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Modo: Corpus Pro

RETROACTIVIDAD. EL ARTICULO 426, FRACCION I, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO ES RETROACTIVO. * * * APELACION. EL ARTICULO 426, FRACCION I, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y, EN ESE ASPECTO, LA GARANTIA DE AUDIENCIA. - - -

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2013/88. · Registro digital (IUS): 240
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ROLANDO BOSQUEZ JASSO.
Localización: Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, , Pág. 12.

Se publica parcialmente la ejecutoria del amparo en revisión 2013/88, así como el voto particular de la señora ministra Victoria Adato Green, en las páginas 12 y siguientes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal, 84, fracción, I, inciso a), de la Ley de Amparo y II, fracción V, inciso A), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que la sentencia que se recurre fue dictada por un juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de garantías en el que se reclama el decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, entre ellas el artículo 426, fracción I, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de mil novecientos ochenta y siete, por estimarse directamente violatorio de la Constitución General de la República y subsistir en el recurso el problema de constitucionalidad.

SEGUNDO. El quejoso recurrente hizo valer los siguientes agravios: "PRIMERO. Fuente del agravio. Considerandos Cuarto, Quinto y único punto resolutivo. Disposiciones violadas: artículo 77, fracción VI, II y III y 78 de la Ley de Amparo, y 192 del mismo ordenamiento. Concepto de agravio: en el considerando cuarto de la sentencia que se recurre, se hace una recapitulación literal de los conceptos de violación precisados en el escrito de demanda y ampliación de los mismos; y en el considerando quinto del fallo impugnado, se declara en su primer párrafo en forma contundente que "los transcritos conceptos de violación son jurídicamente ineficaces para conceder el amparo solicitado ...", haciendo en los siguiente párrafos un resumen de éstos, afirmando lo que en esencia contienen dichos conceptos, y que se refieren al Decreto que reforma normas procesales en materia civil y su aplicación en la resolución atribuida a la Sala responsable, a las que el a quo califica "tales preceptos, no son inconstitucionales, ni violan el art. 14 constitucional como lo alega la parte quejosa, ya que las normas procesales en su aplicación, no son retroactivas, en términos de la tesis número ciento sesenta y dos, visible a fojas ciento veintitrés del informe de labores rendido por el presidente de la Segunda Sala al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de mil novecientos ochenta y dos, rubro "RETROACTIVIDAD. NO LA CONSTITUYE LA APLICACION DE LEYES PROCESALES."; y, en el único punto resolutivo, el C. Juez declara con ese fundamento, que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al suscrito, respecto de los actos que se reclaman a las responsables. Debe decirse, que si bien es cierto es pertinente la jurisprudencia que se indica, no es aplicable en la especie, porque no coincide con lo argumentado en los conceptos de violación opuestos a la aplicación de las normas procesales aplicadas en forma retroactiva, violándose en consecuencia los numerales anotados como disposiciones violadas. Además, si de la misma sentencia se desprende que, ni el Presidente de la República, ni el C. Secretario de Gobernación, ni el C. Director del Diario Oficial exhibieron su informe justificado, debe estimarse probado el acto que les atribuí como su participación en el proceso legislativo del decreto aplicado inconstitucionalmente en mi perjuicio, y en consecuencia, debió aplicarse un criterio distinto al utilizado por el a quo, para fundar la sentencia en que me negó la protección federal. Esto es, al considerar que, independientemente de la validez de la jurisprudencia esgrimida por el C. juez de Distrito, debió aplicarse el criterio definido por la Corte, visible en el Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975, Octava Parte, tesis comunes al Pleno y Salas, foja veintitrés, rubro "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO." (la transcribe). En el segundo concepto de violación, descrito en el considerando cuarto de la sentencia, señalé que el decreto que reformó el artículo 426, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, aplicado con relación al segundo transitorio del mismo, en la resolución emitida por la Cuarta Sala señalada como responsable -entre otras-, afirmé que fue una aplicación retroactiva de la ley en mi perjuicio, prohibida por el artículo 14 constitucional, en tanto que dicho dispositivo, no admite diferenciación alguna, entre los diversos tipos de leyes, es decir, no admite interpretación respecto de qué leyes pueden o, no pueden ser aplicadas retroactivamente con perjuicio de un particular, toda vez que la protección que brinda dicha garantía, es amplia y no restringida -a leyes que no sean procesales por ejemplo-, sino que condena los efectos de la ley sobre el pasado, con perjuicio de un gobernado, sean leyes sustantivas o procesales, al establecer claramente que "a ninguna ley, se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Hemos de coincidir con la doctrina que señala que la norma constitucional a comento, admite la posibilidad de darle a las leyes efectos retroactivos, siempre y cuando sea en beneficio de un gobernado, pero nunca aplicarse a situaciones jurídicas nacidas antes de su vigencia, ocasionando una afectación en su patrimonio jurídico; esto es, en sus derechos e intereses, como se describe en la jurisprudencia relativa al concepto de perjuicio para los efectos del amparo. En la sentencia que se recurre, en su cuarta parte considerativa, en relación con la quinta, como fundatarios del único resolutivo, no se contiene, como lo obliga el artículo 77 de la Ley de Amparo, la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tener por demostrados los atribuidos a las responsables; ni los fundamentos legales en que se apoyen para declarar la constitucionalidad de los mismos, ni se concreta en el único resolutivo con claridad y precisión, los actos por los que se niega el amparo, ocasionándome con la anterior omisión, el agravio que se hace valer.

SEGUNDO. Fuente del agravio. Considerando Tercero, Cuarto, Quinto y único resolutivo. Disposiciones violadas: art. 77 fracciones I y II de la Ley de Amparo en relación con los artículos 349, 351, y 352 del Código de Procedimientos Civiles en materia federal. Concepto de agravio: En la sentencia emitida por el a quo, se introducen sin que se hayan controvertido, conceptos de violación no alegados por el suscrito en el juicio de garantías, lesionando en mi perjuicio, el contenido de los artículos de la Ley de Amparo citados, además del Código Federal adjetivo en materia civil, y que se refieren a los requisitos que deben reunir, las sentencias definitivas por el juez del conocimiento, al resolver las demandas que estén sometidas a su jurisdicción; esto es, por lo que se refiere a lo alegado de mi parte, y al contenido de los informes justificados exhibidos en la presente controversia constitucional. Debe decirse que tal introducción indebida, aparece en el considerando quinto del fallo que se recurre, en tanto que, para establecer la constitucionalidad del decreto impugnado, se apoya en una jurisprudencia ya mencionada y se refiere dicho juez Federal, a un concepto de violación no precisado por el suscrito, en los siete expresados en la demanda, y que están transcritos en el considerando cuarto de la sentencia. Hemos dicho que en el considerando tercero del fallo recurrido, el C. Juez analiza lo manifestado, para efectos de estudiar la posible improcedencia del juicio, tanto de las responsables que comparecieron, como, por quien se ostentó como tercero perjudicado; en el considerando cuarto, se transcriben los siete conceptos de violación hechos valer por el suscrito, y, en el considerando quinto se estudia un presunto concepto de violación por falta de motivación y fundamentación del decreto que califique de haberse aplicado en contravención a la garantía individual que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, con perjuicio a un ciudadano; tan es así, que al reverso de la foja cinco de la resolución combatida, se contiene "por cuanto hace a la falta de motivación y fundamentación que se alega del acto reclamado, debe decirse que también es ineficaz, porque el único requisito que se exige para que la ley o decreto estén correctamente fundados y motivados, consiste en que el Congreso que los expide, constitucionalmente esté facultado para ello, como sucede en el caso, sin que pueda exigirse que se den las razones por las cuales se consideró, que los asuntos que se encontraren en trámite al momento de entrar en vigor el decreto, se regirían por las disposiciones del mismo, como lo pretende la parte quejosa; siendo aplicable al caso, la tesis número veintiocho, consultable a fojas trescientos noventa y ocho, del informe de labores del año de mil novecientos ochenta y cinco, relativo a las tesis sustentadas por el tribunal Pleno, rubro "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. EN QUE CONSISTE LA, DE UN ACTO LEGISLATIVO.". Confrontando lo anterior, con lo alegado por el suscrito en los conceptos de violación hechos valer, hemos de concluir que se introducen indebidamente argumentos no controvertidos, y en cambio sí se omiten en mi perjuicio, los razonamientos congruentes a los solicitados en el juicio de garantías, con violación de los dispositivos anotados. Es claro que si el C. Juez analizó en su sentencia un concepto de violación supuestamente alegado de mi parte, introduce en la controversia elementos que por novedosos, me dejan en estado de indefensión, porque son fundatorios entre otros, de su negativa de amparo, al utilizar criterios incluso de jurisprudencia, que si bien serían válidos en otro conflicto, no lo son en el presente por no corresponder a los actos que verdaderamente se reclaman de las responsables. Por lo tanto, al no resolver sobre el contenido de la demanda, se lesionan los artículos 349, 351 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles, además de los relativos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos exigen que las sentencias se ocupen exclusivamente de las cosas que hayan sido materia del juicio, además de que, cuando hayan sido varios los puntos litigiosos se haga, con la debida separación, la declaración correspondiente a cada uno de ellos, mencionando también, que en la especie que nos ocupa, se omitió resolver sobre todas las cuestiones que fueron discutidas en el juicio, apreciando literalmente el cuerpo de la sentencia.

TERCERO. Fuente de agravio. Penúltimo y último párrafos del considerando tercero, considerando quinto, y único resolutivo de la sentencia, en relación con proveído emitido en la audiencia constitucional. Disposiciones violadas: artículos 91, fracción IV, y 192 de la Ley de Amparo; 1o. y 5o. del Código Federal de Procedimientos Civiles; 1693 y 1694 del Código Civil del Distrito Federal. Conceptos de agravio: La sentencia del a quo, lesiona en mi perjuicio los numerales citados, al admitir la comparecencia y reconocer la personalidad de quien se ostentó como tercero perjudicado, toda vez que, dicha persona exhibió fotostática del testimonio notarial que registra la designación de albacea en la sucesión del señor Telésforo Fonseca González, recayendo dicho nombramiento en forma mancomunada en las personas de Isabel Fonseca Zamarrón y Ma. Esther Fonseca Zamarrón sujetándose dicha situación, a las consecuencias legales de esa modalidad; entre otras, condicionando el ejercicio del cargo, en cuanto a la capacidad de representación del de cujus, por obligar a que sea conjunta y simultánea en cada gestión, salvo las excepciones que la misma ley establece; por lo que, al comparecer en el juicio únicamente la señora Isabel Fonseca, exhibiendo el testigo citado debió prevenirse o condicionarse su admisión, a que igualmente compareciera la otra albacea mancomunados, en cumplimiento estricto de lo ordenado para estos casos, en el Código Civil. Se impugna desde luego, el acuerdo emitido por el a quo, en la audiencia constitucional, en el que se tiene por apersonada a juicio, a la señora Isabel Fonseca Zamarrón de Cervantes, como albacea en la sucesión de Telésforo Fonseca González, personalidad que se le reconoció en los términos del testimonio notarial que exhibió al efecto, a pesar de dicha personalidad se objeto debidamente, llamando la atención al juez del conocimiento, respecto de la limitación procesal contenida o implícita en el testimonio. Al respecto, cabe mencionar el contenido del art. 1693 del Código Civil y que señala "cuando los albaceas fueron mancomunadas, sólo valdrá, lo que todos hagan de consuno, lo que haga uno de ellos legalmente autorizado por los demás, lo que, en caso de disidencia acuerde el mayor número, si no hubiere mayoría decidirá el juez"; asimismo, el artículo 1694 "en los casos de suma urgencia puede uno de los albaceas mancomunados, practicar bajo su responsabilidad personal, los actos que fueren necesarios, dando cuenta inmediata a los demás". En el primer supuesto, para los casos en que existan albaceas mancomunados, como requisito de validez de cualquier gestión a su cargo, se debe cumplir con los siguientes requisitos: a) comparecencia o gestión para representar a la sucesión en forma conjunta; b) si es una comparecencia individual -como podríamos presumir en el caso que nos ocupa-, se requiere autorización legal de los demás; c) si por el número de albaceas se admitiere la disidencia, valdría lo acordado por la mayoría, o, lo que convalidara el C. Juez. En el segundo supuesto de los requisitos de validez en los actos de albaceas mancomunados, y que se refiere a los casos de suma urgencia, se admite la gestión de uno de ellos, bajo su estricta responsabilidad personal, adquiriendo así, la obligación de dar cuenta inmediata a los demás del hecho. En la especie la señora Isabel Fonseca compareció por sí, únicamente con el testimonio notarial, sin acreditar estar autorizada por los demás albaceas para gestionar en dicha modalidad; además, no podría decirse que estamos en presencia de un caso de suma urgencia, toda vez que desde que en el juicio natural celebrado en la primera instancia, cuando acreditó su carácter de albacea mostrando dicho testimonio, se le articularon posiciones en la confesional a su cargo, para que declarase si contaba con la anuencia del otro albacea mancomunado, por lo que hasta la fecha, no se le ha reconocido por el suscrito, como legitimada para operar o gestionar en representación del de cujus, en términos de la ley. En la sentencia que motiva el presente recurso, se contiene en el considerando tercero, la fuente del agravio, toda vez que admite la promoción presentada por el presunto tercero perjudicado, analizando las causas de sobreseimiento hechas valer por esa parte, siendo que no debió reconocer su personalidad, en aplicación de la jurisprudencia visible en el Apéndice correspondiente al período 1917-1975, Octava Parte, tesis comunes al Pleno y Salas, fojas 230 y 231 rubro "PERSONALIDAD EN EL AMPARO, DEBE EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO." (La transcribe). En consecuencia, al no haber aplicado dicho criterio, el a quo, lesiona en mi perjuicio lo señalado al respecto por el art. 192 de la Ley de Amparo, los artículos 1o. y 5o. del Código Federal Procesal, que señalan respectivamente que, sólo podrán intervenir en juicio los interesados o representantes legítimos de éstos, en los términos de la ley. Para el caso de una de las partes dentro de un juicio, esté compuesta de diversas personas, debe tenerse una sola representación, designándola los interesados; en la especie, como la parte perjudicada en el amparo, debe considerarse a dos albaceas mancomunadas; es necesario que comparezcan a juicio la señora Ma. Esther Fonseca Zamarrón para que manifieste lo que a su derecho convenga, caso contrario, es claro que se viola en este caso, lo ordenado por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ser una persona que debe ser llamada a juicio sin que a la fecha, se le tenga por notificado, a pesar de que ante el juez, existen elementos probatorios para reconocer la necesidad legal de su presencia.

TERCERO. Debe quedar intocado lo decretado por el a quo en la segunda parte del considerando quinto de la resolución recurrida, puesto que en el escrito de agravios, no obstante combatirse el aludido fallo, sólo se combaten los demás aspectos del mismo, sin que se esgrima consideración alguna acerca del pronunciamiento en torno a la fundamentación y motivación del acto de aplicación reclamado.

CUARTO. Previamente al análisis de los agravios, con apoyo en la tesis jurisprudencial número 158, consultable en la página doscientos sesenta y dos, Octava Parte del Apéndice

al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete mil novecientos ochenta y cinco, bajo el rubro "IMPROCEDENCIA.", se hace valer, de oficio, el motivo de sobreseimiento previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado del jefe del Departamento del Distrito Federal, consistente en el refrendo del decreto combatido.

En efecto, de la demanda de amparo, concretamente del apartado 5) del capítulo de actos reclamados transcrito, se aprecia que el quejoso reclamó del jefe del Departamento del Distrito Federal "el refrendo al decreto que legisla en materia procesal aplicable en el D. F." Sin embargo, de la propia denominación del decreto cuestionado, así como de su texto mismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de mil novecientos ochenta y siete, se advierte que el decreto en mención fue expedido por el Congreso de la Unión y dado que vino a legislar en materia procesal civil, es decir, a reformar y derogar diversas normas del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no hay duda que se trata de un ordenamiento que tiene, al igual que la ley, los atributos de generalidad, abstracción e impersonalidad. De aquí que se sigue, por tanto, que si se reclama del jefe del Departamento del Distrito Federal o de un secretario de Estado el refrendo de un decreto del Congreso de la Unión, como el ya precisado, el acto en cuestión resulta ser inexistente, pues de acuerdo con lo establecido por el artículo 92 de la Constitución General de la República, el refrendo se exige como requisito de validez constitucional sólo para los actos que emite el Presidente de la República y detallados en la propia norma constitucional en cita, pero no para las leyes o decretos del Congreso de la Unión, aparte de que, en la especie, de la lectura del Diario Oficial anteriormente indicado, se observa que el decreto en comento no aparece refrendado por el citado jefe del Departamento del Distrito Federal.

No es óbice para la conclusión anterior, el hecho de que la citada autoridad responsable en su informe justificado haya admitido la certeza del único acto que le fue reclamado, a saber, "el refrendo al decreto que legisla en materia procesal aplicable en el D. F." (fojas sesenta y una a sesenta y tres de los autos) y que el juez del Distrito en el considerando primero de la sentencia impugnada así también lo haya estimado, pues en mérito de las razones vertidas al inicio de este considerando tal circunstancia no impide que el tribunal de segundo grado examine previamente la procedencia del juicio de amparo.

En consecuencia, se impone sobreseer en el juicio respecto al acto atribuido al jefe del Departamento del Distrito Federal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo y la tesis número 75, visible en la página setecientos veinticuatro, Primera Parte del Informe de labores correspondientes a mil novecientos ochenta y seis, que es del tenor siguiente: "REFRENDO DE UNA LEY DEL CONGRESO DE LA UNION. ACTO INEXISTENTE. Si se reclamó el refrendo de una ley del Congreso de la Unión, por parte de un secretario de Estado, tal acto debe considerarse inexistente y sobreseerse al respecto con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que, conforme al artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes del Congreso de la Unión no son objeto de refrendo alguno, sino los decretos del Presidente de la República, mediante el cual se las promulga.".

QUINTO. De los agravios que hace valer la parte recurrente, el primero y tercero resultan ineficaces y el segundo fundado.

Por razón de método, procede analizar en primer lugar el tercero de los agravios antes relacionados.

En dicho concepto de agravio la recurrente aduce esencialmente lo que sigue: que la sentencia es violatoria de los preceptos legales citados porque admitió la comparecencia y reconoció la personalidad de Isabel Fonseca Zamarrón como albacea de la sucesión de Telésforo Fonseca González, a pesar de que en el testimonio notarial exhibido se registra que en esa sucesión fueron designadas albaceas mancomunadas Isabel y María Esther, ambas de apellidos Fonseca Zamarrón, por lo que debió prevenirse o condicionarse la admisión del cargo a la comparecencia de la otra albacea mancomunada, en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 1693 y 1694 del Código Civil vigente; que se impugna el acuerdo que emitió el a quo en la audiencia constitucional, el cual tuvo por apersonada a juicio a Isabel Fonseca Zamarrón como albacea de la sucesión de referencia y le reconoció dicha personalidad, a pesar de que ésta fue objetada debidamente; que en el considerando tercero del fallo se admitió la promoción del presunto tercero perjudicado y se analiza la causa de improcedencia que planteó, siendo que no debió reconocerse su personalidad en aplicación de la tesis jurisprudencial que se reproduce en el agravio del rubro "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. DEBE EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO.", pero al no ocurrir así se infringieron los artículos 192 de la Ley de Amparo y 1o. y 5o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues si en la especie la parte perjudicada en el amparo debe considerarse a dos albaceas mancomunadas, se requiere que comparezca a juicio María Esther Fonseca Zamarrón a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, aparte de que ante el juez existen elementos probatorios para reconocer la necesidad legal de su presencia, ya que de lo contrario se viola lo ordenado por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Para su mejor comprensión resulta conveniente hacer previamente un breve análisis de sus antecedentes. En efecto, con motivo del emplazamiento que se hizo a la sucesión de Telésforo Fonseca González, señalada tercero perjudicada en el juicio de amparo por el hoy recurrente, mediante escrito presentado el seis de junio de mil novecientos ochenta y ocho (obra a fojas sesenta y cinco y sesenta y seis de los autos) compareció a juicio Isabel Fonseca Zamarrón, quien dijo ser albacea de la referida sucesión y acreditar su personalidad con el testimonio notarial que en copia adjuntó a su ocurso. Durante la celebración de la audiencia constitucional el a quo emitió un proveído en el que tuvo por presentada a juicio a Isabel Fonseca Zamarrón con el carácter con que se ostentó y le reconoció dicha personalidad en términos de la documental exhibida. Con motivo de esta determinación, el quejoso objetó la personalidad de la referida Isabel y adujo que ésta había sido nombrada albacea mancomunada con María Esther Fonseca Zamarrón. En relación con esto último el juez del Distrito acordó tener por objetada en cuanto a su alcance y valor probatorio la personalidad de Isabel Fonseca Zamarrón y pasó a dictar la sentencia ahora combatida.

Así las cosas, cabe señalar que de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo se desprende que para que se infrinjan las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo preciso es que la violación relativa deje en estado de indefensión a la parte recurrente o bien influya o trascienda al resultado de la sentencia definitiva; igualmente la norma en alusión, en su última parte, prevé una de tantas hipótesis de violación a las reglas de referencia, ya que dispone: cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio de garantías conforme a la ley.

Ahora bien, en la especie no se surte la hipótesis prevista en la última parte del precepto legal antes invocado y a la que se refiere el hoy recurrente, toda vez que del auto admisorio de la demanda constitucional se aprecia que el juez ordenó emplazar a las partes que tienen derecho a intervenir en el juicio constitucional, entre otras, a la tercero perjudicada sucesión de Fonseca González Telésforo, en el domicilio señalado por el quejoso (fojas veintiséis de los autos), emplazamiento que fue practicado legalmente según se puede corroborar con las constancias relativas que corren agregadas a los autos (fojas cincuenta y uno a cincuenta y tres y cincuenta y seis a cincuenta y ocho del cuaderno de amparo) y que dio lugar a que compareciera a juicio Isabel Fonseca Zamarrón en su calidad de albacea de la sucesión arriba indicada, ofreciera pruebas y formulara alegatos, misma personalidad que le reconoció el a quo con base en el testimonio notarial que aportó.

Por otra parte, aún cuando es cierto que del contenido del referido testimonio notarial se observa que efectivamente Isabel Fonseca Zamarrón al igual que María Esther, de los mismos apellidos, fueron designadas albaceas mancomunadas en la sucesión intestamentaria a bienes de Telésforo Fonseca González y que el a quo no tomó en cuenta esta limitación a fin de que fuese prevenida Isabel Fonseca Zamarrón para que igualmente compareciera la otra albacea mancomunada, también es cierto que esta omisión del juzgador no se traduce en una violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio constitucional, toda vez que, por una parte, con ello no dejó en estado de indefensión al quejoso recurrente, pues en ningún momento la omisión en examen privó a éste de toda posibilidad para que aportara en el juicio las pruebas o formulara los alegatos que considerara pertinentes, ni para que tratara de acreditar la inconstitucionalidad del ordenamiento legal reclamado y, por la otra, dicha abstención u omisión, tampoco trascendió o influyó de manera decisiva en el sentido de la sentencia sujeta a revisión, puesto que si bien en el considerando tercero de la sentencia combatida el juez del conocimiento analiza la causal de improcedencia que planteó la albacea de la sucesión tercero perjudicada, no menos cierto es que la citada causal fue desestimada por el juzgador, aparte de que la negativa del amparo al hoy promovente se fundó en consideraciones que nada tienen que ver con la omisión en que incurrió el a quo, ni tampoco son consecuencia de la misma. De este modo, si en el caso no se surten los supuestos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo pertinente es desestimar el agravio examinado.

Por lo que hace al primero de los agravios, en este se plantean básicamente los siguientes alegatos:

1. Que en la especie no es aplicable la tesis invocada por el a quo en la sentencia recurrida, relativa a que las normas procesales en su aplicación son retroactivas, porque dicha tesis no coincide con lo argumentado en el segundo concepto de violación, según el cual las disposiciones reclamadas violan la garantía de irretroactividad porque declaran inapelables sentencias que, antes de las reformas, admitían para el afectado la posibilidad de recurrirlas, dado que la demanda de terminación de contrato de arrendamiento se notificó y contestó antes del decreto que reforma la ley que le permitía impugnar la sentencia y ahora por efectos de las reformas dicha sentencia se considera inapelable y se le deja en estado de indefensión; que la garantía prevista en el artículo 14 constitucional es amplia y prohíbe los efectos de la ley sobre el pasado en perjuicio del gobernado, sean leyes sustantivas o bien procesales, a parte de que dicha norma admite la posibilidad de darle a la ley efectos retroactivos siempre que sean en beneficio, pero nunca aplicarla a situaciones jurídicas nacidas antes de su vigencia, ya que así se ocasiona una afectación en los derechos del quejoso.

2. Que si de la sentencia se desprende que el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación y el Director del Diario Oficial no exhibieron sus informes justificados, debió estimarse probado el acto que les atribuyó en el proceso legislativo del decreto reclamado y por tanto el a quo debió aplicar un criterio distinto al utilizado para fundar la negativa del amparo, particularmente el contenido en la jurisprudencia bajo el rubro "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.".

3. Que los considerandos cuarto y quinto fundatorios del único resolutivo del fallo recurrido, no contiene la fijación clara y precisa de los actos reclamados, la apreciación de las pruebas conducentes para tener por demostrados los atribuidos a las responsables, ni los fundamentos legales en que se apoyen para reclamar la inconstitucionalidad de los mismos.

Previamente al análisis de alegato que aparece en el inciso 1) que antecede, resulta oportuno transcribir el texto de la siguiente norma constitucional.

El artículo 14 constitucional, en su primer párrafo estatuye a la letra: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna ..."

A su vez el cuestionado artículo 426, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reformado por el Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del código en cita, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de mil novecientos ochenta y siete, que entró en vigor noventa días después al de su publicación, es del tenor siguiente:

"Artículo 426. Hay cosa juzg

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/240-0a396ae2/retroactividad-el-articulo-426-fraccion-i-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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