REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS QUE VERSAN SOBRE EL FONDO DE RESOLUCIONES QUE DETERMINAN O MODIFICAN EL GRADO DE RIESGO DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, O BIEN RECTIFICAN O MODIFICAN EL MONTO DE LA PRIMA A CARGO DEL PATRÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 321/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos tercero, quinto y octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución General, cuyo contenido es:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que, en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de esta contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
Es aplicable al caso la tesis del Tribunal Pleno número P. I/2012 (10a.), que enseguida se reproduce:
"Registro: 2000331
"Décima Época
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012
"Materia: común
"Tesis: P. I/2012 (10a.)
"Página: 9
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.
"Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina.
"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.
"El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número I/2012 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.
TERCERO. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que los Magistrados denunciantes consideran contradictorios.
En ese sentido, cabe señalar que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintiséis de agosto de dos mil once el recurso de revisión fiscal número **********, sostuvo, en lo que al caso importa, lo siguiente:
"SEGUNDO. ... El recurso de revisión es procedente, en términos de lo dispuesto por la fracción V (sic) del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en razón de que la resolución impugnada versa respecto de la rectificación de una prima del seguro de riesgos de trabajo y la Sala Regional se pronunció respecto del fondo del asunto. ..."
Por su parte, el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintiuno de octubre de dos mil once la revisión fiscal número **********, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Por ser una cuestión de orden previo, este tribunal entra al análisis de la procedencia del recurso de revisión fiscal interpuesto: La recurrente, a fin de justificar dicha procedencia, manifiesta: (se transcribió). Ahora, del expediente remitido para la sustanciación de esta alzada se desprende que el acto materia de la sentencia aquí impugnada se refiere a la rectificación en la determinación del grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo. Por consiguiente, al margen de que la autoridad recurrente invoque como apoyo de su pretensión la fracción V del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (sic), lo cierto es que el asunto se ubica en la fracción VI del mencionado numeral, que establece: ‘Artículo 63. ... VI.’ (se transcribió). Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 193/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, octubre de 2007, Novena Época, página 394, que literalmente dispone: ‘REVISIÓN FISCAL. EL ANÁLISIS OFICIOSO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SOBRE SU PROCEDENCIA, CONFORME A LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RECURRENTE HAYA SEÑALADO UN ORDENAMIENTO DIVERSO.’ (se transcribió). Hecha la precisión anterior, debe decirse que el presente recurso de revisión resulta ser procedente. Así es, al respecto, debe decirse que, tratándose de resoluciones que versen sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo, el Alto Tribunal ha sentado criterio en el sentido de que el recurso de revisión que se intente en contra de tales resoluciones sólo es procedente si deriva de una sentencia que hubiere declarado su nulidad por vicios de fondo. Criterio cuyos datos de localización, rubro y contenido, para mayor claridad, se transcriben a continuación: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD POR VICIOS FORMALES DE LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVA AL GRADO DE RIESGO DE LAS EMPRESAS.’ (se transcribió). Ahora, en el caso que nos ocupa, la Sala Fiscal, al emitir la sentencia recurrida, resolvió en cuanto al fondo del asunto, pues consideró que era ilegal la resolución de rectificación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, en virtud de que la autoridad demandada había clasificado a dicha empresa en una actividad que no realizaba y determinado la prima correspondiente a dicha actividad, razón por la cual declaró la nulidad lisa y llana de la misma y de la resolución recaída al recurso de inconformidad interpuesto en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En ese contexto, toda vez que la Sala del conocimiento se pronunció en torno al fondo del asunto, el presente recurso de revisión es procedente. ..."
En cambio, el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al resolver el veintidós de junio de dos mil doce, la revisión fiscal número **********, sostuvo, en lo atinente, lo siguiente:
"CUARTO. Resulta innecesaria la transcripción y análisis tanto de la sentencia recurrida como de los agravios formulados para combatirla, al advertirse que es improcedente el presente recurso. ... De igual manera, es pertinente precisar que si bien uno de los actos impugnados en el juicio de nulidad consiste en una resolución de rectificación de prima en el seguro de riesgo de trabajo, ello no actualiza la hipótesis de procedencia prevista en la fracción VI del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por no tratar sobre la determinación del grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos de trabajo. Esto es así, ya que no puede considerarse que la rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo esté comprendida en el supuesto enunciado, ya que para que pueda decirse que un asunto versa sobre la determinación o modificación del grado de riesgo, es menester que las cuestiones legales examinadas en la sentencia recurrida consistan, precisamente, en la resolución del Instituto Mexicano del Seguro Social que determinó o modificó el grado de riesgo de una empresa. De tal manera, si en el caso lo analizado en la resolución atacada de nulidad fue la rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo, no puede considerarse que en ella se hubiese determinado o modificado el grado de riesgo, puesto que tales conceptos son diversos, como enseguida se explica: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 123, apartado A, fracción XIV, que los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente, según haya traído como consecuencia la muerte o simplemente la incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. La Ley Federal del Trabajo, en su título noveno, establece las disposiciones aplicables a los riesgos de trabajo, entre otras, los derechos de los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo y las obligaciones de los patrones en esos casos. El Seguro Social fue instituido para atender a la seguridad de los trabajadores cuando se encuentran imposibilitados para realizar normalmente sus actividades a consecuencia de un accidente o enfermedad de trabajo; de modo que el patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado en los términos que señala esa ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por dicha clase de riesgos establecen las normas constitucional y legales citadas. Ahora bien, la Ley del Seguro Social establece, en su artículo 41, que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo. La propia ley precisa, en su numeral 42, que el accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste; también considera como accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél. En su artículo 43 señala que la enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa, que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios, así como las consignadas en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 29 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, establecen: ‘Capítulo II. De la clasificación de las empresas y determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo.’. ‘Artículo 18.’ (se transcribió). ‘Artículo 19.’ (se transcribió). ‘Artículo 20.’ (se transcribió). ‘Artículo 21.’ (se transcribió). ‘Artículo 22.’ (se transcribió). ‘Artículo 23.’ (se transcribió). ‘Artículo 29.’ (se transcribió). En los numerales transcritos se establecen diversos supuestos para que las empresas obtengan una clasificación para efectos de la determinación y pago de la prima en el seguro de riesgos de trabajo; y los casos en que el Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante, el instituto) podrá rectificarla. Así, se desprende que las empresas, al registrarse por primera vez o al cambiar de actividad, deberán autoclasificarse para ese efecto, conforme al catálogo de actividades establecido en el título octavo de ese reglamento, en la división económica, grupo económico, fracción y clase que en cada caso les corresponda de acuerdo a su actividad. También establece que la clasificación de las empresas puede darse por disposición de la ley, del reglamento o por sentencia definitiva. En el artículo 19 se precisa que aquellas personas físicas o morales que mediante un contrato de prestación de servicios realicen trabajos con elementos propios en otro centro de trabajo, serán clasificadas de acuerdo a la actividad más riesgosa que desarrollen sus trabajadores, de conformidad a lo consignado en el catálogo de actividades establecido en el reglamento. Lo anterior, con la salvedad de que (artículo 20) si la actividad de una empresa no se señala en forma específica en el catálogo, el patrón o el instituto procederá a determinar la clasificación considerando la analogía o similitud en la actividad, los procesos de trabajo y los riesgos de dicha actividad con los que sí se establecen. El artículo 21 menciona que cuando un patrón esté registrado y clasificado conforme a su actividad declarada y, posteriormente, solicite otro registro con distinta actividad que no contribuya a la realización de los fines de la primera, se clasificará con independencia de aquélla, cualquiera que sea la localización geográfica del centro de trabajo, y que tratándose de un patrón que en forma esporádica realice actividades con motivo de ampliación, remodelación o construcción en sus propias instalaciones, se clasificará con independencia de su actividad declarada. Por su parte, el artículo 22 señala que si el instituto determina que lo manifestado por el patrón en lo relativo a su clasificación no se ajusta a lo dispuesto en la ley o en el reglamento, hará la rectificación que proceda y la notificará al patrón. Asimismo, el artículo 23 indica que si las empresas no se autoclasifican, el instituto, de oficio, las clasificará con fundamento en el catálogo de actividades, con base en la información que aquéllas proporcionen o la que se obtenga como resultado de la visita que realice para determinar la actividad a la que se dedican. Finamente, el artículo 29 enumera diversos supuestos en los que el instituto tendrá la facultad de rectificar la clasificación de un patrón, como cuando lo manifestado en su inscripción no se ajuste a lo dispuesto en este reglamento; cuando por omisión o imprecisión en sus declaraciones, la clase asignada por el instituto no sea la correcta; en los casos que exista solicitud patronal por escrito manifestando desacuerdo con su clasificación y dicha solicitud sea procedente; cuando derive de una corrección o de un dictamen emitido por contador público autorizado y sea procedente; y en los casos que señala el párrafo segundo del artículo 18 del reglamento. Por otro lado, los artículos 2o., 32 y 33 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización disponen: ‘Artículo 2o. ... VII.’ (se transcribió). ‘Artículo 32.’ (se transcribió). ‘Artículo 33.’ (se transcribió). De los preceptos citados se observa lo siguiente: Los patrones revisarán anualmente su siniestralidad para determinar si permanecen en la misma prima o si ésta se disminuye o aumenta. La siniestralidad se obtendrá (fracción I del artículo 32) con base en los casos de riesgo de trabajo terminados durante el periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año de que se trate. Los riesgos de trabajo terminados son los siniestros concluidos por alta médica de un trabajador que ha sido declarado apto para continuar sus labores; por el inicio de una incapacidad permanente parcial o total o por la muerte del trabajador siniestrado (artículo 2o., fracción VII). Los patrones deberán presentar al instituto, durante el mes de febrero, los formatos impresos o el dispositivo magnético generado por el programa informático que el instituto autorice, en donde se harán constar los casos de riesgos de trabajo terminados durante el año, precisando la identificación de los trabajadores y las consecuencias de cada riesgo, así como el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo dados en razón de la mecánica bajo la cual efectúen los pagos de cuotas. A fin de que el patrón determine su prima deberá: a) Llevar un registro pormenorizado de su siniestralidad, estableciendo y operando controles de documentación que el propio patrón genere, así como de la que elabore el instituto. b) Ese registro deberá abarcar desde el inicio de cada uno de los casos y hasta su terminación. c) Los documentos elaborados por el instituto serán entregados al trabajador o a sus familiares para que los hagan llegar al patrón, con el fin de justificar sus ausencias al trabajo o al momento de reincorporarse al mismo. d) Es obligación del patrón recabar la documentación correspondiente del trabajador o sus familiares (esta obligación debe entenderse en el sentido de que el patrón no podrá rehusarse a aceptar una incapacidad o documentos expedidos por el instituto justificantes de la ausencia del trabajador cuando éste o sus familiares se la entreguen en el curso de riesgo o al reincorporarse al trabajo). e) Es obligación del patrón obtener del instituto la documentación correspondiente, si el trabajador o sus familiares omiten entregársela. En ese contexto, el artículo 33 reglamentario establece la forma en que el instituto podrá rectificar o determinar la prima de un patrón; lo cual hará mediante resolución que notificará a éste o a su representante legal, cuando la prima manifestada por el patrón no esté determinada conforme a lo dispuesto en el reglamento; cuando el patrón en su declaración no manifieste su prima; cuando el patrón no presente declaración alguna, y cuando exista escrito patronal manifestando desacuerdo con su prima y ésta sea procedente. Conforme a lo hasta aquí expuesto, es claro que los supuestos de clasificación del grado de riesgo de las empresas son diversos a los de determinación y rectificación de la prima que deben pagar las empresas con motivo de la revisión de su siniestralidad. Esto es así, pues de los numerales mencionados en primer término (artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 29 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización) se desprende la manera en que se realizará la clasificación por parte de las empresas, así como los casos en que el instituto tendrá la facultad de determinar o rectificar dicha clasificación, lo que ocurrirá, entre otras causas, cuando la actividad de una empresa no se señala en forma específica en el catálogo; cuando lo manifestado por el patrón en lo relativo a su clasificación no se ajusta a lo dispuesto en la ley o al reglamento; cuando las empresas no se autoclasifiquen; cuando exista solicitud patronal por escrito manifestando desacuerdo con su clasificación y dicha solicitud sea procedente; o cuando derive de una corrección o de un dictamen emitido por contador público autorizado y sea procedente. Por otra parte, de los preceptos enunciados en segundo término (artículos 32 y 33 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización) destaca que establecen la revisión anual de la siniestralidad que los patrones deben efectuar a fin de determinar si permanecen en la misma prima, o si ésta se disminuye o aumenta, conforme a las reglas ahí establecidas, y la facultad del instituto para rectificar o asignar la prima de una empresa, mediante resolución que se notificará al patrón o a su representante legal en un plazo que no exceda al treinta y uno de enero del año siguiente a aquel en que deba iniciarse su vigencia, en aquellos casos en que la prima manifestada por el patrón no sea acorde a lo dispuesto por el reglamento, no haya sido declarada o exista solicitud por escrito del patrón, expresando su desacuerdo con la misma. Por tanto, como se dijo, es evidente que, al rectificarse la prima, no se está determinando o reclasificando el grado de riesgo de la empresa correspondiente, pues éste se encuentra ya establecido al calcularse la prima. Resulta aplicable, al respecto, por identidad jurídica, el criterio siguiente: ‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. RECLASIFICACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DE LAS EMPRESAS Y DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO. DIFERENCIAS.’ (se transcribió). De igual manera, la improcedencia del presente recurso se actualiza porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en jurisprudencia firme, que en aquellos casos en que la nulidad del acto administrativo se decreta sólo por vicios formales, como es la falta o indebida fundamentación y motivación, el recurso de revisión fiscal es improcedente, al no colmarse los requisitos de importancia y trascendencia, pues en esos supuestos no se emite una resolución de fondo, al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, sino sólo evidenciarse la carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal. El aludido criterio aparece plasmado en la tesis jurisprudencial que tiene los datos de identificación, rubros y textos siguientes: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribió). Así como la jurisprudencia 2a./J. 88/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y tres del Tomo XXXIV, agosto de dos mil once, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).’ (se transcribió). La hipótesis a que se refieren las tesis transcritas se colma en el presente caso, toda vez que en la sentencia recurrida se declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas, porque la Sala a quo consideró que carecían de fundamentación y motivación. No se soslaya que la Sala del conocimiento estimó que, en el caso, se actualizó la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, la nulidad lisa y llana de las resoluciones controvertidas, por lo que no dio oportunidad a la demandada de subsanar la deficiencia formal que estimó configurada; empero, dicha circunstancia no es suficiente para establecer que, en el caso, se está ante una violación de fondo, ya que únicamente se expresó que los actos combatidos care
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24144-4423f7ed/revision-fiscal-procede-contra-sentencias-que-versan-sobre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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