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Modo: Corpus Pro

INVASION DE ESFERAS. EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS PREVISTO EN UNA LEY LOCAL, EN RELACION CON UNA INSTITUCION DE CREDITO, NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1642/93. · Registro digital (IUS): 24
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BANCA SERFIN, S.A. ANTES S.N.C.
Localización: Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, , Pág. 30.

AMPARO EN REVISION 1642/93. BANCA SERFIN, S.A. ANTES S.N.C.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Este Tribunal Pleno considera que son fundados los agravios formulados por la parte recurrente, por las razones que a continuación se exponen:

Con el objeto de contar con los elementos necesarios que permitan determinar el origen, la evolución, los alcances y los límites de la facultad impositiva de la Federación respecto de las instituciones de crédito, así como determinar si las entidades federativas en algunos casos están facultadas para imponer gravámenes a dichas instituciones crediticias, y así estar en condiciones de resolver si en esa materia específica existe una invasión de la esfera federal por parte de la autoridad local, tal como lo sostiene la quejosa en su primer concepto de violación y así lo estima el Juez de Distrito en la sentencia que se revisa, o si por el contrario esa invasión de esferas no se da, tal como lo sostiene en sus agravios la legislatura local recurrente, es conveniente profundizar en el tema en los términos siguientes: La fracción X del artículo 72 de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, en la reforma que sufrió el catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, estableció como facultad del Congreso de la Unión el legislar en toda la República en materia de comercio, comprendiendo en ésta a las instituciones bancarias. Dicha fracción preceptuaba:

"El Congreso tiene facultad: ..."

"X. Para expedir códigos obligatorios en toda la República, de minería y comercio, comprendiendo en este último las instituciones bancarias."

El constituyente de 1916, aprobó por unanimidad de ciento cincuenta votos la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la siguiente redacción:

"El Congreso tiene facultad: ..."

"X. Para legislar en toda la República sobre minería, comercio, instituciones de crédito y para establecer el Banco Unico de Emisión, en los términos del artículo 28 de esta Constitución;"

El texto original que se presentó al Constituyente de 1916 como artículo 73, fracción X, del proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, establecía:

"El Congreso tiene facultad: ..."

"X. Para legislar en toda la República sobre minería, comercio, instituciones de crédito y trabajo;".

En la sesión celebrada el quince de enero de mil novecientos diecisiete, diversos diputados presentaron una iniciativa para proponer al Congreso Constituyente la siguiente redacción de la fracción X del precepto que se examina:

"X. Para legislar en toda la República sobre comercio e instituciones de crédito y para adoptar el sistema bancario que se estime conveniente para los intereses nacionales, atendiendo a las condiciones del país, ya sea en la forma de banco de Estado o de cualquier otro, y para la creación y organización del crédito agrícola que favorezca especialmente al pequeño propietario."

En vista de la anterior proposición se suspendió la discusión de la fracción, reanudándose en la sesión del veintisiete de enero de mil novecientos diecisiete, en la que la Segunda Comisión de Constitución presentó un dictamen señalando:

"Ciudadanos diputados: Al presentarse a discusión el artículo 73 del proyecto, fueron retiradas las fracciones X, XVII y XIX, por creerse que las facultades en ellas conferidas al Congreso General, podrían quedar afectadas por lo que estableciera el artículo 27, que entonces todavía no era presentado a la consideración de esta Cámara."

"Como de dicho artículo 27 resulta que en nada se afectan las disposiciones de las fracciones mencionadas, puede entrarse a discutirlas."

"Respecto a la fracción X del proyecto, la Comisión ha variado su redacción, para dar cabida en ella a las modificaciones impuestas por la aprobación de los artículos 5o. y 28; el primero, porque las bases de él revisten carácter constitucional, y por tanto, el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar sobre ellos, sino como parte del poder constituyente; en cuanto al Distrito Federal, no es necesario hacer mención de esta materia, porque la fracción VI del propio artículo le da facultad para legislar 'en todo lo relativo al Distrito Federal y territorios'; el segundo, o sea el 28, influye sobre la redacción de la fracción X, porque establecido en dicho artículo el monopolio de la emisión de billetes por medio de un banco, debe darse en la parte correspondiente al Poder Legislativo de la Federación, la facultad para legislar sobre dicho banco, expidiendo las leyes de su organización y demás que fueren necesarias."

En la sesión permanente celebrada los días veintinueve, treinta y treinta y uno de enero de mil novecientos diecisiete se puso a discusión la fracción X del artículo 73 con la redacción con que fue aprobada, ya sin discusión alguna.

Por otra parte, en la exposición de motivos de la Ley de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios publicada en el Diario Oficial de dieciséis de enero de mil novecientos veinticinco, textualmente se señaló:

"Ha cuidado la ley de proteger la industria bancaria , en lo relativo a las instituciones de crédito de concesión federal, estableciendo claramente cuáles son los únicos impuestos que tienen que pagar tales instituciones y prohibiendo que los Estados y Municipios las graven con contribuciones distintas a las que la propia ley establece. Esta política no obedece sólo a la conveniencia de proteger la industria del crédito y al propósito de que ésta se encauce por el camino de la concesión federal; se propone, también, evitar que los Estados y los Ayuntamientos puedan contrarrestar los propósitos de la legislación federal por medio de una política fiscal y bancaria distinta de la que ha adoptado la Federación. También tiene por objeto prevenir el peligro de que las entidades federativas traten de atraer a las instituciones de crédito y por medio de sistemas diferenciales de impuestos. Siendo tales instituciones del resorte del Gobierno Federal, todo cuanto con ellas se relacione, debe ser gobernado por la ley federal también."

El artículo 110 de la Ley General de Instituciones de Crédito de mil novecientos veinticinco, preceptuaba:

"ARTICULO 110. La facultad de decretar impuestos que graven el capital, las operaciones o las utilidades de los establecimientos bancarios corresponde a la Federación, con exclusión completa de los Estados y Municipios."

"Dichos establecimientos quedarán sujetos al pago de los impuestos que conforme a las respectivas leyes locales de los Estados y del Distrito y Territorios Federales, causen los bienes inmuebles de su propiedad, lo mismo que los que correspondan a servicios municipales."

En las páginas 1095 a 1098 del Tomo XX, Segunda Parte, de la Quinta Epoca del Semanario Judicial de la Federación, se publican la tesis y ejecutoria sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte, con motivo del amparo administrativo en revisión 3092/25, promovido por el Banco Nacional de México, Sucursal Veracruz, en los términos siguientes:

"INSTITUCIONES DE CREDITO.-Es facultad exclusiva del Congreso General, legislar en toda la República, en materia de instituciones de crédito, lo que implica la prohibición a las Legislaturas Locales, para legislar sobre la misma materia, puesto que, conforme al artículo 124 de la Constitución, sólo se consideran concedidas a los Estados, las facultades que no están expresamente reservadas a la Federación; y como las contribuciones sólo pueden decretarse mediante una ley, y ya se ha dicho que en materia de instituciones de crédito, sólo puede legislar el Congreso General, es incuestionable que los impuestos a dichas instituciones, sólo pueden decretarse mediante una ley federal."

"Primero: La Constitución Federal, en la fracción décima del artículo setenta y tres, otorga al Congreso Federal la facultad de legislar en toda la República sobre instituciones de crédito, disposición que implica la prohibición a las Legislaturas Locales para ejercer sus funciones sobre la misma materia, puesto que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo ciento veinticuatro de la Carta Fundamental, solamente se consideran concedidas a los Estados las facultades que no estén expresamente otorgadas a los funcionarios federales, que, de acuerdo con el artículo cuarenta y uno del ordenamiento de leyes mencionado, son a quienes corresponde ejercer la soberanía de que el pueblo les ha investido en un caso como éste, que es de su competencia. Si la facultad de legislar sobre instituciones de crédito se encuentra reservada al Congreso General y las contribuciones sólo pueden decretarse mediante una ley, es evidente que la Legislatura del Estado de Veracruz careció de ese derecho para establecer el impuesto de patente sobre bancos e instituciones de crédito, pues siendo una materia netamente federal, su reglamentación se expidió por esta autoridad mediante la Ley de Instituciones de Crédito de mil ochocientos noventa y siete, y la de veinticuatro de diciembre de mil novecientos veinticuatro, aclarada por la circular número doscientos tres de la Secretaría de Hacienda, de cinco de agosto de mil novecientos veinticinco, y por Decreto del presidente de la República de fecha once del mismo mes y año, en las cuales se fijan los impuestos que corresponde pagar a esa clase de instituciones, y se contienen disposiciones terminantes acerca de que ni la Federación ni los Estados las podrán gravar con otro alguno. Como el cobro que se hace por la Tesorería Municipal, por la cantidad de nueve mil seiscientos siete pesos, cincuenta centavos, se refiere al impuesto fijo de patente en el tiempo transcurrido de enero de mil novecientos veintidós al tercer bimestre de mil novecientos veinticinco, y esta contribución fue impuesta por una ley local, es evidente que se han violado en perjuicio de la sociedad quejosa las garantías que consagran los artículos catorce y dieciséis constitucionales, porque se trata de aplicar leyes que no son aplicables al caso y se dejan de tomar en cuenta las disposiciones de los artículos ciento veintiséis de la Ley de Instituciones de Crédito de mil ochocientos noventa y siete, y setenta y cinco, setenta y ocho y ciento diez de la vigente. Por tanto, deben declararse improcedentes los agravios reclamados por la autoridad responsable y confirmarse la sentencia recurrida."

Desde el año de mil novecientos veintisiete, en el que se dictó la ejecutoria transcrita, el Pleno de la Suprema Corte determinó que las contribuciones sobre instituciones de crédito sólo pueden decretarse mediante una ley federal, pues las mismas deben contenerse en la ley y es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de instituciones de crédito.

La fracción X del artículo 73 constitucional sufrió reformas en los años de mil novecientos veintinueve, mil novecientos treinta y tres, mil novecientos treinta y cuatro, mil novecientos treinta y cinco, mil novecientos cuarenta, y mil novecientos cuarenta y dos, en las que se conservó la facultad del Congreso de la Unión para legislar en toda la República sobre instituciones de crédito. Las reformas obedecieron a la necesidad de establecer y regular como facultad del Congreso de la Unión el expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la Constitución, así como el legislar en materia de energía eléctrica e industria cinematográfica, estableciendo que los Estados y Municipios participarían de los rendimientos de los impuestos por energía eléctrica, según deriva de la lectura de cada una de esas reformas:

1929:

"X. Para legislar en toda la República sobre minería, comercio e instituciones de crédito; para establecer el Banco de Emisión Unico, en los términos del artículo 28 de esta Constitución, para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, excepto cuando se trate de asuntos relativos a ferrocarriles y demás empresas de transportes amparadas por concesión federal, minería e hidrocarburos y, por último los trabajos ejecutados en el mar y en las zonas marítimas, en la forma y términos que fijen las disposiciones reglametarias."

1933:

"X. Para legislar en toda la República sobre minería, comercio e instituciones de crédito; para establecer el Banco Unico de Emisión en los términos del artículo 28 de esta Constitución, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, excepto cuando se trate de asuntos relativos a la industria textil, ferrocarriles y demás empresas de transporte amparadas por concesión federal, minería e hidrocarburos y, por último los trabajos ejecutados en el mar y en las zonas marítimas, en la forma y términos que fijen las disposiciones reglamentarias."

1934:

"X. Para legislar en toda la República sobre minería, comercio, instituciones de crédito y energía eléctrica; para establecer el Banco de Emisión Unico, en los términos del artículo 28 de esta Constitución, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, excepto cuando se trate de asuntos relativos a la industria textil, ferrocarriles y demás empresas de transporte amparadas por concesión federal, minería, e hidrocarburos, los trabajos ejecutados en el mar y en las zonas marítimas, y, por último, las obligaciones que en materia educativa corresponde a los patrones, en la forma y términos que fijen las disposiciones reglamentarias. En el rendimiento de los impuestos que el Congreso Federal establezca sobre energía eléctrica en uso de las facultades que en materia de legislación le concede esta fracción, participarán los Estados y Municipios en la proporción que las autoridades federales y locales respectivas acuerden."

1935:

"X. Para legislar en toda la República sobre minería, industria cinematográfica, comercio, instituciones de crédito, y energía eléctrica; para establecer el Banco de Emisión Unico en los términos del artículo 28 de esta Constitución, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, excepto cuando se trate de asuntos relativos a la industria textil, ferrocarriles y demás empresas de transporte amparadas por concesión federal, minería o hidrocarburos, los trabajos ejecutados en el mar y en las zonas marítimas y, por último, las obligaciones que en materia educativa corresponden a los patrones, en la forma y términos que fijen las disposiciones reglamentarias. En el rendimiento de los impuestos que el Congreso Federal establezca sobre energía eléctrica en uso de las facultades que en materia de legislación le concede esta fracción, participarán los Estados y los Municipios en la proporción que las autoridades federales y locales respectivas acuerden."

1940:

"X. ...La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, excepto cuando se trate de asuntos relativos a las industrias textil y eléctrica, ferrocarriles y demás empresas de transporte amparadas por concesión federal, minería e hidrocarburos, los trabajos ejecutados en el mar y en las zonas marítimas y, por último, las obligaciones que en materia educativa corresponden a los patrones en la forma y términos que fijen las disposiciones reglamentarias."

1942:

"X. Para legislar en toda la República sobre minería, industria cinematográfica, comercio, instituciones de crédito y energía eléctrica; para establecer el Banco de Emisión Unico en los términos del artículo 28 de esta Constitución, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, excepto cuando se trate de asuntos relativos a las industrias textil, eléctrica, ferrocarriles y demás empresas de transporte amparadas por concesión federal, minería e hidrocarburos, los trabajos ejecutados en el mar y en las zonas marítimas, y, por último, las obligaciones que en materia educativa corresponden a los patrones, en la forma y términos que fijen las disposiciones reglamentarias."

Los artículos 248, 251 y 292 de la Ley General de Instituciones de Crédito de 1926, establecían:

"Artículo 248. Las instituciones de crédito estarán sujetas únicamente al pago de los impuestos siguientes y de acuerdo con las respectivas leyes en vigor:"

"I. Predial que se causa sobre los edificios de su propiedad;"

"II. Impuestos y derechos de carácter municipal que causen dichos edificios y en razón de pavimentos, atarjeas y limpia, por su frente a la vía pública, y por el agua potable de que disfruten, en las mismas condiciones que deban pagarlos los demás causantes;"

"III. Impuesto sobre utilidades líquidas anuales, según los balances aprobados por la asamblea general de accionistas."

"Artículo 251. Ni la Federación, ni los Estados, ni los Municipios, podrán gravar con otros impuestos el capital de las instituciones de crédito, ni las operaciones propias de su objeto que practiquen, con excepción de los préstamos hipotecarios, refaccionarios o de habilitación o avío, en los cuales el monto del impuesto no excederá de un cuarto por ciento sobre el importe de la operación, por una vez, como derecho de inscripción en el registro, sea de hipoteca o de comercio. La cancelación de las inscripciones no causará derecho alguno. Para los efectos de este artículo, el Distrito y los Territorios Federales se equiparan a los Estados."

"Cuando la operación haya de inscribirse en varias entidades federativas, los derechos respectivos se dividirán entre dichas entidades en la proporción que corresponda atendiendo al valor fiscal de los bienes situados en cada una de ellas, y sin que nunca la suma de lo pagado exceda del cuarto por ciento del importe de la operación."

"Artículo 292. La facultad de decretar impuestos que graven el capital, las operaciones o las utilidades de los establecimientos bancarios, corresponde a la Federación, con exclusión completa de los Estados y Municipios."

"Dichos establecimientos quedarán sujetos al pago de los impuestos que conforme a las respectivas leyes locales de los Estados y del Distrito y Territorios Federales, causen los bienes inmuebles de su propiedad, lo mismo que los que correspondan a servicios municipales, conforme a la fracción II del artículo 248."

La Ley General de Instituciones de Crédito de 1932, preceptuó en sus artículos 227 y 230 lo siguiente:

"ARTICULO 227. La instituciones de crédito, las que formen parte de los sistemas de instituciones nacionales, las auxiliares que tengan concesión y las sucursales, estarán sujetas únicamente al pago de los impuestos siguientes, de acuerdo con las leyes respectivas:"

"I. Predial, que se cause sobre los edificios de su propiedad, en las mismas condiciones en que se cause por los demás obligados;"

"II. Impuestos y derechos de carácter municipal que causen dichos edificios, en razón de pavimentos, atarjeas y limpia, por su frente a la vía pública y por el agua potable de que disfruten, en las mismas condiciones en que deban pagarlos los demás causantes;"

"III. Impuesto sobre las utilidades líquidas anuales que acusen los balances aprobados por la Comisión Nacional Bancaria."

"Los impuestos o derechos que hayan de ser pagados por las sucursales de instituciones extrajeras con motivo de su capital, se calcularán sobre el capital que conforme a la ley conserven en la República dichas sucursales y no sobre el capital total que tenga la institución matriz."

"ARTICULO 230. Ni la Federación, ni los Estados, ni los Municipios, podrán gravar con otros impuestos el capital de las instituciones a que se refiere el artículo 227, ni las operaciones propias de su objeto que dichas instituciones practiquen, con excepción de los créditos hipotecarios, refaccionarios o de habilitación o avío, en los cuales el monto del impuesto no excederá de 0.25% sobre el importe de la operación, por una vez, como derecho de inscripción en el registro, sea de la propiedad, de hipotecas, de comercio o de crédito. La cancelación de las inscripciones no causará derecho alguno. Para los efectos de este artículo, el Distrito y los Territorios Federales se equiparan a los Estados."

"Cuando la operación haya de inscribirse en varias entidades federativas, los derechos se dividirán entre dichas entidades en la proporción que corresponda, atendiendo al valor fiscal de los bienes situados en cada una de ellas, y sin que nunca la suma de lo pagado exceda de la cuota señalada antes."

"Lo dispuesto en este artículo, aprovechará lo mismo a las instituciones, que a las personas que con ellas contraten. Los derechos de registro que en él se autorizan, deberán ser cubiertos por quien solicite la inscripción."

A la luz de lo establecido por la fracción X del artículo 73 constitucional y de los preceptos de las leyes secundarias transcritos, a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la siguiente jurisprudencia, publicada con el número 1025 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, Volumen IV, página 1645:

"INSTITUCIONES DE CREDITO. SOLO LA FEDERACION PUEDE GRAVARLAS CON IMPUESTOS.-Sólo la Federación puede legislar en lo tocante al establecimiento de impuestos a las instituciones de crédito, y, por lo mismo, cualquier impuesto que se exija a dichas instituciones, ya por los Estados o por los Municipios, con apoyo en una ley local, viola en perjuicio de la institución afectada las garantías de los artículos 14 y 16 constitucionales."

Para determinar el alcance de la jurisprudencia reproducida, debe transcribirse la parte relativa de las consideraciones de las ejecutorias que la integran:

1. Amparo en revisión 1634/28, promovido por Comisión Monetaria, Sociedad Anónima, resuelto por unanimidad de cuatro votos el veinticuatro de agosto de mil novecientos treinta y uno. Ejecutoria publicada en las páginas 2021 a 2024 del Tomo XXXII de la Quinta Epoca del Semanario Judicial de la Federación:

"Cuarto: El tercero de los agravios expuestos resulta también infundado. En efecto, aunque es verdad que el artículo 251 de la Ley General de Instituciones de Crédito no prohíbe expresamente el cobro de impuestos sobre traslación de dominio, que tratan de hacer efectivo las autoridades responsables a la reclamante, en cambio, esa disposición legal no puede entenderse desvinculada de la contenida en el artículo 248 del mismo ordenamiento citado, que señala en forma limitativa cuáles son los únicos impuestos que las instituciones de crédito están obligadas a pagar, entre los que no se encuentra el de traslación de dominio, cuyo cobro se discute en el presente juicio de garantías. En tal concepto, deben interpretarse ambas disposiciones legales, en una forma armoniosa, y de esa disposición resulta infundado el cobro que se le exige a la sociedad reclamante."

"Quinto: El agravio mencionado en cuarto lugar, carece también de consistencia jurídica, toda vez que de la sentencia del inferior no puede colegirse que se haya limitado la soberanía del Estado de Coahuila para dictar sus propias leyes, en atención a que la soberanía de las entidades de la Federación se encuentra limitada por las estipulaciones de la ley constitucional; en la especie, sólo el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar sobre instituciones de crédito, según lo establece el artículo 73, fracción X, del Pacto Federal aludido, y en esa virtud, las autoridades responsables no han estado capacitadas para cobrar a la quejosa el impuesto mencionado."

"Por lo expuesto y con fundamento, además, en lo que disponen los artículos 86, 87 y 115 a 120 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, desechándose los agravios expuestos por la recurrente y confirmándose la sentencia del inferior, es de fallarse y se falla:"

"Primero.-La Justicia de la Unión ampara y protege a la Comisión Monetaria, Sociedad Anónima en Liquidación, contra los actos atribuidos al Juez de Hacienda de San Pedro de las Colonias, Coahuila, y al Tesorero Municipal, consistentes en el cobro de la cantidad de tres mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos, veinticuatro centavos, por concepto de contribuciones municipales sobre traslación de dominio, con motivo de haber adquirido del señor Alfredo Brecedad, a título de dación en pago, los predios rústicos denominados "Buena Vista" y "Patrocinio", así como en todas las demás consecuencias del procedimiento económico-coactivo seguido para hacer efectivo dicho cobro."

En la ejecutoria transcrita se sostiene sustancialmente: a) que de la interpretación armónica de los artículos 248 y 251 de la Ley General de Instituciones de Crédito de 1926 se sigue que el impuesto sobre traslación de dominio que se exige a la quejosa no está entre los que de manera limitativa se consignan como los que deben cubrir las instituciones de crédito; y b) que es la propia Constitución la que limita la soberanía de los Estados para dictar sus propias leyes al consignar que sólo el Congreso de la Unión está facultado para legislar sobre dichas instituciones.

2. Amparo en revisión 1814/27, promovido por Banco de México, Sociedad Anónima, resuelto por unanimidad de cuatro votos el veintiocho de agosto de mil novecientos treinta y uno. Ejecutoria publicada en las páginas 2176 a 2180 del Tomo XXXII de la Quinta Epoca del Semanario Judicial de la Federación:

"Primero: La existencia del acto reclamado, consiste: en el cobro de la suma de un mil pesos que el Tesorero Municipal del Puerto de Guaymas, Estado de Sonora, hace al Banco de México, S. A., sucursal en la ciudad de Nogales, como impuesto municipal sobre la cantidad de cuarenta mil pesos en que fincó en favor del aludido banco el remate de una finca urbana perteneciente a la quiebra de la sucesión de la señora Celsa P. de Maytorena, se halla acreditada con el informe de la autoridad señalada como responsable, y con la constancia de depósito de dicha cantidad de un mil pesos, exhibida con la demanda de amparo."

"Segundo: Ciertamente, de conformidad con el artículo 248 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, de fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos veintiséis, las instituciones de crédito sólo están sujetas al pago de los siguientes impuestos: I. Predial sobre los edificios de su propiedad; II. Impuestos y derechos de carácter municipal que causen dichos edificios en razón de pavimentos, atarjeas y limpia, por su frente a la vía pública, y por el agua potable de que disfruten, en las mismas condiciones que deban pagarlos los demás causantes; y III. Impuestos sobre utilidades líquidas anuales, según los balances aprobados por la asamblea general de accionistas; el artículo 251 de la misma ley agrega: que ni la Federación, ni los Estados, ni los Municipios, podrán gravar con otros impuestos el capital de las instituciones de crédito, ni las operaciones propias de su objeto que practiquen, con excepción de los préstamos hipotecarios, refaccionarios o de habilitación o avío; y el artículo 292 de la propia Ley de Instituciones de Crédito, que invoca en su apoyo la autoridad responsable en su escrito de revisión, establece, por su parte, que la facultad de decretar impuestos que graven el capital, las operaciones o las utilidades de los establecimientos bancarios, corresponde a la Federación, con exclusión completa de los Estados y Municipios; pero que, sin embargo dichos establecimientos están sujetos al pago de los impuestos que conforme a las respectivas leyes locales de los Estados y del Distrito y Territorios Federales, causen los bienes inmuebles de su propiedad, lo mismo que los que correspondan a servicios municipales, conforme a la fracción II del artículo 248. Ahora bien, apoyándose en esta última disposición legal, en el artículo 248, también ya relacionado, y en los artículos 99 y 100 del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la municipalidad de Guaymas, para el año de mil novecientos veintiséis la autoridad responsable pretende que es legítimo el cobro de que se queja el Banco de México, S.A., sucursal en Nogales, por estimar, equivocadamente por cierto, que se trata de un impuesto causado por el predio que adquirió en remate público dicha institución; pero, como los invocados preceptos de la Ley de Ingresos de la municipalidad de Guaymas, en que fundamentalmente se apoya dicho cobro, establecen que corresponde al erario municipal el dos por ciento sobre el valor de los remates que se verifiquen en la municipalidad, de cualquiera clase que sean, con excepción de los que se hagan por cuenta de la Hacienda Pública, es evidente que el impuesto establecido en esos preceptos, que es el que se trata de cobrar al Banco de México, S.A., sucursal en Nogales, no es en modo alguno el predial, pago al que sí están obligadas las instituciones de crédito, en los términos de la ley relativa, sino un impuesto creado por una ley local de ingresos, en favor del erario municipal de Guaymas, por los remates que se verifiquen en la municipalidad, y pago al que por lo mismo, no está obligado el aludido Banco de México, S.A., sucursal en Nogales, por el remate que fincó en su favor de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 248, 251 y 292 de la citada Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, en cuanto tales preceptos establecen los impuestos a que únicamente están sujetas las instituciones de crédito, entre los que no se encuentra el de que se trata; que dichas instituciones

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24-55e00018/invasion-de-esferas-el-impuesto-sobre-nominas-previsto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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