SANCIONES ADMINISTRATIVAS. CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA QUE LAS IMPONEN A SUS SERVIDORES PÚBLICOS, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 177/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 8 DE AGOSTO DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL ANTEMATE CHIGO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de la propia Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que, en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
En el caso, la denuncia de contradicción la hizo el Magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, en su carácter de parte en los conflictos competenciales de los que derivaron los criterios que se denuncian como opositores, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
TERCERO. En principio, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el tribunal denunciante estima disímbolos.
Así, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el catorce de julio de dos mil diez el conflicto competencial **********, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:
"CUARTO. Sí existe conflicto competencial. En efecto, el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en resolución de veintiocho de octubre de dos mil nueve, se declaró incompetente para conocer de la demanda en comento, en razón de que, sostuvo, en síntesis, dado que el actor ********** fue destituido de su cargo de Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por faltas administrativas, oficiales, irregulares actuaciones y omisiones en que incurrió; de conformidad con los artículos 93, 94, 104, 105 y 106 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1o., 2o., 3o., fracción III, 6o., fracción III, 46, 47, fracciones I, IV, XIX y XX, 48, fracción IV, 53, 54, 57, fracción IV, 58 y 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 1o., fracción I, 4o., 19, fracciones III, IX y XXVIII, 100 y 101, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y 58 del Reglamento Interior para los Juzgados de Primera Instancia del Estado de Sinaloa, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, es a quien corresponde conocer de los asuntos de naturaleza administrativa, conforme a los artículos 1o., 2o., 3o. y 13, fracción V, de esa legislación. Por otra parte, la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se negó a aceptar la competencia declinada y conocer de la demanda; al efecto, expresó que con apoyo en el artículo 116, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encontraba materialmente impedida para conocer del asunto en cuestión, toda vez que el artículo 3 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá y resolverá las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal que emitan, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Estado, de los Municipios, sus organismos descentralizados o cualquier persona o institución que funja como autoridad y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares; por lo que, del análisis hecho a la demanda presentada por el promovente, advirtió que el mismo demandó al Poder Judicial del Gobierno del Estado de Sinaloa, por la reinstalación en el puesto de Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, en virtud de que por resolución de veintiséis de agosto de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa resolvió destituir a los ciudadanos licenciados ********** y **********, de sus cargos de Juez y secretario de Acuerdos, respectivamente, adscritos al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, Sinaloa, por incurrir éstos en infracciones y omisiones graves que transgredieron los principios de legalidad y eficiencia en el desempeño de sus respectivos cargos; por lo que manifestó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que la litis no versaba sobre la impugnación de un acto, procedimiento o resolución administrativa o fiscal que haya sido emitida, o se ordene, ejecute o trate de ejecutar por una autoridad del Estado, del Municipio o de sus organismos descentralizados, toda vez que, de conformidad con los artículos 3 y 13 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa únicamente es competente para dirimir controversias suscitadas entre la administración pública del Poder Ejecutivo Local, central o paraestatal, municipal y los particulares; además precisa que los órganos contenciosos administrativos carecen de competencia para conocer de la legalidad de las resoluciones de los Poderes Judiciales Locales dictados en los procedimientos administrativos de responsabilidad de los servidores públicos, toda vez que, de hacerlo, invadirían la esfera jurídica de competencia otorgada legal y constitucionalmente a los Poderes Judiciales de los (sic) entidades y, por lo tanto, vulnerarían las garantías institucionales de autonomía e independencia judiciales, de conformidad con el artículo 116, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se ve, los dos tribunales mencionados se niegan a conocer de la demanda interpuesta por **********, en contra del Poder Judicial del Gobierno del Estado de Sinaloa, por la reinstalación en el puesto de Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, en virtud de que, por resolución de veintiséis de agosto de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, resolvió destituirlo de su cargo, por incurrir en infracciones y omisiones graves que transgredieron los principios de legalidad y eficiencia en el desempeño de su cargo; consecuentemente, en la medida en que ambos tribunales manifestaron, de manera expresa, su negativa a conocer dicho asunto por carecer de competencia, debe convenirse en que sí existe un conflicto de competencia. En relación a cuándo surge el conflicto competencial, tiene aplicación la jurisprudencia 30/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 46, Tomo XII, junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.’ (se transcribe). QUINTO. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa es el competente para conocer y resolver la demanda promovida por **********, en contra del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Cierto, el artículo 116, fracciones III, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente: (se transcribe). Como se ve, el artículo 116, primer párrafo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el poder público de los Estados se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; este último se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. Ahora bien, el artículo 93, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa estatuye que: ‘El Poder Judicial se ejercerá en el Estado por el Supremo Tribunal de Justicia, las Salas de Circuito, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados Menores.’. Asimismo, del propio artículo 116, fracción III, segundo párrafo, del Texto Fundamental se advierte que la independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados, postulado que se recoge en el segundo párrafo de la Constitución Local, al disponer: ‘Esta Constitución garantiza la independencia e inamovilidad de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Magistrados de Circuito y Jueces en el ejercicio de sus funciones ...’. De donde se colige que los Jueces de primera instancia, al tener a su cargo el ejercicio de uno de los tres poderes en que se divide el poder público de los Estados, y que goza de independencia e inamovilidad, no tiene dependencia ni sumisión con algún miembro o integrante dentro del propio poder o de otro; de tal suerte que la relación con el Estado no puede ser de naturaleza laboral, dado que ésta se caracteriza por la subordinación, por lo que resulta válido concluir que la naturaleza de esa relación es de orden administrativo. Ahora bien, los artículos 130 y 138 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa señalan: (se transcriben). De igual forma, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa señala, en sus artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 48, 54, 57 y 68, lo siguiente: (se transcriben). Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en sus artículos 100 y 101, establece: (se transcriben). De estos preceptos se advierte que los Jueces de primera instancia, como servidores públicos, pueden incurrir en conductas que constituyen faltas de naturaleza administrativa y sanciones de esa índole. En el caso que nos ocupa, el promovente ********** demandó al Poder Judicial del Gobierno del Estado de Sinaloa, por la reinstalación en el puesto de Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota; sin embargo, de los anexos que se acompañan al presente conflicto competencial se advierte que el actor fue destituido de su cargo, por resolución de veintiséis de agosto de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con fundamento en los artículos 93, 94, 104, 105 y 106 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1o., 2o., 3o., fracción III, 6o., fracción III, 46, 47, fracciones I, IV, XIX y XX, 48, fracción IV, 53, 54, 57, fracción IV, 58 y 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 1o., fracción I, 4o., 19, fracciones III, IX y XXVIII, 100 y 101, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa y 58 del Reglamento Interior para los Juzgados de Primera Instancia del Estado de Sinaloa, concluyendo con los resolutivos siguientes: ‘PRIMERO. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, declara que los ciudadanos licenciados ********** y **********, Juez y secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, Sinaloa, en el expediente número **********, del juicio ordinario civil por divorcio necesario, donde aparece como accionante **********, en contra de **********, incurrieron en las infracciones y omisiones graves que se precisan en esta resolución, las cuales conculcaron los principios de legalidad y eficiencia en el desempeño de sus respectivos cargos. SEGUNDO. En consecuencia, por considerarse graves las faltas administrativas y oficiales se destituye a los ciudadanos licenciados ********** y **********, de sus cargos de Juez y secretario de Acuerdos, respectivamente, del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota, Sinaloa, a partir de que sean legalmente notificados de esta resolución, sin que este último regrese a su plaza de base por las razones señaladas en el considerando VII de esta resolución. TERCERO. Para los efectos legales conducentes, remítase copia autorizada de esta resolución a los expedientes personales de los ciudadanos licenciados ********** y **********. CUARTO. Hágasele saber al oficial mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, que a partir de la fecha de la notificación de esta resolución, los ciudadanos licenciados ********** y ********** causarán baja al servicio del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; de igual manera, gírese atento oficio, con el inserto necesario, al ciudadano director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con domicilio conocido, para que proceda conforme a derecho corresponda. QUINTO. Notifíquese personalmente, a los ciudadanos licenciados ********** y **********.’. En este orden de ideas, si la naturaleza de la relación entre el Poder Judicial del Estado de Sinaloa y los Jueces de primera instancia es de naturaleza administrativa y el actor fue removido a través de un procedimiento administrativo, es inconcuso que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa carece de competencia para conocer de dicha demanda. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 3o. y 13 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa disponen: (se transcriben). De dichos preceptos, en relación con el 116, fracción V, de la Constitución Federal, se advierte que los Tribunales de lo Contencioso Administrativo tienen a su cargo el dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, por ende, tampoco tienen competencia para conocer de los conflictos que surjan entre los Jueces de primera instancia y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. En cambio, del artículo 19, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa se advierte que compete al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, nombrar, resolver sobre renuncias, remover, suspender y cambiar de adscripción a los Magistrados de Circuito, Jueces, secretarios, actuarios, visitadores y demás servidores públicos integrantes del Poder Judicial; por tanto, se estima que dicho órgano colegiado es el competente para conocer de la demanda promovida por **********. No se desatiende que la demanda se endereza en contra del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y que dicho Supremo Tribunal es uno de los órganos a quien se encomienda el ejercicio de ese poder público; sin embargo, se estima que, dados los principios de autonomía e independencia judiciales y el de división de poderes, no es jurídicamente posible que sea un órgano distinto a dicho poder quien pueda examinar las controversias suscitadas entre el Poder Judicial y sus servidores públicos. Cabe destacar que, aun cuando el conflicto competencial se suscitó entre la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de la propia entidad, no sería posible jurídicamente fincar la competencia en alguno de los órganos cuando, como se vio, ninguno de ellos tiene competencia legal, y ante la necesidad de que la demanda planteada por el actor sea atendida, procede declarar legalmente competente al órgano que lo es a pesar de que no hubiera participado en dicha contienda. En las relatadas condiciones, debe declararse competente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa para conocer de la demanda promovida por **********, versus el Poder Judicial del Gobierno del Estado de Sinaloa, por la reinstalación en el puesto de Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elota. ..."
Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el veintiséis de agosto de dos mil diez el conflicto competencial **********, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:
"CUARTO. Este tribunal estima que la competencia legal para conocer de la demanda de nulidad promovida por **********, corresponde a la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, por las razones que a continuación se exponen: Lo anterior se afirma con base en que este órgano colegiado considera que el presente conflicto competencial debe dilucidarse a la luz de la naturaleza del acto de donde deriva la acción de nulidad intentada por el actor. En ese sentido, es necesario destacar que, por escrito de diecinueve de marzo de dos mil diez, presentado ese mismo día ante la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede Los Mochis, Ahome, Sinaloa, ********** promovió juicio de nulidad, con fundamento en los artículos 1o., 2o., 3o., 13, fracciones I y V, 37, 54, 56, 57, 58, 80, 82, 95, fracciones II y VI, 97 y demás relativos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en contra del presidente y del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, reclamando, al primero, la nulidad del procedimiento llamado instructivo ********** y, al segundo, la nulidad de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diez, dictada en tal procedimiento y mediante la cual se destituyó al accionante del cargo de Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix, Sinaloa, así como de ambas demandadas la reinstalación a dicho puesto y salarios dejados de percibir. En el capítulo de antecedentes, expresó el actor en la parte que importa, que era el titular del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix, Sinaloa; que dicho juzgado fue objeto de una visita extraordinaria que, con base en ello, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa ordenó la formación de un instructivo para el trámite administrativo o investigación, a fin de determinar si el demandante incurrió en conductas constitutivas de responsabilidades oficiales y administrativa, y que previo haber comparecido a ese procedimiento, el citado Pleno dictó la resolución de veinticinco de febrero de dos mil diez, en la que consideró que el accionante incurrió en graves faltas administrativas y oficiales, destituyéndolo del cargo antes señalado. De tal resolución de veinticinco de febrero de dos mil diez, que obra agregada a fojas cuarenta a sesenta y nueve, se obtiene, en lo que importa, lo siguiente: ‘Todo ello, implica que el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix, no observó las obligaciones contenidas en el artículo 47, fracciones I, XIX y XX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, ya que incurrió en incumplimiento de las disposiciones jurídicas antes aludidas, lo que a su vez entraña la inobservancia de obligaciones administrativas a su cargo, como lo señala el artículo 48 de la citada ley de responsabilidades, o falta oficial, como lo establece el numeral 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en correlación con lo dispuesto en el ya transcrito artículo 58 del Reglamento Interior para los Juzgados de Primera Instancia del Estado de Sinaloa. III. Así las cosas, queda debidamente acreditado que el licenciado ********** en el desempeño de su encargo de Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix, cometió actos y omisiones graves que afectan el servicio de administración de justicia que al Poder Judicial del Estado le corresponde prestar en condiciones de legalidad, honestidad, probidad, prontitud, imparcialidad, eficiencia y transparencia, al haber faltado a sus elementales deberes profesionales de juzgador, no sólo por el hecho de no haberse declarado incompetente para conocer de los aludidos juicios, sino por haber ordenado al secretario y actuario de su adscripción se trasladaran fuera de su jurisdicción a efecto de realizar un embargo, encomendando al secretario, una función impropia de su cargo, lo que a su vez originó la ilegal diligenciación de un mandamiento en otro distrito judicial, incumpliendo con su deber de garantizar el correcto funcionamiento del juzgado a su cargo, ya que al trasladarse el secretario en horas de labores en dos días hábiles, fuera del lugar de residencia del juzgado, es claro que éste desatendió sus funciones que la ley le encomienda; acción que reviste el agravante de que rebasando la propia actuación de embargo, en el expediente 63/2009, entregó una cantidad que no fue embargada, lo que generó a su vez una indebida disposición patrimonial que asciende a la suma de $********** (**********), actuar que es a todas luces negligente, ilegal y completamente alejado de los deberes de quien tiene a su cargo tal delicada responsabilidad de administrar justicia. Así pues, es incuestionable que el licenciado ********** en el desempeño de su cargo se apartó del recto y cuidadoso ejercicio de sus funciones, trastocando la confianza en él depositada, pues conforme a su investidura y a la alta misión encomendada al Poder Judicial del Estado este tipo de conductas ilegales menoscaban la función pública en general. ... Ponderados los anteriores elementos y circunstancias, este Tribunal Pleno resuelve imponer la sanción prevista en el artículo 48, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 100 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; consecuentemente, se decreta la destitución del ciudadano licenciado **********, quien hasta la fecha de resolución fungía como Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix, Sinaloa. ... Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 93, 94, 104, 105, 106 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1o., 2o., 3o., fracción III, 6o., fracción III, 46, 47, fracciones I, XIX y XX, 48, fracción IV, 53, 57, fracción IV, 58 y 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 1o., fracción I, 4o., 19, fracciones III, IX y XXVIII, 99, fracción III, 100, 101, fracción I y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa y 58 del Reglamento Interior para los Juzgadores de Primera Instancia del Estado de Sinaloa, es de resolverse y se resuelve: PRIMERO. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa declara que el ciudadano licenciado **********, Juez del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix, Sinaloa, en los expedientes números **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, concernientes a los juicios civiles promovidos por particulares en contra de la Comisión Federal de Electricidad, incurrió en infracciones y omisiones que se precisaron en esta resolución, mismas que conculcaron los principios de legalidad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo. ... TERCERO. Hágasele saber al oficial mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado que, a partir de la fecha de notificación de esta resolución, el ciudadano licenciado **********, causará baja al servicio del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. ...’. Así pues, de lo anteriormente sintetizado y reproducido se obtiene de manera indudable que el juicio de nulidad planteado por el actor deriva de la sanción administrativa de destitución, prevista en el artículo 48, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 100 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; en consecuencia, se está en presencia de un acto netamente administrativo, toda vez que en los antecedentes convergen hechos relacionados con supuestas irregularidades en las funciones encomendadas al actor cuando era Juez de primera instancia, mientras que en la resolución calificatoria se determinan esas irregularidades como graves en el desempeño de sus funciones, sancionándolo con la sanción de destitución del cargo. Bajo esas condiciones, si la destitución como sanción administrativa impuesta por ese orden de gobierno en contra de ese servidor fue por faltas de carácter administrativo, entonces, no podría recaer la competencia a favor de una Junta Laboral Local, dado que esta autoridad no estaría en condiciones de decidir sobre la procedencia de prestaciones laborales como la reinstalación y salarios dejados de percibir que, como se vio, también fueron exigidos, sin examinar y decidir sobre la legalidad de la sanción administrativa; lo cual queda fuera de su competencia material. Es aplicable la jurisprudencia 4/99, derivada de la contradicción de tesis 2/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 257 del Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.’ (se transcribe). Bajo esas consideraciones, corresponde a la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, conocer sobre el juicio de nulidad promovido por ********** ..."
CUARTO. Cabe significar que la circunstancia de que los criterios sustentados por los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito no hayan integrado jurisprudencias y que no hubiesen sido expuestos formalmente como tesis y, por ende, no existan las publicaciones respectivas, en términos de lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24146-8ed889c7/sanciones-administrativas-contra-las-resoluciones-del-poder-judicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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