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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CUMPLIR UNA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD, SI NO SE HA AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE NI DICTADO UN AUTO DONDE SE DECLARE EL CUMPLIMIENTO O LA IMPOSIBILIDAD PARA ACATARLA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 139/2012. · Registro digital (IUS): 24120
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Pág. 1054.

AMPARO EN REVISIÓN 139/2012. 28 DE JUNIO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN ROCHA GONZÁLEZ, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIO: HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Previo a realizar el análisis de los motivos de agravio expuestos por el recurrente, este tribunal considera oportuno reseñar algunos de los antecedentes procesales del juicio de garantías de donde emana este recurso, deducidos de las constancias que acompañó el Juez de Distrito, las cuales, por su naturaleza de documentos públicos, merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o.; así se desprende lo siguiente:

1. Por escrito de veintitrés de febrero de dos mil doce, ********** promovió demanda de amparo indirecto contra el subdirector de Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de quien reclamó la omisión de cumplir con la sentencia definitiva dictada en autos del juicios de nulidad **********, de la entonces Décimosegunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, actualmente ********** de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la cual se declaró la nulidad de la resolución de concesión de pensión por invalidez de fecha uno de enero de mil novecientos noventa y uno.

2. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil doce se admitió la demanda de amparo indirecto, registrándola bajo el número **********; así, seguido el juicio por los trámites correspondientes, por audiencia iniciada el veintidós de marzo de dos mil doce y concluida el veintinueve del mismo mes y año, se dictó la sentencia que constituye la materia de la presente revisión, misma que se sustentó, fundamentalmente, en que, con fundamento en el artículo 73, fracción XIII, debió sobreseerse en el juicio, bajo el argumento de que, en términos de lo establecido en el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el ahora quejoso debió agotar el recurso de queja ahí delimitado, pues en contra de la actitud omisiva de la autoridad demandada en el juicio de nulidad de origen, dicho medio de impugnación constituye un medio ordinario de defensa que debió ser agotado previo al sumario de amparo indirecto.

Asimismo, sustentó su determinación, por identidad de supuestos, en la jurisprudencia 2a./J. 154/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 381, Tomo XX, octubre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "QUEJA. AQUELLA QUE BUSCA EL PUNTUAL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PUEDE PROMOVERSE EN UNA SOLA OCASIÓN POR CADA UNO DE LOS SUPUESTOS DE SU PROCEDENCIA (ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 239-B, fracción I, del Código Fiscal de la Federación establece dos géneros de queja, de acuerdo al momento procesal en que se intente: a) La enderezada contra el incumplimiento por parte de las autoridades demandadas respecto al auto en que se concede al actor la suspensión del acto impugnado, y b) La intentada para lograr el puntual cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, también existen cuatro supuestos de procedencia de esta instancia en la etapa de cumplimentación del fallo anulatorio: a) por exceso en el cumplimiento de las sentencias; b) por defecto en su cumplimiento; c) por repetición del acto anulado; y, d) por omisión de las autoridades obligadas al cumplimiento. En estos casos, el particular podrá ocurrir en queja ‘por una sola vez’ a la Sala Regional o Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el entendido de que ello significa que podrá acudir a dicha instancia por una sola ocasión, en cada uno de los diferentes supuestos previstos en la norma."

3. Frente a dicha determinación, el quejoso y ahora recurrente sostiene que en el citado juicio de nulidad, la parte actora y ahora solicitante de amparo inició la vía de impugnación ordinaria a efecto de lograr el cumplimiento de la respectiva sentencia de anulación, pues por escrito de uno de septiembre de dos mil once, interpuso recurso de queja en contra de la resolución de veintisiete de julio de dos mil once, emitida por la autoridad demandada en cumplimiento a la sentencia anulatoria; recurso que, por determinación de veintidós de noviembre del mismo año, se estimó procedente y fundado, al tiempo que se otorgó a la demandada el término de veinte días para emitir una nueva resolución.

Por ende, aduce el recurrente, sí agotó el principio de definitividad al interponer el citado recurso de queja pero, además, sostiene que el citado numeral 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, únicamente es un medio de defensa que procede contra resoluciones que repitan la determinación anulada, o frente a la que incurra en defecto o exceso en el cumplimiento, más no en contra de sentencias de queja como ilegalmente lo sostuvo el juzgador federal a quo.

Previo a verter las consideraciones relativas a la presente ejecutoria, debe resaltarse que en términos del artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, si se considera infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito para sobreseer en el juicio, puede confirmarse el sobreseimiento si aparece probado -como es el caso- otro motivo legal.

Marco normativo.

Para abordar el tópico referido, resulta indispensable atender al contenido de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dice:

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"...

"III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.

"Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso."

De dicha disposición es dable concluir que es acto de autoridad para los efectos del amparo, la omisión de dar cumplimiento a una sentencia dictada en un juicio en el que dependencias públicas figuraron como demandadas.

Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 85/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XXXIV, julio de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Asimismo, por el espíritu que la anima, es dable citar como referencia de derecho, la jurisprudencia 2a./J. 1/2012, que se publicó bajo el rubro y texto siguientes:(1) "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD. En atención a que de una sentencia firme derivada de un juicio contencioso administrativo surge un derecho subjetivo para el actor (gobernado) y la obligación correlativa para el demandado (autoridad) es claro que el incumplimiento de ésta permite la incoación del procedimiento para hacer cumplir la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido mediante el medio de defensa legal previsto por la ley que rige el acto para lograr el cumplimiento de aquella determinación. Por lo que, si a pesar de ello, no se cumple la sentencia, es claro que aquél puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Consecuentemente, las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un Tribunal Contencioso Administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, porque a pesar de que la autoridad haya figurado como demandada en el juicio de origen ello no transforma la relación de supra a subordinación que los órganos del Estado guardan con los gobernados en una relación de coordinación, porque no pierden su calidad de autoridad y gobernado."

Del mismo modo sustenta jurídicamente la presente ejecutoria, el contenido de la jurisprudencia P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, Tomo XIII, abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ‘ÚLTIMA RESOLUCIÓN’, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la ‘última resolución’ que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente."

Y finalmente debe recurrirse, como apoyo normativo al particular, en atención a que aclara el procedimiento de ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice:

"Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente:

"I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso.

"Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue:

"a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada.

"b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora.

"De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a).

"c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia.

"Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida.

"d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento.

"II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes:

"a) Procederá en contra de los siguientes actos:

"1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia.

"2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso.

"3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia.

"4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal.

"La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia.

"b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho.

"En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto.

"El Magistrado instructor o el presidente de la Sección o el presidente del tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes.

"c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones.

"Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo.

"d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir.

"e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta.

"f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

"g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere.

"III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado instructor.

"En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada.

"El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días.

"Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada.

"La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico.

"También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja.

"IV. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución administrativa definitiva, se le impondrá una multa en monto equivalente a entre doscientas cincuenta y seiscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y, en caso de haberse suspendido la ejecución, se considerará este hecho como agravante para graduar la sanción que en definitiva se imponga.

"Existiendo resolución administrativa definitiva, si la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, prevendrán al promovente para que dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, la presente como demanda, cumpliendo los requisitos previstos por los artículos 14 y 15 de esta ley, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado instructor de la queja."

Como puede advertirse del artículo 114, fracción III, de la ley de la materia, se alude, entre otras, a una regla específica de procedencia del juicio de amparo biinstancial, introducida por el legislador, con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada.

Esa previsión consiste en que el juicio de garantías biinstancial podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, pero sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar, en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.

Por su parte, en la segunda de las jurisprudencias que se citó, la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal insistió en reconocer que el incumplimiento de una sentencia firme dictada en los juicios de nulidad por alguna de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es susceptible de combatirse a través del amparo indirecto, porque tal omisión se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia previsto por el artículo 17 de la Constitución General de la República.

Siendo muy importantes los criterios en cuestión, en particular el segundo de ellos, por cuanto a que define el carácter de las dependencias públicas y sus auxiliares como autoridad responsable para efectos del amparo, cuando se controvierte el incumplimiento de una sentencia de nulidad, lo cierto es que el texto de la tesis no aclara el momento jurídicamente propicio para solicitar la protección de la Justicia Federal en ese supuesto.

Por ello, es necesario acudir a las consideraciones que integran la ejecutoria que dio lugar a la citada jurisprudencia 2a./J. 1/2012, cuya parte conducente dice:

"Conforme a las premisas expuestas, derivadas del precedente citado, es de concluirse que en el procedimiento contencioso administrativo, ideado para ventilar los conflictos que se susciten entre gobernantes y gobernados, se está en presencia de relaciones de supra a subordinación, puesto que a través de tal procedimiento los gobernados controvierten precisamente la actuación de los órganos del Estado.

"Cierto es que dentro del procedimiento contencioso administrativo los órganos del Estado adquieren el carácter de parte demandada; sin embargo, ello no transforma la relación de supra a subordinación en una relación de coordinación, pues la relación jurídica existente entre las partes sigue siendo la de una autoridad y un gobernado, y el hecho de que sean demandada y actor no genera que la relación de supra a subordinación se transforme en una relación de coordinación.

"...

"No existe, pues, ninguna razón jurídica que conduzca a sostener que el juicio de origen en que se dicta la sentencia cuyo incumplimiento sea reclamado en un juicio de amparo implique la existencia de una relación jurídica de coordinación entre el ente de la administración pública y el particular, una relación entablada en un plano de igualdad y bilateralidad, pues no es así como surgió el conflicto cometido al conocimiento del contencioso administrativo, y el hecho de que se ventile el conflicto en el procedimiento contencioso administrativo no produce un cambio en dicha relación.

"Luego, si con motivo de la sentencia firme derivada del juicio contencioso administrativo surge un derecho subjetivo para la parte actora (gobernado) y una obligación correlativa para la parte demandada (gobernante) el incumplimiento de ésta conlleva, en primer término, a que el gobernado acuda, desde luego, al procedimiento para el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido o la disposición general impugnada; es decir, las que hayan sido favorables a la parte actora. Así, por ejemplo, el actor podrá acudir en queja (en las legislaciones que prevean tal medio de impugnación) ante la Sala respectiva en caso de incumplimiento de la sentencia, la cual habrá de llevar a cabo el procedimiento que establezca la ley relativa y, en su caso, sancionar a la autoridad renuente. La ejecución forzosa de una sentencia como acto definitivo no es otra cosa sino el propio efecto que produce ésta a fin de obtener la satisfacción de la pretensión de la parte vencedora cuando no se obtiene el cumplimiento voluntario (con el simple conocimiento de la sentencia). No obstante, si el gobernante agota el medio de defensa legal que prevea la ley que rija al acto para lograr el cumplimiento de aquellas determinaciones y las autoridades que fueron demandadas en el contencioso administrativo aun así no cumplen la sentencia, es claro que el gobernado puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce ya en una violación al derecho de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria."

Como puede verse de la transcripción anotada, el Alto Tribunal fue preciso al esclarecer que si bien el incumplimiento de una sentencia pronunciada por alguna de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conlleva un derecho para el gobernado que obtuvo la satisfacción de su derecho, también surge para él una obligación muy concreta: agotar el procedimiento previsto por la ley del acto para obtener el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido.

Ello porque la ejecución forzosa de una sentencia, como acto definitivo, no es otra cosa sino el propio efecto que produce ésta, a fin de obtener la satisfacción de la pretensión de la parte vencedora, cuando no se obtiene el cumplimiento voluntario.

En efecto, el Más Alto Tribunal de Justicia del País, al dilucidar cuál es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución -en la última de las jurisprudencias enunciadas-, concluyó que se refiere a aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo citado en la parte final del marco normativo, se desprende que ese periodo de ejecución de incumplimiento de la sentencia, comienza de oficio o a petición de la parte actora, y que en caso de procederse de oficio, la Sala Regional requerirá a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto del cumplimiento de la sentencia.

Concluido el término anterior, con informe o sin él, la autoridad decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, de ser así, impondrá a la autoridad una multa de apremio, que se fijará tomando en consideración la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola para que cumpla con la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24120-f877624f/amparo-indirecto-es-improcedente-cuando-el-acto-reclamado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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