alegatos, en el sentido de que la resolución reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales de la parte quejosa, solicitando que los conceptos de violación hechos valer sean desestimados y, en consecuencia, se le niegue el amparo y protección de la Justicia Federal.
Sin embargo, debe decirse que al constituir simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, no es obligatorio para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos escritos, pues no tienen la fuerza probatoria que la propia ley les reconoce a la demanda y al informe justificado, máxime que de los mismos no se advierte que haga valer alguna causa de improcedencia de las previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que en todo caso sí constreñiría a este órgano colegiado a su estudio.
Apoya la anterior determinación la jurisprudencia 43, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 27, cuyos rubro y texto son:
"ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante Decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, ‘así como los demás razonamientos de las partes’, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos."
Asimismo, y, en lo conducente, el criterio jurisprudencial VIII.3o. J/12, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, el cual es compartido por este órgano de control constitucional, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 1419, de rubro y texto siguientes:
"ALEGATOS EN EL AMPARO. SU ANÁLISIS ES OBLIGATORIO CUANDO PLANTEAN CUESTIONES RELACIONADAS CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Como los alegatos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, no tienen la fuerza procesal que la propia ley les reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no es obligatorio para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos escritos. Sin embargo, lo anterior no opera en el caso en que planteen cuestiones relacionadas con la improcedencia del juicio de garantías pues, en ese supuesto, su análisis es obligatorio en atención a lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: ‘Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.’"
SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Previo al estudio de los motivos de inconstitucionalidad que hace valer la solicitante de amparo, y para una mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar los antecedentes del acto reclamado.
Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil nueve en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la parte quejosa demandó la nulidad de la resolución con número de oficio 38.91.02.950100/AU/0117, de doce de agosto de dos mil nueve, su indebida notificación y el origen de diversos créditos fiscales (fojas 1 a 68).
Por auto de tres de noviembre de dos mil nueve se admitió a trámite la demanda y con la misma se corrió traslado a la autoridad enjuiciada a fin de que emitiera su contestación (fojas 69 y 70); cuestión que así aconteció mediante oficio presentado el nueve de marzo de dos mil diez (fojas 74 a 119).
El siete de abril del año en cita se tuvo por contestada la demanda, corriéndosele traslado a la actora a fin de que la ampliara dentro del término de veinte días al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (foja 121).
A través de escrito presentado el siete de mayo de dos mil diez, la parte actora presentó su ampliación de demanda (fojas 126 a 142), recayéndole acuerdo de primero de julio del año en comento, en el que se tuvo por formulada ésta y se corrió traslado a la autoridad para que emitiera su contestación (foja 143); hecho que así sucedió mediante oficio presentado el treinta de agosto de la multicitada anualidad (fojas 147 a 161).
Seguida la secuela procesal, el dos de febrero de dos mil once la Sala responsable dictó sentencia definitiva en la que concluyó:
"I. La parte actora no probó su acción, por lo que en consecuencia;
"II. Se reconoce la validez de los actos impugnados que han quedado descritos en el resultando primero de este fallo.
"Notifíquese. ..."
En contra de dicha resolución, la parte actora promovió juicio de amparo directo, el que por cuestión de turno le correspondió conocer al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo radicó con el número de expediente 325/2011, dictando resolución el veintinueve de septiembre de dos mil once, en la que determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa al advertir que en el procedimiento contencioso administrativo se cometió una violación que ameritaba ordenar su reposición.
Lo anterior, pues adujo que la sentencia reclamada había puesto fin al juicio de nulidad, sin que para ello hubiera concluido formalmente la etapa previa que corresponde a la instrucción, al advertirse que el auto de cierre de esa etapa se hizo del conocimiento de las partes después del dictado de la sentencia de nulidad, desnaturalizando el procedimiento de origen.
Por las razones anteriores, otorgó el amparo para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia de dos de febrero de dos mil once; nuevamente notificara en la forma ordenada el auto de cierre de instrucción de treinta y uno de enero del año de que se habla y, una vez que surtiera efectos la notificación, continuara con el trámite correspondiente (fojas 202 a 214).
Mediante resolución de catorce de octubre de dos mil once, se dejó sin efectos la sentencia de dos de febrero del año en cita (fojas 219 a 226); además, mediante auto de esa misma fecha se ordenó al actuario a reexpedir la notificación del acuerdo de treinta y uno de enero de la anualidad de que se habla, en el que se declaró cerrada la instrucción (foja 218); advirtiéndose que dicho auto se notificó en esa misma fecha (foja 170 parte posterior).
Finalmente, el siete de noviembre de dos mil once la Sala responsable emitió otra sentencia en la que concluyó:
"I. La parte actora no probó su acción, por lo que en consecuencia;
"II. Se reconoce la validez de los actos impugnados que han quedado descritos en el resultando primero de este fallo;
"III. Mediante atento oficio que se gire al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remítasele copia certificada del presente fallo, donde se da cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el D.A. 325/2011.
"Notifíquese. ..."
Cabe mencionar que dicha resolución constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional.
Precisado lo anterior, lo procedente es abordar el estudio de los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, haciendo la precisión que por cuestión de técnica jurídica serán analizados en orden diferente al propuesto, abordando en primer lugar, los que se dirigen a combatir la inconstitucionalidad del artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; ello es así, pues en caso de resultar fundados le acarrearían mayores beneficios a la solicitante de amparo.
Tal proceder encuentra sustento en la tesis 2a. CXIX/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 395, de rubro y texto siguientes:
"AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que cuando en amparo indirecto se reclaman leyes con motivo de su primer acto de aplicación, el Juez de Distrito, al pronunciarse respecto al fondo, debe analizar primero la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, si es necesario, la legalidad del acto de aplicación, bajo la premisa de preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios y reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros, en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el criterio aludido no es de aplicación exclusiva al juicio de amparo indirecto, sino que, por identidad de razón, debe hacerse extensivo al juicio de garantías en la vía directa, a fin de que los Tribunales Colegiados de Circuito ajusten sus sentencias a este orden de análisis de los conceptos de violación propuestos, en términos del artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal."
Así como en la jurisprudencia 2a./J. 152/2002, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 220, que señala:
"AMPARO DIRECTO. EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PUEDE PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS GENERALES APLICADAS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN. De la interpretación armónica de los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando se promueva juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se podrá plantear, en los conceptos de violación, la inconstitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos que se hubieran aplicado en perjuicio del quejoso en la secuela del procedimiento del juicio natural o en la sentencia, laudo o resolución reclamados. Sin embargo, ello no quiere decir que la posibilidad de controvertir tales normas de carácter general en el amparo directo se agote con los supuestos a que se refieren dicho numerales, pues el artículo 73, fracción XII, último párrafo, del citado ordenamiento permite también la impugnación, en ese juicio, de las normas aplicadas en el acto o resolución de origen, cuando se promueva contra la resolución recaída a los recursos o medios de defensa legal que se hubieran hecho valer en contra del primer acto de aplicación de aquéllas, máxime que en la vía ordinaria no puede examinarse la constitucionalidad de una norma de observancia general, pues su conocimiento está reservado a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación."
En efecto, en relación con las manifestaciones que vierte la parte quejosa en el segundo concepto de violación, a través de las cuales solicita se analice y resuelva el concepto de anulación tendiente a controvertir la inconstitucionalidad del multicitado precepto 18 del reglamento en estudio, al estimar que las facultades que le otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social son violatorias del artículo 73, fracción VII, constitucional, debe decirse que es inoperante y, en tal virtud, este órgano colegiado se encuentra imposibilitado jurídicamente para abordar su estudio.
Se afirma lo antes expuesto, toda vez que el motivo de invalidez que pretende la quejosa sea examinado por este tribunal no fue hecho valer en el juicio de origen, sin que ello implique su inoperancia por constituir un argumento novedoso, pues no debe perderse de vista que pese a que no se haya planteado en un primer término, al ser una cuestión de constitucionalidad, no era indispensable que lo formulara de inicio, pues debido al control concentrado de constitucionalidad no era dable analizarlo por la Sala responsable.
No obstante lo anterior, como la solicitante de amparo pretende que este órgano colegiado se remita a un concepto de anulación que no fue formulado, es por lo que se afirma que existe un impedimento jurídico para pronunciarse en cuanto al mismo al no existir tal motivo de invalidez.
Además, cabe mencionar que tampoco es factible analizar la inconstitucionalidad del artículo 18 del reglamento en estudio a la luz de los argumentos plasmados en su concepto de violación, toda vez que constituyen meras afirmaciones abstractas de las que no se advierte causa de pedir, ya que no señala por qué a su parecer dicho precepto es contrario a lo establecido en el diverso 73, fracción VII, constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance.
Se invoca en apoyo a la consideración que precede, la jurisprudencia 1a./J. 58/99, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 150, cuyos rubro y texto disponen:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER. La impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley. En este orden, a la parte quejosa, dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, incumbe la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. Así la situación, deberá considerarse carente de la conformación de un verdadero concepto de violación, la simple enunciación como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y un específico derecho tutelado por la norma constitucional en su texto y alcance correspondientes."
También sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."
Por otra parte, en el tercer concepto de violación, aduce la promovente de amparo que resulta inconstitucional el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado por violar lo dispuesto en los diversos numerales 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Afirma que el precepto señalado en primer término contempla un procedimiento y/o facultad de comprobación y determinación en materia de seguridad social, especial y exclusivo para los patrones dedicados de forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, previsto de origen en el artículo 251, fracción XV, de la Ley de Seguro Social y que, por ende, es independiente de las facultades de comprobación que se regulan en el numeral 42 del Código Fiscal de la Federación.
Alega que un procedimiento como el que se establece en el artículo tildado de inconstitucional sólo se puede justificar si observa y cumple a cabalidad con el derecho fundamental de seguridad jurídica, esto es, que permita a los gobernados hacer valer sus derechos e impida a la autoridad actuar con arbitrariedades; sin embargo, insiste en que el procedimiento previsto en el numeral en comento no observa ni respeta dicho derecho.
Ello, pues en un primer término sostiene que dicho dispositivo legal no prevé las consecuencias que tendrá o no el cumplimiento parcial de las documentales que le sean requeridas por la autoridad institucional; esto es, no precisa si para actualizar dicha hipótesis la falta de entrega debe ser parcial o total, lo que de suyo la torna inconstitucional al tener imposibilidad de conocer dichas consecuencias.
En segundo lugar, manifiesta que la inconstitucionalidad del precepto reglamentario en cuestión deriva de que no impone a las autoridades ningún límite temporal para el despliegue de sus actuaciones, al no establecer plazo para que el instituto valore, adminicule y resuelva en torno y con respecto a los elementos proporcionados por el patrón para determinar el número de sus trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados.
Indica que no se precisa plazo alguno para que la autoridad emita, en su caso, la resolución determinante de obligaciones (crédito fiscal) y que tampoco se establece un término para que ésta se notifique.
Alega que lo anterior es violatorio del derecho fundamental de seguridad jurídica, pues sostiene que los plazos en los procedimientos administrativos y/o de fiscalización deben cumplir con la función de delimitar su extensión temporal.
Precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado el alcance de dicho derecho en el ámbito concreto de los procedimientos administrativos y fiscales constriñendo al legislador y, por mayoría de razón, al titular del Poder Ejecutivo en uso de su facultad reglamentaria, a regular de forma obligatoria ciertos elementos mínimos que permitan la consecución de dos fines primordiales: la posibilidad de que el gobernado pueda hacer valer sus derechos y que la autoridad no incurra en arbitrariedades.
Finalmente, concluye que el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado es inconstitucional, al violar el derecho de seguridad jurídica, por no prever plazo alguno que regule el procedimiento con respecto al despliegue de las actuaciones de la autoridad.
Dichos planteamientos resultan infundados en una parte y fundados en otra.
En primer lugar, resulta pertinente traer a colación el contenido del precepto que se tilda de inconstitucional, el cual dispone:
"Artículo 18. Cuando los patrones no cumplan con las obligaciones a su cargo previstas en la ley y en sus reglamentos, serán notificados por el instituto, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, le proporcionen los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas.
"Transcurrido dicho plazo sin que el patrón haya entregado tales elementos, el instituto, en ejercicio de sus facultades, fijará en cantidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido, aplicando en su caso, los datos con los que cuente y los que de acuerdo con sus experiencias considere como probables, siguiendo a tal efecto, el procedimiento que a continuación se detalla:
"I. Se precisará el número de metros cuadrados de construcción, el tipo de obra de que se trate y el periodo de realización de la misma;
"II. Se estimará el monto de la mano de obra total utilizada en la construcción de que se trate, multiplicando la superficie en metros cuadrados de construcción, por el costo de la mano de obra por metro cuadrado que de acuerdo al tipo y periodo de construcción establezca el instituto;
"III. El monto de la mano de obra total, se dividirá entre el número de días comprendidos dentro del periodo de construcción, estableciéndose de esta manera, el importe de la mano de obra diaria;
"IV. El importe de la mano de obra diaria, se multiplicará por el número de días que corresponda a cada uno de los meses transcurridos en el periodo no cubierto, obteniéndose el monto de los salarios base de cotización mensual, y
"V. A los salarios base de cotización mensuales respectivos se les aplicarán los porcentajes de las cuotas obrero patronales establecidas en la ley, obteniéndose así los montos a cubrir por concepto de dichas cuotas.
"Por cuanto hace a las obras cuya contratación se rija por lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, el monto total de la mano de obra empleada se obtendrá aplicando el importe total del contrato, el factor que representa la mano de obra determinada por el instituto por tipo y periodo de construcción, aplicándose las fórmulas establecidas en las fracciones III, IV y V anteriores, a efecto de determinar el monto de la cuotas obrero patronales a cubrir.
"El instituto establecerá en cada ocasión en que se incrementen los salarios mínimos generales y de acuerdo al tipo de construcción de que se trate, el importe de mano de obra por metro cuadrado o el factor que represente la mano de obra sobre el importe de los contratos regidos por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Los resultados de los estudios técnicos que al efecto formule el instituto aplicando sus experiencias, deberán ser publicados invariablemente en el Diario Oficial de la Federación.
"Respecto de las obras de construcción que por sus características especiales no puedan encuadrarse entre las tipificadas, se asimilarán a aquellas que, de acuerdo a las experiencias del instituto, requiera una utilización de mano de obra semejante.
"Una vez formulada la liquidación respectiva por el instituto, la notificará al patrón para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, aduzca las aclaraciones que estime pertinentes o para que, en su caso, entere las cuotas adeudadas con la actualización y los recargos correspondientes en términos del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social."
El artículo transcrito reglamenta una facultad de revisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la cual podrá requerir a los patrones de la construcción que no cumplan con las obligaciones en materia de aportaciones de seguridad social a su cargo, previstas en la ley y en sus reglamentos, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, exhiban los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas.
La consecuencia jurídica de que el patr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23830-c5b3f91a/seguro-social-el-articulo-18-del-reglamento-obligatorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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