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Modo: Corpus Pro

AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 250/2012. · Registro digital (IUS): 24122
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO,
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Pág. 587.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 250/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia de trabajo, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."

De lo anterior deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito, con diferente especialización.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a efecto de resolver de manera pronta y expedita la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos, competencia de los tribunales contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que, podrán denunciar contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los tribunales mencionados o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis se hayan sustentado. En este caso, la denuncia de contradicción la formuló el delegado del Ayuntamiento, del presidente y del tesorero, todos del Municipio de Chihuahua, autoridades responsables en el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua y recurrentes en el amparo en revisión administrativa ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito; asimismo, en su carácter de delegado del Ayuntamiento, del tesorero, del subdirector de Catastro y del jefe de departamento técnico, todos del Municipio de Chihuahua, autoridades responsables en el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua y recurrentes en el amparo en revisión administrativa ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que esta Segunda Sala comparte, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva." (Novena Época. Primera Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, diciembre de 2010, materia: común, tesis 1a./J. 77/2010, página 5. Núm. registro IUS 163384)

TERCERO. En primer lugar, es conveniente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados que intervienen en esta contradicción, expusieron en las ejecutorias y los criterios que el denunciante estima divergentes.

I. Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito al resolver el amparo en revisión administrativo **********, el once de marzo de dos mil once, sostuvo en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"No existe la violación al procedimiento de amparo, que se refiere el delegado de las autoridades recurrentes ejecutoras.

"En efecto, si bien es cierto que las reformas constitucionales al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, y artículo quinto transitorio del decreto correspondiente, que otorga a los Ayuntamientos la facultad de proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro del impuesto predial, entre otras contribuciones, sobre la propiedad inmobiliaria de su respectiva circunscripción territorial, es una facultad concomitante con la obligación del Congreso de hacerse cargo de esa proposición para decidir motivadamente; y, que sólo haya concurrido a juicio el presidente municipal; no, el Ayuntamiento a pesar de que éste es el órgano supremo del Municipio.

"Empero, la interpretación literal, sistemática y teleológica de las indicadas reformas, permite considerar que esa facultad de proponer es discrecional y se estableció en beneficio de los Ayuntamientos; asimismo, que mediante ella, el Poder Reformador no otorgó a los Municipios la atribución de legislar en materia tributaria, sino que ésta sigue correspondiendo a los Congresos Locales en los términos de los artículos 31, fracción IV, 116 y 124 constitucionales.

"Por tanto, la circunstancia de que se hubiese omitido llamar al juicio de amparo indirecto al Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, como integrante del proceso legislativo que culminó con el decreto tildado de inconstitucional, no genera la violación al proceso constitucional que alegan los inconformes, puesto que su intervención constituye una mera sugerencia que puede o no ser aceptada por la legislatura de la entidad federativa.

"Por las razones que la informan y en lo conducente, es de citarse el criterio visible en el disco óptico IUS 2009, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con los siguientes datos de localización:

"Registro: 179505. Jurisprudencia. Materia(s): constitucional, administrativa. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, enero de 2005, tesis P./J. 1/2005, página 6:

"‘PREDIAL MUNICIPAL. REFORMAS AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, Y ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO CORRESPONDIENTE. LAS FACULTADES QUE OTORGAN A LOS AYUNTAMIENTOS PARA PROPONER A LOS CONGRESOS LOCALES LAS BASES Y TASAS DE DICHO TRIBUTO SON DE EJERCICIO DISCRECIONAL, POR LO QUE SU OMISIÓN NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCESO LEGISLATIVO QUE DEPARE PERJUICIO A LOS CONTRIBUYENTES. Las reformas constitucionales mencionadas otorgan a los Ayuntamientos la facultad de proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro del impuesto predial, entre otras contribuciones, sobre la propiedad inmobiliaria de su respectiva circunscripción territorial; dicha facultad municipal es concomitante con la obligación del Congreso de hacerse cargo de esa proposición para decidir motivadamente. La interpretación literal, sistemática y teleológica de las indicadas reformas permite considerar que esa facultad de proponer es discrecional y se estableció en beneficio de los Ayuntamientos; asimismo, que mediante ella, el Poder Reformador no otorgó a los Municipios la atribución de legislar en materia tributaria, sino que ésta sigue correspondiendo, esencialmente, a los Congresos Locales en los términos de los artículos 31, fracción IV, 116 y 124 constitucionales. Por tanto, la circunstancia de que un Ayuntamiento omita proponer al Poder Legislativo Estatal la base o las tasas del impuesto predial que regirá en su Municipio, o bien, que haciéndolo, la legislatura los desestime, no genera a los contribuyentes una violación al proceso legislativo que les depare perjuicio, de manera similar a lo que acontece cuando el Congreso, sea Federal o Local, no causa perjuicio a los gobernados si al expedir una ley no acoge las proposiciones que se le formularon en una iniciativa, de modo que los conceptos de violación formulados al respecto serán inoperantes. Lo anterior no es obstáculo para que si el estudio del proceso legislativo o de la ley en sí misma considerada, esto es como producto terminado, revelen vicios constitucionales que afecten al contribuyente quejoso, se conceda el amparo, el que, como es propio del amparo contra leyes, no tendría efectos generales, pues no obligaría al Congreso a legislar, sino que sólo protegería al quejoso y obligaría a las autoridades aplicadoras.’." (fojas 383 a 387 del amparo en revisión **********)

II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito al resolver el veintinueve de marzo de dos mil doce el amparo en revisión ********** consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Debe quedar firme el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia recurrida, por el Juez de Distrito, respecto del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, por inexistencia de los actos, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que esa porción de la sentencia de primera instancia no fue impugnada, por lo que la misma debe quedar intocado (sic), pues no obstante que la citada autoridad promovió recurso de revisión, no formuló agravios al respecto.

"QUINTO. Debe desecharse el recurso de revisión interpuesto por el tesorero municipal, el subdirector de Catastro del Municipio de Chihuahua y jefe del departamento técnico, señalado (sic) al segundo de los mencionados en la demanda como director, y al tercero como jefe del departamento de evaluación, según la corrección efectuada por dichas autoridades en su informe justificado, recurso de revisión que interponen por conducto de su delegado.

"Ello es así, toda vez que el artículo 87 de la Ley de Amparo, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión, contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una se reclame pero tratándose de amparo contra leyes, los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su promulgación o quienes los representen en los términos de dicha ley, podrán interponer el recurso de mérito.

"Partiendo de lo anterior, las autoridades responsables que tienen legitimación para interponer el recurso de revisión, cuando el fallo del Juez de Distrito afecta los actos de ellas reclamados, son las autoridades que ordenaron dicho acto y no las ejecutoras del mismo, pues al estar éstas subordinadas a las primeras, sus actuaciones son tendentes a cumplimentar lo que aquéllas les ordenan; de ahí, que se concluye que las ejecutoras carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este tribunal comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, segunda parte-2, julio a diciembre de 1990, página 468, que es del tenor siguiente:

"‘AUTORIDADES EJECUTORAS, REVISIÓN INTERPUESTA POR. Las autoridades responsables que en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, tienen legitimación para interponer el recurso de revisión, cuando el fallo del Juez de Distrito afecta los actos de ellas reclamados, son las autoridades que ordenaron dicho acto y no las ejecutoras del mismo, pues al estar éstas subordinadas a las primeras, sus actuaciones son tendientes a cumplimentar lo que aquéllas les ordenan, de modo que si las ordenadoras se conforman con el fallo en que se concede al quejoso el amparo, es evidente que éste debe quedar firme, respecto de ellas, y desde el momento, ya que no hay nada que ejecutar, y por lo mismo resultaría aberrante revocar las órdenes dictadas por una autoridad a través de la inconformidad de una autoridad que ya no tiene nada que cumplimentar.’." (fojas 155 a 158 del amparo en revisión administrativo **********)

III. Por otro lado, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el dos de octubre de mil novecientos noventa y ocho los recursos de reclamación ********** y ********** consideró, respectivamente, lo siguiente:

"Ahora bien, señalado lo anterior, cabe decir que el agravio que se formula sólo es fundado respecto a la autoridad recurrente síndico municipal como representante del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, pues de acuerdo con los antecedentes últimos precisados, si bien debe entenderse que al reclamar la inconstitucionalidad de un precepto legal, las autoridades ordenadoras son en estricto rigor aquellas que expiden y promulgan la ley, también haya que precisar que el proceso legislativo es un acto complejo que comienza con una iniciativa y concluye con la publicación del ordenamiento legal.

"En este sentido, los artículos 59, fracción IV, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Coahuila y 36, fracción III, del Código Municipal, disponen respectivamente:

"‘59. El derecho de iniciar leyes compete:

"‘...

"‘IV. A los Ayuntamientos del Estado, en los ramos que les corresponda y por conducto del presidente respectivo. ...’

"‘36. Los Ayuntamientos tienen las facultades y obligaciones siguientes:

"‘...

"‘III. Discutir, analizar y someter a la aprobación del Congreso del Estado, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, la iniciativa de ley de Ingresos correspondiente a cada ejercicio fiscal. ...’

"De los preceptos legales transcritos se puede concluir que el Ayuntamiento señalado como autoridad responsable, tiene la facultad y obligación de discutir, analizar y someter a la aprobación del Congreso del Estado el proyecto de la iniciativa de la Ley de Ingresos.

"Por lo tanto, el mencionado Ayuntamiento tiene participación en el proceso de formación de la ley, misma que comienza con el ejercicio de la facultad de iniciarla y concluye con el dictado y publicación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Torreón, Coahuila, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho; ya que la iniciativa es indiscutiblemente un acto integral del proceso de formación de leyes, sin que sea óbice que ésta puede corresponder a órganos materialmente legislativos aunque formalmente ejecutivos o incluso judiciales, como en el caso acontece en la Constitución Local del Estado, que en su artículo 59 que contempla el principio de la temperancia de funciones y la coordinación o colaboración de autoridades de diversos poderes (formalmente conceptualizados) como una modalidad del denominado principio de separación de poderes.

"En este orden de ideas, es evidente que el Ayuntamiento tiene el carácter de autoridad ordenadora y por ello, su representante legal síndico municipal, se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo respecto de la inconstitucionalidad de un precepto de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila. (fojas 29 y 30 del recurso de reclamación **********)

"Ahora bien señalado lo anterior, cabe decir que el agravio que se formula sólo es fundado respecto a la autoridad recurrente síndico municipal como representante del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, pues de acuerdo con los antecedentes últimos precisados, si bien debe entenderse que al reclamarse la inconstitucionalidad de un precepto legal, las autoridades ordenadoras son en estricto rigor aquellas que expiden y promulgan la ley, también hay que precisar que el proceso legislativo es un acto complejo que comienza con una iniciativa y concluye con la publicación del ordenamiento legal.

"En este sentido los artículos 59, fracción IV, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Coahuila y 36, fracción III, del Código Municipal, disponen respectivamente:

"‘59. El derecho de iniciar leyes compete:

"‘...

"‘IV. A los Ayuntamientos del Estado, en los ramos que les corresponda y por conducto del Presidente respectivo. ...’

"‘36. Los Ayuntamientos tienen las facultades y obligaciones siguientes:

"‘...

"‘III. Discutir, analizar y someter a la Aprobación del Congreso del Estado, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, la iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente a cada ejercicio fiscal. ...’

"De los preceptos legales transcritos, se puede concluir que el Ayuntamiento señalado como autoridad responsable, tiene la facultad y obligación de discutir, analizar y someter a la aprobación del Congreso del Estado el proyecto de la iniciativa de la Ley de Ingresos.

"Por lo tanto, el mencionado Ayuntamiento tiene participación en el proceso de formación de la ley, misma que comienza con el ejercicio de la facultad de iniciarla y concluye con el dictado y publicación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Torreón, Coahuila, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho; ya que la iniciativa es indiscutiblemente un acto integral del proceso de formación de leyes, sin que sea óbice que ésta puede corresponder a órganos materialmente legislativos aunque formalmente ejecutivos o incluso judiciales, como en el caso acontece en la Constitución Local del Estado, que en su artículo 59 que contempla el principio de la temperancia de funciones y la coordinación o colaboración de autoridades de diversos poderes (formalmente conceptualizados) como una modalidad del denominado principio de separación de poderes.

"En este orden de ideas, es evidente que el Ayuntamiento tiene el carácter de autoridad ordenadora y por ello, su representante legal síndico municipal, se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo respecto de la inconstitucionalidad de un precepto de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila." (fojas 27, 28 y 29 del recurso de reclamación **********)

De las ejecutorias cuyas consideraciones se transcribieron derivó la tesis aislada VIII.1o.20 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 569, de rubro: "REVISIÓN. EL SÍNDICO MUNICIPAL, REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO, CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO LEGAL DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL."

CUARTO. Procede analizar ahora, si existe la contradicción de tesis denunciada, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo.

De igual forma, procede dicho análisis en los términos establecidos en la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, página 7. Núm. Registro 164120, cuyos rubro y texto indican:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P. /J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Para estar en posibilidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el que habrá de prevalecer como jurisprudencia es menester tomar en consideración los antecedentes y la conclusión a la que cada órgano colegiado arribó, como se expone a continuación:

Antecedentes del amparo en revisión administrativo ********** resuelto en sesión de once de marzo de dos mil once, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.

1. Por escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil diez ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, la parte quejosa demandó del Congreso, del gobernador, del secretario general de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua, del presidente municipal, del secretario del Ayuntamiento, del tesorero municipal y del director general de Catastro, todos del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, el Decreto Legislativo Número ********** por el que se aprueba la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones propuestas por el Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el diecinueve de diciembre de dos mil nueve.

2. Correspondió conocer de dicho asunto al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien lo registró con el número **********, y seguidos los trámites de ley, el veintiocho de mayo de dos mil diez dictó sentencia en la que, entre otras cosas, declaró inexistente la violación al procedimiento alegada por el representante del Ayuntamiento de Chihuahua, consistente en la negativa de haber sido llamado y oído en juicio, por ser considerada como una autoridad ejecutora.

3. Inconformes con la sentencia, la parte actora, el Congreso del Estado, el presidente municipal, el tesorero y el director general de Catastro, por escritos presentados el diecisiete de junio y uno de julio, ambos de dos mil diez, interpusieron recurso de revisión.

4. Seguidos los trámites de ley, el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó sentencia el once de marzo de dos mil once, en la que determinó modificar la sentencia impugnada, sobreseer en el juicio de amparo contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y del secretario del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, y se declara improcedente la revisión adhesiva interpuesta por las autoridades ejecutoras y otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa. En lo que respecta al tema de la presente contradicción, el Tribunal Colegiado se sustentó en las siguientes consideraciones:

• Que si bien es cierto que el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los Ayuntamientos la facultad de proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro del impuesto predial, entre otras contribuciones, es una facultad concomitante con la obligación del Congreso de legislar al respecto y decidir motivadamente.

• Que la facultad de los Ayuntamientos es discrecional y en su beneficio, por lo que la facultad de legislar sigue siendo de los Congresos Locales

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24122-1d57f086/ayuntamientos-municipales-carecen-de-legitimacion-para-interponer-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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